1. Contexto político

En julio de 2018 se decidirá en las urnas el sendero por el que aspiramos que México transite en los próximos años para convertirse en una potencia económica con un alto nivel de desarrollo humano. Ello requiere enfrentar grandes desafíos que se le presentan al país; sin embargo, existe la percepción de que no hay partido político ni alianza que tenga la capacidad de conducción para superarlos. En la historia reciente de México y, en particular, durante los últimos 17 años, resaltan la ineptitud y la corrupción como rasgos distintivos de los tres niveles de gobierno.

En la administración actual, diversos indicadores evidencian el fracaso de la política social y económica, tales como el bajo crecimiento de la producción, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, pero el mayor agravio para la sociedad ha sido el aumento de la corrupción, la impunidad y el cinismo. De igual manera, a pesar de que existe evidencia de delitos de diversa índole por parte de servidores públicos, tales como: licitaciones a modo, promoción del cohecho, desvío de recursos, conflictos de intereses y electorales, continúa el encubrimiento de autoridades y la complicidad del poder judicial, retroalimentando con ello la ilegalidad. Lo que podría parecer una rectificación en materia de aplicación de justicia, como dejar de encubrir e iniciar procesos legales en contra de ex-gobernadores del PRI, es sólo una reacción obligada para evitar un mayor desprestigio de ese partido e intentar hacerlo más presentable en la contienda de 2018. La ley aplicada a conveniencia, una constante en la historia de México.

Convergen, así, tres fenómenos que configuran un escenario sumamente complejo para México: 1) persistencia o agravamiento de problemas en los ámbitos social y económico, que en gran medida es el resultado de la inefectividad de los distintos gobiernos en el diseño e instrumentación de políticas públicas; 2) descrédito y repudio hacia todos los partidos políticos, así como a los gobiernos, por su deshonestidad y falta de compromiso con la sociedad;¹ y 3) desconfianza en las autoridades electorales² por su probada inoperancia para sancionar delitos electorales flagrantes, tales como gastos de campaña excesivos, compra de votos e inobservancia de los tiempos electorales reglamentados.

En la esfera política existe un rompimiento de facto entre gobierno y sociedad; la conducta de los congresos federal y estatales se rige primordialmente por intereses partidistas y personales, por lo que los acuerdos y la eventual aprobación de iniciativas de ley se basan en la evaluación del costo-beneficio particular, no social. Los principios e ideología puestos en venta al mejor postor. Diputados y senadores no son vistos como auténticos representantes de la sociedad. Este fenómeno, sumado a la ineficacia gubernamental, explica que el porcentaje de la población en México que está conforme con la democracia sea sólo 18%, cifra que contrasta con el promedio para América Latina, 30%.³

La poca efectividad de los distintos gobiernos, la frustración y el malestar creciente de la población, previsiblemente motivarán a la mayor parte del electorado a ejercer el voto estratégico, por eliminación (el menos malo) o por castigo; el resultado puede representar un riesgo muy alto para México. Por otra parte, las candidaturas independientes, si bien representan una alternativa interesante para romper con el monopolio de los partidos políticos, han perdido notoriedad, principalmente por el gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León que a septiembre de 2017 mostraba un balance negativo.⁴

2. El legado de la administración actual y los desafíos en materia social y económica 

Hacia fines de la administración actual, los problemas más graves que México sigue enfrentando son la pobreza y la desigualdad, tanto de ingresos como de oportunidades, lo que obstaculiza alcanzar mayores niveles de bienestar social. Los gobiernos de todos los países cuentan con dos instrumentos para atender estos problemas: la promoción del crecimiento económico de largo plazo y el diseño de una estrategia de desarrollo social, apoyada en una política fiscal que distribuya los beneficios del crecimiento, mediante un mayor acceso a educación decalidad, a servicios de salud y a seguridad social.
En ambos aspectos, la situación actual refleja inefectividad de las políticas públicas en la materia.

En cuanto al crecimiento de la producción, se estima que el Producto Interno Bruto (PBI) aumentará a una tasa promedio de 2.4% entre 2013 y 2018, que es insuficiente para la generación de empleo formal, salarios remuneradores y el acceso de los trabajadores a los beneficios de la seguridad social. Si bien se han registrado avances en la creación de empleos formales, el porcentaje de la población ocupada que se encuentra en la informalidad continúa siendo alta: en agosto de 2017 la tasa de informalidad laboral representó 57% y la tasa de ocupación en el sector informal fue 27%; es decir, alrededor de 30 y 14 millones de trabajadores, respectivamente.⁵

La tasa de crecimiento del PBI confirma la tendencia decreciente observada desde 1993.⁶ La línea de tendencia muestra una disminución de un pun- to porcentual: de 3% en 1994 a aproximadamente 2% al tercer trimestre de 2017, y parece indicar que la capacidad de crecimiento a futuro está seriamente limitada debido al deterioro de los factores clave que la determinan. Fundamentalmente, la debilidad del marco institucional y la ausencia del Estado de derecho, que, entre otros efectos, inhibe la inversión debido a la incertidumbre de los agentes económicos en cuanto al respeto a los derechos de propiedad e impide la eficiencia de los mercados, la productividad y la competitividad.

De acuerdo con el índice global de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 51 de 137 países; el primer pilar de la competitividad son las instituciones, en el que se ubica en el lugar 123. Resaltan de manera negativa los componentes siguientes: derechos de propiedad (lugar 93), desviación de recursos públicos (127), confianza en los políticos (127), autonomía judicial (113), favoritismo en las decisiones de funcionarios públicos (129), eficiencia del gasto público (121), confianza en la calidad de los servicios públicos (134) y costos de las empresas por el crimen y violencia (131).⁷

Más allá del impacto económico, la debilidad del Estado permea todos los aspectos de la vida nacional y es la razón por la que los niveles de inseguridad en México son muy elevados y crecientes, lo que evidencia la incapacidad de proteger a los individuos y sus propiedades, que es el origen y la razón de ser del Estado. El miedo es un sentimiento que se ha generalizado en todo el territorio nacional y provoca una pérdida de libertad de movimiento ante el temor de ser víctima de un delito o de perder la vida misma. La sociedad no sólo percibe la ineptitud del gobierno para diseñar e instrumentar una política efectiva en la materia, sino que también padece la complicidad de cuerpos policíacos y la falta de probidad del poder judicial. A la luz de las metas y resultados en los últimos cinco años, se puede concluir que hay un fracaso rotundo en la política de seguridad: de enero a noviembre de 2017, 23,101 personas fueron asesinadas, 23.4% más que en el mismo periodo de 2016.⁸ De continuar la tendencia, 2017 podría ser el año con el mayor nú- mero de víctimas desde que se lleva registro estadístico de estos hechos.

En cuanto a la política fiscal, ésta presenta graves fallas en sus dos ámbitos: tributario y presupuestal. La capacidad de recaudación ha sido históricamente baja. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó el último lugar en 2015 al registrar una relación de ingresos tributarios a PBI de 17.4%, mientras que el promedio de la ocde fue de 34.3%.⁹ La baja captación de impuestos limita el gasto y la inversión en distintos proyectos que promueven el crecimiento y el desarrollo social. Además del bajo gasto público, en especial el destinado a inversión, existe la percepción de que la calidad y utilidad de los servicios públicos es muy baja y que se ha incrementado la corrupción en el manejo de los recursos, alimentada por la impunidad y la inexistencia de un auténtico sistema de rendición de cuentas. Ese fenómeno motiva la evasión y la elusión fiscales, creando así un círculo vicioso que amenaza con perpetuar la precariedad fiscal y, con ello, limitar las posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico.

El estancamiento económico y la política fiscal deficiente explican en gran medida el número de pobres en México estimado por el Coneval para 2016: 53.4 millones, es decir, 43.6% de la población (53.3 millones y 45.5%, respectivamente, en 2012). El número de personas en pobreza extrema fue 9.4 millones, 7.6% de la población (11.5 millones y 9.8%, respectivamente en 2012).¹⁰ Esta última cifra muestra mejoría, debido a la reducción de las carencias sociales, principalmente por el acceso a servicios de salud. Sin embargo, es muy probable que estas cifras muestren un deterioro en los próximos años, debido al rezago de los salarios con respecto a la inflación, que al cierre de 2017 será cercana a 7%.

Si bien en esta administración se dio un paso importante para aumentar el potencial de crecimiento económico con la aprobación de reformas estructurales, se han presentado diversos problemas e inoperancia para su instrumentación, por lo que sólo existen avances muy modestos y los resultados a largo plazo pueden ser muy limitados.

Existen otros factores que explican el estancamiento económico: la formación insuficiente de capital, tanto físico como humano. Como porcentaje del PBI, la primera ha mostrado una disminución gradual en los últimos años, en particular la inversión pública, no obstante el aumento del déficit y, en consecuencia, de la deuda pública, que de 2012 a 2017 habrá aumentado de 34.3 a 48.0%.¹¹ Por su parte, la formación de capital humano muestra un rezago con respecto a otros países en cuanto a la calidad de la educación, que impide el desarrollo de capacidades y del conocimiento. Este fenómeno se magnifica dados los niveles de salarios relativamente bajos, que generan un desincentivo a los jóvenes a seguir estudiando, toda vez que la probabilidad de encontrar trabajo en el mercado formal y obtener un flujo suficiente de ingresos es baja, lo que disminuye la tasa de retorno de la inversión en capital humano.

3. Lo que México exige de su próximo gobierno 

El escenario descrito conlleva grandes desafíos a mediano y largo plazos, que deben formar parte de la agenda mínima del próximo gobierno, en particular:

1. Fortalecimiento del Estado de derecho como condición indispensable para restablecer el orden, la convivencia y certeza jurídica a los agentes económicos.
2. Consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
3. Disminución de la pobreza y de la desigualdad.
4. Fortalecimiento de las finanzas públicas.
5. Reducción de la deuda a niveles que liberen re- cursos para la inversión.
6. Diseño de una reforma fiscal integral, que no es lo mismo que aumentar tasas impositivas como se ha hecho en los últimos 17 años.
7. Rediseño de la política de gasto público a partir de una auténtica evaluación de resultados, que permita canalizar los recursos a aquellos progra- mas que tengan mayor impacto social y econó- mico, que es lo que se conoce como “presupuesto base cero”, que en esta administración nunca se puso en práctica, sólo estuvo en el discurso.
8. Institucionalización de un verdadero sistema de rendición de cuentas.

Las condiciones citadas exigen, además, un cambio radical en la forma de gobernar; los atributos fundamentales que deben reunir los representantes de los tres poderes de gobierno y de los partidos políticos son, como mínimo:

1. Estatura moral para que cada día, sin excepción alguna, recuerden su juramento de toma de protesta ante la nación y actúen en consecuencia.
2. Apego total a su compromiso con México, no personal o partidista.
3. Que el presidente de la República tenga visión de hombre de Estado para actuar con responsa- bilidad; poner el ejemplo, hacer cumplir la ley de manera cabal e imponer el orden.
4. Que el partido en el poder o el titular del Ejecutivo tenga propuestas inteligentes y articuladas, así como la audacia y capacidad para celebrar acuerdos e instrumentar las políticas que México requiere para un desarrollo sostenido.
5. Un presidente que una a México y conjunte los esfuerzos de todos los grupos sociales para en- cauzarlos al objetivo supremo de lograr mayor prosperidad, igualdad y oportunidades para toda la población.

Se requiere un gobernante que sea un auténtico líder, que su desempeño diario sea con ape- go irrestricto a la ley y que aglutine los esfuerzos de la sociedad en su conjunto. Un gobierno con sensibilidad, talento y experiencia, con vocación de servicio para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta el país. Un jefe de Estado que exija a su vez resultados a sus colaboradores.

4. Las opciones para 2018

 Ya están definidos los candidatos de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya; de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López; y, del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade. Con base en el pasado reciente, es de esperarse que en las campañas de 2018 abunden las descalificaciones, los ataques personales, vacuidad de propuestas y de planes integrales de gobierno, así como una lista interminable de promesas que en muchos casos son inviables.

Los partidos que conforman Por México al Frente han mantenido históricamente posiciones antagónicas en temas fundamentales de la agenda pública, por lo que la plataforma política y propuestas son inciertas. ¿A qué acuerdos podrán llegar? ¿Qué tan estables serán esos acuerdos? ¿Qué certeza puede haber de que se concreten las promesas de campaña?

Por su parte, el candidato de Morena hace propuestas sin que existan análisis serios que las sustenten; en particular, preocupa su postura sobre la reforma energética y la educativa, la amnistía a delincuentes del crimen organizado y el deterioro en las finanzas y deuda pública en caso de materializar sus promesas de campaña, lo que acentuaría el estancamiento del PBI e incrementaría la inflación, agudizando la pobreza y la desigualdad.

En cuanto al candidato del PRI, lleva a cuestas un partido que ha hecho mucho daño al país. En caso de que ese partido ganara las elecciones, es poco probable que tenga la capacidad y la disposición para corregir su manera de gobernar; desde que recuperó el poder en 2012 y se pensó que había aprovechado la lección, este gobierno ha cometido una cadena de desaciertos y actos de corrupción, quizá como nunca se habían visto.

La decisión del voto será muy difícil, los partidos políticos y sus representantes tendrán que hacer un gran esfuerzo para estar a la altura de los grandes desafíos que enfrenta México y recuperar la credibili- dad. Deben tener la sensibilidad para acercarse más a la sociedad civil, escucharla con una actitud autocrítica y aprovechar su experiencia, a fin de cons- truir de manera conjunta una agenda por el bienestar social de ésta y de las generaciones futuras. EP

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