Observatorio Internacional | EUA preocupado con la iniciativa de reforma energética

En esta entrega mensual, Susana Chacón aborda la preocupación de EUA en torno a la aprobación de la reforma energética y las implicaciones internacionales.

Texto de 09/02/22

En esta entrega mensual, Susana Chacón aborda la preocupación de EUA en torno a la aprobación de la reforma energética y las implicaciones internacionales.

En menos de tres semanas vienen a México dos altos representantes de energía del gobierno de Joe Biden: Jennifer Granholm —secretaria de Energía— y John Kerry —enviado especial para clima y cambio climático—. Es también en estas semanas que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, hace una visita al Congreso de la Nación para hablar con legisladores de los diferentes partidos. Estas tres semanas coinciden, además, con una parte importante del desarrollo del parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma energética del actual gobierno.

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en realidad?, ¿cuál es su principal preocupación? Retrocedamos un poco en el tiempo. El pasado 18 de noviembre, después de cinco años de no realizarse por el desinterés de Trump, tuvo lugar en Washington la Cumbre de Líderes de América del Norte, la reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Además de ser un evento sustancial para el desarrollo de América del Norte, se retomaron los elementos que buscan hacer de la región, la más competitiva del mundo. Lo anterior implica avances trilaterales donde el cumplimiento de los compromisos adquiridos es fundamental. 

Después de dos años de pandemia y de una profunda crisis económica, la más grave desde los años treinta del siglo pasado, los líderes de América del Norte, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, optaron por retomar un rumbo común y favorecer la competitividad para desactivar en los próximos años la crisis actual. El modelo económico que se decide instrumentar está directamente relacionado con el de la economía verde, el de las empresas verdes, el uso de energías limpias y la competitividad energética. La cooperación trilateral obliga a caminar hacia una misma dirección en materia de energía. El presidente mexicano apostó por Norteamérica y se comprometió a colaborar no sólo en este tema, sino en los principales de la agenda trilateral y bajo el cumplimiento del marco establecido en el T-MEC.

“El modelo económico que se decide instrumentar está directamente relacionado con el de la economía verde, el de las empresas verdes, el uso de energías limpias y la competitividad energética”.

No obstante, en estos últimos cuatro meses, altos representantes del gobierno de EUA, el secretario del Departamento de Estado, la representante comercial, la secretaria de Energía y el de Comercio, entre otros, han recibido cartas de senadores, empresarios y congresistas en las que expresan su molestia con el gobierno mexicano y piden apoyo para presionarlo. Su malestar se centra en la violación de acuerdos por parte del sector energético mexicano y en su preocupación por la posible aceptación de la iniciativa de reforma energética. Los intereses bilaterales y estadounidenses han sido afectados por el gobierno vecino. 

En una primera instancia, el gobierno estadounidense optó por no actuar directamente y solucionar el problema a través de demandas y controversias por parte de sus empresarios en contra del gobierno de AMLO. Sin embargo, dadas las presiones y posibles riesgos futuros, esta decisión cambió. A partir del pasado enero, Joe Biden ha enviado a sus principales representantes en la materia. 

Apenas el 21 de enero, estuvo aquí Jennifer Granholm, su secretaria de Energía. A pesar de lo publicado por las autoridades y los medios mexicanos, es necesario recuperar su mensaje: “Me reuní con el presidente mexicano, con funcionarios y legisladores. A todos transmití la preocupación de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo que tendría la iniciativa de reforma energética en la inversiones estadounidenses en México. Además, la reforma propuesta es contraria a los esfuerzos conjuntos México-Estados Unidos en materia de cambio climático y energías limpias. Debemos mantener e impulsar una competitividad energética abierta de los mercados que beneficie a Norteamérica. Asumo que México está comprometido a favorecer el uso de energías limpias y a resolver las actuales disputas en la materia, conforme a la ley”. 

Este mensaje es de fondo y se debe rescatar ya que será el camino a seguir por el gobierno de Biden. En México no se le dio importancia: el gobierno y sus representantes prefirieron subrayar lo amable y benéfica que fue la reunión con Granholm. Después de la Cumbre de Líderes de América del Norte, esta visita significó el primer paso de lo que será un seguimiento muy puntual del devenir de la iniciativa energética y de la forma en que pueden ser afectados los intereses comunes y, por supuesto, los estadounidenses. Las presiones por parte de empresarios y representantes apenas comienzan.

En un desafortunado encuentro ante el congreso mexicano, el pasado 3 de febrero, el representante de Biden en México, Ken Salazar, transmitió un mensaje equivocado. Originalmente su visita era para invitar a que legisladores mexicanos visitaran el congreso norteamericano. Expresó que no iba a hablar sobre la reforma eléctrica, pero comentó a los medios que el Presidente mexicano estaba en su derecho de llevar a cabo la reforma energética que quería. Este mensaje, por supuesto, fue utilizado por el gobierno mexicano para enfatizar que el embajador de EUA estaba de acuerdo con la reforma y, por ende, Biden también. “Gracias Ken”: llegó a decir el Presidente mexicano. No es así; todo lo contrario. 

Es de llamar la atención que los funcionarios de la embajada de EUA en México, la más importante a nivel mundial, no cuidaran a su embajador. Lo dejaron solo ante la prensa mexicana en un momento en el que los debates sobre la reforma energética, no sólo eléctrica, están en puntos muy álgidos y el gobierno trata de sacarla a como dé lugar. Era de esperarse que le preguntaran sobre el tema y su respuesta ocasionó un gran equívoco. Parecía que su postura estaba en contra de la del gobierno de Biden y a favor del de AMLO. Medios estadounidenses, como el mismo Wall Street Journal, en un artículo de Mary Anastasia O’Grady del 6 de febrero, llegaron a plantear que la magnitud del problema ocasionado por Salazar, ameritaba que dejara la embajada. 

Un día después de su visita al Congreso, el embajador tuvo que retomar el tema y decir que, de llevarse a cabo la reforma, era necesaria la existencia de un piso parejo para los inversionistas y empresas de su país. Mencionó también que confiaba en que el Presidente mexicano cumpliría con los compromisos adquiridos en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. 

La preocupación estadounidense no acaba aquí. De manera inesperada, el Departamento de Estado informó el lunes 7 que el presidente Joe Biden mandaba a otro alto funcionario a hablar con el gobierno de México. Hoy, 9 de febrero, llega su representante John Kerry para temas ambientales y cambio climático. En breve conoceremos el resultado de su visita a Palacio Nacional y a la Cancillería con varios funcionarios de otras dependencias. 

Lo que es claro es que la administración Biden-Harris está muy preocupada por el rumbo que buscan seguir las decisiones de AMLO en el sector energético. Pareciera que a este gobierno no le importa la competitividad energética de América del Norte; optar por el uso de energías fósiles como el petróleo, combustóleo y carbón va en una dirección contraria, no sólo a la de América del Norte: las principales economías del mundo optaron por una economía con energías limpias. Por otra parte, se han inclinado también no sólo por la competitividad, sino por la competencia en el sector. 

“El gobierno mexicano va en contracorriente: busca priorizar los monopolios estatales afectando la competencia de mercados; busca también terminar con los órganos reguladores lo que impide la transparencia en el sector y el buen curso de las políticas públicas”.

El gobierno mexicano va en contracorriente: busca priorizar los monopolios estatales afectando la competencia de mercados; busca también terminar con los órganos reguladores lo que impide la transparencia en el sector y el buen curso de las políticas públicas. Seguir por este camino será muy caro para México y sus generaciones futuras. Además de que implica violar los compromisos del T-MEC, se violarán muchos otros acuerdos internacionales firmados hasta hoy, como el Acuerdo de Paris, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), los trece tratados comerciales y los treinta acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. El costo para el país no será únicamente el de las demandas de empresarios estadounidenses. El resto de empresas internacionales y de países que tienen acuerdos con México, harán lo propio. Es momento de retomar el rumbo. EP

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