El pasado 10 de marzo acompañé a mi papá en una caminata por su barrio, en el norte de Bogotá. Él tiene más de ochenta años y desde que comenzó la pandemia ha guardado un estricto confinamiento. Su rutina diaria incluye un corto paseo por las calles cercanas a su casa, en el tranquilo barrio Chicó. Ese día decidí acompañarlo: hacia las dos de la tarde atravesábamos la calle 79B, entre carreras novena y séptima, una de las más exclusivas zonas de la ciudad donde hay varios restaurantes, tiendas y anticuarios. Un estruendo nos detuvo. Luego se escucharon varios disparos, gritos y una persecución en motos. Decidimos regresar a toda velocidad a su departamento. No recordábamos una situación similar desde la violenta década de los ochenta cuando Pablo Escobar aterrorizó al país.

Ya en casa de mi padre nos enteramos de lo que acaba de ocurrir a unos pocos metros de nosotros.  Unos policías detuvieron a dos hombres para requisarlos frente a una sucursal bancaria. Al parecer, eran dos ladrones que tenía planeado asaltar el banco. Al verse acorralado, uno de los ladrones sacó un arma y le disparó en la cabeza a un policía que murió de inmediato. El otro ladrón intentó huir pero fue herido y capturado por otros policías. El patrullero asesinado se llamaba Edwin Caro, tenía 24 años y apenas empezaba su carrera en la Policía bogotana.

Al poco tiempo se filtró la identidad de los dos criminales: ambos eran venezolanos. La nacionalidad de los delincuentes parece un detalle irrelevante. Pero en Colombia no lo es. De inmediato circularon mensajes xenófobos en las redes sociales. Incluso Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, hizo comentarios fuera de lugar. Según datos oficiales, en los últimos cinco años, Colombia ha recibido más de 1.7 millones de venezolanos. Hoy, los migrantes representan casi el 4% de la población total del país. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha recibido, por mucho, del mundo.

“Este proceso sólo puede ser descrito como una conmoción. Lo es para el país de llegada, con costumbres y mecanismos institucionales puestos a prueba: Colombia no es, no ha sido en las últimas décadas, un lugar de recepción. Ni su Estado ni sus ciudades estaban preparados de antemano para la acogida. La ciudadanía, tampoco, y tal vez eso ayuda a entender que dos tercios de la población se mantengan en una posición de rechazo frente a los recién llegados”, dice Jorge Galindo en un lúcido análisis de esta semana en el diario El País. Colombia es un país pobre y la llegada de los migrantes venezolanos ha supuesto una crisis difícil de sostener.

El asesinato del patrullero Caro se dio a los pocos días de que el presidente Iván Duque anunciara un decreto que generó todo tipo de reacciones. El presidente ordenó la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, con el fin de legalizar a casi un millón de migrantes en situación irregular, según explicó la Cancillería.  Aún queda por definir, en el ambicioso plan de Duque, cómo funcionará este estatuto o cómo se financiaría el costo que supone. Hay que recordar que la economía colombiana, como todas las demás de la región, pasa su peor momento por culpa de la pandemia.

La llegada de los venezolanos se ha convertido en un tema de constante enfrentamiento entre los colombianos. Y es, quizás, la crisis social más compleja —agravada por la la pandemia— que ha enfrentado el país en la última década. Muchos sostienen que la llegada de los migrantes ha aumentado la inseguridad de un país que ya era uno de los más violentos del mundo. El flujo de los venezolanos coincidió, además, con el acuerdo de paz que se firmó con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las rutas de narcotráfico y el control de algunas zonas que dejó la guerrilla fueron retomadas por bandas criminales locales que utilizan a hombres venezolanos como su ejército. También existe la idea de que las mujeres venezolanas que llegan a Colombia se dedican exclusivamente a la prostitución.

Las cifras demuestran que hay una percepción equivocada.

«Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, informó en octubre de 2020 que, de los 2,700 extranjeros privados de libertad en Colombia, 1,500 son venezolanos, y que sólo 0.08% del total de privados de libertad en Colombia son de esta nacionalidad. En su mayoría, involucrados en delitos como hurto y por tener estupefacientes. “¿Es la migración responsable de la criminalidad en Colombia? No. Porque no podemos explicar con menos de 1% el más de 99% restante”, afirmó el funcionario.» explica Jefferson Díaz en su columna en The Washington Post.

Inevitablemente, la xenofobia en contra de los venezolanos se ha convertido en un arma política para militantes de la extrema derecha. Y no sería raro que en las próximas elecciones presidenciales de 2022, algún Trump tropical utilice el resentimiento para ganar votos. Ojalá que la trágica muerte del joven policía Caro no se olvide y sirva para que toda las violencias que ha traído esta nueva migración se detengan cuanto antes. Hay que recordar que los colombianos hemos tenido una larga tradición de migración alrededor del mundo —incluida Venezuela— y que por años hemos sufrido maltratos por cuenta de nuestra nacionalidad. Sería triste que ahora repliquemos ese discurso de odio. EP

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