Cuando hay un cambio de administración presidencial o de Canciller en un país, es un buen momento para evaluar el rumbo de la política exterior, así como pensar cuáles deberían ser sus características para representar de la manera más efectiva y eficiente los intereses de México y los mexicanos en el mundo. Con la designación de Alicia Bárcena como Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) cabe preguntarse qué cambios estructurales son necesarios en la política exterior de México para cumplir con este objetivo. Este artículo presenta diez recomendaciones, un decálogo, de acciones estratégicas necesarias para que México tenga una política exterior de Estado que refleje a nivel internacional la importancia y poder relativo del país en el mundo, promoviendo y defendiendo los intereses de México y los mexicanos a nivel global.

Una forma de medir el nivel de prioridad de una política pública es a través del presupuesto que se le asigna. Por ello, una política exterior pobre (en términos de facultades, presupuesto, personal, infraestructura de representaciones en el exterior, imagen, estrategia y prioridad política), es una pobre política exterior. Frente a los grandes desafíos que le plantea el mundo de hoy y las oportunidades que abre a su desarrollo, México no cuenta con una política exterior que opere con visión estratégica, ni con el andamiaje y las capacidades institucionales y presupuestales para prever y responder en congruencia a los retos globales. Por el contrario, la política exterior está lejos de tener la alta prioridad que debiera dentro de la acción gubernamental y, más lejos aún, de ser una política de Estado que detente el respaldo de sectores que son clave en la vida nacional.

Ésta ha sido la realidad por lustros —por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre ha sido muy bajo, entre el 0.3 y 0.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación—, pero en los años recientes la precariedad presupuestal se ha acentuado de forma notable por las reducciones de recursos que ha sufrido la SRE. Tal parece que ello ha respondido a una visión estrecha de los gobernantes sobre la naturaleza, el alcance y el potencial que tiene la política exterior para contribuir a la defensa y promoción del interés nacional y, con ello, al progreso y bienestar económico y social de los mexicanos. Más que entenderse como un medio para impulsar los fines del Estado mexicano, se ha visto como uno para apoyar objetivos de política interna del gobierno en turno. Más que utilizarse como instrumento para actuar con una visión de largo alcance, generalmente ha sido el vehículo para atender cuestiones de interés político coyuntural con visión de corto plazo.

Por lo tanto, una estrategia de gobierno realista, fundamentada y coherente deberá conllevar la voluntad y la visión necesarias para contar con una política exterior de Estado que esté entre las más altas prioridades en la edificación de un proyecto nacional, que asegure al país estabilidad, gobernabilidad y progreso para todos. Tal política debe, por definición, sumar y conjugar la participación de los sectores político, gubernamental (de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno), empresarial, académico y social de manera que se produzca una visión compartida que trascienda aquella del gobierno en turno y los intereses parciales de los grupos de poder económico que más influyen en la vida nacional. Cabe admitir en tal sentido que la sociedad mexicana tampoco ha reconocido a la política exterior el lugar destacado que debiera ocupar en los asuntos públicos.

Para que la política exterior tenga la alta prioridad que merece y sea una política de Estado, se debe fortalecer de manera sustantiva el andamiaje institucional y las condiciones para que la SRE, como eje de una acción gubernamental concertada y con apoyo de la sociedad, cuente con las condiciones políticas e institucionales que son necesarias para cumplir con sus objetivos. Para ello, es fundamental que, cuando menos, en términos de capacidades institucionales, la SRE y la política exterior de México tengan las siguientes bases y fundamentos.

En primer lugar, la SRE debe tener todas sus facultades claramente definidas jurídicamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), incluyendo las nuevas responsabilidades de promoción económica y turística internacional. En segundo, debe recibir un presupuesto acorde a su importancia y responsabilidades, el cual debe recuperar el casi 25% perdido en términos reales en dólares durante la última década y ser actualizado, cuando menos, de acuerdo con la inflación (en términos reales en dólares) anualmente; asimismo, la cuenta consular debe ser entregada de manera completa y oportuna a la SRE por la Secretaría de Hacienda.

En tercer lugar, es fundamental que cuente con personal profesional suficiente para cumplir cabalmente con sus funciones, incrementando las plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM), las cuales se han mantenido entre 1,200 y 1,300 desde hace casi 50 años. Asimismo, es necesario aumentar las plazas de personal operativo (las cuales se han reducido en más de 20% en la última década). Para contar con el personal más ampliamente calificado y profesionalizado es necesario incrementar las plazas del SEM, idealmente en 20% cada sexenio y que haya concursos de ingreso y ascenso en el SEM, mínimo de manera bienal. En cuarto lugar, es recomendable ampliar las representaciones de México en el exterior para tener una red diplomática y consular acorde al tamaño del país, estando entre las 15 más importantes del mundo. Esto implicaría abrir de 3 a 5 embajadas y 2 a 3 consulados adicionales al año durante los próximos años, para pasar de 80 a entre 100 y 110 embajadas, y de 67 a entre 80 y 90 consulados para el 2030.

Por otra parte, quinto, es esencial definir los criterios y procesos para generar una política exterior de Estado y de una imagen internacional con amplio reconocimiento global. Para ello, sexto, es fundamental que la SRE posea los mecanismos e instrumentos para una eficaz formulación y una efectiva ejecución de esta política, incluyendo un sistema de información y planeación de inteligencia estratégica que apoye el análisis prospectivo y, con ello, la previsión de los cambios que habrán de darse en el escenario mundial.

Además, séptimo, para representar lo más fidedignamente los intereses de los diferentes actores nacionales, es necesario establecer los criterios para asegurar la debida coordinación entre la SRE y las otras secretarías de Estado, así como una colaboración productiva con el Congreso y los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, para que sea una política exterior al servicio de los mexicanos, octavo, se debe construir el engranaje que propicie dentro de la sociedad mexicana la mejor comprensión del papel que corresponde a la política exterior y su respaldo a ella.

Con base en todo lo anterior, noveno, es esencial definir los criterios y procesos para elaborar una política exterior de Estado y de una imagen internacional con amplio reconocimiento global. Finalmente, décimo, el objetivo central debe ser vincular las metas de desarrollo económico y social de México con la participación estratégica, activa e intensa de México en foros, espacios y temáticas internacionales.

En suma, con la llegada de la Canciller Alicia Bárcena, México tiene una gran oportunidad de redefinir su política exterior con base en un diagnóstico profundo que alimente la conversación sobre los temas en los que debe participar y los espacios que desea ocupar en el mundo. A partir de este análisis, con el respaldo de amplios sectores de la sociedad, México debe construir una política exterior de Estado y dotarla de los recursos e instrumentos necesarios que contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo, seguridad y bienestar al que aspiran los mexicanos. EP

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