Los gobiernos de EUA y México han planteado cooperar con Centroamérica para abordar la problemática de la migración; sin embargo, no parece haber resultados claros. Carlos Heredia brinda un panorama de la situación y expone por qué la apuesta por el desarrollo local debe proceder de organismos de la sociedad civil.
Texto de Carlos Heredia Zubieta 06/04/22
Los gobiernos de EUA y México han planteado cooperar con Centroamérica para abordar la problemática de la migración; sin embargo, no parece haber resultados claros. Carlos Heredia brinda un panorama de la situación y expone por qué la apuesta por el desarrollo local debe proceder de organismos de la sociedad civil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joseph Biden, cada uno a su manera, se han propuesto cumplir sendos planes de cooperación con Guatemala, El Salvador y Honduras, pero sus intenciones iniciales se han diluido.
Ambos albergaron grandes expectativas. El mexicano solicitó a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) un Plan de Desarrollo Integral con los tres países y el sureste mexicano: no propone detener la migración, sino priorizar esfuerzos para el progreso material, la inclusión social y el desarrollo local, pero carece de dinero. El estadounidense planteó desde su campaña electoral una asociación con los pueblos de Centroamérica,1 que cuenta con presupuesto, pero no acierta en la ruta a seguir.
El presidente Biden ha movilizado a la vicepresidenta Kamala Harris, a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional, pero lo único claro hasta ahora es el mensaje de la vicepresidenta a los migrantes, subrayado en su visita a Guatemala en junio de 2021: “no vengan a Estados Unidos, la frontera está cerrada”.
Washington afirma que esta vez sí quiere abordar las causas de raíz de la migración, pero lo que en realidad le interesa es que los gobiernos vecinos se comprometan con la contención migratoria de sus propios ciudadanos a toda costa.
México usa a los migrantes centroamericanos como ficha de cambio en su relación bilateral con la Casa Blanca. Ha priorizado la exportación de dos programas sociales del Presidente de la República: Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida. Las ideas de facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral y de reforestar el suelo siempre van a parecer atractivas, pero su puesta en práctica no representa cooperación —que, una vez más, significa trabajar juntos desde el diseño hasta la ejecución y evaluación de los proyectos—, sino una vía de reparto unilateral de dinero.
Ninguno de los dos gobiernos tiene como prioridad el desarrollo del Istmo. Y aquí no estoy hablando de impulsar objetivos filantrópicos, sino de entender que más que la migración habitual, Centroamérica vive hoy un éxodo de sus propios habitantes, quienes huyen de una violencia sistémica, un deterioro ambiental y un autoritarismo político que los asfixia.
“Centroamérica vive hoy un éxodo de sus propios habitantes, quienes huyen de una violencia sistémica, un deterioro ambiental y un autoritarismo político que los asfixia”.
La retórica de Biden en el sentido de asociarse con los pueblos ha sido dejada de lado. De hecho, su gobierno tiene dificultades para explicar en qué se distinguen sus políticas de las de Trump, más allá de la retórica. Con la pandemia, siguió aplicando el Título 42 de la Ley de Salud —más como una medida política que sanitaria— que dejaba en la indefensión a quienes huían de la persecución y otros peligros, para cerrar el país a la inmigración. La Casa Blanca anunció el 1 de abril que dejará de aplicar el Título 42 el 23 de mayo del año en curso.
Asimismo, continúa instrumentando el eufemísticamente llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como Quédate en México, con el consentimiento del gobierno mexicano, que ha causado una tragedia humanitaria a la vista de todos. Ambos gobiernos dejan en el abandono a migrantes y solicitantes de refugio que han presentado su solicitud de asilo ante un tribunal estadounidense y esperan en suelo mexicano una improbable respuesta.
Aunque la aplicación de ambas medidas se habrá detenido eventualmente, el mensaje político del gobierno para los vecinos continúa siendo el mismo: “no vengan”, en contradicción con los empleadores estadounidenses que con el impulso de la recuperación económica dicen una y otra vez: “necesito trabajadores”.
En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei enfrenta un creciente rechazo de sus compatriotas, que lo ubican como parte de un pacto de corruptos que ha secuestrado al Estado para su beneficio privado.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele controla también a los poderes legislativo y judicial, y avasalla a los ciudadanos para convertirse en el país de un solo hombre.
En Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) entre 2014 y 2022 resultó en la toma del Estado por el crimen organizado. El marco político fue definido por el golpe de Estado de 2009 y su reelección fraudulenta en 2017, ambos hechos convalidados por Estados Unidos; el primero por el gobierno de Obama y el segundo por el gobierno de Trump. Tuvo que ser el voto del pueblo hondureño el que sacara del palacio de gobierno a JOH e instalara a la nueva presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022, quien enfrenta el desafío de desmantelar las redes criminales que colonizaron al gobierno, al legislativo y a los jueces, así como al grueso de las instituciones.
A su vez, los tres gobiernos centroamericanos mencionados (salvo el actual gobierno hondureño) y el gobierno mexicano han criticado en distintos momentos el hecho de que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgue financiamiento a organismos de la sociedad civil (OSCs) y le han exigido que lo retire. Por cierto, el mayor receptor del rubro asistencia externa en cada caso es el gobierno, por mucho. Washington no ha respondido directamente a esas exigencias, sino que en los hechos ha mantenido su apoyo a ambas partes, tanto a los gobiernos como a las OSCs.
El gobierno mexicano le ha pedido a Washington, en cambio, que financie sus programas sociales en Centroamérica; el resultado: ofrecimientos de apoyo técnico y asesoría, pero no dinero en efectivo.
Me parece que la apuesta tendrá que venir por el lado de los organismos de la sociedad civil, no para suplantar a los gobiernos de manera alguna, sino para abrir genuinamente esa vía. Parece cuesta arriba e incluso ingenuo proponerlo, porque los gobiernos han mostrado su distancia e incluso hostilidad hacia las OSCs.
Sí hay interlocutores confiables, con experiencia probada en proyectos de desarrollo local en temas educativos, ambientales, de producción agropecuaria y manufacturera, de mujeres, de la infancia, de derechos humanos, entre otras, en los cuatro países.
Un vehículo ideal para la interlocución con organismos de la sociedad civil en Guatemala, El Salvador y Honduras es la red de centros escolares Fe y Alegría. Se trata de un movimiento de educación popular integral y promoción social. Parte de la premisa de que la educación es un bien público, que es un asunto de toda la sociedad y que es un medio para la transformación social y ciudadana.
“Fe y Alegría piensa a los centros educativos como agentes multiplicadores del desarrollo local, nacional y regional”.
Fe y Alegría piensa a los centros educativos como agentes multiplicadores del desarrollo local, nacional y regional. Su trabajo en Guatemala, El Salvador y Honduras se realiza a través de 113 centros educativos, que en 2021 atendían a 78,244 personas, incluyendo a estudiantes a tiempo completo de primaria, secundaria y preparatoria y a tiempo parcial, así como padres de familia que realizan cursos de actualización.
Son escuelas públicas, operadas por una asociación civil dirigida por los jesuitas, que combinan fondos del Ministerio de Educación con donativos de fundaciones y agencias de cooperación. En un contexto de violencia y grandes desafíos económicos, políticos y sociales, Fe y Alegría fortalece el tejido social con cada centro escolar a través de acciones en:
En resumen, hacen habitables a las localidades donde tienen centros escolares.
Entre 2018 y 2021, Fe y Alegría, a través de una alianza de cooperación educativa con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Puente Ciudadano, AC, acompañamos a doce estudiantes —jóvenes hombres y mujeres guatemaltecos, salvadoreños y hondureños— en situación de riesgo para la realización de sus estudios de bachillerato técnico en planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del área metropolitana de la ciudad de Puebla. Este exitoso programa, denominado Jóvenes Promesas, fue auspiciado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría General Iberoamericana y respaldado por otros organismos mexicanos como Fundación JUCONI México, el Instituto Oriente de Puebla y la Ibero Puebla.2
Del 6 al 10 de junio tendrá lugar la Cumbre de las Américas, con el presidente Biden como anfitrión en Los Ángeles, California, con la participación de la sociedad civil, de jóvenes y de empresarios. Busca promover acciones concretas que mejoren la respuesta a la pandemia, impulsar una recuperación verde y resiliente, construir democracias fuertes e incluyentes y abordar las causas de raíz de la migración irregular. Bien harían gobierno y sociedad en cada país en revalorar experiencias como la de Fe y Alegría. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
