Dice Norberto Bobbio, uno de los teóricos de la democracia más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX, que si algo distingue a la democracia de un régimen autocrático es que “el poder público se ejerce en público” (Bobbio. 1986:65), es decir, que las decisiones y acciones que toma la autoridad política están al alcance de todas las personas, para que éstas puedan someter al poder al escrutinio público. Dicho de otra manera, no hay democracia sin transparencia.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) es fundamental para la salud de la democracia, porque le da vida a uno de los mecanismos que permite la contención o limitación del poder para evitar su ejercicio abusivo y arbitrario. La división de poderes, los pesos y contrapesos, el federalismo, son instituciones que impiden que el poder se concentre en el titular del Ejecutivo. La transparencia es parte de esos contrapesos o controles sobre el poder porque abre la información acerca lo que hacen o deciden los poderosos, particularmente en lo relativo al ejercicio del gasto público; los exhibe y los pone en evidencia.

El INAI es una institución propia de la democracia mexicana, porque promueve la participación de los ciudadanos para que puedan tener incidencia en la vida política, es decir, el acceso a la información equipa a los ciudadanos, les da herramientas, por ejemplo, para que puedan votar con mayor conocimiento de la oferta electoral y para que vigilen y evalúen mejor a sus gobernantes. Aún sin solicitar directamente información, las personas pueden beneficiarse de la transparencia, porque periodistas o activistas difunden la información pública que han obtenido. Fue así que se documentaron escándalos de corrupción como la “Casa Blanca”, la “Estafa Maestra”, o los casos de desviación de recursos públicos en los estados de Veracruz, Chihuahua, o Quintana Roo, entre otros, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los cuales fueron clave para el desprestigio de su gobierno. El acceso a la información también ha permitido revelar casos de corrupción del gobierno actual como “La casa gris”, o la defraudación a Segalmex.

La transparencia siempre ha sido incómoda para los poderosos, porque como decía Elías Canetti, “el secreto ocupa la misma médula del poder” (Canetti. 1994: 286). Y es que, al ponerlos a la luz pública, reduce sus márgenes discrecionales de actuación, o sea, la posibilidad de que decidan sobre qué se informa y sobre qué no. Esto explica, en buena medida, por qué la transparencia enoja tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, desde su paso por la Jefatura de Gobierno del D.F., mostró su animadversión hacia el Instituto de Transparencia de la capital del país.

Ya como presidente de la República, AMLO ha buscado de manera consistente desprestigiar al INAI, señalando que el instituto ha sido incapaz de erradicar la corrupción, además de que le cuesta al erario mil millones de pesos anuales. El presidente no ignora que la transparencia es sólo el primer eslabón en la ruta hacia la identificación de casos de corrupción, pues es necesario investigarlos, encontrar a los responsables y eventualmente sancionarlos para después corregir las malas prácticas existentes, que son acciones que rebasan la competencia del INAI. También sabe que el INAI desarrolla varias funciones por mandato constitucional, como vigilar y garantizar la transparencia en todos los “sujetos obligados” que van desde las dependencias gubernamentales, hasta partidos, sindicatos y personas físicas y morales que ejercen recursos públicos. Además, el INAI tiene que asegurar la vigencia de otro derecho humano que es la protección de los datos personales, tanto en la esfera pública, como en el ámbito privado. 

Los ataques persistentes al INAI han sido la manera de justificar la inclinación del gobierno de López Obrador hacia la opacidad, por ejemplo, al ofrecer información sin fundamento en “las mañaneras”, es decir, datos que no tienen su correspondiente respaldo en los sitios de internet de las respectivas dependencias gubernamentales. El estudio de la organización Causa en Común, “No hay, no quieren o no entienden” (Causa en Común,2021), es un ejemplo, como también lo es el decreto del 21 de noviembre de 2021 en que se estableció que las contrataciones de muy diversas ramas de la administración pública fueran consideradas de seguridad nacional para justificar la reserva de la información. Gracias a la intervención del INAI ante el Poder Judicial, se revirtió dicha reserva.

A pesar de que llevamos 20 años con leyes de transparencia en el país y que cada vez más la plataforma de transparencia registra un mayor número de solicitudes de información, estamos todavía lejos de que exista una cultura de la transparencia entre los sujetos obligados. Tal parece que las dependencias han desarrollado atajos para no ofrecer la información, por ejemplo, respondiendo que la información es inexistente para obligar al solicitante a apelar ante el INAI, lo cual retrasa la entrega de la información. Las malas prácticas han derivado en que se desaparece información que antes existía para obstaculizar la transparencia. (Signos Vitales, 2020) Estos ejemplos revelan que es indispensable que se mantenga el INAI como un organismo constitucionalmente autónomo para asegurar que se obliga a los sujetos obligados a ofrecer la información pública.

Además del discurso denostador del presidente López Obrador en contra del INAI, en 2019, el gobierno intentó promover una reforma constitucional para despojar de su autonomía a los organismos constitucionales autónomos, colocándolos en alguna dependencia del gobierno federal. Se planteó que el INAI fuera parte de la Secretaría de la Función Pública, con lo cual no podría vigilar a todos los sujetos obligados federales.¹ La propuesta no prosperó, pero, en su afán de anular al Instituto, la mayoría de Morena en el Senado retrasó el nombramiento de dos comisionados y cuando finalmente lo hizo, un año después, el presidente de la República utilizó su facultad para objetarlos, dejando al Pleno del INAI sin posibilidad de operar porque ya sólo tiene cuatro integrantes y la Ley Federal de Transparencia dispone que se requiere de un quórum de 5.

La embestida del presidente López Obrador, secundada por la mayoría de Morena en el Congreso, ha bloqueado cualquier intento de negociación para que se haga el nombramiento de al menos un comisionado. Si bien esto ha sido denunciado por partidos de oposición, medios de comunicación, comentaristas, académicos, etc., ha faltado un respaldo social masivo como los organizados a favor del INE, quizás porque el INAI no es una institución tan conocida como la autoridad electoral.

En todo caso, tanto el Consejo Consultivo del INAI, como el propio INAI, han recurrido a la vía judicial para reclamar al Senado la violación a la Constitución por la falta de nombramientos de los comisionados. A la fecha, existen dos sentencias que han instruido al Senado para que de inmediato nombre a los comisionados faltantes para darle operatividad al Instituto de Transparencia y, ante un eventual desacato podría haber sanciones extremas como la cárcel. Paralelamente, el INAI interpuso un recurso de reconsideración para que la SCJN le permita sesionar con sólo 4 integrantes, en tanto el Senado acata su obligación constitucional de hacer los nombramientos faltantes.

El panorama para el INAI es preocupante, porque ya tiene mes y medio sin poder sesionar y se han acumulado más de 3 mil recursos de revisión que no ha podido atender para obligar a que se entregue la información solicitada y no está en sus manos sortear el obstáculo. Mientras tanto, el mensaje directo del gobierno a los sujetos obligados ha sido que no respondan las solicitudes, porque ya no hay quién los obligue a hacerlo, olvidando que la Constitución y la ley así lo mandatan. La decisión de la gran mayoría de los ministros de la Corte de invalidar leyes aprobadas por el Congreso, que no han cumplido con los requisitos mínimos de un órgano de representación y de deliberación —como en el caso de la primera parte del Plan B— ha desatado una campaña de ataques y amenazas a los ministros que han resuelto a favor del apego a la Constitución, contrariando la posición del titular del Ejecutivo.

Estamos ante un gobierno cada vez más autocrático, que repudia la división de poderes porque le pone acotamientos a sus determinaciones. Recuperar al INAI es indispensable para reparar la violación grave a los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales en la que se está incurriendo por la tiranía de la mayoría de Morena en el Senado. EP

Referencias

Bobbio, Norberto, (1986) El futuro de la democracia, México, F.C.E.

Canetti, Elías, (1994), Masa y poder, Barcelona, Muchnik.

Causa en Común, (2021), No hay, no quieren o no entienden. Análisis de las conferencias de prensa matutinas.

Signos Vitales, (2020), “…no existe información articulada, verificable, confiable y creíble”, México. Signos Vitales

1. La SFP es una dependencia del gobierno federal por lo que actuaría como juez y parte, además de que sólo podría revisar el cumplimiento de transparencia entre las dependencias del mismo gobierno y no sobre los otros poderes, o los organismos autónomos y demás sujetos obligados. [↩]

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