Membresía en la Agencia Internacional de Energía

México fue el primer país de América Latina en ser miembro de la Agencia Internacional de Energía (AIE), desde febrero de 2018. El organismo agrupa a treinta países que representan aproximadamente el 70% del consumo energético mundial y cuyas tareas, además de ser el centro de información y análisis crítico en materia energética de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, son coadyuvar a fortalecer la seguridad energética global y, más recientemente, facilitar la descarbonización de la economía mundial de acuerdo con los principales tratados internacionales.

La AIE obliga además a sus países miembros a mantener un nivel mínimo de inventarios de combustibles líquidos para asegurar la resiliencia ante un choque energético, como el que actualmente se experimenta a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Dichos inventarios son conocidos como “reservas estratégicas” y pueden estar bajo el control de los gobiernos, como en el caso de Estados Unidos, o en empresas privadas pero mandatadas por los gobiernos. En la actualidad, México cuenta con reservas de combustibles por debajo de las indicadas por la AIE y no cuenta con ninguna reserva estratégica en manos del gobierno. Con todo, los países miembros de la organización han podido acumular en la actualidad 1500 millones de barriles (MB) de crudo en reservas gubernamentales además de 575 MB comprometidos por las empresas privadas.

Al mismo tiempo, en casos de alzas súbitas de los precios del petróleo, la AIE cuenta con un plan de acción colectiva para coordinar la liberación de inventarios y de las reservas estratégicas. El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Gobierno de la organización acordó, por unanimidad, la liberación de poco más de 61 MB para atemperar la volatilidad de precios debido a la crisis derivada de la invasión a Ucrania. Esta es la cuarta ocasión en la que la AIE, desde su fundación en 1974, toma una medida de este tipo.

México aún no coordina sus políticas de inventarios estratégicos requeridos por la organización, y tampoco aportó un volumen adicional para paliar la emergencia. La Secretaría de Energía (SENER), en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los productores e importadores privados, es la encargada de llevar a cabo esta y otras políticas de seguridad derivadas de su membresía con la AIE.

Acuerdo de París

Conforme a los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París, en 2015, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el país se obligó, al igual que el resto de los signatarios, a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes como las partículas de carbón, así como adoptar medidas de adaptación para hacer más resiliente a la sociedad mexicana y su hábitat natural a los riesgos provocados por el calentamiento de la tierra. Como es sabido, el objetivo principal del Acuerdo es frenar el incremento de la temperatura promedio global a menos de 2 grados Celsius respecto a principios de la era industrial, es decir, al despuntar el siglo XIX, y hacer todos los esfuerzos para que no suba más de 1.5 grados. Hasta ahora, los compromisos de mitigación asumidos por cada país son dobles: un monto de reducción de emisiones voluntario y que el país asume y costea con sus propios recursos. Un monto adicional, mayor, condicionado a recibir ayuda a través de un Fondo Verde, instituido en 2010 por la misma CMNUCC, y que ayude a financiar reducciones adicionales. En julio de 2021, Nacional Financiera, la banca de desarrollo del país, por fin quedó acreditada ante dicho Fondo para poder recibir hasta 250 millones de dólares para financiar metas adicionales de mitigación y adaptación.

A pesar de los compromisos adoptados por México, el país sigue mostrando una tendencia clara, aunque pausada, hacia el crecimiento de sus emisiones, solo frenado cuando hay recesiones severas, como la desencadenada en la actualidad por la pandemia de covid-19. El gobierno ha reconocido que, de seguir inercialmente esta tendencia, el país estaría emitiendo en 2030 aproximadamente 991 millones de toneladas equivalentes a dióxido de carbono (MTCO02e), cantidad muy superior a la emitida en la actualidad. En sus últimos compromisos sometidos a la CMNUCC, en diciembre de 2020, el país se comprometió a reducir de manera voluntaria el 22% de dicho monto para el final de esta década, es decir, llegar a un total de 781 MTCO2e, 101 MTCO2e por encima del nivel alcanzado en 2018. De acuerdo con dichos compromisos, las emisiones podrían ser menores, 644 MTCO2e, si México logra conseguir transferencias del Fondo Verde para apuntalar medidas más agresivas. Dicha cifra ya es ligeramente menor al monto alcanzado en 2018, y podría mandar la señal que el país ha iniciado, aunque tardíamente, el inicio de una reducción constante y permanente de sus emisiones contaminantes.

En otras palabras, durante esta década el país ha entrado en una encrucijada, en la que deberá tomar las medidas necesarias para frenar el incremento inercial de sus GEl e iniciar la reducción sistemática de los mismos, para asegurar el equivalente a una descarbonización completa ⸺en donde las emisiones remanentes se neutralicen con medidas de absorción⸺ hacia 2050. De no ser así, el país incumpliría con sus propios compromisos, tanto voluntarios como condicionados, además de arriesgarse a sanciones crecientes que se irán estableciendo ⸺como las del impuesto comercial al carbón⸺ a medida que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países avancen aceleradamente con sus propios objetivos.

La Ley General de Cambio Climático, de octubre de 2012, fijó como meta para la generación de energía eléctrica utilizar al menos 35% de energías limpias para 2024. La Ley de Transición Energética, de diciembre de 2015, confirmaría dicha proporción y fecha, y, posteriormente, la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2014-2018, elevó a 50% la participación de las fuentes limpias para 2050.

Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 23.2% De la generación eléctrica se hacía ya con energías limpias (incluyendo la nuclear), siendo la hidroeléctrica la más importante. La cifra para 2020 es de 28%, todavía 7% por debajo de las metas establecidas para el final del presente gobierno. El incremento de los últimos 2 años se debió a aportaciones importantes de las plantas con tecnología eólica, fotovoltaica y de cogeneración eficiente. Si el país continúa elevando la participación de las renovables en la generación eléctrica a 50%, en los próximos 30 años, sin duda ayudará a acelerar la transición y mitigación de los GEl en el largo plazo.

Las principales secretarias y organismos públicos encargados de hacer cumplir las metas nacionales propuestas por México ante la CMNUCC, son las siguientes: 

En materia de emisiones, la Secretaría Nacional de Energía, en estrecha relación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (generación eléctrica con energías limpias) y PEMEX (mejora de combustibles petrolíferos, reducción de emisiones de metano, prevención de accidentes en la extracción, etc.).

En materia de dar seguimiento a otras metas de mitigación y adaptación, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Dada la transversalidad de muchas de las metas, dicha secretaría se tiene que coordinar con otras así como organismos descentralizados, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desempeña también un papel muy importante en el seguimiento y el desarrollo de este Acuerdo, ya que la CMNUCC organiza anualmente la Conferencia de las Partes (COP), que es la reunión de los órganos de negociación encargados de dar seguimiento a la progresiva descarbonización de la economía mundial. A la COP asisten Estados parte, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, observadores y medios de comunicación; en los 3 últimos días de la conferencia se desarrolla una reunión de alto nivel, a la que asisten presidentes, jefes de Estado y ministros. En todas estas actividades, la SRE desempeña un papel crucial para aterrizar nuevos acuerdos.

Compromisos derivados del Tratado México, Estados Unidos y Canadá

Si bien el capítulo 8 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, sobre energía, se limita a asegurar que el gobierno mexicano pueda realizar las reformas constitucionales que considere pertinentes en materia energética, existe una diversidad de medidas y disposiciones transversales, sobre todo en los capítulos 14 (inversiones) y 22 (empresas de gobierno), que atañen tanto a las inversiones de las partes realizadas en todas las cadenas de valor de la industria energética (fósiles, electricidad y renovables), como al desempeño y el comportamiento comercial de las empresas públicas (PEMEX y la CFE). La Secretaría de Economía (SE) tiene un papel crucial para vigilar que las reglas aceptadas por México se respeten.

Por otro lado, desde el inicio del gobierno de Joseph R. Biden, la lucha contra el cambio climático y el impulso a las energías renovables se han vuelto dos pilares sustanciales de la agenda energética para Norteamérica. Así se ha dado a conocer en la última cumbre trilateral de líderes que tuvo lugar en noviembre de 2021. A raíz de las reformas constitucionales que en materia de electricidad se están discutiendo en el Congreso mexicano, el gobierno de México acordó, después de las visitas de Jennifer Granholm, Secretaria de Energía de Estados Unidos, el 20 de enero de 2022, como de John Kerry, Enviado Presidencial Especial para el Clima, el 9 de febrero del mismo año, la creación de un grupo de trabajo binacional con miras a impulsar conjuntamente el despliegue de energías limpias en los dos países. De conformarse, muy probablemente dicho grupo será desde la SRE, interdisciplinario, por lo que se requerirá la labor de diferentes secretarías, pasando por la SE, la SEMARNAT y la SENER. EP

Documento completo: Política exterior y debilitamiento institucional

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.