En agosto de 2019, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los índices delictivos en el país habían registrado una disminución sensible durante los primeros ocho meses del gobierno de la cuarta transformación. Informó, por ejemplo, que el secuestro disminuyó 11%, el robo a vehículos 18.5%, los robos en viviendas 29%, los asaltos en la vía pública 10% y el homicidio doloso 3.5%, logros con los cuales se da seguimiento al precepto estampado en el Plan Nacional de Desarrollo que reza: “No puede haber paz sin justicia”. El ideario del Plan Nacional de Desarrollo subraya que “la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad” y destaca que “las estrategias de seguridad públicas aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado”. Contra ello, la estrategia anunciada es aplicar “un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad”, que se plantea restarle base social a la criminalidad, poner fin a la guerra contra las drogas y adoptar una política de prevención y tratamiento de adicciones.

Los resultados presentados por Durazo en agosto fueron anunciados como un reflejo de este nuevo paradigma de seguridad pública. No obstante, para  poder presentar estadísticas delictivas a la baja el gobierno federal siguió un procedimiento peculiar: comparó los índices delictivos de 2019 con los registrados hace seis años, en 2013. Pero si este ejercicio se repite, ahora contrastando las estadísticas delictivas de 2019 con las del año inmediato anterior, los logros desaparecen: entre enero y septiembre de este año que concluye el homicidio doloso aumentó 1.3% frente al mismo periodo de 2018, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También aumentaron el feminicidio (14%), la violación (10%), las lesiones dolosas (4.6%), el secuestro (6.5%), el robo (2.3%), el narco- menudeo (21.6%), los delitos relacionados con violencia de género (12.8%), la trata de personas (29%) y los delitos contra el medio ambiente (8.6%), por citar algunos indicadores.

“Hay que reconocer que en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a México le fue bastante mal en materia de seguridad —advierte Aram Barra, integrante de Open Society Foundation y especialista en materia de políticade drogas—, como resultado de la continuación de la guerra contra el narco, que se mantiene aunque el gobierno haya anunciado su final, porque aun cuando durante su periodo de campaña Andrés Manuel y su equipo prometieron un cambio de dirección en términos de seguridad pública, justicia y política de drogas, en los hechos se mantuvo la inercia de las administraciones anteriores con la creación de la Guardia Nacional, que es una policía militarizada.” Así, advierte, “frente a esa crisis de muerte y de sangre, el gobierno ha errado en no dar celeridad a una serie de políticas que contribuirían a transformar esa realidad particular. Hablo de las políticas de drogas, que siguen atoradas en los procesos legislativos tradicionales, sin mucha voluntad como para acelerar su discusión. Hay una decena de iniciativas legislativas distintas presentadas en este momento ante el Congreso; algunas se centran en el uso médico, otras en el recreativo, otras problematizan desde una perspectiva de salud pública, en fin. Lo rico del proceso legislativo es que esa pluralidad de ideas y perspectivas dan un mapa bastante completo del reto a enfrentar; entonces, de entre toda la materia legislativa presentada hoy ante el Congreso se podrían sacar muy buenas cosas. Lo que hace falta es liderazgo en las cámaras legislativas para privilegiar el interés nacional sobre el interés de particulares y dar prioridad a este debate”.

La regulación en materia de drogas —señala Barra— permitiría dar un giro al actual ambiente de violencia extrema en el país “y eso debería ser prioritario. Hay que recordar que los homicidios siguen, que el número de agresiones y asesinatos contra periodistas y activistas se mantiene y, es más, son problemas que siguen complejizándose sin que el Estado haya sabido responder, a pesar de que ahí están las evidencias de su urgencia: este 2019 se publicaron estudios no sólo sobre la alta impunidad en homicidios, sino también sobre la transformación de los tipos de violencia; contra las mujeres ha aumentado el número de casos de asesinato en el espacio público y con arma de fuego. Esos son temas que urge aten- der, sin que exista una discusión para generar una posible respuesta por parte del Estado”.

En contraste, para el diputado estatal potosino Pedro César Carrizales, el Mijis, debe reconocerse el intento del gobierno federal por combatir la pobreza y la marginación desde sus causas, particularmente de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas de transferencia directa de recursos, para que sigan estudiando o para que ingresen al mercado laboral. El Mijis —quien pasó de las pandillas al activismo social— destaca: “Nunca antes se había apoyado a los jóvenes ni a los sectores más vulnerables de la sociedad tal como lo está hoy haciendo el presidente. Pero éste es un esfuerzo en el que debemos comprometernos todos, no sólo el presidente, porque no es un problema nomás de él. A nivel estatal y municipal no hay una política pública de seguridad ni de apoyo a la juventud, y cuando hay programas sólo duran una ad- ministración sin que se les dé continuidad. Se les olvida el tema, porque a nivel estatal y municipal la clase política es muy mezquina. En vez de hacer consensos y buscar unidad para enfrentar los problemas, los políticos se despiertan pensando cómo van a chingar al rival. Cuando ocurren tragedias que ameritan que nos pongamos de acuerdo, esas tragedias son utilizadas para ridiculizar al oponente. Eso es lo que pasó con la liberación del hijo del Chapo en Culiacán y con el asesinato de los miembros de la familia Le Barón; en vez que motivarnos a actuar unidos por el bien común, la oposición usó estas tragedias para criticar al presidente”.

La unidad, advierte el legislador, “no es de dientes para afuera. Es importante estar unidos como sociedad, respetando las diferencias, pero organizados, para encontrar soluciones, sobre todo para la desigualdad, porque el crimen organizado es una empresa que da muchas más oportunidades a los jóvenes que la sociedad. El crimen organizado les ofrece a los chavos la oportunidad de ascender rápidamente, de tener un billete. Ellos están bien organizados, por eso siguen captando a los chavos; pero nosotros, ¿cuándo nos vamos a organizar?”. Los resultados de esta nueva política de asistencia social como vía para reducir la inseguridad y la violencia, “no los íbamos a ver en el primer año del gobierno —explica el Mijis—; esperar eso era absurdo, porque los rezagos vienen de muchos años. Todas las administraciones anteriores sólo se acordaban de los jóvenes cuando querían tomarse la foto, en especial del chavo de barrio, que es el más vulnerable. Los resultados van a llegar, sólo hay que darle tiempo al presidente y, sobre todo, poner nuestro granito de arena, a nivel estatal y municipal. Sí, hay que exigirle al Estado, pero también hay que preguntarnos qué hacemos como integrantes de la sociedad, porque muchos no hacen nada, sólo criticar, y criticar no nos va llevar a convertirnos en un país mejor. Debemos salir de nuestra zona de confort si queremos buscar cambios y cambiar nosotros mismos”. EP

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