En Impunidad Cero llevamos años evidenciando los niveles de violencia e impunidad alarmantes en el país. Tan solo en 2021 diariamente sucedieron 94 homicidios intencionales y 10 mujeres fueron asesinadas cada día. En este mismo año, México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes; esta es una de las tasas más altas en América Latina. 

Por esta razón, en nuestra más reciente investigación Impunidad en Homicidio doloso y Feminicidio 2022 buscamos analizar la impunidad en estos delitos a través de datos y con perspectiva de género, pues los homicidios de mujeres suceden en contextos y situaciones distintas a los de los hombres. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres suelen ser cometidos en mayor medida por la pareja o algún integrante de la familia, en relación con los asesinatos de hombres. 

Sin embargo, la mayoría de las muertes violentas de mujeres que suceden en el país no se investigan con perspectiva de género. Por un lado, los homicidios de mujeres suelen clasificarse como no intencionales en mayor medida, en relación con los homicidios de hombres. Además, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos, en 2021 solo 27% de las muertes violentas de mujeres a nivel nacional fueron investigadas como tal. 

También encontramos que persisten las bajas capacidades de investigación de las fiscalías estatales, como la ausencia o falta de actualización de protocolos para investigar feminicidios, así como poco personal y agencias especializadas para investigar, perseguir y lograr sentencias condenatorias para los casos de homicidio doloso y feminicidio. 

Índices de impunidad en homicidio doloso y feminicidio

Para medir la impunidad en homicidio doloso y feminicidio, calculamos la proporción de estos casos que no concluyeron con una sentencia condenatoria en un periodo de tiempo determinado. En esta edición del informe, elaboramos el indicador de impunidad acumulada, que calcula el porcentaje de casos que no han sido esclarecidos en un periodo de seis años. 

Con base en este indicador calculamos que, de 2016 a 2021, la impunidad acumulada para los homicidios dolosos fue de 93% a nivel nacional. Es decir, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal en todo el país. Los estados con mayores índices de impunidad acumulada en homicidio doloso fueron Oaxaca (100%), Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%) y Guerrero (98.5%); mientras que los estados con menores índices de impunidad acumulada en homicidio doloso fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%) y Ciudad de México (69.6%).

Por su parte, en este mismo periodo la impunidad acumulada para los feminicidios fue de 56.6% a nivel nacional. Es decir, menos de la mitad de los feminicidios registrados han derivado en una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el Sistema de Justicia Penal y se comenzó a tipificar el delito gradualmente en los estados. Los estados con mayores porcentajes de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca (100%), Tlaxcala (100.0%), Chihuahua (98.8%) y Colima (92.1%); mientras que Aguascalientes (9.5%), Zacatecas (12.8%), Yucatán (29%) y Querétaro (30.8%) presentan los porcentajes más bajos de impunidad acumulada en feminicidio.

Es importante mencionar que si bien las sentencias condenatorias son un indicador de efectividad en la resolución de estos casos de alto impacto social, la justicia para las víctimas no se reduce a la emisión de una sentencia que condene los actos. La justicia es un fenómeno más amplio que incluye el resarcimiento del daño para las víctimas indirectas y la garantía de no repetición.

¿Cómo salimos de aquí?

El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales que ocurren en el país, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de gran gravedad e impacto social, llevan a que nos encontremos con niveles alarmantes de impunidad. Por esta razón, con los datos y el apoyo de investigadoras e investigadores de sociedad civil que han realizado asistencia técnica dentro de las instituciones, perfilamos una serie de recomendaciones para plantear una ruta de escape de la crisis de impunidad que vivimos desde hace muchos años. Entre ellas se encuentran:

• Impulsar acciones de prevención de la violencia de género. Es necesaria la aplicación de mecanismos que disminuyan los factores de riesgo de las diferentes manifestaciones de la violencia de género, que suelen ser la antesala de la violencia feminicida, como las medidas y órdenes de protección para las mujeres víctimas de la violencia y sus hijos. 
• Armonizar los tipos penales de feminicidio en las entidades federativas. A pesar de la existencia del tipo penal de feminicidio en todos los Códigos Penales estatales, cada entidad cuenta con su propia tipificación. Esto, entre otras cosas, trae problemas en el registro e investigación de los asesinatos violentos de mujeres, por lo que resulta necesario armonizar el tipo penal a nivel nacional. 
• Fortalecer las capacidades de investigación de delitos. Es necesario que las fiscalías desarrollen o actualicen sus protocolos de investigación de feminicidio, que cuenten con planes y políticas de persecución penal en los que se priorice la investigación de los homicidios dolosos y feminicidios, y que se aprovechen a otros actores en el desarrollo de las investigaciones, así como a las Tecnologías de la Información y bases de datos. Además, es indispensable mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional para estos delitos de alta complejidad e impacto social. 
• Apostar por la reinserción social. Optar por el aumento de sanciones para alcanzar la justicia sólo fortalece el discurso del castigo y dificulta la reinserción e integración a la sociedad de las personas en conflicto con la ley penal. Es necesario contar con políticas de reinserción que garanticen la no repetición de estas conductas. 

Además, como detallamos en el informe, es urgente una estrategia nacional de seguridad y justicia centrada en fortalecer a las instituciones civiles. Sin embargo, en los últimos años la estrategia de seguridad se ha centrado en fortalecer las instituciones militares y la Guardia Nacional. Desde Impunidad Cero, creemos que solo a través de fortalecer las instituciones civiles de seguridad y justicia podemos salir del callejón de violencia e impunidad en el que nos encontramos.  EP

Consulta el informe completo aquí. 

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