En México llevamos años sumergidos en una crisis de violencia, corrupción e impunidad. Tan solo en 2021 se registraron 94 homicidios intencionales diarios y 10 mujeres fueron asesinadas cada día. Además, en los últimos seis años sólo siete de cada cien homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados cuenta con una sentencia condenatoria. 

A través de las diversas investigaciones que hemos realizado desde Impunidad Cero, podemos afirmar que para solucionar esta gravísima problemática es necesario fortalecer a las instituciones civiles de seguridad y de justicia, que son las encargadas de investigar y perseguir más del 90% de los delitos que suceden en el país. Sin embargo, en los últimos años estas instituciones se han puesto en un segundo plano y más bien se ha optado por fortalecer a las fuerzas armadas, con el riesgo históricamente comprobado que ello implica en la vulneración de los derechos humanos. Tan solo en 2022 se aprobó el decreto que otorga el control de la Guardia Nacional a la SEDENA, se extendió la presencia militar para tareas de seguridad pública hasta el 2028, y de 2006 a 2021 los recursos a cargo de la SEDENA se han más que duplicado, con un aumento de 163%. 

Esta problemática se manifiesta de manera más encarnizada en los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres y las disidencias sexogenéricas, cuyos derechos resultan afectados a veces en múltiples ocasiones debido a la revictimización y a la visión heteropatriarcal y punitivista del estado. 

Por ello, en Impunidad Cero ponemos el foco en tres temas que consideramos representativos del debilitamiento del estado de derecho que desgraciadamente se vislumbra para 2023.

1. Lucha contra la corrupción 

La corrupción e impunidad son partes de un círculo vicioso que se replica al infinito en el país. En este contexto, las instituciones encargadas de combatir la corrupción son claves, pero a la fecha existen amenazas contra los organismos constitucionalmente autónomos que forman parte del sistema de fiscalización y rendición de cuentas.

Por hablar tan solo de un aspecto que pone en riesgo la lucha contra la corrupción, integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y dos miembros del comité de selección del Sistema Nacional Anticorrupción siguen sin designarse. Desde 2019 el Congreso ha aplazado y evadido el nombramiento de comisionados y Magistrados de estas Instituciones clave.

El caso más grave lo presenta el INAI que puede perder la capacidad de celebrar sesiones. Legalmente el pleno del INAI debe estar formado por 7 comisionados; sin embargo, desde este año funciona únicamente con 5, a la fecha esto constituye el número mínimo para que el Pleno pueda sesionar. En marzo de 2023 termina el periodo de un consejero más, lo que imposibilitará el funcionamiento del INAI como órgano colegiado. 

El caso del TFJA es también preocupante, pues a la fecha está sesionando únicamente con dos de tres magistrados, lo que ha obstruido el principio de celeridad con que debe operar el sistema de justicia y ha afectado directamente la lucha contra la corrupción, al ser este el órgano encargado de resolver sobre los hechos de corrupción que pueden dar lugar a sanciones administrativas. 

Finalmente, la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción también se encuentra incompleta, lo que puede frenar futuras designaciones de los actores principales del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para disminuir la impunidad es indispensable contar con instituciones robustas, totalmente integradas y en pleno ejercicio de sus facultades en el combate a la corrupción.

2. Seguridad y Justicia

A finales de 2006 el gobierno federal cambió la estrategia de seguridad nacional, asignando a las fuerzas armadas tareas de seguridad pública con la justificación de combatir a la delincuencia organizada. Esta estrategia no solo ha continuado, sino que se ha fortalecido por las administraciones federales subsecuentes, al grado de extender el periodo de la militarización de la seguridad pública hasta el año 2028 y asignarle cada vez más tareas y presupuesto a las fuerzas armadas para la realización de actividades de seguridad pública.

Esto a pesar de la abrumadora evidencia de que es una estrategia fallida que además ha incrementado la violencia contra la ciudadanía en general, con un impacto diferenciado en las y los defensores de derechos humanos, las mujeres y disidencias sexogénericas, manifestándos, por ejemplo, a través de la comisión de tortura sexual durante detenciones y en el aumento de homicidios violentos y feminicidios. 

Al respecto, notamos con preocupación en el Índice de Impunidad en Homicidio doloso y feminicidio, la intensificación en el uso de armas de fuego, como consecuencia de la violencia derivada por el proceso de militarización entre los años 2015 y 2021. Así, el 44% de los homicidios dolosos de mujeres fue perpetrado con arma de fuego. Tenemos como tristes ejemplos de este fenómeno las muertes de Noemi Nicole en Ciudad de México o Marisol Cuadras en Guaymas, Sonora.

Además, a finales de noviembre pasado la Corte por fin atendió uno de los varios casos sobre militarización, y resolvió la controversia constitucional 90/2020 en la que se discutió la posible invasión de facultades entre poderes para la disposición de elementos de la Guardia Nacional. Adicionalmente, los 11 ministros han acordado resolver, de manera prioritaria, cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión relacionados con la regulación de la Guardia Nacional, normas penales militares y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

En Impunidad Cero esperamos que esas resoluciones permitan definir, limitar y restarle justificación a este ejercicio de violencia estatal desde una perspectiva de derechos humanos. 

3. Violencia de género 

En 2022, Debanhi, María Fernanda, Yolanda, Luz Raquel y Ariadna fueron asesinadas bajo contextos de violencia por razón de género; el Estado no solo transgredió sus derechos humanos, sino también los de sus familias. A partir de estos hechos, las fiscalías de Nuevo León, Jalisco, Morelos y Ciudad de México revictimizaron a las afectadas, mediante la exposición de datos personales, información sobre su vida privada, situaciones familiares, filtraciones de actuaciones ministeriales y periciales, que abonaron a la construcción del discurso que culpabiliza o criminaliza a las propias víctimas, discurso exponenciado por los medios de comunicación.

Los feminicidios de Debanhi, Yolanda y Luz Raquel continúan en la impunidad. Sus casos se suman al resto de expedientes sobre feminicidios sin resolver que tienen las fiscalías locales que desde 2016 a 2021 asciende a 56.6% a nivel nacional, es decir, menos de la mitad de los feminicidios registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde el cambio de Sistema de Justicia Penal. 

Deseamos que en 2023 las autoridades tomen en cuenta los contextos particulares para implementar políticas públicas acordes con las diferentes realidades de las diversas mujeres que habitamos en el país. Las razones que motivan la violencia feminicida en México no se producen de forma aislada, esta se encuentra arraigada desde la misma estructura social y cultural, por lo que es urgente que los tres niveles de gobierno contemplen la racialidad, precarización, preferencias sexoafectivas, identidad y expresión de género, el urbanismo y lógicas económicas como elementos que se presentan en la consumación de la violencia feminicida.

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Estos tres aspectos del mismo problema nos dan una hoja de ruta para algunos pasos que las autoridades deben seguir y nosotros como ciudadanía y sociedad civil exigir y apoyar en la medida de nuestras posibilidades: 

❧ Es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de vigilar y combatir la corrupción, mediante su plena integración y eficacia.

❧ Una estrategia nacional de seguridad y justicia debe apostar por reforzar las capacidades de las autoridades civiles y de los mecanismos de rendición de cuentas de éstas y de las fuerzas armadas en general. 

❧ Es indispensable la coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en la prevención, detección y atención de la violencia de género, replicar buenas prácticas, contar con capacitación legal enfocada en respetar los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las víctimas. EP

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