Epílogo: redención o rendición. Los grupos religiosos y las iglesias como un activo político

Voces en la plaza: el primer año del sexenio

Texto de y 10/12/19

Voces en la plaza: el primer año del sexenio

Aunque el principio juarista de la separación iglesia-Estado es mencionado en el ideario del presidente López Obrador, es un tema que ha dejado envuelto en bruma, al menos durante su primer año de gestión; aunque a través de esa neblina han podido avistarse aproximaciones con algunos sectores confesionales, empezando por la promoción del voto en su favor por parte del Partido Encuentro Social, que abiertamente se presenta como un partido cristiano-evangélico, religión que el mismo López Obrador profesa. “Andrés Manuel López Obrador ha hecho de los grupos religiosos, de las iglesias y de sus planteamientos, un activo político como no lo hizo ningún otro presidente en la época moderna — explica el sociólogo Bernardo Barranco, especialista en cultura y creencias religiosas—; ha incorporado el tema de las iglesias y la política pública de manera abierta, lo cual contradice la tradición del Estado laico instaurada en el siglo XIX por Benito Juárez, y esto es así porque Andrés Manuel tiene la convicción de que las iglesias pueden ser aliadas en la reconstrucción del tejido social dañado en México, porque ese pueblo que él califica como ‘pueblo bueno’ en esencia ha alcanzado niveles de violencia inauditos —en algunos casos de abierto sadismo— y eso significa que la sociedad mexicana ha experimentado una pérdida de valores. Por lo tanto, el presidente López Obrador no sólo maneja un discurso político, sino también uno moral y ético, orientado a reconstruir desde el Estado los principios de convivencia que antes tenía la sociedad”.

Esta filosofía, destaca Barranco, no es en sí misma perniciosa, pero “también hay que preguntarnos si las distintas iglesias y agrupaciones religiosas de México pueden ser portadoras de políticas de gobierno sin, digamos, lastimar o agredir la laicidad del Estado. En este sentido, debe destacarse que esta pretensión presidencial de incorporar a las iglesias a su política social por un lado no ha sido acompañada por las mis- mas iglesias, salvo algunas excepciones, y por el otro ha generado reproches de sectores seculares, laicos y otras minorías, que ven en estos vínculos con sectores religiosos un riesgo importante para la estabilidad futura del país”. El grupo que ha acompañado a López Obrador en, por ejemplo, la distribución de la Cartilla Moral, es la asociación cristiana Confraternice, cuyo líder se nombra a sí mismo capellán de la cuarta transformación.

“Andrés Manuel ha mostrado una especie de paradoja, porque mientras por el lado católico sus amigos forman parte del ala progresista, como Alejandro Solalinde, Raúl Vera o Miguel Concha, por el lado evangélico sus grandes amistades son los sectores más fundamentalistas y conservadores; por eso representa un riesgo incorporarlos a la vida pública y que participen en la toma de decisiones del gobierno, porque en su condición de fundamentalistas mantienen una actitud intransigente frente al tema de los derechos de las mujeres, de los derechos a la diversidad sexual y, en materia de derechos reproductivos, tienen posturas muy radicales en estos temas”. Abrir la puerta del gobierno a estos sectores ultraconservadores representa un riesgo real, dice Barranco, y ese riesgo es que al tratar López Obrador de atacar el problema de la falta de valores en la sociedad, puede estar incubando futuros enfrentamientos con las minorías que, con esfuerzos colectivos, han venido ganando espacios y reconocimiento de derechos.

“Estamos frente a grupos teocráticos cuya voz de Dios les indica lanzar una nueva cruzada contra temas como la igualdad de género, que ven al feminismo como una amenaza a la identidad futura de México y que defienden el predominio masculino en la actual con- formación de la sociedad. Estamos ante el riesgo de caer en una política totalitaria, en la que el Estado laico tome partido y determine cuál es la verdadera moral y cuál no, cuando el Estado debe garantizar la libertad a la sociedad y no dictar su conducta”. EP

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