Impunidad Cero (ic): ¿Qué es para usted la impunidad?

Luis Raúl González Pérez (LRGP): La impunidad es la falta de castigo por el incumplimiento de la ley. La impunidad afecta a las víctimas del delito y también produce violaciones a sus derechos humanos (DH). ¿Por qué? Porque cuando existe impunidad, las víctimas del delito no acceden a la justicia a la que tienen derecho; es decir, se violan sus DH. Por otro lado, el Estado debe cumplir con una de sus misiones primordiales: castigar a quienes infringen la ley. Pero cuando se pretende combatir el delito cometiendo delitos se propician condiciones de impunidad; por ejemplo, cuando se tortura, se desaparece o se busca hacer justicia violentando la ley, se debilita el Estado de derecho y se estimula la impunidad.

IC: ¿Cómo estamos en México respecto a la impunidad en violaciones a DH?

LRGP: Impunidad Cero refleja la situación de impunidad que hemos venido atravesando. El último reporte que dieron a conocer, al acudir a las distintas fuentes a recuperar esta información de las procuradurías y fiscalías, muestra avances en algunos aspectos pequeños y en otros unos retrocesos terribles en la procuración de justicia, que en el balance general se compensan.¹ Pero el tema no es de compensación, es de integralidad. Y la situación por la que atraviesa nuestro país es de altísimos niveles de impunidad: la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3 por ciento.² Pero el tema es: ¿Cómo accedemos a una política integral que pueda decirnos “estamos bien en esto, pero mal en lo otro”? ¿Cómo accedemos a que nuestros legisladores, nuestros gobiernos federal, estatal o municipal —del corte ideológico que sean— hagan una política integral y no parcial?

Desde la CNDH, refiriéndonos a la impunidad, hemos dicho que propuestas parciales van a tener resultados parciales. Y doy un ejemplo: pareciera que a la Guardia Nacional (GN) se le considera la panacea y no lo será. Puede contribuir a atender el problema; sí, pero no lo resolverá sola. Y por fortuna, sociedad civil, academia y la CNDH, impulsamos a transitar a un modelo civil, no el original que se planteaba de militarización total; lo llamaría un modelo semitotal. Consideramos que faltaría atender otros aspectos que motivan a preguntarnos: ¿Dónde está la capacitación a esa policía? ¿Dónde está el engranaje con las policías locales y los cerca de 500 mil policías estatales? ¿Cómo vamos a acceder a su profesionalización, a su capacitación, a eliminar la corrupción? Por eso nosotros, cuando se discutía en el Congreso el tema de la GN, decíamos: el modelo tiene que transitar al adoctrinamiento civil, perfil civil y adscripción civil, pero no es todo. Tenemos que ver qué va a pasar con la recién creada Fiscalía General Autónoma: que bueno que se creó, pero necesitamos 33, es decir, una por cada entidad federativa, además de la general.

¿Qué sucede con las poco más de 20 fiscalías autónomas existentes hasta ahora? No podemos jugar a la simulación: les cambiamos el nombre pero siguen con la misma infraestructura. No estamos atendiendo los problemas estructurales. ¿Cómo se puede hablar de una política integral, cuando tenemos retrocesos que violentan los DH? Con el principio de presunción de inocencia le apostamos durante ocho años a profesionalizar y capacitar a los operadores, a generar una unidad de medidas cautelares que debe tener cada fiscalía. Ahí está la fuerza del nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo tenemos en la ley, pero no lo cumplimos. Y entonces nos vamos por lo sencillo, por el populismo penal, en donde vamos a aumentar penas para agravar los delitos y que se traduzcan en Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).

¿Y qué sucede con el tema de la ppo? Nos olvidamos de la profesionalización, de la capacitación. No hace falta argumentar mucho, porque en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se habrían flexibilizado los elementos para la acusación. Se vuelve una ppo con requisitos flexibles y entonces vamos a tener, desafortunadamente, inocentes en la cárcel un tiempo o responsables que sí se procesen pero que, ante la falta de argumentación para sostener esos procesos, salgan absueltos porque no le estamos apostando a esa profesionalización. Díganme, ¿dónde está el programa nacional de profesionalización y capacitación de los operadores del sistema penal acusatorio?

IC: ¿Cuál fue el rol que jugó la CNDH en el caso de la disculpa pública por parte de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a Lorena González, acusada de participar en el secuestro de Fernando Martí?

LRGP: La CNDH conoció del caso porque decidimos atraerlo, al tratarse de un tema de autoridades del fuero común, de autoridades locales.³ Hicimos una investigación exhaustiva e identificamos lo que mencioné sobre violación, detención arbitraria, fabricación de pruebas, pérdida de pruebas. Pero lo más aberrante: se procesaba a dos personas por el mismo hecho. Y cuando se ve la descripción de las conductas, del perfil que señalaban los testigos, éste no correspondía con Lorena. Ahí está lo que hace la CNDH: no investiga delitos —eso les toca a los ministerios públicos—, sino violaciones a DH. Pero esta es la contribución que puede hacer a los gobiernos; ese es el contrapeso sano de poder decirles: “gobiernos, el Estado de derecho es para todos”. Y en el caso de Lorena se violentaron, se fabricaron pruebas y se fabricaron culpables. La CNDH lo señaló: eso es violentar el Estado de derecho y violentar los DH.

Cuando se persigue el delito cometiendo tortura, se afecta a las víctimas de ese delito, porque se debilita el proceso. No se anula el proceso si hay otras pruebas, pero se afecta la prueba obtenida por tortura. Y por otro lado, con su conducta la autoridad comete un delito. Nosotros queremos justicia, pero justicia apegada al derecho y al respeto a los DH. Nos señalan por inhibir el uso de la fuerza legítima del Estado. No es cierto. Tan malo es que se cometan actos de tortura, que se afecte el debido proceso, que se hagan detenciones arbitrarias, que se retenga a la persona y no se le ponga en inmediata disposición del ministerio público (MP), como que no se aplique la ley a quien cometió esa conducta. Derechos Humanos dice: “aplíquese el uso legítimo de la fuerza con proporcionalidad, racionalidad, objetividad y cuando haya un fin legítimo”. Que se aplique el uso de la fuerza necesario para enfrentar la resistencia que se tenga y, si el uso de fuerza letal es necesario porque se pone en riesgo la vida —personal o de terceros—, se debe actuar siguiendo la norma y aplicando los protocolos, es la última ratio. Pero no es que nos opongamos. Entonces cuando no se aplica la ley, se violentan DH, de terceros, o de la sociedad en general. Y eso también es impunidad.

IC: ¿Qué podemos poner en el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que contribuya a que la policía y la Guardia Nacional sean más transparentes, que no se cometan estas violaciones a DH en los cuerpos castrenses y de seguridad pública, ahora que estas dos instituciones van a tener un rol más central en labores de investigación y en procuración de justicia?

LRGP: Es un tema estructural y no va a tener soluciones mágicas. Con una simple capacitación no se van a corregir conductas adquiridas en años. Yo hago siempre un símil con los terapeutas, los psicoanalistas, quienes les dicen a las personas: “no pretendas que en una sesión cambie lo que de por vida has estructurado”. Es todo un continuo. Así me imagino la reestructuración del chip porque no es una labor sencilla que quienes se incorporan a la GN cambien su forma de actuar, desde una perspectiva de haber sido formados para otras finalidades, otras situaciones, otros supuestos. Entonces tiene que haber una base educativa, formativa, que se está procurando desde los planes de estudio, pero hay que darle continuidad y capacitación permanente. Contribuir nuevamente a que esto funcione —porque queremos que funcione la GN— es parte de nuestra constitucionalidad.

Por otra parte, el artículo 26, fracción IX, de la Ley de la Guardia Nacional dispone que los expedientes de su personal deberán incluir, por lo menos, los grados, la antigüedad, las insignias, las condecoraciones, los estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción; pero además las correcciones disciplinarias y sanciones que en su caso hayan acumulado —en particular las relacionadas con recomendaciones de DH—, así como los resultados de las evaluaciones a las que sean sometidos. Al respecto, la CNDH hizo su tarea y mandó una carpeta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con los nombres, porque queremos que funcione. Pero la interrogante nuevamente es la integralidad. Si la política se vuelve integral, tendremos entonces resultados integrales, no parciales.

Adicionalmente está un tema de la política criminal que generalmente se olvida, pero es la parte última del círculo: el sistema penitenciario. ¿Qué se está planteando desde la integralidad? Han mejorado los sistemas federales, sí. Los sistemas locales van avanzando también, pero con muchas problemáticas. Mi tema es integralidad, desde los DH.¿Cómo hacemos cumplir el artículo 18 constitucional?⁴ Con la reinserción social. No solamente dentro de las prisiones, sino una vez que los reos son puestos en libertad. La CNDH propuso el modelo de centro de internamiento,⁵ la racionalización de las penas. ¿Qué incentivos tendrá la persona que es condenada a 150 años? Esa persona nada tiene que perder. No estoy diciendo que se deje de aplicar una pena. Pero debe ser una pena que permita corregir conductas y que dé tranquilidad a la sociedad de que no se va a volver a incurrir en eso.

Por ejemplo, teníamos en el país cerca de 90 cárceles municipales para infracciones administrativas cuando no se paga la multa, donde se puede retener a una persona hasta por 36 horas, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución. Para 2018 se habían regularizado casi la totalidad de éstas, lo que constituye un importante avance para el Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación General 28/2016, la cual promovió la reorganización de su funcionamiento para no remitir a personas procesadas o sentenciadas a esos establecimientos, ya que sólo deben destinarse para el cumplimiento de sanciones administrativas.⁶ Pero ¿cómo se puede entender que alguien que tuvo una falta administrativa esté con un procesado o sentenciado y ni siquiera exista la separación entre procesados y sentenciados? Finalmente, ¿cómo se da la distribución a los presupuestos? ¿Cuánto se da para prevención y cuánto para reacción? El silogismo está invertido. Todo el peso va a la reacción, más no a la prevención. Llegamos a tener un año con cero pesos destinados a la prevención de la violencia. Si nos quedamos en la reacción, no nos van a alcanzar las policías ni los elementos militares.

IC: En Impunidad Cero la integralidad es un tema que queremos ver en todo el proceso pero, considerando estas fallas en la procuración de justicia y en el sistema penitenciario, ¿cuál sería su opinión respecto a un tema de justicia transicional?

LRGP: Un trabajo que hicimos con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es sobre justicia transicional.⁷ Y lo hicimos con la inmediatez con la que se presentó el tema en la perspectiva del actual gobierno, cuando se hablaba más insistentemente de amnistía. La justicia transicional va más allá de la amnistía y así lo hicimos saber en este estudio, que es un comparativo con los modelos de otros países, pero con una propuesta específica para México, porque ningún modelo se puede validar si no se adecúa a las circunstancias de cada  país. Entonces, la justicia transicional desde luego que es válida. Los acuerdos que desafortunadamente no se han materializado en Colombia hablaban de una justicia transicional, porque sabían que no podían aplicar el derecho ordinario para que dejaran las armas. La respuesta del grupo mayoritario fue: si me vas a aplicar los 20 años de pena, pues me sigo allá y nos seguimos con no sé cuántos muertos más. Tampoco la impunidad debe prevalecer y tampoco se pueden dejar de tomar en cuenta a las víctimas. Las víctimas son el eje para los DH. Se ajustaron ciertas penalidades y se construyeron también juzgados para fines específicos. No juzgados especiales: esos están prohibidos aquí en México.

IC: ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la reparación del daño y la no repetición? En particular en lo que representaría en términos económicos la reparación del daño a todas las víctimas de violaciones a DH y también la necesidad de sancionar a los funcionarios que hicieron mal su trabajo, lo que derivó en esas violaciones.

LRGP: Son cuatro las vertientes que hay que abordar, los ejes que animan los estándares internacionales, las leyes que nos damos. Nuevamente, nuestro ejercicio aquí en México ha sido desastroso. Uno: el derecho a la verdad, que se conozca qué aconteció. Las recomendaciones de la CNDH contribuyen a ese derecho a la verdad para relatar lo que sucedió. Dos: el acceso a la justicia, que haya responsabilidades administrativas y penales para quienes incurrieron en esas conductas, y para toda la cadena de mando de quien pudo haber tenido conocimiento y haberlo tolerado. Tres: la reparación del daño propiamente, que abarca desde la atención psicológica a la compensación económica, en donde los criterios tienen que ser: ¿cómo se vio afectado el proyecto de vida de la persona, de las víctimas directas —como el caso de Lorena—, de las indirectas y de su entorno familiar? ¿Por qué hubo una afectación real? y ¿cuál es el daño moral? El Estado tiene que reaccionar, porque los costos que representa reparar el daño afectan. No estoy diciendo que no se deban reparar, pero implica una distribución de dinero que se puede aprovechar en otras cosas si no se cometen las violaciones a DH. Y cuatro: las garantías de no repetición que conlleva la reparación del daño; ahí está la vertiente que se busca a través de las recomendaciones. La recomendación específica resuelve el caso específico, pero busca que sea ejemplar para inhibir otras conductas similares. Y también tenemos las recomendaciones generales, donde generamos política pública.

Lo que buscamos es que esa reparación integral sea efectiva. Hoy tenemos debilidades en la reparación del daño; simplemente no hay titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Hay tres direcciones y cada una se encarga de su pedacito. El jurídico está acéfalo y es quien debe firmar los documentos. Eso violenta los DH y propicia nuevamente que digan que aquí no pasa nada. Y es un aliciente nuevamente para la impunidad. La impunidad significa un círculo vicioso, la impunidad en sí misma es propiciatoria de mayor impunidad porque no pasa nada, ni en el conocimiento de la verdad, ni en el acceso a la justicia, ni en la reparación integral del daño, por los tiempos tan largos que toma cuando se otorga.

IC: ¿Cuál es la importancia de la CNDH en el combate a la impunidad y cuáles son los retos que enfrenta?

LRGP: Yo creo que hoy hemos logrado una mayor concientización a nivel social de la importancia de la CNDH. Hace unos momentos tuve un encuentro con medios de comunicación para dar a conocer mi decisión de no buscar la postulación a una reelección.⁸ Ojalá sirva esta decisión para que se pueda abrir el diálogo, la interacción y la coordinación. Que no se rompan los diálogos aun en las diferencias; las diferencias se discuten, las coincidencias se impulsan. También necesitamos diálogos francos, abiertos, vigorosos, fuertes, sin estigmatización, sin descalificación. México necesita la unión en la diversidad. No hay pensamientos únicos, no hay verdades únicas, hay posturas que se discuten. Honré mi palabra porque, el 18 de noviembre de 2014, viviendo la politización de esta institución, dije que no buscaría una postulación a una reelección.⁹ La sociedad civil ha visto que, en lo que hemos defendido, hay mucho que corregir al interior y hacia afuera: las instituciones son perfectibles. Pero algo que sí puedo decir es que lo que hoy tiene la CNDH es independencia y autonomía; es un contrapeso sano. En política, lo dije, se tienen adversarios políticos; en la defensa de dignidades, no se pueden tener adversidades. La CNDH no es adversaria de nadie.

Las muestras de esta autonomía e independencia se dieron a tres meses de que tomé posesión. El primer comité de Naciones Unidas al que acudí fue el de personas desaparecidas. Rompí la costumbre de acudir dentro de la delegación del gobierno y fui como organismo autónomo del Estado mexicano, porque es la forma de contribuir con el país, y así he ido a los demás comités. Los relatores de defensores de DH y de defensores de libertad de asociación y reunión enviaron una carta al Ejecutivo federal, para señalar que tenían información fiable y que les preocupaban las descalificaciones y estigmatizaciones hacia la CNDH desde diversas autoridades federales y del propio Ejecutivo. Dijeron que eran válidos los diálogos fuertes, pero sin ataques a la institución defensora de DH. Después de 60 días, que se otorgaron para que el gobierno diera respuesta, ésta no se dio y, de acuerdo con sus procedimientos, subieron la carta a su página, lo cual dimos a conocer a la sociedad mexicana mediante un desplegado y un boletín. Por muchas diferencias que existan, no se puede perder la interlocución, ni dejar de colaborar, contribuir, coordinarnos, trabajar conjuntamente; pero hay que ser incómodos cuando hay que observar que se violentan los DH. Ese fue mi esquema de trabajo desde el inicio de la gestión.

Yo deseo que esto trascienda, no se trata de un gobierno o de la CNDH, estamos hablando de personas de carne y hueso que demandan nuestra atención: las víctimas. Los diferendos confrontativos no buscados no ayudan. Espero que esta decisión que he tomado contribuya a facilitar las condiciones de interlocución, pero también le dejo un reto al Senado para fortalecer la autonomía de la institución, y está en los perfiles que elijan para seleccionar a quien vaya a presidir la CNDH. Los nombres de cómo se le llama a esta institución no son los importantes; lo importante son sus atribuciones y el ejercicio pleno de atribuciones. Ejemplo de lo que hemos hecho: en la actual administración hemos presentado 224 acciones de inconstitucionalidad en cinco años, contra 39 acciones presentadas de 2006 a 2014; y no es simplemente el número, sino también las materias y su trascendencia, que van desde publicidad gubernamental, objeción de conciencia, protección de la vida y autodeterminación de las mujeres, en estados como Veracruz, Sinaloa y Nuevo León.¹⁰ Otro ejemplo es la seguridad interna, en el que nos dieron la razón y fue sobre una impugnación en el gobierno pasado. Las tensiones entre esta institución y los gobiernos,¹¹ no importa el corte ideológico, dependen del grado de entendimiento de la pedagogía y naturaleza de lo que somos. Me tocó ver el inicio de esta institución; ha habido tensiones que no nos deben asustar mientras se avance en la prevención y en la defensa de las víctimas. Pero cuando de la tensión se pasa a la descalificación, creo que hay que encontrar el camino del diálogo. Creo que estamos en la madurez para encontrarlo y que esto sucederá. Mi aspiración es despojarnos de las posiciones y ver a las personas de carne y hueso que demandan nuestra atención.

IC: ¿Cuál es su postura ante una posible contrarreforma al Sistema de Justicia Penal, tomando en cuenta la ampliación al catálogo de delitos de ppo y la posibilidad de regresar la fe pública al mp?

LRGP: Me parece que violenta los DH. Hoy se dice que hubo consenso de las fuerzas políticas; debemos recordar que en 2008 también hubo consenso, sólo que la diferencia fue apostar por los DH, por la presunción de inocencia y la mayor restricción posible de la PPO. Recordemos que el derecho humano es la libertad y sólo se nos puede restringir con las formalidades que establece la ley, pero dicen los estándares internacionales: “la mayor restricción posible”. Por eso qué bueno que acaba de aprobarse la desaparición de la figura del arraigo,¹² porque además creamos estas figuras contrarias a los estándares y abusamos de ellas. La mejor forma de trascender el estado de violación a los DH que enfrenta el país es fortalecer nuestro Estado de derecho. Son tres los binomios que enfrenta el país: pobreza y desigualdad, y en eso coincidimos totalmente con la postura del gobierno actual; violencia y seguridad, como lo ha señalado el señor presidente, y esa es la apuesta, y corrupción e impunidad. ¡Qué bueno que se abandere su combate!, porque todo esto incide en la impunidad, en la corrupción y en la violación a los DH. Y agregaría un último binomio: Estado de derecho débil o debilidad en las instituciones de procuración y administración de justicia, y coyuntura crítica de violación a DH. EP

1   Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Rodríguez Jiménez, 2019, “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019”, Este País, México, pp. 31-48.

 2  Idem.

 3  La disculpa pública realizada por el Poder Judicial y el Gobierno de la Ciudad de México, derivó de la Recomendación 64/2018 de la CNDH por detención arbitraria y la violación a los derechos al debido proceso, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia en agravio de Lorena González Hernández. CNDH, “Urge CNDH fortalecer instituciones y leyes para evitar contaminación de procuración y administración de justicia, que se ligan a corrupción, impunidad e ineficacia”, comunicado de prensa DGC/388/19, 10 de octubre de 2019, en cndh.org.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

4   El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, entre otras disposiciones, que “[s]ólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

5   Véase Recomendación General 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana de la CNDH, en cndh.org.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

6   Véase Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana de la CNDH, en cndh.org.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

7   Centro de Investigación y Docencia Económicas y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México”, en cndh.org.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

8   La entrevista realizada por Impunidad Cero a Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, fue llevada a cabo el 11 de octubre de 2019, el mismo día que anunció ante medios de comunicación que no buscaría un segundo periodo como Ombudsperson nacional. “Discurso íntegro de Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH”, El Sol de México, 12 de octubre de 2019, en elsoldemexico.com.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

9   En el mensaje de Luis Raúl González Pérez con motivo del inicio de su gestión como presidente de la CNDH menciona “[p]or un principio fundamental de congruencia que debe regir en el Ombudsman, desde este momento anuncio que presentaré una propuesta al Congreso con objeto de que la posibilidad de reelección del Presidente de la Comisión Nacional quede eliminada”, en cndh.org.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

10 Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH pueden consultarse en informe.cndh.org.mx.

11 El 19 de enero de 2018 la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de la Ley de Seguridad Interior. En noviembre de 2018 el pleno de la SCJN declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior por mayoría de 10 votos, bajo el argumento mayoritario por parte de los ministros relativo a que el Congreso de la Unión no tiene competencia para expedir una ley en materia de seguridad interior. La acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018 pueden consultarse en scjn.gob.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

12 En septiembre de 2019 se presentó la propuesta de reforma al artículo 16 de la Constitución para eliminar la figura del arraigo. “Proponen eliminar la figura del arraigo”, comunicación del Senado de la República, 3 de septiembre de 2019, en comunicacion.senado.gob.mx, consultado el 14 de octubre de 2019.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH de noviembre de 2014 al 15 de noviembre de 2019, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fue miembro fundador de la CNDH y abogado general de la UNAM hasta 2014. Es profesor en la especialidad de Derechos Humanos, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.