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A pesar de ser uno de los problemas más grandes que aqueja a la sociedad mexicana¹, la impunidad es la norma en el país. Combinados los altos índices de incidencia delictiva, la baja efectividad de las autoridades para esclarecer los delitos y la falta de denuncia, llevan a que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México sea de apenas 1%.  

La baja efectividad de las autoridades se refleja también en la falta de confianza y en las percepciones ciudadanas sobre el acceso a la justicia. Para aproximarnos a estas percepciones, desde Impunidad Cero, por segunda ocasión, hicimos una serie de preguntas al Ómnibus Nacional Académico 2021 de la empresa encuestadora Data OPM. Esta encuesta es una muestra representativa, lo que permite generar estimaciones aplicables al comportamiento de la población general de 18 años o más en el país.²

¿Qué opinan las personas sobre la impunidad?

Uno de los principales resultados de la encuesta es la visión punitivista del sistema de justicia. En 2021, la mayoría de las personas entrevistadas (el 80.2%) estuvo totalmente o algo de acuerdo con que todos los delitos se deben sancionar con cárcel. Esto refleja que, a seis años de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, aún falta socializar las distintas alternativas que ofrece, además de la prisión, para esclarecer los delitos y reparar el daño a las víctimas.

Además, la mayoría de las personas entrevistadas consideró que los acusados de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron. Estas percepciones se alinean con la realidad del país, pues cuatro de cada diez personas privadas de la libertad se encuentran en prisión sin una sentencia³. Una vez más, se refleja la urgencia de socializar las posibilidades que ofrece el sistema de justicia, como las medidas distintas a la prisión preventiva, para garantizar la continuidad del proceso sin necesidad de que se lleve en prisión. Si el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, un juez puede prohibir al acusado convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas (como las víctimas, ofendidos o testigos), puede ordenarle la presentación periódica ante un juez, la separación inmediata del domicilio, entre otras medidas cautelares contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)⁴

Un aspecto positivo es que, en ambos años del levantamiento, la mayoría de las personas consideró que la mejor forma de combatir la inseguridad es a través de mejorar la capacitación de las instituciones de procuración de justicia del país. Sin embargo, aún persiste la idea de que aumentar las penas es la mejor forma de combatir la inseguridad, ya que alrededor de tres de cada diez personas dijeron estar de acuerdo con esta aseveración. Esta visión no reconoce la amplia gama de conductas tipificadas como delitos que, dependiendo de la gravedad y las formas en que se cometieron, pueden tener distintas sanciones y ser resueltas por otras vías alternativas a la prisión, como los acuerdos reparatorios, el no ejercicio de la acción penal o los criterios de oportunidad.  

Para reducir la impunidad es crucial incentivar la denuncia. Gracias a la encuesta identificamos que las personas consideran que las denuncias anónimas y en línea pueden ayudar a que se denuncien en mayor medida los delitos. Desde Impunidad Cero hemos identificado que, derivado de la pandemia, al menos 25 de las 32 fiscalías del país cuentan con algún tipo de plataforma para denunciar delitos en línea⁵. El desarrollo y buen funcionamiento de estas plataformas es crucial para que las víctimas se acerquen con mayor agilidad al Ministerio Público, que las instituciones de procuración de justicia mejoren los tiempos de atención y en consecuencia, incentiven la denuncia de los delitos. 

Los resultados de la encuesta demuestran que, si bien hay un largo camino por recorrer para tener instituciones confiables y que garanticen el acceso a la justicia para todas las personas, hay un reto adicional. Este reto implica desmantelar la idea tan arraigada en la sociedad mexicana de que la prisión es la solución a los problemas de inseguridad que vivimos, y que es la única alternativa que tenemos para disminuir los niveles de impunidad en el país. EP

1. Se entiende la impunidad como la “inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en su caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. Retomado de: Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add., 18 de febrero de 2005. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html [↩]
2. Esta segunda edición de la encuesta fue levantada entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2021. [↩]
3. Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria. Solicitud enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a Prevención y Readaptación Social, folio: 330024022000035. Disponible en: http://pyrs.gob.mx/sipot/cgprs_doc/2022/Estadistica/CE_2021_12.xls [↩]
4. Artículo 155. Código Nacional de Procedimientos Penales. [↩]
5. El directorio de plataformas de denuncia en línea en las fiscalías del país puede ser consultado en: www.denuncia.org/denuncia-digital [↩]

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