En las elecciones federales 2024 de México, fuimos testigos de la victoria avasalladora de Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Morena, Verde y PT. Como consecuencia, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que la coalición “Sigamos haciendo historia” había logrado una mayoría calificada. Sin embargo, expertos como Jorge Alcocer señalaron que estas afirmaciones no correspondían a sus facultades y además estaban adelantadas, ya que se realizaron antes de finalizar el PREP, poniendo en duda si el partido mayoritario realmente alcanzaría la mayoría que ya presumía. 

Aunque los resultados aún no son los oficiales y sabremos con certeza la composición del congreso hasta el mes de agosto,¹ es cierto que la bancada morenista en conjunto con sus aliados tendrá una amplia mayoría; por lo tanto, en este artículo hablaremos de la diferencia entre la mayoría calificada, la mayoría absoluta y qué implicaciones tiene esto en las promesas de campaña que hizo Sheinbaum.

Principales diferencias

De acuerdo con nuestra constitución, la mayoría absoluta es la votación que corresponde al 50 % más uno de la cámara en cuestión. Por su parte, la mayoría calificada es la votación que exige el acuerdo de las dos terceras partes de la legislatura. La conformación de las cámaras tiene implicaciones enormes para nuestro sistema democrático: de ello depende que un partido pueda aprobar reformas legales sin la necesidad de negociar con la oposición.

Es importante precisar que para hacer modificaciones constitucionales se requiere mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de las Cámaras. Según el artículo 135 constitucional para que se adicione o reforme la Constitución se requiere que dos terceras partes del Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y de Senadores, aprueben las reformas propuestas; además, se necesita que la mayoría de los congresos locales lo aprueben, es decir, 17 congresos locales deben estar de acuerdo con las reformas constitucionales. 

Cabe destacar que existen muchas propuestas por parte de la futura presidenta de México que implican modificaciones constitucionales. A continuación enlistare algunas, aunque pueden ser consultadas completas aquí: 

• Eliminación de 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores
• Eliminación de la reelección para diputados y senadores
• Transformación del INE en una institución electoral independiente 
• Desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica para pasar sus atribuciones a las Secretaría de Economía 
• Desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para pasar sus atribuciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
• Desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para pasar sus atribuciones al INEGI 
• Desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para pasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía 
• Desaparición de la Comisión Reguladora de Energía para pasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía 
• Desaparición del Sistema Nacional de Mejora Continúa de la Educación para pasar sus atribuciones a la Secretaría de Educación Pública
• Reestructuración del Poder Judicial de la Federación, lo que implica la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que vigile el funcionamiento del PJF siendo independiente de la Corte

Para llevar a cabo cada una de estas propuestas Sheinbaum Pardo y el partido morenista necesitará las dos terceras partes de ambas cámaras y que 17 congresos locales aprueben las reformas, situación que se ve sencilla al ver las proyecciones de los congresos estatales tras la reciente elección. 

No debemos olvidar que en febrero de este año el presidente López Obrador envió al Congreso una serie de reformas que son iguales a las propuestas en la campaña de Sheinbaum durante su candidatura, mismas que AMLO prometió impulsar ya con la nueva legislatura que iniciará en septiembre de este año. El pasado 6 de junio, Ignacio Mier, Coordinador de Diputados de Morena, anunció que efectivamente en septiembre, una vez iniciada la nueva legislatura, se votarían la serie de 18 reformas que propuso AMLO; ante esto, Monreal y la misma presidenta electa anunciaron que las reformas se tomarían con calma y diálogo. 

Si bien estas declaraciones insertan la duda de si la presidenta electa impulsará las reformas con la misma fuerza con que lo hizo AMLO, analizamos las mismas tomando en cuenta el plan de trabajo de Sheinbaum las incluye y no ha habido una declaración expresa que diga lo contrario. 

De todas estas propuestas, hay algunas que preocupan especialmente por la trascendencia que tienen en nuestro sistema democrático como son la desaparición del INAI, la reforma al Poder Judicial y la Reforma Electoral con todo lo que ella conlleva.

El INAI y la propuesta de desaparición 

La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en 2003 y la autonomía constitucional que lo convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en 2011 han sido una de las grandes victorias de la sociedad civil organizada, pues permiten que la transparencia sea vigilada desde un órgano independiente que no tenga injerencia de ningún otro poder. La reforma que propuso López Obrador y que ahora abandera Sheinbaum Pardo busca desaparecer este órgano autónomo. 

Conforme a la iniciativa planteada, la facultad que tiene el INAI de velar por la transparencia se otorgará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución que será la encargada, entre muchas otras cosas, de proteger y dirimir los desacuerdos que se susciten entre los ciudadanos y la autoridad por la negativa de otorgar la información pública solicitada.

En Impunidad Cero, hemos sido críticas de esta propuestas: la información brindada por el propio INAI nos dice que, por lo menos, en 2023, las dependencias del ejecutivo han sido omisas en cumplir en primera instancia con las solicitudes de los ciudadanos, lo que ha traído como resultado la intervención activa del Pleno del INAI para garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

Durante los últimos años, las instituciones nos han mostrado su absoluta falta de intención de ejercer transparencia de manera proactiva, ejemplos sobran, el caso de la negativa de la SEDENA de proporcionar los contratos del software Pegasus o el caso de Fundar, quienes tras 4 años de litigio consiguieron que el SAT entregará información sobre créditos condonados y cancelados. La construcción de un instituto autónomo ha sido la única herramienta para buscar, sin total éxito, que se garantice el derecho de la ciudadanía a saber.

Por otro lado, la reforma constitucional que busca modificar el sistema electoral propone crear una nueva autoridad electoral que absorberá las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), cuyos integrantes serán electos por votación popular. Una de las partes más preocupante de esta propuesta de reforma es la eliminación de los diputados plurinominales.

¿Qué pasará con los plurinominales?

En México tenemos un sistema de representación mixto. Esto significa que, por un lado, existen diputados de mayoría relativa y, por el otro, diputados de representación proporcional.

Los diputados de mayoría relativa son aquellos que ganaron la elección en su distrito, es decir que por mayoría de votos obtienen un escaño en la cámara de diputados. Sin embargo, con la finalidad de que exista representación de las minorías, se crearon los diputados de representación proporcional, estos se asignan conforme al porcentaje de votos obtenidos por cada partido. Por ejemplo, si el PAN obtuvo a nivel nacional para las diputaciones federales un total de 17%, se le asignará ese porcentaje de los diputados integrados por el principio de representación proporcional, sin importar que haya perdido todos los distritos.

La propuesta de la bancada de Morena de desaparecer a los diputados plurinominales pondría en peligro el principio de representación, pues con un escenario como el actual, la oposición tendría muy pocos escaños, lo que dejaría el camino libre al partido dominante para aprobar cualquier reforma planteada sin el obstáculo de ningún contrapeso.

Entonces, ¿el gobierno se quedará sin contrapesos?

Ambas propuestas, tanto la eliminación de órganos autónomos como la eliminación de los diputados por representación proporcional, buscan eliminar o debilitar contrapesos institucionales claves para la democracia mexicana. La tarea que realiza el INAI es fundamental para que la sociedad civil y el periodismo de investigación puedan realizar una efectiva rendición de cuentas, permite fiscalizar al poder y sobre todo incidir de manera activa en la toma de decisiones. 

Un gobierno opaco es uno ausente de vigilancia y poco democrático. En este sentido, el partido en el poder está en posibilidades de realizar estos cambios sólo si obtiene la mayoría calificada de la que hablamos en el inicio de este artículo, de lo contrario se verá obligado a negociar con otras bancadas sobre una de las instituciones pilares del sistema de fiscalización actual. La iniciativa de eliminar a los pluris pondría en riesgo no sólo los contrapesos externos al legislativo, sino los frenos que el propio legislativo tiene en su interior.

Los contrapesos institucionales son parte fundamental en la consolidación de una democracia. Toca reflexionar, difundir y repensar la manera en que podemos modificar las instituciones sin que esto signifique un daño grave para México. EP

1. En sesión extraordinaria de fecha 5 de junio, el Consejo General del INE afirmó que la asignación de plurinominales se realizará hasta finalidades de agosto, de conformidad con la ley. [↩]

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