Una de las novedades que trajo la reforma político-electoral promulgada el 10 de febrero del 2014 fue la figura de las candidaturas independientes. Se pensó que con esta opción a los ciudadanos se les daba la alternativa de votar por gente más cercana a ellos, candidatos desvinculados de los partidos políticos, liderazgos jóvenes sin lazos […]
Texto de José Fernández Santillán 22/09/17
Una de las novedades que trajo la reforma político-electoral promulgada el 10 de febrero del 2014 fue la figura de las candidaturas independientes. Se pensó que con esta opción a los ciudadanos se les daba la alternativa de votar por gente más cercana a ellos, candidatos desvinculados de los partidos políticos, liderazgos jóvenes sin lazos […]
Una de las novedades que trajo la reforma político-electoral promulgada el 10 de febrero del 2014 fue la figura de las candidaturas independientes. Se pensó que con esta opción a los ciudadanos se les daba la alternativa de votar por gente más cercana a ellos, candidatos desvinculados de los partidos políticos, liderazgos jóvenes sin lazos con la clase política tradicional. La idea era que desde esa alternativa se presentaran programas más cercanos a la gente de a pie. Una respuesta ante una ciudadanía que ha dado muestras de hartazgo ante los grupos políticos que, elección tras elección, siempre dicen lo mismo: prometen las mismas cosas y luego de salirse con la suya se olvidan de los electores, vuelven a los mismos abusos, amasan cuantiosas fortunas y, cuando las personas van a buscarlos para pedirles que intervengan y solucionen sus problemas, simple y sencillamente mandan a alguno de sus segundones para decir que están muy ocupados, que por el momento no pueden atenderlos. Una historia bastante conocida. Así que las candidaturas independientes abrieron una ventana para refrescar el ambiente, para que los ciudadanos pudiesen decirle a los políticos: “ahora sí hay quienes verdaderamente nos representen”.
Por ley, los candidatos independientes pueden tener acceso a financiamiento público para sus gastos de campaña. El mismo monto que corresponde a un partido político con nuevo registro. En el caso de aspirantes a la presidencia de la República, senadores y diputados a nivel federal deben registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta figura está regulada por el artículo 379 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los derechos que asisten a los candidatos independientes están: (1) realizar actos para hacerse del apoyo de los votantes; (2) utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades; y (3) nombrar un representante para asistir a sesiones del consejo que corresponda.
Entre las obligaciones de los candidatos independientes están: (1) conducirse con apego a la Constitución y a las leyes; (2) no aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita; (3) no aceptar aportaciones en efectivo, metal o piedras preciosas de cualquier persona física o moral; (4) rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico de extranjeros, ministros de culto y asociaciones religiosas; (5) abstenerse de proferir ofensas, difamaciones, calumnias o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; (6) rendir informes de ingresos y egresos; y (7) respetar los topes de campaña fijados por la ley.
Si se trata de postulantes a gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, deben dirigirse a los organismos públicos locales electorales (OPL); así se llaman ahora los que antes eran los institutos electorales estatales.
A decir verdad, los resultados respecto de los candidatos independientes han sido ambivalentes: por un lado, la figura más representativa de esas candidaturas independientes ha sido Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, quien ganó la gubernatura de Nuevo León el 7 de junio de 2015. El problema de este pintoresco personaje es que militó durante 33 años en el pri. En consecuencia, el halo de “independiente” no es una de sus virtudes; aunque presentarse como candidato sin partido le sirvió para conquistar la voluntad del electorado neoleonés. En efecto, la gente de aquel estado buscaba una alternativa al mal gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz y a las irregularidades de las cuales fue pródiga su administración. Por ejemplo, la venta de terrenos por 3 mil 600 millones de pesos, peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y uso de información privilegiada, obras pagadas que no se concluyeron, facturas inexistentes, desaparición de documentos oficiales. Algunos de los funcionarios a quienes la contraloría estatal acusó son los exsecretarios de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert; de Finanzas y Tesorería, Rodolfo Gómez Acosta; y de Obras Públicas, Luis Gerardo Marroquín Salazar.1 Las acusaciones también tocaron a la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, del pan, debido a malos manejos del erario por un monto de 7 millones de pesos.
El subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, explicó que en total son 28 responsabilidades administrativas de las cuales se desprenden diez años de inhabilitaciones para trabajar en el servicio público, además de 47 presuntas responsabilidades penales por peculado y ejercicio indebido de funciones, principalmente. A esto hay que agregar que Medina de la Cruz dejó endeudado al estado por cerca de 100 mil millones de pesos.
El fiscal Anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, señaló que en los casos de corrupción en los que incurrieron Rodrigo Medina y su equipo de colaboradores también hay familiares de esos funcionarios involucrados. Fasci Zuazua no dio nombres, pero los neoleoneses saben de sobra que al “padre incómodo” del exgobernador, Humberto Medina Ainslie, se le atribuyen diversos negocios turbios, tráfico de influencias y el haber acumulado una cuantiosa fortuna hecha al amparo del poder que ostentó su hijo en la gubernatura del estado.2 A Medina de la Cruz también se le acusa de “enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero”.3
El caso de Rodrigo Medina, por alguna razón, no ha sido tan resonante como el de los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua) y Guillermo Padrés (Sonora). Todos ellos castigados por el voto ciudadano mediante la alternancia. Pero en Nuevo León había motivos de sobra para buscar alguna alternativa diferente y deshacerse de la herencia nefasta de Medina y de su equipo de saqueadores. Vale la pena recordar que Nuevo León había tenido alternancia de gobierno entre el pri y el pan: Fernando Canales Clariond fue el primer gobernador panista (1997-2003) tras una larga hegemonía del pri. Lo complementó otro panista, Fernando Elizondo (2003). Vino José Natividad González Parás (2003-2009) para recuperar la gubernatura para el tricolor y lo siguió, precisamente, el cuestionado Rodrigo Medina (2009-2015).
El Bronco se hubiera conformado con una diputación local. Así se hubiera mantenido en las filas del tricolor; pero cuando se la negaron, se envalentonó y agarró por su lado. Así fue creciendo; es decir, capitalizó la indignación ciudadana, hizo una buena campaña, pero también perdió el piso.
En su toma de posesión afirmó que su victoria significaba “una segunda independencia nacional” y que “iba a mandar a los partidos políticos de vacaciones”. Excesos propios de un demagogo: el Congreso del estado está compuesto por partidos políticos con los cuales, de acuerdo con la división de poderes establecida por la Constitución local y federal, se debe cogobernar. No se puede mandar a los partidos políticos de vacaciones a menos de que se dé un golpe de Estado al estilo del que perpetró Alberto Fujimori en Perú en 1992 para quedarse con todo el poder y gobernar en solitario.
El talante retrógrada del Bronco afloró entre otras cosas cuando afirmó: “Creo en Dios, el matrimonio es sólo entre hombre y mujer” y “Los jóvenes necesitan disciplina militar para que se ‘arreglen’”.
Convengamos en que no es lo mismo ser un candidato atractivo que cumplir ya estando al frente de la administración pública estatal. Y se nota entre otras cosas por la desastrosa administración de Jaime Rodríguez. Por ejemplo: el 12 de febrero del 2016 estalló un motín en la cárcel estatal de Topo Chico. La causa fue que el nuevo gobernador retiró un acuerdo de vigilancia. El Bronco tardó siete largas horas en reaccionar para decir, primero, que había habido 52 muertos, y luego rectificó al admitir que, en realidad, habían sido 44 las bajas en el penal. Senadores, diputados y ciudadanos lo criticaron al señalar que andaba más preocupado en atender su agenda política tendiente a lanzarse como candidato independiente a la presidencia de la República en 2018 que en trabajar por el bien de los neoleoneses. Muchos de los que lo eligieron, con razón, están insatisfechos con su gobierno. Simple y sencillamente, los ha decepcionado.
El riesgo de las candidaturas independientes es que, si fallan, no hay cómo castigar sus errores al siguiente periodo electoral, pues ¿a qué partido se le retira la confianza?
Un caso diferente es el de Pedro Kumamoto, el joven egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso o Universidad Jesuita de Guadalajara) que ganó la diputación local por el X Distrito Electoral Federal de Jalisco, con cabecera en Zapopan. El único candidato independiente sin antecedentes partidistas entre quienes se alzaron con la victoria en las elecciones intermedias de 2015. Después de la reunión de 7 mil quinientas firmas, se convirtió en el primer diputado independiente del estado de Jalisco. Al momento de tomar posesión de su cargo dijo: “Lo más importante es la noción de que las personas debemos estar al centro de la democracia, tenemos que ser el motor y la razón de ser de las instituciones. Somos miles que no hemos aceptado la derrota. Que sea la política la semilla del encuentro, los muros sí caen”. Calificó al Congreso local como sinónimo de corrupción y opacidad.
A diferencia del Bronco, que en poco tiempo mostró ser un farsante, Kumamoto se convirtió en alguien en quien los ciudadanos podían confiar. Los políticos siempre miran para arriba, a ver qué favores pueden obtener de los encumbrados; o qué negocios pueden hacer con la clase empresarial: concesiones, permisos, “mochadas”.
Kumamoto va por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local y en el Congreso del estado. Aplicar la Ley 3de3. Con la ayuda de Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quiere hacer obligatorio que todos los servidores públicos, legisladores y candidatos hagan pública su declaración patrimonial y de intereses de los últimos cinco años: “Si no conocemos el patrimonio de la personas por las que votamos, tampoco sabemos si se hacen ricos ilícitamente. Legislaré para que sea obligatoria la plataforma 3de3, haremos la política como siempre debió ser”, dijo en uno de los videos que subió a las redes sociales.4
Sin que lo diga explícitamente, este joven encarna la idea de una sociedad civil que incursiona en la esfera política. Claro, Kumamoto es un garbanzo de a libra, pero abre una esperanza contra la partidocracia y el clientelismo.
Entre los temas legislativos de Kumamoto están los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad y el desarrollo social. Un dato interesante es que renunció al 70% de su sueldo como diputado, que en Jalisco es de 110 mil 809 pesos para los legisladores locales.
Si, en todo caso, algo se le puede achacar, es que ha caído, quizá por la fama que ha alcanzado, en cierto protagonismo: quienes han tratado de entrar en contacto con él señalan que por lo general sus allegados responden que no es posible atender tantas invitaciones y que tiene una agenda muy cargada. Simple y sencillamente: a Pedro Kumamoto se le subió la fama.
Ahora bien, la victoria de este joven universitario no se entendería sin tomar en cuenta el triunfo del partido Movimiento Ciudadano en Guadalajara y la zona conurbada. En efecto, Enrique Alfaro alcanzó un sorprendente 51.62% de la preferencia electoral en la capital tapatía, dejando muy atrás a su contrincante Ricardo Villanueva, del pri, con un 26.40%. Y así sucedió en Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Movimiento Ciudadano también tuvo un avance notable en el congreso local.
Por lo demás, el resto de los que ganaron en la primera camada de candidatos independientes —Manuel Clouthier (diputación federal), César Valdés, (alcalde de García, Nuevo León), Alberto Méndez (alcalde de Comonfort, Guanajuato), y Alfonso Martínez Alcázar, (alcalde de Morelia, Michoacán)— tienen antecedentes de haber pertenencido a algún partido político.
En vez de que las candidaturas independientes fuesen espacios para que los ciudadanos pudiesen acceder a la esfera política, esas candidaturas se convirtieron en opciones para políticos desplazados.
Veamos qué pasó con los candidatos independientes en las elecciones de este año: el 4 de junio se celebraron comicios para gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y se renovaron ayuntamientos en Veracruz; en total hubo 143 candidatos independientes. Desde luego, la que adquirió mayor fama fue Teresa Castell, que compitió por la gubernatura del Estado de México. Empresaria regiomontana, quien fuera presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (2014-2016), creadora del concepto Tierra de Sipirily, salones de fiestas infantiles, con más de 25 sucursales en el país. La señora Castell denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México un presunto desvío de recursos destinado a un bono/finiquito por un monto de 440 mil pesos durante la administración de Delfina Gómez cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Como se recordará, a Delfina también se le comprobó que había recortado el salario de los trabajadores del ayuntamiento para, supuestamente, desviar ese diezmo al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La candidata pejista ni se inmutó.
En Coahuila hubo dos postulantes independientes a gobernador: Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas. En Nayarit se presentaron tres: Víctor Manuel Chávez, Antonio Ayón e Hilario Ramírez, conocido como Layín, (el que dijo que, como alcalde, robó, pero “poquito” y a quien le gusta levantarle la falda a las muchachas). De esos 143 candidatos sin partido sólo tres ganaron. Eso ocurrió en Veracruz: Octavio Pérez Garay en la alcaldía de San Andrés Tuxtla, quien fue diputado local por el Distrito XXV entre el 2013 y el 2016 por el pri; Christian Romero Pérez, en Tlacotalpan. En realidad, este personaje adquirió experiencia en la administración pública en localidades mexiquenses como Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza; fue integrante del programa “Jóvenes Emprendedores” de la Secretaría de la Reforma Agraria (sra); Isaac García Álvarez, en Coahuitlán. Es la segunda vez que ocupa la presidencia municipal de este lugar. La primera lo hizo compitiendo bajo el emblema del Partido Nueva Alianza (pna) entre el 2011 y el 2013. Dicho de otro modo: todos tienen vínculos o antecedentes partidistas.
En promedio, los candidatos independientes en las elecciones del pasado 4 de junio no lograron ni el 5% de los votos. Esto significa que, pese al descontento ciudadano, los votantes prefirieron la opción partidista a la independiente. Todo un reto para la explicación politológica y sociológica; es decir, ¿por qué, pese al desprestigio de los partidos políticos, los ciudadanos siguen votando por ellos y no por candidatos antisistema?
Uno de los grandes promotores de esta alternativa —la de los candidatos independientes— ha sido Jorge Castañeda. Esta iniciativa la llevó a cabo promoviendo su libro Sólo así: por un agenda ciudadana independiente (Debate, 2016). Una obra centrada en el combate a la impunidad, la corrupción y la violación a los derechos humanos. Allí también se propone la reforma al sistema de partidos y el sistema de representación, la defensa de las minorías y la protección de una mayoría silenciosa, es decir, los consumidores. Pero el 9 de mayo decidió declinar en favor del senador guerrerense Armando Ríos Pitter, a quien llamó “el Macron mexicano”. Y con esto calentó el ambiente. Allí están, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, Miguel Ángel Mancera, Juan Ramón de la Fuente. Personas que han mostrado interés por entrar en la carrera presidencial.
Por cierto, antes de declinar, Castañeda dijo que era necesario que los candidatos independientes se reunieran a dialogar porque no tenía caso que se dispersaran las fuerzas que los respaldan. Si cada uno iba por su lado, lo más seguro es que el voto de los ciudadanos inconformes se difumine entre dos o más postulantes, cosa que, a final de cuentas, le beneficiaría a los partidos políticos y, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, quien trata de capitalizar el descontento en abono de Morena.
Con todo y que se pudieran poner de acuerdo los candidatos independientes a la presidencia de la República para el 2018, la verdad, se ve difícil que alguno de ellos pueda emular a Emmanuel Macron, quien 14 meses antes de la primera vuelta en Francia fundó el partido ¡En Marcha!, que irrumpió en la escena pública y fue sumando adeptos con una gran rapidez. En contraste, aquí en México falta menos tiempo para los comicios en los que estarán en juego, además de la presidencia, la renovación del Congreso de la Unión, elecciones en 30 estados, incluyendo nueve gubernaturas. Hasta este momento, no se ve cómo un candidato independiente pueda atraer el interés de la ciudadanía al grado de rebasar a quienes están siendo nombrados como posibles aspirantes en los partidos políticos.
Además, no cualquier individuo de a pie puede presentarse como candidato a jefe del Poder Ejecutivo federal. Hay unos requisitos que resultan bastante complicados de cubrir. Entre ellos: encabezar una asociación civil, ser apoyado por, al menos, el 1% del padrón electoral; o sea, llevar ante el INE 850 mil firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral, y esas firmas tienen que venir de por lo menos 17 entidades de la república. Valga la comparación: en Estados Unidos se necesita una cifra similar, 880 mil firmas, para registrar a un candidato independiente. La diferencia es que en ese país el padrón electoral es tres veces más grande. A esto agréguele usted que esas rúbricas, en México, deben ser recabadas en menos de 120 días.
Para ello se necesita todo un aparato operativo que no cualquiera se puede dar el lujo de poner en acción. Los que han logrado traspasar ese umbral en Estados Unidos son multimillonarios como Ross Perot, quien en 1992 y 1996, compitió en las elecciones alcanzando un sorprendente 19% a nivel nacional. Lo pudo hacer gracias a su poder económico.
Pero aquí, a menos que un multimillonario mexicano se decida a lanzarse como candidato independiente, no veo la manera en que un ciudadano común y corriente pueda ponerse al tú por tú con los partidos políticos, ni siquiera contando, como hemos dicho al inicio, con el financiamiento del INE.
Entonces ¿qué opción realmente viable queda? El jueves 6 de julio, en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, Jorge Castañeda habló acerca del naciente Frente Amplio Democrático (FAD), o sea, la propuesta de coalición que están construyendo el pan y el prd a la cual, parece, se va a sumar Movimiento Ciudadano. En esa entrevista el excanciller señaló que para que un acuerdo de esta envergadura funcione, se necesita coincidir en cuatro o cinco asuntos básicos: la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el combate a la violencia, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. No más.
Pero lo importante es el candidato: si se trata de una coalición, no puede ser un panista o un perredista, ya que quienes sean convocados a formar parte de un acuerdo se sentirían desplazados o como simples comparsas. Debe ser un candidato independiente (y digo yo, por favor, ¡descartemos al Bronco!) que pueda mediar entre las fuerzas convocadas porque una cosa es una simple coalición electoral de las cuales hemos tenido muchas, y otra distinta es una coalición electoral con vistas a ser una coalición de gobierno, mucho más seria y puntual. Allí es donde, me parece, se ensamblan las candidaturas independientes con el FAD.
Castañeda añadió, al respecto, que el FAD no se puede quedar en un acuerdo acerca de la candidatura presidencial: tiene que proponer las candidaturas a diversos puestos de elección popular; esto es, senadurías, diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos.
Debe haber candidatos cercanos a la ciudadanía para que devuelvan la confianza en la política; ciudadanía “cuyo ánimo hoy naufraga” como bien lo recordó Luna Mancini en referencia a lo dicho por Federico Reyes Heroles.5
En la entrevista entre López Dóriga y Castañeda también se habló acerca del blanco polémico contra el cual va a dirigir sus baterías el FAD. Se dijo que se va a mover en dos frentes: tanto contra el actual gobierno priista como contra López Obrador. Allí está el dilema (That is the question): en política, como en la guerra, no es conveniente diversificar los frentes de combate.
Hoy el que va a la cabeza de las preferencias es el tabasqueño; el pri va en tercer lugar. A esto hay que añadir —porque a cada rato se nos olvida— el contexto internacional: el avance del populismo. La amenaza es real; no la podemos negar. Observemos lo que pasó en la reunión del G-20 que tuvo lugar en Hamburgo, Alemania entre el 7 y el 8 de julio. Donald Trump, antes de llegar a ese foro, fue descaradamente a mostrar su apoyo al régimen polaco, ejemplo de populismo ultraconservador. Cerró la pinza con la puesta en escena montada con Vladímir Putin, el líder del populismo ultraderechista a nivel internacional. Dijo que creían en la palabra de Putin, es decir, que Rusia no había intervenido en las elecciones estadounidenses. ¡Vaya tomada de pelo!
No hay que darle muchas vueltas al asunto: está en ciernes una verdadera y propia Internacional Populista.6 Allí debemos centrar baterías para defender nuestra democracia.7 Cuidar que el populismo no avance en México. EstePaís
NOTAS
1 La Jornada, 3 de junio del 2016.
2 Idem.
3 La Unión, 3 de noviembre del 2015.
4 Conciencia pública, 20 de junio del 2015.
5 Luna Mancini, “Tarde para la segunda vuelta presidencial; a tiempo para reforzar el gobiernos de coalición”, Este país, núm. 315, p. 12. La referencia a Federico Reyes Heroles está en la nota 12 del artículo de Mancini: “Pirotecnia y naufragio”, Excelsior, 23 de mayo de 2017. Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/2017/05/23/1165091/>. Consultado el 25 de mayo de 2017.
6 Timothy Garton Ash, “Populist Are out to Divide Us. They Must Be Stopped”, The Guardian, 11 de noviembre del 2016.
7 Así lo dijo Pepe Carral en su intervención en el Club de Industriales en el evento “Francia ejemplo electoral. México 2018: ¿Segunda vuelta? Gobierno de coalición?”, Este país, núm. 315, julio del 2017, p. 16.
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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015), profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013) e investigador visitante en la Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros se encuentra Política, gobierno y sociedad civil, Fontamara, 2013. Fue miembro del consejo editorial de la revista Este País. Es investigador nacional nivel III del SNI.
DOPSA, S.A. DE C.V
