El pasado domingo 7 de abril miles de mexicanas y mexicanos fuimos testigos del primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y el candidato Jorge Álvarez Máynez intentaron responder a los cuestionamientos de la ciudadanía. Además de los ataques entre ellas y la poca claridad, ¿qué propuestas se plantearon? En este texto analizaremos lo abordado en temas de combate a la corrupción e impunidad.

¿Qué se abordó en temas de transparencia y combate a la corrupción?

Como parte de la estrategia de debilitamiento institucional promovida por el gobierno federal, el Senado de la República ha sido omiso en nombrar a los comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que desde 2023 se encuentra incompleto, saboteando así el funcionamiento de la institución hasta por un periodo de tres meses consecutivos. Además, en febrero pasado, el presidente López Obrador envió una serie de iniciativas al Congreso con la intención de eliminar algunos órganos autónomos, entre los que se encuentra el INAI. Estas acciones, o inacciones, han representado una desprotección al derecho de acceso a la información de los mexicanos, constituyendo un grave retroceso para la democracia. 

Este tema se abordó someramente en el segundo segmento del debate bajo la pregunta referente a cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva. Al respecto, Máynez propuso la implementación de la 3 de 3 para empresas proveedoras del gobierno. Por otro lado, Xóchitl Gálvez mencionó la eliminación de las adjudicaciones directas, mientras que Claudia Sheinbaum destacó algunos de los reconocimientos que se le hicieron al Gobierno de la CDMX en temas de transparencia por parte de instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros. No obstante, como se advierte, ninguna candidata  especificó cómo llevarían a cabo sus propuestas.

Respecto al INAI, la única que hizo mención a la necesidad de fortalecer la institución fue Xóchitl Gálvez, sin explicar o comentar cómo lo conseguiría. Con relación a la rendición de cuentas, el único que habló al respecto fue el candidato Jorge Álvarez, quien señaló la necesidad de transparentar todos los contratos, así como incentivar prácticas de honestidad y de rendición de cuentas a través de un sistema nacional de rendición de cuentas

Combate a la corrupción

Históricamente en nuestro país los esfuerzos en materia anticorrupción han sido insuficientes. En nuestra investigación “Datos abiertos de fiscalización para el combate a la corrupción”, dimos a conocer los datos que la Auditoría Superior de la Federación y las Auditorías Estatales tienen respecto al combate a la corrupción en México. Del total de denuncias iniciadas, el 64.6% se encuentra en integración, solo el 1.8% tienen sentencia, y sólo en siete asuntos se obtuvo una sentencia condenatoria, lo que equivale al 0.6% de efectividad. Es evidente que necesitamos repensar cómo combatir la corrupción, puesto que tampoco se reconoce a las personas como víctimas en este contexto. Ninguna de las candidatas dentro del debate o en sus propuestas muestran con claridad y conocimiento de los factores más relevantes, cómo abordarán la falta de justicia en este rubro.

Este tema se abordó de manera recurrente y activa. De acuerdo a la versión estenográfica del INE, la palabra “corrupción” fue mencionada aproximadamente en 61 ocasiones.No obstante, sólo se utilizó de manera concreta a través de las preguntas sobre las propuestas para evitar escándalos de corrupción. Al respecto, las candidatas coincidieron en que la lucha contra la corrupción requiere una estrategia integral fundamentada en valores éticos y una gestión transparente. Para el candidato Máynez, es esencial mantener una autoridad moral sólida, independiente de los poderes fácticos y los grupos de interés, lo que implica una campaña austera que respete la legalidad y los procesos establecidos, demostrando congruencia en las acciones y discursos.

Por su lado, la candidata Claudia Sheinbaum destacó el impacto positivo de la austeridad republicana, valor fundamental del actual gobierno, que se tradujo en un significativo ahorro de 2.4 billones de pesos. Mientras que la candidata Xóchitl Gálvez propuso la designación de ciudadanos sin afiliación partidista como titulares de dependencias clave, abogando por un proceso de selección transparente que garantice autonomía institucional. Ella insistió en la necesidad de separar las instituciones del control partidista y de los intereses corruptos que las afectan.

Ahora bien, con relación al reconocimiento de las personas como víctimas de corrupción, Xóchitl enfatizó la necesidad de intensificar nuestros esfuerzos para el reconocimiento de personas físicas que denuncian este problema. Por su parte, Claudia subrayó que este aspecto, el reconocimiento de las personas como víctimas de corrupción en procesos legales, forma parte fundamental de su propuesta para promover un gobierno honesto y combatir la corrupción de manera efectiva.

Sin embargo, destaca la ambigüedad en la implementación de medidas concretas. Aunque se menciona la posibilidad de crear nuevos sistemas o eliminar estructuras burocráticas, persiste la incertidumbre sobre la evaluación efectiva y la utilidad de las instituciones actuales en la lucha contra la corrupción. Esto resalta la necesidad de pasar de las propuestas a acciones específicas para transformar realmente la gestión pública.

Impunidad en el sistema de justicia penal

Sobre este tema, quedó evidenciado que ninguna de las candidatas ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que las respuestas a la pregunta sobre qué proponen para terminar con la impunidad no abordaron las necesidades de las víctimas frente a Fiscalías indolentes y con presupuestos insuficientes. Por ejemplo, Claudia propuso la austeridad republicana y la Agencia Nacional Anticorrupción para acabar con la impunidad.

El único candidato que refirió la situación de las fiscalías fue Jorge Álvarez Máynez, quien señaló que hoy el Ministerio Público es un cuello de botella que propicia la impunidad, por lo que se debería apostar por la tecnología: la digitalización de los trámites y de los servicios; la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por medio de una aplicación. 

Esta propuesta es de suma importancia: recordemos que de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 que realizamos en Impunidad Cero, en 2020, la cifra negra, que representa los delitos no denunciados ni investigados, alcanzó un 93.3%, la cifra más alta desde 2017. Del total de delitos denunciados e investigados en 2020, el 47% no tuvo seguimiento tras la denuncia, el 27% se encontraba en trámite, el 6.6% concluyó prematuramente y sólo el 4.6% llegó a una resolución judicial. 

Al respecto sobre la transformación digital, para 2020, 12 de las fiscalías y procuradurías del país (Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa) contaban con una plataforma de denuncia en línea. Mientras que 13 procuradurías y fiscalías declararon contar con un eje de transformación digital dentro de su plan de trabajo (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Veracruz).

Subrayar la importancia de los esfuerzos institucionales dirigidos hacia la digitalización de la procuración de justicia es fundamental para avanzar hacia un sistema penal que no ponga obstáculos ni barreras al acceso a la justicia para ninguna persona. Esto cobra mayor relevancia dado que estas instituciones manejan la gran mayoría de los delitos que afectan a los mexicanos. De hecho, aproximadamente el 95% de las carpetas de investigación abiertas en el país corresponden al fuero común, mientras que solo el 5% restante pertenece al fuero federal.

En conclusión, este primer debate nos ha dejado un amargo sabor de boca tanto a la sociedad civil como a los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Descubrir que ninguna de las aspirantes a la presidencia del país  conocen a fondo los temas planteados ni como problemática, ni como soluciones; que no se compartieron propuestas detalladas ni se explicó cómo se alcanzarán sus objetivos; sin mencionar el recurso a datos falsos, es motivo de profunda preocupación. Desde Impunidad Cero, exigimos un nivel de transparencia y seriedad que refleje el compromiso real con los problemas del país y las soluciones concretas para abordarlos. EP

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