Itzel Jiménez Ríos, de Impunidad Cero, aborda los principales obstáculos para denunciar la corrupción en México y las lagunas actuales en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Texto de Itzel Jiménez Ríos 03/10/23
Itzel Jiménez Ríos, de Impunidad Cero, aborda los principales obstáculos para denunciar la corrupción en México y las lagunas actuales en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2020, la organización de la sociedad civil “Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad” destapó un desvío de 203 millones de pesos durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido en Puebla. Este dinero, supuestamente destinado a obras públicas municipales, nunca se materializó. Un año después, la organización actualizó su investigación y alertó que las empresas que recibieron esos fondos seguían operando con las mismas irregularidades detectadas en 2020. Para sorpresa, en esta ocasión se identificaron transacciones adicionales por 69 millones de pesos.
A la fecha, estas empresas ficticias siguen sin enfrentar sanciones, y este caso es solo uno de los numerosos ejemplos de impunidad en materia de corrupción que persisten en México. ¿Cómo es posible que, a pesar de casos de corrupción debidamente comprobados y ampliamente divulgados, tanto las empresas ficticias como los funcionarios públicos puedan continuar operando sin temor a consecuencias?
Hay más de una respuesta, pero un obstáculo innegable tiene que ver con la falta de denuncias en temas de corrupción. Si bien el señalamiento público es un camino relevante para ejercer presión a las instituciones, esto no tiene ninguna consecuencia si no se actúa en el ámbito legal.
En México, la corrupción puede ser sancionada mediante dos vías: la administrativa y la penal. La encuesta Percepciones de la Impunidad 2023 reveló que, en 2022, el 86 % de las personas están de acuerdo con que la mayoría de los delitos sean castigados con cárcel.1 En un sistema en el que predomina el punitivismo, se cree que encarcelar a las personas servidoras públicas corruptas es la forma más efectiva de ejercer justicia. No obstante, la vía administrativa tiene una enorme importancia que es esencial que se conozca.
En caso de que se sentencie a una persona por cometer delitos de corrupción, ésta podrá ser sancionada con cárcel. Sin embargo, si se llega a concluir un procedimiento administrativo y se comprueba que las personas involucradas en el caso de corrupción incurrieron en una falta, tanto personas como empresas pueden ser inhabilitadas. La posibilidad de quitar el estatus de proveedores del gobierno a empresas con antecedentes de actos de corrupción es algo que no se debe echar en saco roto. ¿Entonces qué sucede? Que hay una falta de difusión y comprensión sobre la existencia de este tipo de procedimientos.
La denuncia de actos de corrupción enfrenta diversos obstáculos, siendo el primero la falta de claridad en cuanto a los medios de denuncia administrativa.
Identificar la autoridad competente para denunciar corrupción puede resultar complicado, ya que no todos conocen la existencia de los órganos internos de control ni saben a qué instancia acudir según la autoridad que se quiere señalar. Además, no es sencillo distinguir la vía adecuada dependiendo de la naturaleza del hecho cometido. Esto genera que las personas opten por acudir de manera intuitiva ante un Ministerio Público.
Con el fin de abordar esta problemática, el Sistema Nacional Anticorrupción propuso la creación de una Plataforma Digital Nacional. De acuerdo con el artículo 49, fracción V de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esta plataforma estaría destinada a albergar un sistema de denuncias públicas sobre faltas administrativas y actos de corrupción. Su propósito sería facilitar a los ciudadanos el proceso de denuncia, evitando así la complejidad de determinar dónde y ante qué autoridad presentarla.
La tarea de los sistemas estatales y del sistema federal sería recibir las denuncias a través de esta plataforma y canalizarlas a la autoridad correspondiente. Sin embargo, esta visión no se ha cumplido del todo.
Cuando se creó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso de la Unión instó a las entidades federativas a expedir sus propias leyes estatales respecto de sus Sistemas Estatales Anticorrupción y a realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Sin embargo, no todos los congresos locales adoptaron la ley en los mismos términos de la Ley General. Esto causó una primera ruptura al sistema digital de denuncias públicas, ya que se había concebido la existencia de un sistema de denuncias tanto en la Plataforma Nacional Digital como en la plataforma digital de cada estado de la república.
Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas prevén en su respectiva ley sobre el sistema estatal anticorrupción la creación de un sistema digital de denuncias. Esto se muestra a continuación.
Como podemos observar únicamente 17 estados se obligaron a crear estas plataformas y sólo Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo y Tamaulipas crearon y habilitaron el botón de denuncias que su propia ley obligaba a crear.
A continuación, se muestran los estados que tienen un sistema de denuncia en la Plataforma Digital Estatal.
Sin embargo, este problema no solamente recae en los estados porque la Plataforma Digital Nacional tampoco tiene habilitado el botón de denuncia. Es decir, no se cuenta con un mecanismo nacional y accesible que facilite la denuncia ciudadana, que haga más sencillo iniciar un procedimiento administrativo y que cuente con un solo canal para que los ciudadanos puedan acceder a ello. Esto era responsabilidad única del Sistema Nacional Anticorrupción.
Este hecho, además de la imposibilidad de los estados de recibir denuncias a través de sus Sistemas Estatales Anticorrupción, tiene como consecuencia que la carga de la denuncia recaiga en el ciudadano, quien carece de orientación sobre cómo y dónde denunciar.
Otra de las novedades que implementó el Sistema Nacional Anticorrupción fue la facultad de los Comités de Participación Ciudadana de tener injerencia en los medios de denuncia para los ciudadanos. El artículo 21 de la Ley General los faculta para proponer al Comité Coordinador proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja, y para promover mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El único estado de la república que a la fecha ha emitido lineamientos para crear un proceso de recepción de denuncias ciudadanas y derivarlas a la autoridad competente es Michoacán, que publicó lineamientos que contenían procesos específicos para recibir denuncias por parte de la ciudadanía y con ello acortar y facilitar el proceso.
La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo como objetivo empoderar a la ciudadanía proporcionándole herramientas para ser un actor activo en la supervisión de la función pública. Sin embargo, a siete años de su creación, la Plataforma Digital Nacional no se encuentra completamente operativa y carece de un componente crucial para fomentar la denuncia: el botón de denuncias por faltas administrativas y actos de corrupción. Además, los estados han fallado en establecer sus propios mecanismos digitales, y los Comités de Participación tampoco han mostrado avances significativos en este aspecto.
En Impunidad Cero creemos que la difusión y explicación de los mecanismos para denunciar corrupción es crucial para consolidar la lucha contra la corrupción; por eso, desarrollamos la Guía para combatir la corrupción en México, disponible en www.impunidadcero.org, con la finalidad de clarificar y explicar los distintos mecanismos que existen, para que ciudadanos, periodistas y servidores públicos logren identificar las vías para denuncia y los actos de corrupción no terminen en Impunidad.
Además, pensamos que es sumamente relevante crear mecanismos que acerquen la justicia a la ciudadanía y que incentiven la detección y pronta denuncia de los hechos de corrupción. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
