Lo que este artículo diga sobre la gentrificación está equivocado de una u otra manera. Este concepto es motivo de constante debate y forcejeos entre la academia, razón por la cual no es posible dejar a todas las voces satisfechas. Su misma formulación suele ser tan elemental como complicada. Surgió en los 60 como una propuesta conceptual de Ruth Glass. Los procesos que trató de describir en Inglaterra guardan tanto similitudes como distancias de lo que ocurre hoy día en ciudades latinoamericanas. A raíz de eso, se han planteado clasificaciones geográficas, históricas y cualitativas sobre lo que es gentrificación.

Este artículo no busca abordar con finura los detalles y pormenores que loablemente se están apuntalando desde la sociología y el urbanismo. No obstante, espero que pueda ser una carta de presentación de la gentrificación como un proceso que impacta en el ejercicio de los derechos humanos. Sobre todo para aquellas personas que no participan en los diálogos especializados, pero que están buscando nombrar lo que ocurre en sus ciudades y que impacta en su capacidad de habitar.

Las ciudades como territorios 

Históricamente, los conflictos en México –y quizá en toda América Latina– han tenido un gran componente territorial. Desde la Conquista hasta la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico”, pasando por la Guerra de Reforma, la Revolución de los Cruzo’ob (o “guerra de Castas”), la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas. Todas esas guerras rulfianas han tenido como punto de inflexión las dinámicas del poder a través de escenarios que juegan con las dicotomías entre lo urbano y lo rural. Con todas sus claras particularidades y complejidades, de toda esta trayectoria de conflictos podemos concluir una premisa: el poder económico, militar y político necesita de territorio tanto para imponer su fuerza como para acumular.

Actualmente, América Latina transita cada vez más de un escenario de El llano en llamas hacia uno más parecido a Blade Runner. De acuerdo con datos de ONU-Hábitat, más del 80% de la población en la región vive actualmente en ciudades. Según datos del INEGI, para 2020 dos terceras partes de la población mexicana vive en ciudades y más de la mitad vive en urbes de 100 mil habitantes o más. Este fenómeno no implica la desaparición de la vida rural, sino más bien la alquimia rural-urbana que se manifiesta en asentamientos como los que se encuentran en Tlalpan en Ciudad de México, Loma Larga en Monterrey y Emiliano Zapata Sur en Mérida, por poner algunos ejemplos.

La ciudad aparece como el nuevo escenario de conflictos y tensiones entre clases, géneros, identidades, religiones y vivencias. Esto también hace que sea el nuevo espacio para acaparar por los grandes poderes económicos. El territorio rural no ha dejado de ser de gran interés y es aún codiciado para la producción a partir de mano de obra barata, pero ha surgido un nuevo campo de cultivo: la agricultura inmobiliaria. Las ciudades son los espacios donde pueden germinar grandes proyectos residenciales que no requieren ser habitados a corto plazo para ser un éxito económico. El proceso de la financiarización de la vivienda consiste precisamente en que los bienes inmuebles son convertidos en activos financieros para la especulación. Por eso los edificios vacíos que proliferan en la zona centro de Guadalajara no representan el fracaso de ese mercado, sino sus formas de acumulación territorial contemporánea.

La vivienda como territorio, la casa como fetiche

Hablar del derecho a la vivienda en este contexto implica hablar de las relaciones de poder y desigualdades socioeconómicas-territoriales que persisten en el país. Para entender esto debemos comprender primero que no es lo mismo una vivienda que una casa. Una casa es una construcción arquitectónica material y tangible. La vivienda es el conjunto de procesos por los cuales una persona habita un espacio, por lo que se compone de elementos materiales e inmateriales. La casa es un objeto, la vivienda es una acción. La casa es un espacio, la vivienda es el habitar.

Por eso, hablamos del derecho a la vivienda y no del derecho a una casa. El derecho humano consiste en contar con un espacio para habitar, lo cual puede garantizarse a través de la propiedad, pero también a través de otras modalidades como las cooperativas de vivienda, el arrendamiento e incluso los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia o juventud LGBT+ que fue rechazada por sus familias.

Sin embargo, los discursos hegemónicos –definidos principalmente por las élites arquitectónicas y de la industria inmobiliaria– apuntan a confundir estos conceptos. El objetivo es muy simple: que la población confunda su propia necesidad con un asunto de tener en lugar de estar. Las narrativas del marketing de Real Estate nos limitan a pensar en necesidades patrimoniales y de consumo a costa de nuestras necesidades de habitar. Una buena compra de casa lo es por lo que valdrá después, por la plusvalía que podremos obtener; no por su tamaño, no por el diseño de sus espacios, no por su relación con su entorno, no por su relación con nuestros vínculos sociales y laborales.

No es casualidad que cada vez se hable menos de barrios y cada vez más de “fraccionamientos”. Precisamente son eso: fracciones de propiedad antes que espacios para el hábitat. La casa se ha convertido en un fetiche que nos distrae de nuestro verdadero objeto del deseo: poder tener un espacio donde desarrollar nuestra historia, nuestra identidad, nuestras memorias y nuestros afectos. 

En estas batallas urbanas, la casa se está comiendo a la vivienda.

Gentrificación y derechos humanos

En términos muy generales, la gentrificación es el proceso por el cual un barrio antes considerado “en decadencia” es revalorizado por personas de estratos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo que sus habitantes originales. La llegada de estos nuevos residentes genera un cambio en las dinámicas de consumo y de habitar que terminan poco a poco desplazando a la población original.

Si bien se trata de un proceso presente en distintas ciudades a lo largo del mundo, hay que tener una claridad en mente: no todos los procesos urbanos son gentrificación. Existen otros procesos que también se sostienen de la financiarización de la vivienda y de estos procesos de acumulación del territorio urbano. Por ejemplo, si bien se dan procesos de gentrificación en el Barrio Antiguo de Monterrey y en el de Santa Lucía en Mérida, en otros puntos de estas ciudades mexicanas las afectaciones en el acceso a la vivienda se relacionan más con la industria de la especulación inmobiliaria.

El concepto de gentrificación ha adquirido gran interés en los últimos años debido a que algunos sectores de la población –sobre todo gente joven– están buscando nombrar lo que les afecta. De ahí que resulte sumamente desproporcionado cuando personas dedicadas al urbanismo y a las ciencias sociales se indignan por el uso poco técnico que la población general le da a este término, en lugar de entenderlo, por un lado, como consecuencia de nuestra incapacidad en la academia por popularizar ciertas discusiones. Y por otro lado, como una búsqueda que es en sí un momento que no admite ser desperdiciado para poner sobre la mesa del debate público los temas urbanos.

Vía Zócalo: el edificio que devora barrios

En el Barrio Antiguo de Monterrey se prepara lo que será el proyecto Vía Zócalo, un edificio de departamentos de lujo con 27 pisos que se erigirá como una estaca sobre el pecho de este barrio que desde hace años enfrenta un largo proceso de gentrificación. Las y los vecinos de la zona atestiguan desde hace tiempo este proceso crónico: desde la aparición de bares y hostales, el cómo las autoridades han priorizado el uso del espacio público para fines turísticos, el aumento desproporcionado de las rentas y del costo de vida, el ruido nocturno, entre otros cambios aparentemente irreversibles. En décadas pasó de ser una zona repelida a una codiciada.

Vecinas y vecinos han cuestionado los permisos de construcción que las autoridades le han facilitado al proyecto Vía Zócalo desde la pasada administración. También han denunciado la falta de transparencia y de participación que se les ha permitido en una decisión que no puede ser reducida a una mera gestión privada debido al impacto que tendrá en la totalidad del barrio. 

Vía Zócalo amenaza no solo con subir la velocidad a esta maquinaria de transformación, sino que también amenaza el suministro de agua. Actualmente, Nuevo León enfrenta una de sus peores crisis hídricas. La escasez generalizada de agua se debe a múltiples factores que van desde las condiciones propias del ecosistema donde se fundó la zona metropolitana de Monterrey, hasta el cambio climático y la corrupción. Podría pensarse que estos meses de alarma significarán un punto de quiebre para que el Estado y la sociedad replanteen sus prioridades. Sin embargo, la financiarización de la vivienda solo entiende las crisis como oportunidades para alimentarse.

A pesar de todo esto, el tema no pareciera ser visto con alarma para el gran grueso de la población regiomontana. En Nuevo León, el discurso de la casa (es decir, la propiedad) sobre la vivienda ha tenido un arraigo destacable. Muchas personas opinan que se trata de un asunto privado; por ello, ni las autoridades ni la población residente del Barrio Antiguo deberían entrometerse en las decisiones que una empresa decide tomar sobre sus recursos.

Cuando se nos despoja de la necesidad de habitar para reemplazarla por la necesidad de consumo inmobiliario, también se nos priva de las ciudades. Procesos como la gentrificación se aprovechan de esto para avanzar a pasos cada vez más acelerados.

Habitar políticamente

Los procesos de gentrificación afectan tanto los precios de las rentas como el acceso a servicios, así como la movilidad y las decisiones sobre el espacio público. Abordar el tema desde una perspectiva de derechos humanos nos obliga a discutir acerca de, por ejemplo, la regulación de plataformas para alquileres turísticos a corto plazo, la prohibición de enajenar espacios a los que ya se les ha dado un uso público, los límites a la construcción de grandes proyectos inmobiliarios en zonas céntricas de la ciudad, la diversificación del transporte público, los mecanismos de participación activa en la toma de decisiones sobre las ciudades, entre muchos otros temas.

Lamentablemente, todas estas discusiones suelen ser repelidas en automático debido a lo afianzado que está el discurso propietarista de la vivienda y la ciudad. Se acusa a cualquiera que toma estas medidas de atentar contra la propiedad privada, incluso cuando sus detractores no logran explicar un nexo causal entre la propuesta y su preocupación. Es ahí cuando vemos que una de las primeras luchas para reapropiar el territorio urbano debe ser la reconquista del territorio discursivo. Tenemos que ver la vivienda y la ciudad como una postura política frente a la lógica reduccionista de las casas y los terrenos para proyectos inmobiliarios. EP

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.