Entrevistamos a Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en las materias de seguridad, narcotráfico, violencia y migración, para que nos presentara un balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública. En nuestra conversación, esclarece cuáles son los fallos y los aciertos, aunque mínimos, que deja la administración saliente.

Este País (EP): ¿Cómo ha evolucionado el panorama de la seguridad pública en México en las últimas décadas?

Guadalupe Correa-Cabrera (GCC): Habría que decir que México no era un país que en el siglo pasado se hablara de lo que estamos hablando ahora. No teníamos el registro de cientos de miles de homicidios. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va a cerrar su sexenio con un récord de casi 200,000 homicidios dolosos ―193,600 homicidios dolosos fue lo que se reportó en los últimos días―. Hay una supuesta caída en estos últimos años, pero finalmente son unos niveles de violencia que nunca nos imaginamos. Hasta finales del siglo pasado esto ni siquiera era una preocupación. La evolución del crimen y la violencia tiene que ver con los procesos políticos y económicos que se han desarrollado en las últimas décadas. Considero que todo comienza en los años noventa con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la doble transición hacia las democracias y los libres mercados.

Antes del TLCAN había una cierta lógica de administración del narcotráfico que se transformó con la apertura comercial y la democratización del país, lo cual derivó, también, en la evolución de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia la diversificación de sus actividades criminales dentro de un contexto de paramilitarización. Esta doble transición, que es señalada por algunos teóricos de la economía y de la ciencia política, ocurre durante el periodo de posguerra fría, cuando Estados Unidos se convierte en el poder hegemónico y se plantea el fin de la historia, como decía Francis Fukuyama y Samuel Huntington.

Democracias y libres mercados era a lo que todo el mundo debía aspirar. Pero ¿qué pasó en México en este momento? La transición democrática en México vino con el fin del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aglutinaba a todos los sectores, incluyendo los sectores de lo ilícito, el narcotráfico incluido. Entonces cambia la lógica y los gobernadores se convierten en los nuevos señores feudales: ya no se mantenía la disciplina del presidente, del dedazo, del partido que incorporaba a todos los sectores. Se rompe esa lógica y los gobernadores empiezan a pactar con distintos grupos y en distintos mercados al mismo tiempo, porque es una doble transición.

El TLCAN va generando esas otras dinámicas: representó una mayor posibilidad de acceso a los mercados de Estados Unidos a partir de la construcción de puentes fronterizos y el cruce de tráiler. Por ejemplo, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo todo esto confluye: la democracia, los libres mercados y el tráfico de drogas. Así, con los tráileres llegan más drogas a los Estados Unidos o, al menos, hay una mayor posibilidad de que eso suceda; hay un mercado más abierto; hay una apertura a más organizaciones y, además, todo esto está enmarcado en una lógica que ya no es la del PRI. Deja de haber una ventanilla única. Con el TLCAN y la democracia se abren varias ventanillas o, al menos, se abre posibilidad de que existan varias ventanillas.

En esa lógica se declara una guerra contra las drogas al incrementarse las peleas por las plazas. En los primeros años del siglo XXI, en Baja California, Ciudad Juárez y las principales plazas de tráfico de drogas empiezan a haber una confrontación, una guerra de carteles que, de alguna manera, genera espacios de inestabilidad. Lo cual no quiere decir que hayan incrementado los homicidios, de hecho, hasta el 2006, la tasa de homicidios iba en un cierto declive. Todo esto es un proceso complejo que tiene diferentes actores y detonadores. Las que he mencionado son las dinámicas estructurales (democracia y libres mercados) que empiezan a enrarecer el mercado de los estupefacientes, de las drogas. Más adelante, y esto es muy interesante, en paralelo a esta doble transición, se desarrolla la paramilitarización. Entonces surgen Los Zetas y cambia toda la configuración del crimen organizado y del narcotráfico. ¿En qué sentido? En que ahora las técnicas militares, el acceso a armamento de alto calibre, el conocimiento sobre su uso y la vinculación del narcotráfico con miembros o exmiembros de fuerzas especiales del Ejercito mexicano modifican el modelo del narcotráfico. Esto les permitió diversificar sus actividades y ejercer el control sobre un territorio. Cuando controlas un territorio, controlas todas las actividades que suceden en ese territorio, lícitas e ilícitas.

El modelo se empieza a exportar a otras partes del país. En Michoacán surge La familia michoacana; en Guerrero se exporta el modelo Zeta y es retomado por el Cartel de Golfo y luego por el Cartel de Sinaloa. En este momento Calderón declara la guerra contra las drogas y militariza la seguridad pública y ahí es donde comienza una especie de, digo yo, guerra civil moderna, aunque no es propiamente una guerra civil porque en rigor el objeto de la disputa no es político, no es el grupo malo queriendo tirar a las fuerzas del gobierno bueno.

Caderón manda a las Fuerzas Armadas, a la Marina y a la Secretaría de Defensa Nacional, a realizar actividades que no estaban consideradas dentro de sus funciones. Realmente es una etapa en la que tanto la Policía Federal como las Fuerzas Armadas salen de los espacios que se tenían reservados para ellas y empiezan a participar de una manera extrainstitucional para hacer frente a lo que se consideraba un enrarecimiento en temas de narcotráfico y que hacían más complejo el mundo criminal.

Con la paramilitarización de la delincuencia organizada, los narcotraficantes no se dedicaron solamente a pasar droga calladitos, sino que empezaron a dedicarse a la extorsión, al secuestro. Extendieron sus capacidades hacia otros mercados como el de los migrantes, el contrabando de combustibles y muchos otros.

Es un panorama completamente nuevo, mucho más complejo, donde los actores son las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la delincuencia organizada, los cárteles y también los Estados Unidos con sus organizaciones de antinarcóticos como la Drug Enforcement Administration (DEA). Así, comienza a percibirse fragmentación y una complejidad de estas estructuras.

No es sencillo explicar los niveles de violencia porque no necesariamente estamos hablando nada más de narcotraficantes, sino de grupos que empezaron a diversificar sus actividades criminales como los Zetas y el Cartel del Golfo y que aunado a la respuesta de las fuerzas estatales bajo la iniciativa Mérida se convierte en una espiral que no puede parar. Esto es, en términos generales, lo que ha pasado en las últimas décadas en el país con relación a la violencia y el crimen organizado en particular.

EP: Andrés Manuel López Obrador comienza su sexenio con la promesa de reorientar la estrategia de seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas. En ese entonces hablaba de crear una Guardia Nacional con mandos civiles y de respetar plenamente los derechos humanos. Esto se vislumbraba como un cambio de paradigma ante lo iniciado por Felipe Calderón. Ahora bien, ya en el fin del sexenio, ¿podríamos decir que efectivamente cambió la estrategia de seguridad?

GCC: Hubo una evolución en López Obrador. Parece que cambia de opinión. Se da cuenta de que su palomita de la paz, sus “abrazos y no balazos” no van a funcionar en los espacios de extrema violencia, de paramilitarismo criminal. El acceso a armamento de alto calibre, las estrategias militares de grupos de delincuencia organizada, además de la falta de policías que respondieran a López Obrador, lo obligan a modificar su modelo de seguridad. AMLO se olvida de las promesas de campaña, de mantener a las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles de manera temporal y de transitar hacia una policía más eficaz.

En campaña siempre fue un crítico de la militarización, del uso no convencional de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De hecho, Andrés Manuel no nada más cambia de opinión sobre la amnistía (“abrazos y no balazos”) sino que forma la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, y avanza más allá de lo que nosotros entendíamos como militarización. Entonces, las Fuerzas Armadas comienzan a participar en áreas completamente nuevas: puertos, aduanas, aeropuertos, rutas migratorias y construcción de los megaproyectos, labores que convencionalmente llevaba a cabo el sector civil. López Obrador lo hizo así porque quería dar resultados saltándose la burocracia y dejar los cimientos listos para el segundo piso de lo que llama la Cuarta Transformación. Con el sector civil iba a tomar más tiempo, entonces, él decide extender las funciones de los cuerpos militares más allá de la seguridad, e incluso descuidando la seguridad, porque los recursos son limitados. Si tú mandas a los miembros de las Fuerzas Armadas a construir trenes, a administrar aeropuertos, entonces tendrías que hacer un gasto gigantesco para que el Ejército logre realizar adecuadamente todas las funciones que se le asignaron. A final de cuentas el Ejército no ha sido entrenado para lo que debía ser entrenado y, por eso, no sorprenden los malos resultados.

EP: ¿Cómo podríamos definir el éxito o el fracaso de una estrategia nacional de seguridad pública? ¿En qué factores podríamos fundamentarlo para decir que, por ejemplo, la reducción en la tasa de homicidios dolosos es, o no, un logro?

GCC: Son muchos factores. En primer lugar, tendría que ser una tendencia que se mantenga en el tiempo a la baja. Tendrían que pasar más de dos, tres o cinco años para empezar a cantar victoria. La reducción de homicidios tendría que ser mucho más visible, prolongada y profunda, en un nivel en el cual nos sintamos seguros de que no van a estar matando gente en Guerrero, de que no va a haber extorsiones en distintas ciudades del país de forma estructural.

No solamente tendríamos que basarnos en la tasa de homicidios. Habríamos de considerar los niveles de extorsión, un tema que se ha recrudecido por la corrupción, la impunidad y por problemas institucionales muy importantes. Aunque cualquier reducción en la tasa de homicidios es de celebrarse —porque son personas que no mueren y, por supuesto, nadie debería morir—, no debería tomarse como si fuese un cambio significativo a nivel país. El tema institucional es un asunto que no hemos resuelto. Tampoco hemos resuelto la corrupción, la impunidad, el estado de la justicia en el país, las investigaciones judiciales, las fiscalías, la cooperación interinstitucional, la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Tenemos problemas fundamentales también en el sistema penitenciario. Por todo esto no podemos decir que vayamos mejor. Es muy delicado decir que vamos mejor porque hubo una ligera reducción en la tasa de homicidios, cuando no vemos otros factores, como la extorsión o el huachicoleo.

No se habla de todo lo anterior porque el poder del micrófono lo tiene el presidente, él es quien controla la narrativa. Hay un vacío de comunicación social y contamos con muy poca información sobre la realidad en el país para entender lo que está sucediendo.

EP: Dentro de los logros de este gobierno, Eduardo Guerrero menciona una mejora en la percepción de seguridad en centros urbanos; una disminución de linchamientos y una disminución de delitos callejeros. Por el lado de los fracasos, durante este sexenio aumentó el número de personas desaparecidas; incrementó el delito de cobro de derecho de piso; se estimularon los monopolios criminales a nivel local concediendo a grupos de delincuencia organizada el control territorial; y se infiltró la delincuencia en procesos político-electorales. ¿Qué decir de este balance?

GCC: Este es un balance que efectivamente nos deja más negativos que positivos. Además, estamos hablando de que son cifras de los últimos años. No sabemos si esas tendencias se van a mantener o si son consecuencia de pactos mafiosos. También hay que considerar que el crimen organizado opera de manera muy distinta en los centros urbanos. Por eso hago mucho hincapié en hablar de delincuencia organizada y no de narcotráfico. En ciudades como la de México o Monterrey los acuerdos con la mafia son más sencillos y allí probablemente no estemos enfrentándonos a carteles. Definitivamente hay más extorsión y hay espacios donde sí se ha perdido completamente el control. En Guerrero, por ejemplo, los grupos criminales prácticamente se dividieron el Estado y la iglesia se involucró para intentar pacificar a los enfrentados. ¿Quién nos puede asegurar que en los centros urbanos esto no esté ocurriendo así? ¿Cómo se logró la disminución de tales delitos en la Ciudad de México? Es algo que nunca me ha quedado claro del todo. Dicen que la fiscalía se coordinó con la policía. Es posible, pero ¿qué tal que investigaron menos?, ¿qué tal si permitieron más?, ¿qué tal si los grupos lograron tener un mayor control sobre el territorio? No lo sé. Estos pactos mafiosos existen porque las policías son mafiosas. No tengo pruebas, pero sí algunas dudas, sobre si lo que está operando es una pax mafiosa o la afortunada colaboración entre fiscalía y cuerpos policiacos, como mencionan las autoridades.

Sí, estoy de acuerdo con el balance de Eduardo Guerrero, pero habría que ver sus particularidades y lo que está ocurriendo en los distintos territorios del país donde la percepción del crimen no tiene nada que ver con lo que sucede en las zonas urbanas.

EP: El mismo Eduardo Guerrero menciona que hubo una especie de confusión entre lo que es una política social y una política de seguridad. Es decir, López Obrador dijo en su momento que iba a atacar las raíces de la delincuencia dando mayores oportunidades a los jóvenes para que éstos no engrosaran las filas de la delincuencia organizada. ¿Existen evidencias de que los programas sociales y las becas a jóvenes estén dando buenos resultados?

GCC: Para el tema de la seguridad, absolutamente no.

Es una realidad que cuando los jóvenes tienen oportunidades, no se dedican a la delincuencia organizada, esto es muy claro. Para poder realmente saber si se está atacando una causa raíz como lo es el reclutamiento de jóvenes para la delincuencia organizada, sicarios, halcones, etcétera, se necesitan, primero, soluciones integrales y, segundo, la temporalidad debe ser mucho mayor a tres años, que es cuando comenzaron a disminuir los homicidios. Esto lleva décadas.

Además, no tenemos métricas —o no nos las han enseñado— para argumentar que los programas sociales redujeron en tres años el nivel de homicidios, ni en qué grado lo redujeron, o si la reducción se debió a pactos mafiosos, por ejemplo. No existe ninguna evidencia que señale claramente que una cosa llevó a otra. Brevemente, para atacar una causa de raíz se necesitan décadas, además, se requiere una reconfiguración del tejido social en su conjunto y del tejido institucional. Y en esto, parece que no hemos hecho mucho y que la Cuarta Transformación no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es pasar la policía a la Guardia Nacional y darle mucha más capacidad a las Fuerzas Armadas

para participar y monopolizar la seguridad pública a nivel federal, por lo menos.

EP: López Obrador ha reivindicado muy evidentemente a las Fuerzas Armadas diciendo que son “pueblo uniformado”. ¿Cómo podríamos cuestionar esta idea, dado que son un agente que ejerce poder dentro de las estructuras del Estado? ¿Cómo dimensionar el poder que tienen? ¿Son capaces de ejercer presión e incluso de doblegar al Poder Ejecutivo?

GCC: Estamos hablando de poder y estamos hablando de una estructura muy jerárquica.

Andrés Manuel es un gran comunicador. Es un hombre muy exitoso con las masas (aunque no me gusta utilizar ese concepto), es muy carismático y sabe comunicar sus mensajes y conseguir sus objetivos en ese sentido. Cuando habla de pueblo uniformado lo que hace es reivindicar el papel del Ejército y la Marina en todas las labores. Pero lo que no nos dice, o no nos quiere explicar, es cómo se configuran las Fuerzas Armadas ni la estructura jerárquica. Estamos hablando de generales, de quienes toman decisiones y de quienes deciden cómo se reparten los recursos en las cúpulas. No es el “pueblo uniformado” quien decide qué se va a hacer, o quien decide a quién va a proteger. En el caso del huachicoleo, por ejemplo, no se puede pensar que los Zetas o que el cártel Santa Rosa de Lima puedan robar tanto combustible sin que los generales lo sepan. La estructura castrense es muy jerárquica. Los soldados y los marinos van a hacer lo que su jefe diga. Por otro lado, en cuestiones de poder, aunque no me gusta mucho la idea de una cofradía que es capaz de doblegar al Poder Ejecutivo, es verdad que el mismo Poder Ejecutivo les ha dado a las Fuerzas Armadas la capacidad de extender su poder. Estoy hablando de un verdadero poder, no de algo que no se puede probar, como lo que ocurrió en el caso Cienfuegos. Con todas las funciones que ahora están llevando a cabo, con toda la capacidad que tienen en aduanas, puertos, rutas migratorias, aeronáutica, ferrocarriles, seguridad, se les permitió a las Fuerzas Armadas extender su poder. Son los proyectos más importantes del país. ¡Es tremendo! ¡Nos pueden parar el país! Sí, tienen poder y cada vez tienen más poder. ¿Y cómo funciona? Vía los generales. Y los generales no son pueblo uniformado. Son los mismos generales que se saben servir con la cuchara grande, los mismos que permitieron el huachicoleo durante el sexenio de Peña Nieto, son los mismos que criticó López Obrador antes de ser presidente, que no nada más se volvieron buenos porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas ahora representa al partido Morena.

EP: Recientemente ocurrieron las detenciones de Ovidio Guzmán y “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense. Como testigos protegidos pueden proporcionar información valiosa para las fiscalías norteamericanas. ¿Está bajo presión la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos?

GCC: Bueno, en realidad pone presión para que sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho. O sea, es una mentira que la Cuarta Transformación haya planteado un cambio. Se puede alegar una defensa de soberanía, pero son solo palabras. Lo que quiere Estados Unidos es que mantengamos al ejército en la frontera y que funcionen como muro migratorio. Quieren salvaguardar sus intereses y controlar nuestras fronteras. A final de cuentas es un negocio para el complejo militar fronterizo industrial.

EP: ¿Qué estrategias deberían implementarse en el próximo sexenio en materia de seguridad pública?

GCC: Una vez con el diagnóstico y reconociendo que no se trata únicamente de la tasa de homicidios, se necesita una estrategia comprehensiva. Hay que atacar las causas de raíz, claro que hay que mejorar las oportunidades para los jóvenes, el desarrollo, el empleo… pero esto debe ser un verdadero proyecto de nación con una reconfiguración institucional. Es lo que se llama Whole-of-Government Approach, donde de lo que se trata es de mejorar en los temas de coordinación interinstitucional, también en diferentes niveles de gobierno, de fortalecer instituciones, las fiscalías. Es decir, requiere toda una lógica distinta para resolver un problema que tiene raíces muy profundas.

Yo creo que no podemos esperar mucho en la próxima administración. El legado de la Cuarta Transformación es la militarización y la extensión de las capacidades del Ejército: ese poder real que han tomado los militares en este país. ¿Cómo les vas a hacer cuando tienes unas Fuerzas Armadas con más atribuciones, pero menos capacidades para resolver el tema de la seguridad? EP

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