Nuestro país enfrenta una grave situación de inseguridad e impunidad, la cual ha impactado en la confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad y justicia. Por eso, desde Impunidad Cero, por tercera ocasión, monitoreamos las percepciones públicas de las y los mexicanos sobre el acceso a la justicia en nuestra publicación “Percepciones de impunidad 2023”. Los resultados levantan una serie de banderas rojas respecto a la peligrosa tendencia de los ciudadanos a pensar en las sanciones punitivas como sinónimo de justicia y la aprobación generalizada a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. 

Las banderas rojas

La primera señal de alarma son las percepciones generalizadas de impunidad: 62% de las personas entrevistadas en 2022 consideró que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez, mientras que 47% cree que la impunidad ha aumentado en el último año. El sentimiento generalizado de impunidad fomenta la desconfianza en la capacidad de las autoridades civiles para garantizar la seguridad pública y el acceso a la justicia, lo que conduce a perspectivas punitivistas y militaristas de la justicia. 

En 2022, 8 de cada 10 encuestados estuvieron de acuerdo en que todos los delitos se deben castigar con cárcel. Además, la gran mayoría estuvo de acuerdo con el uso generalizado de la prisión preventiva; 76% afirmó estar de acuerdo con que todas las personas acusadas de un delito deben permanecer en prisión mientras se les investiga por los delitos que se les acusa. 

Estas percepciones preocupan debido a la tendencia de los gobiernos latinoamericanos a recurrir al encarcelamiento como medida para prevenir la inseguridad y el crimen, como el caso de El Salvador. El año pasado, el presidente Bukele declaró el estado de excepción, suspendiendo los derechos constitucionales, aumentando las patrullas militares y las detenciones masivas. No obstante, estas políticas que proporcionan una falsa sensación de eficiencia y pueden conducir potencialmente a abusos y violaciones de los derechos humanos, también son populares en el resto de América Latina: sólo en los últimos diez años la población carcelaria ha crecido un 76% en la región.

Otra señal de alarma es que, debido a la preocupante situación de violencia y la falta de confianza en las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley, se percibe a las fuerzas militares como las instancias capaces de proporcionar seguridad pública. Casi 8 de cada 10 entrevistados en 2022 estuvieron a favor de mantener a las fuerzas armadas en las calles para mejorar la seguridad. Esto es particularmente preocupante porque, en los últimos años, México ha enfrentado un profundo proceso de militarización de la seguridad pública. Tan sólo en este sexenio se incrementó el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y se aprobó, y posteriormente se amplió el plazo para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028.

Como documentamos en el informe, la aprobación generalizada de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es preocupante porque su presencia en las calles no sólo no ha reducido la inseguridad, sino que es un riesgo potencial a violaciones a los derechos humanos. Solamente el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 428 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la SEDENA y 577 por parte de la Guardia Nacional. Además, nuestro país ha sido declarado responsable en 6 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por casos que involucran la participación de miembros de las fuerzas armadas. 

Los resultados de la encuesta revelan la visión punitiva y militarista de la ciudadanía con respecto a la seguridad y justicia, a pesar de que estas medidas están lejos de ser una solución a la situación de violencia e impunidad que enfrenta nuestro país. Por ello, es fundamental seguir enfatizando que estas políticas no han demostrado su capacidad para hacer justicia. Por el contrario, han provocado una importante crisis en la violación de los derechos humanos con repercusiones internacionales. Por ello, insistimos en que otras formas de hacer justicia distintas a la prisión son posibles y que la única salida a la crisis de violencia e impunidad es el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y justicia para prevenir, investigar y sancionar los delitos. EP

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