Durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instrumentado una exitosa estrategia para ampliar su base política a nivel local, particularmente en estados de la federación donde gobernaba la oposición, en especial el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), consistente en ofrecer zanahorias (premios) o garrotes (castigos). Esta misma estrategia ahora se ha ampliado al poder legislativo para conseguir los votos necesarios para la reforma a la Guardia Nacional y para que el Ejército y la Marina puedan continuar realizando funciones de seguridad pública hasta 2028 y, muy probablemente, se repita en la negociación para la reforma electoral planteada por el Presidente. Esta estrategia, además de debilitar a los partidos políticos de manera individual, erosiona a la alianza opositora Va por México (PAN-PRI-Partido de la Revolución Democrática, PRD) como bloque para contener las preferencias legislativas del Presidente, así como para presentar candidatos de coalición viables en elecciones estatales (particularmente Coahuila y el Estado de México en 2023).

El garrote o el castigo es la amenaza o el uso de la fuerza jurídica del Estado por medio de investigaciones sobre presuntos actos ilegales o de corrupción (usando a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria) o simple divulgación de videos o información a través de las conferencias de prensa mañaneras o mediante aliados políticos, como la gobernadora de Campeche Layda Sansores, a miembros de la oposición para conseguir su apoyo electoral (gobernadores) a nivel de los estados o votos en el legislativo (Congreso de la Unión). La zanahoria o el premio es la integración al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y, de manera creciente, el nombramiento de exgobernadores como embajadores de México en el exterior.

Este ha sido el caso de la Exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como Cónsul en Barcelona, así como el Exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como Embajador en España. Antonio Echevarría, Exgobernador de Nayarit, también fue invitado por el Presidente a asumir una embajada, sin que hasta el momento haya sido nombrado en ninguna titularidad. El caso más reciente es el anuncio de que el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será nombrado Embajador de México en Canadá al concluir su mandato. El Presidente puede hacer estos nombramientos gracias a la facultad concedida en el artículo 89, fracción X, de la Constitución y, además, al contar con la mayoría en el Senado de la República para ratificarlos. En el gobierno actual, todos los nombramientos propuestos por el Presidente han sido ratificados por el Senado.

Estos nombramientos cumplen una triple función: 1) son un agradecimiento y un premio por el apoyo político y electoral prestado a Morena en las elecciones locales, donde el partido gobernante obtuvo el triunfo en 2021 y 2022; 2) es una adición de actores locales relevantes a las filas de Morena para apoyar en las elecciones federales de 2024, quitándolos de las filas de los partidos de oposición, y 3) sirve para crear discordia entre los partidos de oposición, generando división en la alianza Va por México.

El nombramiento político de titulares que eran gobernadores en embajadas y consulados de México en el exterior es una estrategia de atracción y premio que busca debilitar y fragmentar a la oposición política en el ámbito legislativo y electoral. Sin embargo, una consecuencia no esperada será la creciente desprofesionalización en la conducción de la política exterior mexicana, ya que dichos titulares no necesariamente cuentan con el conocimiento diplomático para ejercer de manera óptima sus funciones. Además, desplaza a los miembros del Servicio Exterior Mexicano para asumir estas funciones, dejando a varios embajadores de carrera sin cartera, desperdiciando su experiencia y capacidades.

Así, un gran reto en materia de política externa para 2023 es mantener la conducción profesional de esta política ante el creciente nombramiento de embajadores políticos sin dominio pleno del quehacer diplomático. EP

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