La aprobación de reformas y designaciones controversiales se ha convertido en una constante en el Senado de la República. Desde las reformas al Poder Judicial o la renovada designación de Rosario Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta la desaparición de organismos autónomos. Las decisiones tomadas en las sombras de la madrugada han socavado los derechos humanos y la división de poderes. En este análisis, revisaremos cómo estas acciones han impactado en nuestra democracia y qué consecuencias podrían tener para el futuro del país.

Todo comenzó con la reforma al Poder Judicial

Entre protestas de trabajadores del Poder Judicial y sociedad civil, la madrugada del 11 de septiembre se aprobó la reforma al Poder Judicial. Con la lamentable actuación de un senador de un partido de oposición que pidió licencia para facilitar la aprobación, y la posterior ratificación en tiempo récord por parte de 24 congresos locales, se hizo evidente una clara intención de imponer la reforma sin permitir un debate amplio y profundo; así como el riesgo de las mayorías en los congresos tanto a nivel nacional como local. Esta celeridad inusual, junto con las maniobras parlamentarias utilizadas, socava la legitimidad del proceso y genera dudas sobre la transparencia y la participación democrática. La falta de tiempo para un análisis detallado de las implicaciones de esta reforma y la ausencia de un debate plural. 

Nombramiento de la CNDH, ¿otra simulación?

Algo parecido sucedió en el proceso de selección para la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que inició con promesas de transparencia, realizando y publicando evaluaciones objetivas de cada persona candidata, pero que finalizó evidenciando una simulación más del partido en el poder. A pesar de obtener la peor evaluación, Rosario Ibarra fue ratificada como presidenta de la CNDH. Nuevamente se eliminó la confianza en la transparencia del proceso, poniendo en duda la legitimidad de la elección, especialmente considerando el historial cuestionable de Ibarra marcado por decisiones polémicas, conflictos de interés y por disponer de la institución para validación personal y señalamientos directos.

Esta película ya la habíamos visto antes: después de una importante movilización y desaprobación con argumentos de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel local y nacional; nuevamente, se hizo una pantomima, la mayoría se impuso en su representatividad (no así en la legítima cercanía de quienes dice representar). 

La desaparición del INAI

No queremos adherirnos al pesimismo que ronda los pasillos de la sociedad civil, pero reconocemos que las noches pueden ser aún más oscuras: en febrero se entregó un paquete de iniciativas de reformas constitucionales entre las que se incluye la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En vista de lo que ha sucedido con las otras reformas, es casi imposible pensar que el INAI se salvaría de la desaparición, lo que representaría una grave amenaza para nuestros derechos humanos, especialmente para el derecho a la información y la protección de datos personales. Gracias al INAI, hemos podido conocer, a través de solicitudes de acceso a la información, casos de corrupción como el de SEGALMEX y La Casa Blanca. Sin el INAI, será más difícil garantizar que nuestras instituciones, brinden la información solicitada sin opacidad, actúen de manera responsable, rindan cuentas a la ciudadanía y garanticen la protección de nuestros datos personales.

¿Podemos esperar un proceso democrático en la elección judicial?

En noviembre se habilitó la convocatoria para el registro de personas aspirantes a las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Dicha convocatoria finaliza el 24 de noviembre, entonces seguirá el proceso de análisis, evaluación y selección hasta febrero de 2025, después comenzarán las elecciones judiciales.

Para este proceso, cada poder del estado emitió su convocatoria y determinó a su Comité Evaluador, en donde a pesar de guardar similitudes hay muchas incógnitas e interpretaciones que sin duda harán ruido por su accesibilidad, su evaluación y resultado final y es que ¿cómo nos podrán garantizar esos mecanismos de transparencia en el proceso? Si las decisiones que últimamente se han tomado con apariencia de transparencia y evaluación clara han sido una mera simulación, ¿cuál será el rumbo del Poder Judicial con estas decisiones?

¿Qué rumbo tomará el nuevo sexenio?

Con el escenario que dibujan todas las decisiones anteriormente analizadas hay muchas preocupaciones en torno al camino que pueda seguir el sexenio de Claudia Sheinbuam y la democracia participativa que se ha visto opacada en el verdadero ejercicio. Si bien en el discurso y en lo que establece la ley se busca garantizar la diversidad de mecanismos, la participación ciudadana, la representación diversa, la transparencia y rendición de cuentas; hemos visto un debilitamiento y simulación en muchos de estos procesos, teniendo un impacto en la calidad de la participación, en las políticas públicas, en la verdadera división de poderes y el Estado de Derecho.

La constante en todos estos sucesos es algo que ya se venía vislumbrando: lo que significa tener una mayoría calificada tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales del mismo partido junto con su coalición. Todo esto se traduce en la concentración de poder, una simulación en los debates, en los mecanismos de evaluación, los diagnósticos o mesas de trabajo ocasionando opacidad en la rendición de cuentas y un diálogo reducido con la sociedad civil.

La renovación paulatina del Poder Judicial tendrá grandes efectos y debemos pugnar porque no suceda lo que se prevé: que esa mayoría apabullante a nivel nacional y local simule el proceso de evaluación y selección de personas candidatas, así como el proceso electoral mismo. 

La democracia representativa tiene su límite, pero esta no es su última posibilidad: requerimos mecanismos de participación ciudadana amplios, diversos y vinculativos, y necesitamos grandes consensos sobre su inclusión constitucional.

Es imposible comprender la democracia en su máxima expresión mientras se permita que el partido hegemónico la utilice en su beneficio. En Impunidad Cero seguiremos de cerca este proceso que promete redefinir la historia de México. No obstante, es necesario señalar, recordando los mismos argumentos que alguna vez defendieron, que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la democracia brillará. EP

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