En una foto, un grupo de mujeres mira a la cámara, algunas personas jóvenes están alrededor de ellas y atrás, una manta en la que se lee “HUELGA DE HAMBRE”. Son las Doñas del Comité Eureka!, familiares de personas desaparecidas, manifestándose por la presentación con vida de sus seres queridos. La foto está pegada en una hoja en la que vemos la fecha, sus nombres, su adscripción al entonces Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México y una descripción del evento. La fotografía es parte del archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que se aloja, gracias a la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, en el blog Archivos de la Represión. 

En los últimos meses, organizaciones de la sociedad civil hemos hecho público cómo desde las fuerzas armadas se ha espiado, durante este sexenio, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre de 2022, en vísperas del aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los teléfonos de dos integrantes del Centro Miguel Agustín Pro Juárez fueron intervenidos con el malware Pegasus. 

Durante sus conferencias matutinas, al ser cuestionado sobre el uso de Pegasus en su sexenio, el Presidente ha afirmado que lo que se lleva a cabo son tareas de inteligencia, y que esta administración no espía a nadie. Ha dicho, también, que las tareas son realizadas mediante órdenes judiciales. Sin embargo, lo que tienen en común una fotografía de hace casi cuarenta y cinco años, y las pruebas que se han presentado de la infección de teléfonos con Pegasus a lo largo de la actual administración federal es que demuestran cómo, a pesar de la narrativa de cambio, en México se espía a quienes son personas incómodas para el Estado. 

A fines de los años cuarenta del siglo pasado, se creó en México la DFS, agencia clave del espionaje político y la represión a opositores. Junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, la DFS orquestó y llevó a cabo la represión por parte del Estado entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Después convertida en CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional), esta instancia siguió desarrollando tareas de vigilancia y espionaje a grupos políticos y sociales. En esta administración, el CISEN se convirtió en Centro Nacional de Información (CNI). 

A pesar del cambio de nombre, hay dos hechos que llaman la atención: el primero, que el ahora CNI tiene entre sus cabezas más poderosas a Luis Rubén Sandoval, hijo del general Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional y, por otro lado, la información que se ha hecho pública de la existencia de un Centro Militar de Inteligencia operando desde el Campo Militar no. 1, espacio reconocido como la mayor cárcel clandestina que operó en nuestro país durante las décadas de la contrainsurgencia.  

El hecho de que como ciudadanos seamos espiados por exigir derechos, no es solo una invasión a nuestra intimidad y nuestra privacidad, sino muchas veces un primer paso hacia una represión más contundente. Tenemos ejemplos en décadas pasadas de cómo algunas personas fueron, primero, espiadas; luego, detenidas ilegalmente, y hasta desaparecidas. Tal es el caso de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido desde 1977, pero quien ya era vigilado al menos desde 1974, como muestran documentos alojados en el Archivo General de la Nación. Al sofisticarse las tecnologías, también lo han hecho los impactos de la vigilancia.  

Las nuevas tecnologías de vigilancia y sus impactos

El Estado mexicano ha continuado con tareas de espionaje por décadas, aunque las formas han cambiado en términos de la sofisticación y el impacto a la privacidad para los “objetivos” del espionaje. 

Ahora sabemos que en 2011, por iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón, el Ejército se convirtió en el primer comprador del agresivo malware Pegasus. A pesar de la negación oficial, hay evidencia contundente que arroja que dicho software elaborado por NSO Group sigue siendo utilizado sin control alguno por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo entre sus víctimas —por lo menos— a dos periodistas y tres defensores de derechos humanos en este sexenio.

Pero Pegasus no ha sido la única herramienta utilizada por diferentes y sucesivos gobiernos federales y estatales. En 2015 se destapó la compra del programa Galileo y otro denominado Da Vinci, ambos desarrollados por la empresa italiana Hacking Team. Su uso está documentado por parte de gobiernos autoritarios y con probadas prácticas criminales como el de Fidel Herrera y Javier Duarte, ambos ex gobernadores de Veracruz.

En los últimos años hemos conocido por organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y diversos medios de comunicación, la existencia de una gran variedad de herramientas como Geomatrix, Verint, Narus o el uso de IMSI Catchers (falsas antenas). A ellas, hay que sumar otras herramientas con capacidad de recopilación y sistematización masiva de datos existentes en internet, en particular de cuentas de redes sociales.  

Estamos hablando de la capacidad de un Estado con fuertes resabios de autoritarismo para vigilar a las personas, ya sea interviniendo los teléfonos, geolocalizándolos, haciendo “ingeniería social” con tratamiento masivo de datos publicados, o simplemente interceptando  llamadas. El pretexto es la lucha anticrimen, pero su uso descontrolado y sin regulación lleva a su utilización política con fines antidemocráticos: acabar con la crítica y la disidencia.

La posibilidad de penetrar en la intimidad de las personas vigiladas o espiadas va más allá de los individuos en particular, lo cual de por sí es grave. Hablamos de la capacidad para conocer e identificar fuentes anónimas o conversaciones de las mesas de redacción, en el caso de periodistas. O bien, tener conocimiento de conversaciones con víctimas, actores gubernamentales, trabajadores de los medios o representantes diplomáticos, en el caso de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Además, se conocen sus relaciones familiares y amorosas. En suma, hay más personas agraviadas por el espionaje que los individuos-objetivo; se está capturando la vida de toda una comunidad.

El espionaje ilegal siempre ha rebasado los fines que públicamente se pregonan en nombre de “la ley y el orden”.  A partir del hackeo llevado a cabo por el grupo Guacamaya a los servidores de la Sedena, sabemos que la vigilancia militar de los grupos criminales y su mapeo milimétrico no tiene como correlato el combate a la delincuencia, sino en todo caso la administración de la violencia. A ello hay que sumar que una institución profundamente autoritaria, como la militar, mete en el mismo costal de enemigos a organizaciones civiles, movimientos sociales y disidentes.

De esta manera, encontramos una línea de continuidad entre la inteligencia con fines de contrainsurgencia y la realizada para atajar a grupos de la delincuencia organizada: el carácter medularmente político de la acción de vigilar. De hecho, fue, es y será el preámbulo de violaciones a derechos humanos, muchas de ellas atroces, que hoy continúan en la impunidad.

El espionaje como preámbulo de la represión y la impunidad

La impunidad de las tareas de espionaje y violación de derechos humanos del pasado, la falta de un reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de lo negativo de estas violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, ha dado paso al momento en donde estas fuerzas actúan sin límites y sin rendición de cuentas. Incluso las instancias que se dedican a la inteligencia militar han sido ocultadas y, una vez descubiertas, negadas. Como sociedad, tenemos derecho a conocer las estructuras del Estado, a que su actuar sea transparente. Sin embargo, estos derechos son negados cotidianamente al ocultar o reservar información.  

¿Por qué es importante hablar del espionaje o la vigilancia ilegal en 2023, refiriéndonos también a la ocurrida desde hace décadas? La respuesta a esta pregunta tiene dos aristas fundamentales. Por un lado, con la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), se abre una puerta para que podamos saber como sociedad qué fue lo que ocurrió en esos años en términos de violación a los derechos humanos, incluido el espionaje. Quién y cómo lo llevaron a cabo nos permite entender el pasado, pero también conectarlo con el presente y el futuro. 

Más allá de los cambios de nombre de las instituciones dedicadas a la vigilancia y la represión, ¿las estructuras y las personas que las ocupaban se mantienen en operación? ¿Quiénes son esas personas y cuándo serán llevadas a procesos judiciales por los actos ilegales cometidos? Y sobre todo, tenemos derecho a saber quiénes fueron las víctimas de este espionaje ilegal, qué pasó con aquellas personas espiadas, seguidas, perseguidas y después detenidas ilegalmente, torturadas, ejecutadas de forma extrajudicial o desaparecidas. 

Nos encontramos en vísperas de elecciones estatales y federales en donde se decidirá quiénes y cómo nos van a gobernar los años venideros, aceptar que sea a través de la falta de transparencia y de la violación a derechos humanos, es dar un cheque en blanco a que se profundice la crisis de derechos humanos en la que está sumida el país. Seguir permitiendo que se amplíen las tareas de las fuerzas armadas y que se normalice el uso ilegal de tecnologías contra la ciudadanía, nos condena a renunciar a nuestra privacidad y nuestros derechos fundamentales. Es, en los hechos, seguir permitiendo que las fuerzas armadas tengan un papel central en la política de nuestro país, y que sigan ejerciéndolo sin contrapesos. EP

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