La relación entre México y Estados Unidos es extraordinariamente compleja y diferente a cualquier trato que México tiene con otros países. No solo se desarrolla hacia Estados Unidos una política exterior, sino que varios temas son primordialmente de política interna. El ejemplo más obvio es el de la migración. Por ello se ha acuñado en la academia el término “interméstico” para definir esta relación. 

La variedad de temas implica, por supuesto, un abanico de actores involucrados en la relación bilateral, tanto a nivel federal como en los ámbitos estatal y local. Entre ellos se encuentran también los poderes legislativos de cada país, así como el uso y el seguimiento de casos judiciales en Estados Unidos para la protección de los mexicanos en ese país. 

Se plantea entonces un reto fundamental en la coordinación y coherencia de los diferentes actores, temas y posiciones que permita al Estado mexicano contar con información precisa y con diversos puntos de vista, a fin de desplegar una política exterior eficiente, estrechar las relaciones bilaterales en todos los niveles, y avanzar y proteger los intereses y los derechos de México y de los mexicanos. 

De conformidad con nuestra legislación, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordinar la acción de México en el exterior, lo que implica un diálogo continuo con las diversas instancias gubernamentales en México para definir posiciones con los estados y con el poder legislativo. Para ello cuenta con la Unidad de América del Norte (antes Subsecretaría de América del Norte) y con la Dirección General de Coordinación Política, que se coordina tanto con el poder legislativo como con los estados. También cuenta con la embajada y la red de consulados que mantienen informada a la Secretaría sobre los temas que impactan la relación bilateral y las visitas de funcionarios, empresarios, artistas, sociedad civil y la interacción con la comunidad mexicana en su circunscripción. 

A pesar de ello, es casi imposible que la Cancillería pueda atender y resolver todos los temas que día a día se presentan en la compleja relación bilateral, en especial cuando en los últimos años se degradó el área que atiende la relación bilateral de Subsecretaría a Unidad y se nombró al frente a personas con poca experiencia. Además, hubo una “desinstitucionalización” de la relación bilateral, se dejaron de utilizar mecanismos que propiciaban una necesaria coordinación entre los varios actores mexicanos, primero, y posteriormente con sus contrapartes estadounidenses. Un ejemplo fue la inoperancia por más de 5 años del Diálogo Económico de Alto Nivel y la no celebración del diálogo en materia de derechos humanos. 

En este contexto, la embajada de México en Estados Unidos desempeña un papel central de coordinación en la recopilación y análisis de la información sobre la relación bilateral, en especial aquellos que pueden derivar en una crisis, así como para su administración cotidiana. De ahí la importancia de contar con representantes de las diferentes secretarías de Estado y de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la embajada y bajo las órdenes y coordinación del embajador, quien, a su vez, mantiene informada a la Cancillería del actuar de dichas oficinas. 

Por supuesto, es más fácil decirlo que instrumentarlo. Ha habido ocasiones en que los representantes de alguna secretaria de Estado actuaron en Washington sin acatar las líneas de mando, sin informar debida y completamente al embajador sobre sus actividades y acciones. 

Al momento de asumir la embajada en Washington, el gobierno de México tenía, además de los diplomáticos de carrera y la estructura propia de la embajada, funcionarios acreditados como diplomáticos de las siguientes secretarías: Economía, Hacienda (en particular el Servicio de Administración Tributaria, SAT), Agricultura, y Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Gobernación, FGR, Policía Federal y Medio Ambiente, además de las oficinas de las agregadurías militar y naval. Asimismo, se contaba con una representación del Consejo de Promoción Turística de México. Todos cumplían un papel importante. Además, establecían contactos y relaciones de confianza con sus contrapartes de las instituciones estadounidenses. Ello permitía diálogos a nivel técnico para resolver temas, antes de que se convirtieran en una crisis política, y cuando ello sucedía, proporcionaban también la asesoría técnica pertinente. Ahora, dicha estructura se ha desmantelado. 

Además, se coordinaban con las diversas secciones de la embajada de México, por ejemplo, Agricultura, con la sección económica y con la representación del SAT; la FGR, con la sección jurídica, para las cuestiones de extradiciones y ejecución de sentencias penales, por ejemplo, y las agregadurías militar y naval con la sección de asuntos fronterizos y de seguridad. El intercambio de información, la detención oportuna de problemas y posibles crisis, y la elaboración de propuestas de solución, eran algunas de las finalidades primordiales.

Dado que la embajada de México recibe copia de toda información que envían los consulados de México a la SRE y dado que, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los consulados son dependientes de la embajada, el intercambio de información con ellos y el diseño de políticas y estrategias con los actores locales son fundamentales. Por ejemplo, los Consulados Generales de México en Sacramento, Austin, Phoenix y Alburquerque, tienen que mantener un diálogo constante con los gobernadores y sus oficinas de California, Texas, Arizona y Nuevo México. Sus acciones son reforzadas desde la embajada a nivel federal y con los propios gobernadores. La embajada, además, mantiene una interacción fluida con la Asociación Nacional de Gobernadores, las asociaciones de alcaldes y condados. Si esta coordinación falla, entonces se pueden presentar situaciones particulares, como las acciones tomadas por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, de instrumentar medidas adicionales de revisión de los transportes mexicanos, que causaron pérdidas enormes y fueron calificadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “despreciables”. 

A su vez, los consulados fronterizos cuentan con mecanismos de coordinación con sus contrapartes estadounidenses del lado mexicano y con las autoridades locales dependientes del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Por medio de dichos mecanismos se establecen protocolos de retorno de migrantes, visitas a los centros de detención y se monitorea la situación de los 57 cruces fronterizos. Todo ese trabajo se hace en coordinación con la sección de asuntos migratorios y comunidad mexicana de la embajada. 

Por otra parte, es relevante subrayar que la iniciativa privada mexicana, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abrió una oficina de representación en Washington, en una atinada medida para fortalecer el diálogo con sus contrapartes: la Cámara de Comercio, la Mesa Redonda de Negocios y con el propio Congreso estadounidense. La coordinación de la embajada con la oficina del CCE fue importante para la acción en el Congreso, con el fin de lograr la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La necesaria y complicada coordinación de la multiplicidad de actores que participan e inciden en la relación bilateral ⸺secretarias e instituciones gubernamentales, gobiernos estatales y locales, sector privado y sociedad civil⸺ es fundamental para el adecuado desarrollo de la relación bilateral y para contar con una política exterior eficiente en la defensa de los intereses de México y de los mexicanos. No se deben escatimar recursos para contar con personal adecuado y especializado en la embajada y algunos consulados, de diversas secretarias del Estado mexicano, pero siempre bajo la coordinación de la embajada en Washington, DC y de la SRE en México. EP

Documento completo: Política exterior y debilitamiento institucional

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