Rocío Espinosa, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez Grajales, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), presentan evidencia para el periodo 2016-2022 sobre movilidad educativa en México que apunta hacia una reducción en el crecimiento de la escolaridad.
Texto de Rocío Espinosa, Rodolfo de la Torre & Roberto Vélez Grajales 28/08/23
Rocío Espinosa, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez Grajales, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), presentan evidencia para el periodo 2016-2022 sobre movilidad educativa en México que apunta hacia una reducción en el crecimiento de la escolaridad.
En el discurso público sobre movilidad social, el factor señalado con mayor recurrencia como el principal para lograrla es la educación. El argumento es simple: contar con más años de escolaridad amplía las capacidades de las personas, con lo cual también se incrementan sus opciones de obtener mayores recompensas en el mercado de trabajo. Además, los sistemas de educación pública son de los instrumentos de política más tangibles para la población. Un objetivo central en la historia contemporánea de México fue incrementar la cobertura escolar, gracias a lo cual la escolaridad promedio de la población aumentó: de 1970 a 2016, los años de escolaridad promedio pasaron de 3.4 a 9.2.1 Aunque la escolaridad promedio siguió incrementándose hasta alcanzar los 9.9 años en 2022, la esperada para la población menor de 29 años de edad, donde predomina la que acude a la escuela, se estancó en 14.1 años de 2016 a 2018 y a partir de este último año comenzó a descender hasta llegar a los 13.6 años en la actualidad. Esto sugiere que el sistema educativo que entregó resultados de ascenso escolar continuo para las generaciones pasadas ha dejado de hacerlo. Sin embargo, esta información no es suficiente como para afirmar que los grupos jóvenes de hoy están dejando de alcanzar muchos más años de escolaridad que sus padres.2
En este ensayo presentamos evidencia para el periodo 2016-2022 sobre movilidad educativa en México que apunta hacia una reducción en el crecimiento de la escolaridad, la cual se acompaña de un patrón de estratificación que limita el espacio de oportunidad educativa entre la población de jóvenes que proviene de hogares con menor nivel educativo. A pesar de lo anterior, no encontramos evidencia de que instrumentos de política, como las transferencias monetarias en el ámbito educativo, sigan un patrón de asignación progresivo que resulte consistente con dicha educación de origen.
Existe evidencia intergeneracional que muestra que si bien la escolaridad general sigue en aumento, la estratificación se mantiene. Ejemplo de lo anterior son los resultados educativos que arroja la Encuesta ESRU de movilidad social en México 2017 (ESRU-EMOVI 2017) del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la cual captura información para la población mexicana de 25 a 64 años y para la de sus padres: las personas de padres con estudios profesionales tienen una probabilidad 13 veces mayor de alcanzar ese mismo nivel de estudios que aquellas de padres sin estudios.3
El análisis intergeneracional de la ESRU-EMOVI resulta muy valioso; sin embargo, al ser un levantamiento que se realiza cada seis años, no permite dar un seguimiento más recurrente en materia de movilidad educativa. Una alternativa se encuentra en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI, que se levanta cada dos años. Existe una diferencia de naturaleza que restringe la comparabilidad en materia educativa entre las dos fuentes de información. Aunque en ambos casos se trata de un corte transversal con pregunta contemporánea que permite capturar información sobre niveles educativos de las personas entrevistadas en sus hogares, la ENIGH no cuenta con un diseño de pregunta retrospectiva (anclada en los 14 años de la persona entrevistada como edad de referencia) que permita recuperar información sobre la educación de sus padres, quienes no conforman esos mismos hogares. En ese caso, una alternativa es recuperar dicha información para dos generaciones al interior de los hogares, con la información de los jóvenes que se encuentren en una edad más cercana a la finalización de su estancia en la escuela (18 a 24 años) así como la de las madres y/o padres que viven en el mismo hogar. De esa manera, existe la posibilidad de aproximarse a la comparación requerida, aunque esto genere dos tipos de sesgo potencial: la población joven no necesariamente ha terminado su recorrido educativo y no se cuenta con la información de la población joven que ya abandonó el hogar de sus padres.4
En este ensayo presentamos tres tipos de análisis: (1) movilidad educativa absoluta al interior de los hogares; (2) movilidad relativa desde los extremos de la escalera educativa; (3) composición por grupo educativo de los padres de las transferencias educativas del gobierno. Dadas las posibilidades de comparabilidad que ofrece la ENIGH, las estimaciones se acotan al periodo 2016-2022, con la posibilidad de analizar la dinámica para cada dos años: 2016, 2018, 2020 y 2022.
La manera de realizar este comparativo es muy simple. Se trata de observar al interior del total de los hogares la proporción de jóvenes que han superado, igualado o quedado atrás de sus padres en términos de escolaridad (Gráfica 1). Si bien entre 2016 y 2022, alrededor de 7 de cada 10 personas entre 18 y 24 años cuenta con más años de escolaridad que sus padres (movilidad ascendente), para 2022, 1 de cada 5 jóvenes queda por debajo de la escolaridad de sus padres (movilidad descendente). Aunado a lo anterior, arriba del 10 % del total de jóvenes no la superan (inmovilidad). Como resultado de esta dinámica, la diferencia en años de escolaridad entre los jóvenes y sus padres se redujo de 2.8 a 2.4 años entre 2016 y 2022. Sin embargo, más allá de esta pérdida de ventaja para los jóvenes, si sumamos los porcentajes de movilidad descendente e inmovilidad es patente que la proporción de jóvenes que tiende a quedarse cada vez más lejos del grupo que sí ha experimentado avances intergeneracionales con relación a sus padres, no resulta menor.
Para la movilidad educativa, en términos relativos se requiere examinar las permanencias y transiciones respecto a los estratos de logro escolar, las cuales relacionan los niveles educativos alcanzados por las dos generaciones que se analizan: jóvenes y padres (en la Gráfica 2 se presentan los resultados para los extremos de las condiciones educativas de origen). De esta forma, lo que se obtiene es una matriz que va desde un extremo inferior que representa a las poblaciones con 0-6 años de educación (primaria) hasta un extremo superior para más de 12 años de educación (profesional). En este caso, la movilidad educativa ascendente resulta en la proporción de población de jóvenes que supera a sus padres, la de inmovilidad es aquella proporción que alcanza el mismo nivel que el de sus padres y la de movilidad descendente es la proporción que queda por debajo del nivel educativo de sus padres. A diferencia del análisis absoluto, en el caso relativo, la desagregación por niveles educativos permite observar la magnitud de la movilidad, dado que conocemos el nivel de partida. De esta manera, es posible comparar la probabilidad de avance o retroceso entre distintos niveles educativos de partida (los de los padres), con lo cual es posible inferir si la circunstancia educativa de origen de los jóvenes es una fuente de estratificación que se diluye o refuerza en el tiempo (2016-2022).
De 2016 a 2022, el porcentaje de jóvenes de padres con educación primaria o menos que alcanzaron los años de escolaridad equivalentes a estudios profesionales creció de 11.8 a 14.8 por ciento. Por otra parte, dicho porcentaje para los jóvenes de padres con estudios profesionales pasó de 57.4 a 60.5 por ciento. Lo anterior implica que aunque en ambos extremos se incrementa la proporción de jóvenes con una escolaridad equivalente a la de estudios profesionales, la probabilidad de lograrlo, dada la diferencia de escolaridad de sus padres, aunque se redujo de 2016 a 2022, actualmente es más de cuatro veces mayor para los jóvenes de origen educativo más aventajado.
De los dos tipos de movilidad educativa analizados previamente sabemos que, por un lado, a pesar de un incremento generacional de la escolaridad promedio, en 2022, más del 30 % de los jóvenes entre 18 y 24 años no lograron superar la escolaridad de sus padres. Y por el otro lado, que la composición del avance escolar se concentra más que proporcionalmente entre la población de jóvenes que cuentan con padres más educados, es decir, que en lo que a alcance en escolaridad se refiere, el origen educativo de los jóvenes importa. A partir de aquí, resulta valioso analizar si el esfuerzo de política pública va en una dirección que permita que estos dos problemas se reviertan. En este sentido, análisis previos confirman que un factor determinante de la desigualdad de oportunidades es la escolaridad de los padres,5 de tal forma que una política que promueva la movilidad social procuraría apoyar a quienes provienen de hogares con menores niveles de escolaridad. Si se canalizan mayores recursos a quienes tienen esta desventaja de origen, el efecto esperado sobre el saldo de movilidad ascendente para el conjunto de la población es mayor.
En cuanto a la asignación de gasto público, la ENIGH permite tener información sobre las transferencias educativas gubernamentales que reciben los hogares. Al respecto, analizamos el monto total que reciben, según el nivel educativo de los padres. Para ello, dividimos a la población en cinco grupos ordenados con base en un índice de escolaridad para los padres. Los resultados muestran que la composición de las transferencias gubernamentales por grupo de educación de los padres cambió de manera dramática y en contra de los hogares con los padres con menor escolaridad (Gráfica 3). Para 2016 y 2018, aunque con menor peso para este último, las transferencias se repartieron más que proporcionalmente entre los hogares con menor educación de origen: el grupo 1 (quintil más bajo) recibió 34 y 30 % de las transferencias en 2016 y 2018, respectivamente, mientras que el grupo 5 (quintil más alto), recibió 8 y 6 %, también respectivamente. En cambio, en 2020 y 2022 esta tendencia se revirtió, de tal manera que el quintil más bajo recibió 17 y 18 % de las transferencias, respectivamente, mientras que el más alto recibió 19 y 22 %, también respectivamente. Así que, al menos en lo que toca a las transferencias gubernamentales educativas, los hogares con mayor desventaja en esta dimensión, cada vez, han recibido menos en términos relativos. En ese sentido, al menos las transferencias gubernamentales educativas, no se pueden considerar como un instrumento que con el paso de los años desde 2016 se haya utilizado para revertir los problemas de movilidad y estratificación educativa originalmente expuestos.
Si bien ha existido un avance en términos de años de escolaridad promedio en las décadas pasadas, los datos de la ENIGH para el breve periodo 2016-2022 permiten observar una reducción en la movilidad educativa absoluta, aunque con un incremento de probabilidad para los jóvenes de alcanzar estudios profesionales. Los datos muestran que existe una proporción importante de jóvenes que no están logrando superar a sus padres en términos educativos, además de que la estratificación por condición de origen (en este caso la escolaridad de los padres) aunque se ha debilitado, sigue constituyéndose en una barrera a la movilidad educativa ascendente difícil de superar. Además, en cuanto a las transferencias gubernamentales educativas, la evidencia muestra que el esfuerzo para revertir lo anterior se ha debilitado durante este periodo. Esto último hay que remarcarlo, ya que una política que procure la movilidad social debe hacer el esfuerzo por dirigirse a quienes presentan mayores desventajas, que en el caso que nos atañe, son quienes se forman en hogares con una menor escolaridad de los padres. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
