Lo único seguro para 2023 es que nada es seguro. Los cambios suceden, los choques llegan y la situación social y económica del país se ve afectada. Pasamos por una pandemia que tuvo consecuencias en la salud de la población, en el sistema de salud, en los niveles de pobreza y en la economía en general. El año 2022 se caracterizó por los altos precios del petróleo que impactaron positivamente en los ingresos públicos, pero que gastamos en estímulos para que no subiera el precio de la gasolina, y por la inflación alta que conlleva un alza en las tasas de interés de referencia.

Las finanzas públicas están determinadas, en gran medida, por los cambios y choques a través del crecimiento, las tasas de interés e incluso el tipo de cambios, entre otras. Cada año, antes del 8 de septiembre, el poder ejecutivo nos indica cómo se espera que la economía se desempeñe con los Criterios Generales de Política Económica y sobre esta estimación se planean los ingresos y gastos del gobierno.

Para 2023, el marco macroeconómico ha sido considerado muy optimista con un crecimiento del 3%; regresaríamos a un nivel de inflación del 4.7%; con una tasa de interés alta, pero no mayor al 9%. Con esta información, la Secretaría de Hacienda estima que los ingresos serían 7.1 billones de pesos, mientras que los egresos ascenderían a 8.3 billones de pesos, lo que da como resultado que los requerimientos financieros serían de 1.2 billones de pesos.

Ahora bien, el marco macroeconómico determina varios aspectos de las finanzas públicas, pero también lo hacen las decisiones tomadas desde el poder ejecutivo y el poder legislativo en cuanto a cómo recaudar más, cómo gastar el dinero público y cuánto endeudarnos, pues impactan en la sostenibilidad y la progresividad del sistema fiscal.

En este sentido, el gasto público está dirigido a cumplir con compromisos adquiridos y con los programas y proyectos prioritarios de esta administración. Esto quiere decir que queda un espacio del 2% del PIB para poder realizar, diseñar o innovar políticas que atiendan a las necesidades de la población, como un sistema de salud universal, mejorar la educación o invertir en un sistema de cuidados. Ese 2% del PIB se traduce en 4 751 pesos por persona para todo el 2023.

El gasto para pensiones y el costo financiero de la deuda asciende a 8.8% del PIB, mientras que recaudamos menos de 8% por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, no nos alcanza lo que ingresamos por el impuesto más fuerte a nivel nacional para cumplir con estas obligaciones. Además, estamos descobijando a las nuevas generaciones: más del 20% del gasto neto total se dirige a personas adultas mayores, mientras que el presupuesto para un sistema de cuidados para primera infancia se reduce a 0.5% del gasto neto total.

Otro aspecto relevante es la continua falta de interés por financiar de manera suficiente al sistema de salud. En CIEP hemos señalado que un sistema de salud universal al menos necesita 6 puntos del PIB para poder proveer a toda la población de servicios básicos de salud. Sin embargo, para 2023 se destinará, como en años anteriores, menos del 3% del PIB. 

El costo financiero de la deuda crecería 29% respecto a 2022, principalmente por el alza en las tasas de interés que el gobierno está pagando por deuda adquirida anteriormente; mientras que el gasto en inversión no recupera el nivel que teníamos en 2016 de 6% del PIB. Para 2023, se espera destinar a este rubro menos del 4%.

Los desafíos que tiene México para 2023 y los siguientes años en materia de finanzas públicas son muchos, pero intentaré enumerar los que considero más relevantes con base en los puntos expuestos anteriormente. 

El primero es sobre los ingresos públicos y el aumento observado en 2022 en la recaudación del ISR por encima del 10% resultado de la mejora en las acciones del SAT para cobrar este impuesto. Sin embargo, queda la duda de que este aumento sea sostenido. La proyección indica que los ingresos entre 2022 y 2023 crecerían solamente 0.8%, pues ya no habría ingresos petroleros excedentes y la recaudación no aumentaría como se observó en 2022. El principal desafío en este rubro es consolidar y aumentar los ingresos sin una reforma tributaria, la cual se quedó en el tintero en esta administración.

El segundo desafío es mantener la sostenibilidad fiscal sin una reforma fiscal. El crecimiento de los ingresos no va a la par de los requerimientos de gasto, de acuerdo con las prioridades de esta administración. El déficit presupuestario para 2023 es el más alto en los últimos cuatro años, lo que indica que el gobierno se endeudará. El problema que veo con la deuda es que son compromisos que pagarán las siguientes generaciones y mientras esa deuda no se invierta en proyectos con retornos positivos en el mediano y largo plazo, estamos dejando a las siguientes generaciones desprotegidas y con cada vez mayor deuda. En 2023, cada persona pagará 118 208 pesos por concepto de deuda.

El tercer desafío es la provisión de seguridad social a la población. Si consideramos a la seguridad social como un paquete que incluye servicios de salud, tener acceso a una pensión y contar con un sistema de cuidados, en realidad con lo único que el gobierno cumple es proveyendo con una pensión a toda la población mayor de 65 años a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM). Sin embargo, habría que analizar si esta política es la más adecuada, ya que por un lado 30% de las personas que reportan recibir la esta pensión, también reportan recibir una pensión contributiva, es decir, por parte de instituciones de seguridad social. Además, el monto destinado a pensiones, que asciende a 1.7 billones de pesos, se distribuye de manera desigual con pensiones muy onerosas como las de Pemex o CFE y pensiones con montos que apenas alcanzan para comprar la canasta básica. Asimismo, el gasto en pensiones desplaza el financiamiento del sistema de salud y del sistema de cuidados, descuidando la garantía al acceso a derechos tan importantes como la salud y la educación de la primera infancia.

El cuarto desafío es incrementar el gasto en inversión e infraestructura, más allá de los proyectos emblemáticos. La inversión pública es uno de los factores que impulsan el crecimiento económico a través de la construcción de proyectos de infraestructura que promueven la productividad y la competitividad de la economía. Los recortes sufridos por la inversión pública desde 2010 se han traducido en un aporte negativo al crecimiento del país. En 2021, se observó un incremento en la inversión pública y en el crecimiento, por tanto, es necesario fortalecer el gasto público en inversión también para atraer inversión privada.

A finales de 2022, la Cumbre Mundial del Clima en Egipto (COP 27) puso en la discusión global la relevancia del tema de cambio climático y sus consecuencias, en México no fue la excepción. Sin embargo, el quinto desafío que vislumbro es mantener esa atención hacia los compromisos climáticos y que se reflejen tanto en las políticas públicas, como en los presupuestos de egresos. Por ejemplo, con respecto a este tema se encuentra la transición energética, la cual es apenas mencionada en el paquete económico 2023, donde el gobierno propone algunos proyectos de energía renovable, pero no cuentan con presupuesto para que en 2023 se desarrollen.

Un sexto desafío es la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Los tomadores de decisiones deben comprender que las mujeres y los hombres desempeñan papeles complementarios en el proceso de producción. Esto significa que el aumento del empleo femenino es un estímulo para el crecimiento. Ambos aportan diferentes aptitudes y perspectivas al trabajo, incluidas distintas actitudes con respecto al riesgo y la colaboración. Cerrar las brechas de género debe ser una prioridad para poder incorporar a la vida y a las decisiones públicas a la mitad de la población.

Las entidades federativas tienen un papel muy importante en las finanzas públicas y podría ser todavía más relevante, si no dependieran tanto del gasto federalizado. La coordinación fiscal ha sido constantemente criticada y puesta en duda por la forma en que estipula la distribución de los recursos federalizados. Sin embargo, hay una parte que los estados y los municipios no han estimulado: aumentar la recaudación local a través de impuestos como la tenencia y el predial. Un séptimo desafío es poner sobre la mesa una discusión seria sobre la coordinación fiscal y los incentivos para que los gobiernos locales recauden más y también gasten de acuerdo con las necesidades de su propia población.

Finalmente, el octavo desafío es llevar a cabo una reforma fiscal al inicio de la siguiente administración. Me parece que queda claro que necesitamos hacer una reforma fiscal, no solo para aumentar los ingresos, sino también para poder mejorar la manera en la que gastamos los recursos públicos. Esta reforma fiscal debe incluir cambios en el sistema de pensiones que impacte en el monto que destinamos a este rubro para liberar espacio fiscal que permita financiar e implementar acciones para las siguientes generaciones. También debe incluir una revisión a fondo de la operación de las Empresas Productivas de Estado, las cuales no son transparentes, no rinden cuentas y tienen pasivos importantes. No debe quedar fuera la discusión de la coordinación fiscal y la progresividad del sistema fiscal.

Así, los desafíos son muchos, pero estos encuentro como punto en común la preocupación de la sostenibilidad fiscal, el envejecimiento de la población y el desarrollo de las siguientes generaciones. Esas generaciones son el futuro del país, pero no les estamos dando las oportunidades que necesitan: la educación cada vez tiene menos calidad y es un sector olvidado por esta administración; tienen menos acceso a salud y a un sistema de cuidados; tendrán menos posibilidades de tener una pensión digna y menos recursos naturales. Los cambios y reformas en la política fiscal deben realizarse pronto; al no hacerlo, estamos dejando que el tiempo nos alcance y las soluciones sean cada vez más complejas. EP

Fuentes

CIEP 2022. Paquete económico 2023. 

CIEP 2022. La inversión pública y su aporte al crecimiento.

Lagarde, C., and J. Ostry. (2018). Economic Gains from Gender Inclusion: Even Greater than You Thought.

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