El pasado domingo 1 de septiembre, miles de estudiantes mexicanos nos reunimos en el Ángel de la Independencia para marchar. El motivo de la convocatoria era la defensa de la independencia judicial, bajo el contexto de una reforma constitucional al poder judicial que busca que elijamos a las y los ministros, magistrados y jueces por voto popular, entre otras cuestiones que podrían poner en riesgo la imparcialidad y calidad de nuestro sistema de impartición de justicia. 

Personalmente, sentimos mucho orgullo al poder marchar con nuestras compañeras y compañeros; aunque la realidad es que no estábamos solos: nos acompañaron profesoras, egresadas de universidades, barras y colegios de abogacía e incluso figuras destacadas como el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Como estudiantes de universidades públicas, consideramos que es de gran importancia que nuestras compañeras y compañeros nos unamos para alzar la voz y fijar una postura ante la situación actual. En repetidas ocasiones, las y los jóvenes somos desplazados de la conversación sobre los temas de coyuntura nacional y consideramos que es fundamental que aseguremos que nuestras voces sean escuchadas. Precisamente ese es el espíritu del pódcast; Upstander es una persona que alza la voz y actúa frente a una injusticia. 

Si queremos fijar una postura, necesitamos informarnos, escuchar diagnósticos y utilizar nuestro criterio para así, tomar partido. Por lo anterior, buscamos sostener conversaciones con personas que han dedicado sus vidas al estudio y ejercicio de la profesión judicial para que pudieran explicarnos cómo funciona actualmente el Poder Judicial Federal y cómo podría cambiar a partir de la reforma constitucional. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en palabras de sus operadores 

Desde nuestra perspectiva, los medios mexicanos han enfocado su atención en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no es para menos. Nuestro tribunal constitucional sufriría cambios trascendentales; sin embargo, consideramos que necesitamos hablar más sobre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues desempeña un papel fundamental en nuestro sistema. En palabras del jurista Jorge Carpizo, uno de los objetivos al crear esta clase de órgano es mejorar la administración de justicia. “Esto se logra liberando a los funcionarios jurisdiccionales de tareas administrativas, disciplinarias y de representación política, permitiéndole concentrarse exclusivamente en su función principal”. 

En palabras de la magistrada y consejera Lilia Mónica López Benitez:

Es importante advertir que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, el cual es el órgano de administración y vigilancia. El Consejo se ocupa de la administración de 931 órganos jurisdiccionales a lo largo de la República y de administrar todos los recursos, incluyendo al personal profesional y administrativo, el cual se compone por aproximadamente 55,000 personas. El CJF no sólo de la administración, sino también de la vigilancia y de la disciplina. 

Sobre la composición del Consejo, la magistrada López Benitez explica que: 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) opera a través de diversas comisiones, cada una con funciones específicas: 

1. Comisión de Administración: Administra los recursos económicos, materiales y humanos del CJF. 

2. Comisión de Disciplina: Maneja los procedimientos relacionados con quejas contra miembros del sistema judicial, determinando su responsabilidad y, en su caso, la imposición de sanciones, que pueden ir desde apercibimientos públicos o privados hasta la destitución. 

3. Comisión de Vigilancia: Supervisa la seguridad de los jueces, especialmente en materia penal, y coordina las visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales que se realizan dos veces al año. La Visitaduría Judicial apoya a esta comisión, presentando los resultados de las inspecciones para que se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas. En caso de incumplimiento, se toman medidas que pueden afectar la ratificación de los jueces tras seis años de servicio, ya que deben mantener un puntaje mínimo de 80. 

4. Comisión de Carrera Judicial: Se encarga de organizar concursos y cursos en coordinación con la Escuela Federal de Formación Judicial para acceder a diferentes cargos, desde jueces de distrito hasta magistrados de circuito, así como otros puestos como actuarios judiciales o secretarios. 

5. Comisión de Adscripción: Analiza los perfiles de los jueces para determinar la materia en la que mejor se desempeñan y asignarlos a lugares adecuados, ya sea por petición de los interesados o por necesidades del servicio. 

Estas cinco comisiones generan el trabajo que luego es discutido en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, compuesto por siete miembros: la Ministra Presidenta de la Suprema Corte, dos consejeros nombrados por el Senado, uno por el Presidente de la República, y tres con carrera judicial. 

Desde una perspectiva de políticas públicas, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez nos explicó que: 

En el modelo de administración de la institución, el liderazgo se define a partir del nombramiento de un ministro o ministra presidenta de la Suprema Corte, quien también integra la administración del Consejo de la Judicatura. Esta designación trae consigo un plan de trabajo y ciertos lineamientos u objetivos que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en este caso, desea implementar. Estos objetivos son, en definitiva, la razón por la que sus colegas se convencieron para votar por ella y otorgarle la responsabilidad de dirigir también este órgano administrativo. 

Por tanto, estos son los objetivos hacia los cuales debemos alinearnos en la institución, respetando la autonomía que cada consejero posee. Sin embargo, es fundamental tener una dirección clara. En función de esta dirección, se identifican las tareas, acciones y áreas de oportunidad que se desean fortalecer y, a partir de ahí, se diseñan programas de política pública, estableciendo objetivos generales y específicos, cronogramas, asignación de tareas, seguimiento, supervisión y evaluación de resultados. 

Estos aspectos abarcan tanto la carrera judicial como la disciplina, y son evaluados por las diferentes comisiones. Dichas comisiones son responsables de analizar y evaluar estas directrices, que se implementan principalmente a través de las secretarías ejecutivas de cada área. Las comisiones presentan sus evaluaciones al pleno del Consejo de la Judicatura, que sesiona una vez por semana para tomar las decisiones correspondientes. 

Además, el magistrado Montalvo Martínez nos invitó a reflexionar a mayor profundidad la independencia judicial. Al respecto, mencionó: 

Los aspectos de la independencia judicial son múltiples. Parten de contar con un salario digno, que permita al juez o jueza tener una vida decorosa sin lujos, hasta ofrecer garantías que los protejan de influencias externas. Un salario adecuado evita que, ante una presión económica, el juzgador se vea tentado a recurrir a una intervención económica externa. 

Otra garantía judicial fundamental es la inmovilidad en el cargo. Cuando un juez o jueza es designado en su puesto, después de seis años se puede iniciar un proceso de ratificación que dura seis meses. Durante este tiempo, se expone a la ciudadanía la posibilidad de que el juzgador sea ratificado y se evalúan su evolución patrimonial, comportamiento, quejas o denuncias en su contra, y su productividad durante esos seis años. Una vez ratificado, el juzgador debería tener la seguridad de permanecer en su cargo, salvo que exista una causa grave. 

Estos dos aspectos, el salario digno y la inmovilidad, son cruciales para que el juzgador pueda concentrarse en su labor principal, sin preocuparse por factores externos, y para protegerse ante posibles presiones que puedan surgir, tanto en nuestro país como en cualquier parte del mundo. Además de las presiones económicas, también existen presiones físicas y psicológicas. Por ejemplo, al tener que manejar expedientes donde están en juego intereses económicos importantes o la libertad de

las personas, el juez puede enfrentarse a riesgos, no solo en el ámbito penal sino en cualquier materia. 

Otro tipo de presiones son de carácter político, especialmente cuando la actividad de un juez o jueza es cuestionada de manera sistemática. Esto puede generar una opinión pública negativa, lo que a su vez crea presión adicional sobre el juzgador. Es evidente que este tipo de cuestionamientos no son saludables. Si bien todas las decisiones son cuestionables, este proceso debe realizarse desde la institucionalidad y el respeto, ya que es la forma en la que podemos avanzar de manera democrática y republicana. 

En cuanto a la reforma al poder judicial, la magistrada López Benitez considera que: 

La reforma judicial plantea cambios en el sistema de justicia que, a primera vista, parecen simples. Sin embargo, si uno analiza la exposición de motivos, se puede observar que estos cambios son insuficientes, ya que no abordan de manera integral la mejora del sistema judicial. En su mayor parte, la reforma se centra en el Poder Judicial de la Federación, lo cual es preocupante porque no abarca todos los elementos necesarios para mejorar la justicia en México. 

El objetivo de la reforma podría ser positivo, ya que todos coincidimos en la necesidad de tener una justicia sólida, rápida y justa. No obstante, me preocupa cómo se está planteando, ya que para mejorar el sistema de justicia se debería considerar no sólo al Poder Judicial de la Federación, sino también a las fiscalías, peritos y poderes judiciales locales. Todo es perfectible, pero la reforma parece enfocarse únicamente en el Poder Judicial de la Federación, con la idea de que un cambio en la forma de llegar a los cargos será suficiente. 

Se propone elegir a jueces y magistrados a través de un voto popular, pero esto presenta varios riesgos. Alguien podría ser elegido sin tener el conocimiento técnico o la vocación para juzgar. La carrera judicial, que garantiza imparcialidad, solvencia técnica y experiencia, es fundamental. Elegir a jueces y magistrados por voto popular podría llevar a que lleguen personas que no tienen las competencias necesarias, del mismo modo que no todos tenemos conocimientos sobre ingeniería o aviación para votar sobre ellos. 

El planteamiento de la reforma podría generar riesgos significativos para la imparcialidad y la calidad de la justicia. La reforma parece subestimar la complejidad del trabajo judicial, que es más un oficio que requiere experiencia y aprendizaje gradual, como el trabajo de un maestro carpintero que avanza de aprendiz a experto. 

Pensar en una reforma que solo busca cambiar a los titulares del Poder Judicial de la Federación no resolverá los problemas de justicia, transparencia y corrupción. No estamos en contra de la reforma, sino que se debe partir de un diagnóstico real y

efectivo, con la participación de todos los actores del sistema de justicia para identificar las mejores prácticas y evitar un colapso en la impartición de justicia. 

En cuanto a la reforma en materia de administración de justicia, la magistrada López Benitez advierte que: 

La reforma también sugiere separar el órgano de administración judicial del tribunal de disciplina. Aunque parece sencillo, esta separación podría afectar la comunicación y coordinación necesarias entre ambos órganos, lo cual es crucial para un funcionamiento eficiente. Por ejemplo, los contadores y visitadores judiciales, que son esenciales para la disciplina, estarían más vinculados al órgano de administración. 

En resumen, la reforma, tal como está planteada, podría generar más problemas que soluciones, debido a la falta de claridad y cohesión entre los diferentes elementos del sistema judicial. Es fundamental que cualquier reforma se base en una evaluación realista y considere la participación de todos los involucrados en el sistema de justicia. 

Por otro lado, el magistrado Montalvo Martínez externó su preocupación por la creación de un tribunal de disciplina, argumentando que: 

A primera vista, la idea de un órgano que supervise a los jueces puede sonar bien, pero debemos considerar que ya existe una comisión de disciplina que lleva a cabo esta tarea de manera puntual desde hace mucho tiempo. 

Actualmente, esta comisión aplica sanciones que van desde suspensiones, sanciones económicas, inhabilitaciones, apercibimientos privados, hasta amonestaciones públicas, todas consultables para la ciudadanía. Entonces, podrías preguntarte: ¿qué diferencia hay si ahora esta tarea la realiza un órgano especializado como el tribunal de disciplina en lugar de tres personas o de un pleno de siete? La respuesta no es tan sencilla. 

El problema radica en los términos en los que está planteado este tribunal, ya que presenta conductas ambiguas y otorga un poder excesivo. Ante la mínima imprecisión o retraso en la integración de un expediente, se podría abrir una investigación de responsabilidad. Dado el volumen de trabajo, es fácil imaginarse en un escenario donde estas intervenciones sean constantes. Además, como he señalado en varios foros, uno de los grandes problemas de la justicia que no es pronta ni expedita no radica en el juez en sí mismo. Los jueces son más bien directores de un juego de reglas, de procedimientos establecidos en leyes que determinan plazos y recursos. 

Las leyes de procedimientos ordinarios y extraordinarios, como el juicio de amparo, están altamente burocratizadas, lo que deja al juez con poco margen de acción para agilizar los procesos. Si un juez se desvía mínimamente de estas reglas, la amenaza de intervención por parte de un tribunal de disciplina sería alta. Esta situación podría generar una presión constante y difícil de manejar, ya que las normas bajo las cuales operaría dicho tribunal son demasiado generales y ambiguas.

Creo que la solución no está en la creación de este tribunal, sino en la reestructuración de las leyes procedimentales ordinarias de todos los juicios. Son estas leyes, en mi opinión, las que ralentizan en exceso la resolución de los casos. 

Los estándares internacionales 

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y jueces, nos invita reflexionar sobre la importancia de la independencia judicial: 

La independencia judicial suena como algo que tiene que ver con los derechos de los jueces, pero, en realidad, se trata de los derechos de todas las personas en un país o sociedad determinados para tener acceso a un sistema de justicia imparcial y de calidad. Para poder resolver cualquier tipo de disputa o tener la capacidad de obtener lo que necesitas en tu vida diaria y asegurarte de que tus derechos están protegidos, debes tener un sistema justo e imparcial al que puedas recurrir. Y creo que muchas veces la gente da esto por sentado, hasta que ya no lo tiene. 

Por eso, creo que es de suma importancia comenzar a hablar de la independencia judicial como algo que todas y todos necesitamos proteger. Cada ciudadano tiene un interés en ello y todas las personas en un país tienen un interés en que ese sistema funcione, que cuente con todos los recursos necesarios, que tenga personas preparadas que comprendan la ley y que también entiendan los desafíos que enfrentan las personas a diario. Considero que todos estos elementos son fundamentales y, aunque el tema puede volverse técnico muy rápidamente, no tiene por qué serlo. En última instancia, el punto clave es que todas y todos tenemos un interés en un sistema de justicia imparcial e independiente. Y todas y todos tenemos la obligación de asegurarnos de que esté protegido y de que pueda funcionar. 

Sobre la reforma al poder judicial, Satterthwaite enfocó su atención a la elección de ministros, magistrados y jueces, argumentando que: 

Es importante democratizar la justicia, es importante asegurarse de que la justicia esté disponible para todas y todos en una democracia Pero, irónicamente, no se democratiza la justicia eligiendo a los jueces. 

Primero, no existe una regla estricta del derecho internacional que prohíba elegir jueces. La regla es que las y los jueces deben ser seleccionados por su por su conocimiento, su entendimiento de la ley y su capacidad. Esto se reflejaría en su trayectoria: ¿qué trabajos han tenido en el pasado? ¿Cómo podemos ver que son aptos para este trabajo? Si, por ejemplo, se trata de un juez de alto nivel, ¿qué han hecho como jueces de nivel inferior? Y, por supuesto, su honorabilidad, su ética. 

Ahora bien, estas cosas son muy difíciles de evaluar cuando se elige a alguien; no es el proceso de selección más adecuado para ese propósito. Así que lo que vemos en el mundo es una variedad de maneras de seleccionar a las y los jueces. Según los estándares internacionales, todas deben enfocarse en esos tres aspectos: capacidad,

experiencia e integridad o ética. Y, en general, lo que se encuentra son órganos independientes o entidades independientes que evalúan estos aspectos utilizando métodos establecidos, transparentes y verificables para encontrar buenos jueces. 

Si miras la historia y la experiencia en el mundo de elegir jueces, es realmente limitada, pues no hay muchos países que lo hagan. Los dos países que se mencionan con mayor frecuencia son Bolivia y Estados Unidos. En cuanto al segundo, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos han expresado su preocupación a Estados Unidos sobre su método de selección de jueces —esto ocurre en los estados, no en los tribunales federales— argumentando que no se ajusta a estos tres criterios. 

La elección de jueces es un problema porque en las campañas electorales comienzan a surgir ciertas fuerzas que se vuelven bastante predominantes. A veces, son solo personas organizadas en torno a temas particulares, pero en muchos lugares también comienza a intervenir el dinero. Y lo que la evidencia empírica muestra en Estados Unidos es que hacer campaña con dinero empieza a mostrar resultados, desafortunadamente, incluso entre jueces. 

La idea de que fuerzas económicas o incluso grupos organizados con un deseo electoral particular influyan en el resultado de un caso, cualquiera puede ver que eso es potencialmente problemático. Y esa es tanto la evidencia como la intuición detrás de la preocupación sobre las elecciones como forma de elegir a los jueces. Y, por último, la preocupación en materia de derechos humanos: se trata de garantizar que una judicatura independiente requiere seleccionar jueces únicamente en función de sus méritos, su capacidad, su trayectoria y su ética o integridad. 

Por último, la magistrada López Benitez y la relatora Satterthwaite dirigieron un mensaje a las y los estudiantes de las facultades de Derecho del país. La magistrada declaró: 

Me gustaría decirles a los estudiantes que no se mantengan al margen de esta reforma. No piensen que, por estar estudiando, no son parte de este proceso; serán parte de él cuando ingresen al mundo profesional, ya sea en un órgano jurisdiccional, en una empresa o en el servicio público. Debemos estar comprometidos con lo que sucede en nuestro país, y como estudiantes, este es el momento de hablar, expresar sus inquietudes, compartir sus preocupaciones y, sobre todo, ser conscientes de lo que está ocurriendo. 

Es fundamental analizar los pros, los contras y proponer soluciones, porque ustedes, como jóvenes, tienen una mente fresca y una perspectiva que tal vez nosotros, con tantos años de experiencia, ya no podemos ver. Su responsabilidad no solo se centra en su futura profesión; también deben llevar este mensaje a su familia, amistades, comunidad, escuela y entorno en general. Todas las personas deben conocer los riesgos de esta reforma, porque a menudo escuchamos mensajes y, cuando no sabemos del tema, podemos dejarnos llevar por la voz más fuerte, que no siempre es la correcta. 

Por eso, todas y todos necesitamos tener los elementos necesarios para discernir si algo está bien o mal, o para proponer cómo se puede mejorar. Jóvenes estudiantes de las Facultades y Escuelas de Derecho: ustedes tienen un papel fundamental en esta reforma; no son ajenos a ella, su voz es crucial y merece ser escuchada. 

La relatora Satterthwaite declaró: 

Creo que los estudiantes de derecho,juegan un papel de puente entre las personas que son profesionales del derecho —jueces, abogados, todos nosotros que hemos trabajado en esto durante mucho tiempo— y las personas comunes que quizás no tengan ningún tipo de conocimiento experto sobre el sistema legal. Las y los estudiantes de derecho están en una posición perfecta para explicarles a sus familiares y amigos por qué la independencia judicial es importante para ellas y ellos. Considero que hablar de esto de una manera que lo coloque en nuestra vida diaria, usando ejemplos, es algo que cada estudiante de derecho puede hacer de una manera que podría tener un impacto real. Si logramos que la independencia judicial sea algo cotidiano, creo que la gente comenzaría a reflexionar sobre ello y a entender que es algo que también nos importa a todas y todos. EP

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