Todo acto de violencia es repudiable y merece justicia. Sin embargo, es necesario diferenciar los tipos de violencia que padecen las mujeres y los hombres, pues existen elementos que los hacen distintos. La violencia contra las mujeres, en sus diversas modalidades, se diferencia de la que padecen los hombres por el lugar donde acontece y por la relación que guarda la víctima con el agresor, en la gran mayoría de los casos. En México se han diseñado y creado una serie de políticas públicas e instituciones para hacer frente a estas violencias y garantizar justicia a las víctimas, pero podemos evidenciar que muchas de estas políticas han fracasado al no prestar atención a los elementos estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia que no permiten resolver los casos de una manera efectiva. Para combatir la impunidad en los casos de violencia de género es importante analizar las instituciones creadas para hacer justicia en estos casos, como las fiscalías especializadas y los Centros de Justicia para las Mujeres, así como evaluar qué tanto han funcionado algunas medidas, como la capacitación para juzgar con perspectiva de género.

Una de las organizaciones más importantes en esta lucha es EQUIS Justicia para las Mujeres,¹ cuya meta es transformar las instituciones, leyes y políticas públicas, mediante la promoción de nuevas formas de percibir y afrontar la violencia de género, más allá de un enfoque jurídico, analizando las causas estructurales que generan el problema y realizando trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y judiciales. Ana Pecova, directora de EQUIS, y todo su equipo buscan garantizar el respeto de los derechos de aquellos grupos que históricamente han sido víctimas y cuyos derechos se han vulnerado, sin que el Estado se preocupe por respetarlos. En esta entrevista platicamos con Ana Pecova sobre algunos de los problemas estructurales que dificultan la justicia para las mujeres en este país.

Impunidad Cero (IC): ¿Qué es para ti la impunidad?

Ana Pecova (AP): Muchas veces pensamos en la impunidad como la falta de castigo para algún delito, pero a mí me gustaría abordarlo de una forma mucho más amplia: como la capacidad o incapacidad que las instituciones tienen para responder, sí, pero también las capacidades de la ciudadanía para acercarse a las instituciones a pedir ayuda. Me parece muy importante abordarlo desde lo estructural: ¿cuáles son las condiciones estructurales que previenen que los ciudadanos lleguen a las instituciones?, y también ¿qué hay en el diseño mismo de las instituciones que les impide cumplir con sus obligaciones?

IC: ¿Crees que la impunidad se exacerba por cuestiones de género?

AP: Desde luego. Si partimos de la hipótesis de que el género es un factor que determina el tipo de violencia que se vive, es válido pensar que es un factor que puede determinar el acceso a la justicia o qué tipo de respuesta va a obtener alguien por parte de las instituciones. Los retos son compartidos, México es un país donde el acceso a la justicia no existe para nadie, hombres ni mujeres. Sin embargo, hay algunas diferencias clave tanto en la violencia como en la impunidad que vale la pena abordar con más profundidad.

IC: ¿Cuáles son estas diferencias respecto al género y el acceso a la justicia?

AP: Me parece importante entender el vínculo entre la violencia y el género, para de ahí empezar a ver cuáles han sido los retos respecto al acceso a la justicia de las mujeres. Primero, hay algunas diferencias clave en el tipo de violencia que enfrenta una persona y que están determinadas por el género. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los homicidios en nuestro país, desde 2011 han ocurrido poco más de 170 mil homicidios, y de éstos sólo 11% han sido homicidios o asesinatos de mujeres. De entrada podría pensarse que es un número pequeño, pero la respuesta está justo en las diferencias. Hay algunas características que hacen distintos los asesinatos de mujeres de los asesinatos de hombres. Por ejemplo, una gran mayoría de los asesinatos de hombres se dan en el espacio público y es mucho más alto el número de mujeres que mueren al interior de su hogar: 33% de las mujeres contra 12% de los hombres. Otra diferencia importante es cómo mueren. Muchos de los hombres son asesinados con arma de fuego a manos de alguien desconocido. En cambio, entre los homicidios de mujeres hay muchos casos de acuchillamiento, de golpes y estrangulamiento. Además, muchas veces las mujeres conocen al agresor y han tenido alguna relación con él: es su expareja, su exmarido.²

Es por diferencias como éstas que estamos hablando de dos fenómenos distintos. También me parece muy importante hablar de otro asunto que se ha dado a raíz de la guerra contra las drogas, el cual ha cambiado para siempre la dinámica de la violencia que viven las mujeres. Me refiero al hecho de que el día de hoy, por primera vez, las muertes violentas de mujeres en el espacio público han sobrepasado las muertes de las mujeres en el hogar, un tipo de violencia que tradicionalmente ha afectado más a las mujeres, sin importar qué tipo de políticas públicas se hayan impulsado. Ese es un cambio que también es muy importante incorporar a la discusión, si queremos una estrategia de seguridad pública con perspectiva de género.

También es importante notar que existen ciertos tipos de violencia que afectan de manera predominante a las mujeres, por ejemplo la violencia sexual, donde más de 90% de las víctimas son mujeres, la violencia familiar, con más del 70% de las víctimas, o la violación. En la violación por parte de familiares 100% de las víctimas son mujeres. Esto no quiere decir que a los hombres no los violen, simplemente que no les pasa en el hogar sino en el espacio público. Es interesante ver quiénes son los agresores. Por ejemplo, en la violencia sexual, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, en más de 90% de los casos los agresores son hombres. Por lo tanto, me parece muy importante incorporar la discusión sobre masculinidades cuando hablamos de este fenómeno de violencia de género: qué significa hoy ser hombre en México, cómo ser hombre joven, principalmente entre 18 y 45 años y pobre, en muchos casos aumenta dramáticamente tus posibilidades de sufrir violencia. Y también de cometer un acto violento, porque vemos los mismos números también en cárceles.

Con estas diferencias en mente, es lógico pensar que el género también determina el acceso a la justicia. ¿Qué pasa cuando eres víctima de algún delito, si te acercas a las instituciones? También hay algunas diferencias entre hombres y mujeres en ese sentido.³ Es importante decir que tenemos un sistema débil, instituciones con grandes deficiencias, y esto es algo que no podemos perder de vista. Es un hecho que somos un país con un muy bajo número de policías y jueces, en promedio.⁴ Si uno mira los números de la OCDE, México está por debajo del nivel mínimo. Por otro lado, estas personas operan sin los recursos institucionales necesarios, muchas veces no tienen ni lo más básico. Las feministas recordamos mucho el caso del feminicidio en Puebla donde los policías decían: “No es que no queramos hacer el trabajo, realmente no tenemos ni siquiera la bolsa de plástico para guardar el cuerpo”, y pidieron a la familia los elementos más básicos. Nosotras exigimos que se registren los feminicidios, pero la realidad es que en el Estado de México tenemos de 15 a 20 policías que trabajan con una sola computadora obsoleta.

También pensemos en las condiciones laborales que enfrentan estas personas. ¿Cómo podemos esperar que tengamos jueces, que tengamos policías que van a incorporar la perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar, si muchos de ellos laboran en ámbitos institucionales y culturas organizacionales donde impera la discriminación, donde hay gran exclusión de mujeres, donde no hay perspectiva de género, donde no se respetan las licencias de maternidad-paternidad, donde las mujeres todavía siguen sin poder llegar a ciertos niveles? ¿Cómo podemos esperar que esas mismas personas, en el trabajo que hacen hacia afuera, vayan a incorporar esa mirada?

Hay que hacer todo un trabajo a nivel de las instituciones y una necesidad de recursos en todos los sentidos: materiales, económicos, humanos. También desde el movimiento por los derechos de las mujeres miramos otro fenómeno y tiene que ver con la persistencia de estereotipos de género, que son muy reales. Muchas veces, cuando me cuestionan si eso existe o no, me refiero al caso de Lesvy: cuando fue asesinada en el campus de la unam, desde la cuenta oficial de Twitter de la procuraduría capitalina empezaron a emitir mensajes cuestionando a la víctima, en el sentido de que era alguien a quien le gustaba ir a fiestas o tomar mucho, que no era buena alumna.⁵ Eso es totalmente irrelevante para el caso, no son otra cosa más que estereotipos.

No hay víctimas buenas y víctimas malas, las instituciones tienen que hacer su trabajo. Nos hemos dedicado, desde el movimiento por los derechos de las mujeres, a combatir con distintas estrategias estos estereotipos de género, pero me parece muy importante decir que no son el único problema. Tenemos que explorar la posibilidad de hacer alianzas con otros movimientos que buscan reducir la impunidad, para que de manera conjunta exijamos que primero se resanen todas estas deficiencias que no les permiten a las instituciones hacer su trabajo.

IC: ¿Qué papel juega la transparencia y la rendición de cuentas en la tarea de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres?

AP: La rendición de cuentas es esencial para avanzar en la solución de este problema. Muchas veces, cuando la ley no se cumple, pareciera como si los policías y los jueces odiaran a las mujeres. Pero para mí es clave reiterar que la impunidad no es individual ni es intencional sino sistémica: se da en sistemas que lo permiten y en los que no contamos con herramientas para monitorear el trabajo de los funcionarios. Algo que hemos estado impulsando mucho desde EQUIS Justicia para las Mujeres es obtener acceso a las sentencias. Además, hemos trabajado por combatir estereotipos de género con capacitaciones en el Poder Judicial. En los últimos 10 años, según hemos documentado, se han gastado más de 600 millones de pesos en capacitaciones sobre derechos humanos y género. Incluso hemos detectado casos de corrupción, porque estos esfuerzos no son inmunes a la corrupción. Sólo en el estado de Veracruz, en 2009 —en tiempos de Duarte— se utilizaron 34 millones de pesos para capacitar a un poco más de 100 jueces en estos temas. Aunque los hayan mandado a Harvard, no hay forma de que este dinero se haya utilizado para capacitaciones y eso me parece muy importante: exigir, saber cómo se utiliza el dinero que supuestamente está dirigido para reducir la impunidad y para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres.

Sin embargo, es imposible dar seguimiento a los efectos de las capacitaciones como principal estrategia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres sin tener acceso a las sentencias.⁶ Es por eso que iniciamos una campaña de manera colectiva (#LoJustoEsQueSepas), con la colaboración de muchas organizaciones y de distintos movimientos, para exigir que se garantice el acceso a esta información.⁷ No solamente a las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia, sino también las de todos los tribunales, que es donde caen la mayoría de los casos. La idea es que todo el mundo sepa cómo se imparte la justicia, qué tipo de justicia se obtiene en este país, si trabajan o no trabajan nuestros jueces, si se garantizan o no los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos y si están dando o no resultados todos estos esfuerzos de capacitación.

IC: ¿Hasta qué punto han funcionado las instituciones especializadas en cuestiones de género para mejorar la impartición de justicia?

AP: Este es un punto importante para el movimiento feminista. Como la violencia de género se ha manejado como algo que afecta de una manera predominante a las mujeres, hemos exigido que se trate como un fenómeno distinto, a través de instituciones separadas. Sin embargo, el impacto ha sido muy limitado. Se ha hecho la crítica de que esto ha complicado el acceso a la justicia para las víctimas, porque si has sido víctima de violencia sexual ya no vas a la fiscalía o a cualquier ministerio público, sino que tienes que ir a la fiscalía especializada. Esta fiscalía no siempre está cerca, puede estar del otro lado de la ciudad o a veces no la hay. Y el problema es peor cuando uno empieza a mirar el diseño institucional, muchas veces no son más que castillos de arena, instituciones que operan sin personal, sin recursos, fuera de la ley.

Un ejemplo son los Centros de Justicia para las Mujeres,⁸ diseñados para mejorar el acceso a la justicia, principalmente para víctimas de violencia familiar. Lo que vemos es que no existen en la práctica, no están en la ley en ningún lado, simplemente se crean por decreto o acuerdo por parte del gobernador. Si a un gobernador le interesa el tema y le quiere dar prioridad, perfecto: se abre un centro de justicia, pero sin sustento real. Si mañana llega otro gobernador que no considera prioritario este problema, así de fácil puede desaparecer el centro. No tenemos una estabilidad a largo plazo.

También pensemos en los presupuestos. Los centros tienen acceso a ciertos presupuestos federales, pero estos fondos únicamente sirven para la infraestructura, para levantar el edificio. Luego, la operación recae sobre los fondos estatales. Hemos documentado que estas obras majestuosas a las que simplemente no llegan las personas, no dan atención porque al gobierno local no le parecen una prioridad. Vemos que dependen de las procuradurías, fiscalías, muchas veces subprocuradurías o subfiscalías, lo cual dificulta la autonomía, el acceso a recursos y su posicionamiento en el Estado. No parten de un diagnóstico y la operación es imposible porque no puedes saber cuánto personal necesitas o cuántos recursos, si no sabes cuántas mujeres vas a atender.

Nosotras incluso empezamos a investigar si existen criterios sobre quién va a liderar esas instituciones. No los hay: se nombran personas de confianza sin experiencia o conocimiento de qué significa la violencia familiar y la violencia de género. Todo esto dificulta su operación y limita su impacto, lo cual es grave porque muchas de las mujeres que acuden a ellos por haber sufrido violencia familiar son casos potenciales de feminicidio. Si hicieran bien el trabajo, eventualmente podrían incluso prevenir este tipo de crímenes, pero simplemente no tenemos las condiciones institucionales ni normativas.

Esto es algo que vemos en todas las instituciones especializadas que han sido creadas para las mujeres. Las Unidades de Género⁹ son otro ejemplo, ya que han sido creadas para garantizar que la perspectiva de género permee en la cultura organizacional. Pero ocurre lo mismo: no tienen autonomía ni cuentan con el presupuesto necesario; ni siquiera hay claridad de qué deberían hacer y en algunos casos se duplican sus funciones. Hay sólo una o dos personas en las unidades; nosotras vimos que incluso en el Estado de México, en donde los niveles de feminicidios son tan elevados, existen unidades de género con una sola persona. Las personas que trabajan ahí hacen chistes: “soy una unidad de una persona, porque no tengo más personal”.

Muchas veces detectamos que dichas unidades, lejos de combatir estereotipos de género, los fomentan. Hicimos un estudio de seguimiento de cómo han operado estas unidades de género en el Poder Judicial y lo que encontramos es que entre las actividades que han financiado hay cursos sobre cómo hacer el tamal más nutritivo. Se vuelven responsables del comedor del Poder Judicial, de la compra de uniformes, regalan estuches de maquillaje para las juezas y organizan concursos de pintura para niños. No es para eso que fueron creadas estas unidades, por eso me parece sumamente importante desarrollar, desde la ciudadanía, mecanismos para exigir la rendición de cuentas y dar seguimiento a estos fondos, no es que haya faltado voluntad en la última década, por lo menos en papel ni en recursos, simplemente no se han utilizado para construir algo eficiente, transparente y que a largo plazo nos lleve a donde queremos llegar.

IC: ¿Cómo influyen otros factores como la clase social, la etnia o el origen de las personas en combinación con el género, a que las mujeres tengan acceso a la justicia

AP: Hemos estado trabajando en documentar los distintos obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia, porque no todas enfrentamos los mismos.¹⁰ Hay que reconocer que el género no es el único punto de discriminación: vivimos en una sociedad muy compleja y todos estamos compuestos de múltiples identidades. En la práctica, los retos que vive una indígena son distintos a los que enfrenta una mujer con discapacidad, una trans o una migrante. Todas estas características nos hacen vulnerables de distinta manera y complican el acceso a la justicia. Lamentablemente, a veces estos factores no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas, muchas de ellas basadas en un tipo de mujer que vive un tipo de violencia. Esa es una de las principales críticas a los centros de justicia: casi todos están en áreas urbanas y están pensados para la heterosexual, urbana y que vive violencia a manos de su pareja masculina. Esto deja afuera a un gran número de mujeres. Nosotras estamos trabajando mucho en comunidades indígenas en el estado de Yucatán y después de recorrer más de cinco comunidades y de entrevistar a muchísimas mujeres, no pudimos encontrar una sola que sepa que existe un centro de justicia en su Estado.¹¹ También es importante pensar en las mujeres que viven violencia a manos de otras mujeres.

Para nosotras fue muy interesante trabajar en un caso de una mujer indígena con discapacidad que fue violada dos veces y a quien se negó primero el acceso a la justicia y luego el acceso al aborto: esta mujer tiene hoy dos hijos resultado de esta violación. Además, se le maltrató y hay una sentencia donde se dice que, como es una persona que no tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, se dejó copular y eso no es una violación. Cuando llegamos al Poder Judicial, de repente encontramos esta variedad de instituciones creadas para responder a casos complejos como éste. Además de la Unidad de Género, el tribunal también presume que tiene un Comité Intercultural y una Comisión de Discapacidad, pero no funcionan como deberían. Las diferencias son importantes para entender los fenómenos detrás de estos casos y poder responder mejor, pero también hay que tener en mente que todos estamos compuestos de múltiples identidades y que es esencial hablar del concepto de no discriminación, que abarca todas estas distintas identidades y vulnerabilidades.

IC: La política de drogas ha cambiado el tipo de violencia que viven las mujeres y también algunas políticas creadas para combatir estos crímenes refuerzan las violencias que vivimos. ¿Puedes explicarnos qué son las Cortes de Drogas y por qué acaban revictimizando e incluso promoviendo la impunidad en la violencia de género?

AP: La guerra contra las drogas es un fenómeno que nos ha afectado de muchas maneras: ha aumentado muchísimo la violencia que vivimos y el número de personas desaparecidas y ha tenido impactos muy importantes también sobre las mujeres.¹² Primero, tiene que ver con lo que decía sobre la dinámica y el tipo de violencia que viven las mujeres. La otra es que ha provocado la creación de un ejército de mujeres que están buscando justicia por sus seres queridos desaparecidos o asesinados. Y el tercer fenómeno al que hemos estado dando seguimiento son las mujeres encarceladas. Las mujeres, hoy en día, son el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento en México.¹³ Los delitos por los que más se les encarcela son precisamente los relacionados con las drogas. Son tres fenómenos distintos en los que vale la pena detenerse a revisar cómo se involucra el género y cómo a muchas mujeres se les victimiza justo por los roles de género actualmente válidos en nuestra sociedad.

De repente, en lugar de pensar en soluciones de fondo, el Estado mexicano se ha inclinado por el diseño de políticas importadas de otros países, principalmente de Estados Unidos, como las Cortes de Drogas.¹⁴ Sólo para dejarlo claro, porque relativamente es una novedad en México y actualmente operan en seis estados,¹⁵ las Cortes de Drogas existen para personas que han cometido delitos pequeños relacionados con su adicción. Para entrar, te tiene que recomendar el ministerio público y un juez decide si calificas o no. En caso afirmativo, se diseña un programa para ti de un año o más, donde accedes a toda una serie de programas y terapias, con muchas condiciones. Si lo logras cumplir con éxito, evitas entrar a prisión. Se les ha impulsado como una medida alternativa al encarcelamiento, pero en la realidad no lo son, porque en ningún momento la persona pierde contacto con el sistema penal. Un pequeño error te lleva a la cárcel. Hemos visto cómo los jueces actúan como médicos: estamos hablando de un problema de salud, pero en manos de un juez. Documentamos un caso, por ejemplo, en el que una persona participante del programa consumió un jarabe para la diarrea. El juez consideró que era una droga y merecía prisión. Por ello, no es realmente una alternativa al encarcelamiento.

Lo que nos interesa más desde EQUIS es cómo este programa afecta a las mujeres. Lo primero que vimos es que ellas representan sólo 3% de los participantes. Esto indica que, si bien las mujeres son menos usuarias de sustancias, enfrentan más estigma y más discriminación y tienen menos acceso a servicios. Donde sí hay una gran mayoría de mujeres es en las redes de apoyo: para entrar al programa necesitas comprobar que tienes toda una red de apoyo alrededor de ti. Eso quiere decir que los hombres cuentan con una mujer, mamá, esposa o hermana que diario puede ser su chofer, llevarlos a firmar, a la terapia y luego ante el juez, porque está prohibido que manejen. En cambio, hemos visto mujeres trans o mujeres que se dedican al trabajo sexual que quizá podrían beneficiarse de este programa pero que no pueden comprobar que tienen una red de apoyo.

Quizá lo más interesante, en términos de impunidad, es la tercera afectación que documentamos: cuando las mujeres aparecen como víctimas de un delito por el cual una persona entra en estas Cortes de Drogas. Hay estados como Nuevo León, donde 68% de los casos son de violencia doméstica, donde tenemos a un hombre con problemas de alcoholismo que le pega a la mujer en la casa y llega a las Cortes de Drogas. Ahí hay una realidad muy perversa, donde no solamente se ignora y se fomenta la impunidad en casos de violencia doméstica, sino que la mujer que ha sido víctima ahora es la misma que provee apoyo a su agresor. Tú eres la que de repente eres responsable del éxito y de la mejoría de tu agresor. Creamos políticas que no se hablan entre sí, lo cual me parece muy preocupante. En Morelos documentamos un caso de acoso sexual donde el acosador dijo que estaba drogado o tomado, entonces lo pasaron a la Corte de Drogas. Se están creando salidas perversas. Por eso nuestra postura es que esta política no tiene sentido, no está bien basada, viola derechos humanos, debería suspenderse, no deberíamos seguir con su ampliación. En ese sentido va el informe que recién publicamos sobre el tema.¹⁶

IC: Hemos visto que el Estado mexicano ha invertido una gran cantidad de recursos en crear programas y políticas para reducir la brecha de género y aumentar el acceso de las mujeres a la justicia. Sin embargo, dichos programas todavía no logran consolidarse ni dar resultados. ¿Qué recomendaciones tienes para que estos esfuerzos den frutos en el próximo gobierno?

AP: Coincido en que en estos últimos 10 años se han dedicado importantes recursos a desarrollar instituciones y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, no hemos logrado construir instituciones sanas, sostenibles, duraderas y transparentes. Para empezar, se necesita reconocer que tenemos deficiencias institucionales, pero también tenemos personal que labora dentro de las instituciones que no tiene necesariamente la capacidad para diseñar políticas públicas basadas en un diagnóstico, que sean transparentes y que se puedan evaluar. Una política pública que no se puede evaluar no sirve de nada, por más buena que sea y por más que venga de un buen lugar. Muchas veces pensamos que sólo porque una persona está sentada en una institución pública sabe construir políticas públicas, pero todo lo que hemos documentado a través de muchas solicitudes de acceso a la información es que en nuestra administración pública no sabemos qué es un objetivo, qué es un diagnóstico, qué son los indicadores, cómo puedes dar seguimiento para mejorar.

Ahora que estamos en un momento de transición, se reconoce que no se han logrado resultados. Se necesita priorizar, se necesitan ciertos ahorros, reducir los gastos, y ya se están empezando a hacer recortes justo por esas políticas. La última propuesta para reformar la administración pública es eliminar estas unidades de género, así como las unidades de transparencia y otras. Eso está bien, pero también debe reconocerse que la igualdad de género aún está lejos de lograrse. No estamos viendo estrategias alternativas, ni cómo esas unidades de género que no nos han funcionado se van a traducir en otra política, cómo vamos a ser más eficientes al transversalizar la perspectiva de género.

Estamos ante una gran oportunidad de aumentar nuestras demandas, aumentar el escrutinio sobre el trabajo que hacen las instituciones públicas para poder exigir más y asegurarnos de que el nuevo gobierno entienda que el ejercicio de derechos cuesta dinero. Me parece muy problemático recortar justo por el lado de transparencia. Los ciudadanos necesitamos poder opinar, poder participar más porque es a nosotros a quienes están dirigidos los servicios de las instituciones públicas. Es crucial que se oiga nuestra voz sobre cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos. Todos están hablando de que no habrá un aumento, sino más austeridad, menos recursos. Ahí vamos a tener que estar al pendiente, inspeccionar y mirar de una forma mucho más crítica. EP

Bibliografía

Informes

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EQUIS Justicia, Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/, consultado el 23 de noviembre de 2018.

EQUIS Justicia, Informe Sombra sobre la situación de acceso a la justicia para las mujeres en México, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/informe-cedaw/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

EQUIS Justicia, Promotoras Maya de Justicia: resultados y aprendizajes, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/promotoras-mayas-de-justicia-resultados-y-aprendizajes/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

EQUIS Justicia, Transparencia en la publicación de sentencias ¿Retrocesos a partir de la ley general de transparencia y acceso a la información pública?, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/transparencia-en-la-publicacion-de-sentencias/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

EQUIS Justicia, Unidades de Género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructura y funcionamiento a nivel nacional, 2017, recuperado de equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Unidades_Genero.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 2016, recuperado de beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/> Consultado el 22 de noviembre de 2018.

LeClercq, Juan Antonio y Rodríguez, Gerardo (coord.), Índice Global de Impunidad México: Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 2018, recuperado de udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.

Artículos periodísticos

Animal Politico, “Ciudad de México acepta hacer públicas las sentencias de sus jueces”, 9 de noviembre de 2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/11/cdmx-acepta-hacer-publicas-sentencias-de-sus-jueces/, consultado el 23 de noviembre de 2018.

Animal Político, “Lesvy no se suicidó, su novio la estranguló”, 10 de abril de 2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-cambia-version-sobre-muerte-de-lesvy-no-se-suicido-su-novio-la-estrangulo/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

CNN, “#SiMeMatan polémica en México por tuits de la fiscalía tras muerte de una joven en la UNAM, 6 de mayo de 2017, recuperado de cnnespanol.cnn.com/2017/05/06/simematan-polemica-en-mexico-por-tuits-de-la-fiscalia-tras-la-muerte-de-una-joven-en-la-unam/.

¹ Para conocer más sobre el trabajo de esta organización los invitamos a consultar su sitio en internet, equis.org.mx/.

² El Observatorio Nacional del Feminicidio, alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la república mexicana, dio a conocer en su Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México 2014-2017 que de los seis estados que proporcionaron información, el lugar más común para cometer un feminicidio fue en la vivienda de la mujer víctima. En lo que concierne la relación víctima-victimario, la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja (esposo, concubino, novio, etcétera), recuperado de observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.

³ A pesar de que el acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

⁴ De acuerdo con el índice global de impunidad 2018 (IGIMEX), el número de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 3.5; asimismo, señala que el personal total destinado a funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes es de 179.26. Juan Antonio LeClercq y Gerardo Rodríguez (coords.), 2018, Índice Global de Impunidad México, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Universidad de las Américas Puebla (UDALP). Recuperado de udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.

⁵ El 3 de mayo de 2017 Lesvy Osorio fue encontrada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. En un principio la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó que se habría suicidado frente a su novio; asimismo, a través de su cuenta de Twitter señaló que el día que fue encontrada muerta Lesvy habría estado alcoholizándose y drogándose en cu. El 9 de abril de 2018, tras llevarse a cabo el periodo de investigación complementaria, el ministerio público señaló al novio de Lesvy como probable responsable del asesinato. CNN, “#SiMeMatan polémica en México por tuits de la fiscalía tras muerte de una joven en la unam”, 6 de mayo de 2017, recuperado de https://
cnnespanol.cnn.com/2017/05/06/simematan-polemicaen-mexico-por-tuits-de-la-fi scalia-tras-la-muerte-de-unajoven-en-la-unam/, Animal Político, “Lesvy no se suicidó, su novio la estranguló”, 10 de abril de 2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-cambia-version-sobre-muerte-de-lesvy-no-se-suicido-su-novio-la-estrangulo/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

⁶ EQUIS Justicia para la Mujeres, “Transparencia en la publicación de sentencias, ¿Retrocesos a partir de la ley general de transparencia y acceso a la información pública”, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/transparencia-en-la-publicacion-de-sentencias/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

⁷ A raíz de las demandas del colectivo “Lo Justo es que Sepas”, impulsado por EQUIS para transparentar las decisiones judiciales, el pasado 1º de noviembre de 2018 el Congreso de la Ciudad de México reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias, convirtiéndose así en la primera entidad en transparentar estas sentencias. Este mismo colectivo ha propuesto la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que todas las sentencias en el país sean publicadas. Animal Político, “Ciudad de México acepta hacer públicas las sentencias de sus jueces”, 9 de noviembre de 2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/11/cdmx-acepta-hacer-publicas-sentencias-de-sus-jueces/, consultado el 23 de noviembre de 2018.

⁸ Los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) fueron creados en 2010 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Son espacios que brindan servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, garantizando el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica y psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres”, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/, consultado el 23 de noviembre de 2018.

⁹ Las Unidades de Género son órganos especializados dentro del Poder Judicial que tienen como finalidad asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones, tanto administrativamente como en la impartición de la justicia. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Unidades de Género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructura y funcionamiento a nivel nacional”, 2017, recuperado de equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Unidades_Genero.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2018.

¹⁰ En 2017, EQUIS presentó su informe sombra para el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención, (CEDAW, por sus siglas en inglés), el cual incluye diversas recomendaciones al Estado Mexicano sobre el tema de acceso a la justicia para las mujeres. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Informe Sombra sobre la situación de acceso a la justicia para las mujeres en México”, 2017, recuperado de http://equis.org.mx/project/ informe-cedaw/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

¹¹ EQUIS Justicia para las Mujeres, “Promotoras mayas de justicia: resultados y aprendizajes”, 2018, recuperado de equis. org.mx/project/promotoras-mayas-de-justicia-resultados-y-aprendizajes/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

¹² Las cifras de la organización Data Cívica A.C., estiman que en México hay 33,125 personas desaparecidas. La misma organización ha elaborado una base de datos de personas desaparecidas con base en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Rnped) de la Secretaría de Gobernación. La plataforma se puede consultar en personasdesaparecidas.org.mx/db/db.

¹³ De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a octubre 2018, la población penitenciaria de mujeres representa el 5% de la población penitenciaria total, tanto del fuero federal como del común, es decir, 10,473 de 201,538 personas privadas de la libertad son mujeres. Comisión Nacional de Seguridad, Transparencia focalizada, 2018, recuperado de cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c? c=247c41, consultado el 30 de noviembre de 2018.

¹⁴ Las Cortes de Drogas son un modelo penitenciario que surge en Estados Unidos como una alternativa al encarcelamiento. En México surgieron en 2009, primero como Tribunales de Tratamiento de Adicciones y posteriormente, en 2014, fueron implementadas en todos los estados de la república con la figura de “suspensión provisional del proceso”, aplicable para personas acusadas de delitos menores, con excepción de violencia familiar y lesiones, y en algunos estados no violentos cometidos bajo el uso de sustancias psicoactivas. En 2018, a partir de la entrada de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las Cortes de Drogas fueron propuestas como una alternativa a la ejecución de una pena en prisión para las personas sentenciadas por delitos patrimoniales sin violencia, como una opción alternativa a la privación de la libertad para entrar a un programa de tratamiento que cuenta con una supervisión judicial para su cumplimiento. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Cortes de Drogas en México: una crítica a partir de las experiencias de mujeres”, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-en-mexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

¹⁵ Las Cortes de Drogas operan actualmente con el nombre de Tribunales de Tratamiento de Adicciones o Programas de Justicia Terapéutica en los estados de Nuevo León, Durango, Chiapas, Morelos, Chihuahua y Estado de México, ibidem, p. 7.

¹⁶ EQUIS Justicia para las Mujeres, “Cortes de Drogas en México: una crítica a partir de las experiencias de mujeres”, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-enmexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/, consultado el 22 de noviembre de 2018.

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