El Dr. Javier Esteinou Madrid analiza cuál es el papel de los medios de difusión públicos en el próximo proceso electoral en México.
Texto de Javier Esteinou Madrid 25/10/23
El Dr. Javier Esteinou Madrid analiza cuál es el papel de los medios de difusión públicos en el próximo proceso electoral en México.
El Proceso Electoral 2023-2024 será el suceso de renovación de poderes públicos más grande que ha tenido México a lo largo de su historia, pues participarán 98,799,321 ciudadanos para celebrar múltiples selecciones federales y estatales con la concurrencia de las 32 entidades federativas para elegir 20,375 cargos de representación popular.1
Con el fin de efectuar su voto los ciudadanos tendrán que informarse sobre la existencia de los distintos candidatos a los cargos de representación popular y sus respectivas propuestas de gobierno para cada función política a través de los medios de comunicación y las redes sociales
En cuanto a la tarea que deberán ejercer los medios de comunicación de Estado de servicio público en el escenario electoral 2023-2024, es necesario considerar que debido a la omisión del actual gobierno de la Cuarta Transformación no existe una Ley de Medios Públicos en México que defina con absoluta precisión su oficio. No obstante ello, su función si está suficientemente determinada por diversas reglamentaciones que señalan que los medios de difusión de Estado deben cumplir con ejercer una comunicación de servicio público y no propagandista
Dichos principios normativos de la comunicación de servicio público son el marco de funcionamiento institucional que deben seguir el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, Canal 11, Canal 22, TV Capital 21 de la CDMX, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Radio Altavoz2 y diversos medios de gobierno de las entidades del interior de la República Mexicana.
Pese a la existencia de las directrices anteriores, las políticas de información de los medios públicos en el gobierno de la Cuarta Transformación operaron diferenciadamente bajo dos mecánicas básicas de difusión para informar a la sociedad, las cuales se mezclaron dinámicamente según las urgencias coyunturales de la política: la fase de la “diferenciación ante los medios comerciales” y la fase de la “legitimación ideológica” del régimen vigente.
“…las políticas de información de los medios públicos en el gobierno de la Cuarta Transformación operaron diferenciadamente bajo dos mecánicas básicas de difusión para informar a la sociedad”.
De esta forma, en un primer momento, en la etapa de “diferenciación frente a los medios comerciales”, los canales del Estado se caracterizaron parcialmente por transmitir con buena calidad y originalidad múltiples flujos de mensajes valiosos de carácter educativo, cultural, informativo, de entretenimiento y de opinión.
Sin embargo, en un segundo momento, en la etapa de la “legitimación del sistema”, pese al establecimiento de las importantes normatividades sobre la comunicación de servicio público, los medios de difusión de Estado no pudieron mantener su autonomía y sucumbieron ante las presiones de las fuerzas del poder, entrando en la fase de legitimación del sistema de gobernabilidad reinante. Dichas políticas de comunicación se estructuraron bajo las siguientes tres tácticas diferenciadas de persuasión colectiva para construir la nueva hegemonía morenista: elaboración de “directrices noticiosas generales”, creación de “series o programas propagandistas especiales” y aplicación de “linchamientos informativos selectos”.
Dicho comportamiento irregular de los medios públicos no es un suceso que pueda considerarse como algo irrelevante, aislado o marginal, sino al contrario por la dimensión sobresaliente de la existencia del espectro de este tipo de instituciones informativas en la República, es un hecho sumamente trascendente en términos políticos, ideológicos, culturales e informativos. Ello debido a que en conjunto hasta el año 2022 en México existían 644 concesiones de radio y televisión otorgadas por el Estado para funcionar como medios de comunicación de servicio público.3
Esto significa que si el nuevo régimen de gobernabilidad se inclinó por manejar comunicativamente de forma políticamente ideologizante a algunos de los principales canales públicos federales, también puede trasladar, con mayor o menor fuerza, dicha estrategia propagandista sobre el resto de los demás canales públicos regionales o sobre los que puedan controlar los gobernadores y otras estructuras de poder particularmente morenistas, en el interior de la República. Lo cual representaría crear un potente cañón ideológico-político en todo el territorio nacional a favor del régimen reinante que alteraría significativamente los principios de equilibrio y neutralidad comunicativa que exige la realización democrática de los procesos electorales en el país.
Tal comportamiento mediático convirtió a los canales públicos en los nuevos “medios chayoteros” que actuaron como los fieles “soldados mediáticos” al servicio del proyecto de gobernabilidad del régimen de la “Esperanza del Cambio”. Con ello, los canales públicos dejaron de ser públicos, de todos los ciudadanos, de toda la sociedad, para informar plural e imparcialmente sobre los hechos que acontecían en todo el país; y se tornaron en apéndices ideológicos “a modo” para legitimar exclusivamente al régimen de la “Renovación Nacional” y sus aliados políticos.4
Algunas excepciones institucionales de comunicación pública que no se incorporaron a esta estrategia publicitaria unilateral del poder político en turno fueron el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y el Canal de Televisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respetaron sus lineamientos institucionales de la comunicación de Estado de servicio público.
Dicho comportamiento comunicativo de carácter proselitista de los medios públicos es enormemente preocupante, pues se observa una tendencia repetitiva e intensiva para aplicarse en los diversos procesos político-electorales del futuro, especialmente en los comicios regionales y federales de México en 2024. Así, la tendencia persistente del gobierno de la Cuarta Transformación para utilizar a los medios públicos como herramientas institucionales con la intención de impulsar la propaganda morenista, podría ocasionar que en los comicios federales del 2 de junio de 2024 germine la realización de una elección mediática de Estado que contribuiría a invalidar los resultados finales de las votaciones con, su consecuente caos político-social en la nación.
“Dicho comportamiento comunicativo de carácter proselitista de los medios públicos es enormemente preocupante, pues se observa una tendencia repetitiva e intensiva para aplicarse en los diversos procesos político-electorales del futuro”.
Ante este delicado panorama, es necesario recordar que vinculado con la pulcritud de los procesos electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo largo de su desempeño como primer mandatario de la República, afirmó enérgicamente en diversos momentos de su gestión, que se convertiría en el defensor de las elecciones mexicanas para denunciar los intentos de fraudes en los comicios nacionales y permitir que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades.5 Así, contrajo el compromiso público de proteger la democracia, evitando las distintas variantes del fraude electoral en México.
De igual forma, a principio de su administración AMLO anunció que se crearía un sistema de medios públicos con “una orientación editorial que tuviera como propósito informar con objetividad, con profesionalismo y con independencia”.6 Por otro lado, en la doctrina del moderno “Proyecto de Nación 2018-2024” se formuló que sería una obligación del nuevo sistema político “transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en los canales de comunicación”7. Finalmente, por otra parte, en la “Declaración de Principios” de MORENA se asumió que se debía “contrarrestar toda la propaganda manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información veraz”;6 y otros planteamientos cardinales más sobre la comunicación de servicio público.
Frente a tal realidad deformante la sociedad debe exigir de múltiples maneras al gobierno y a los partidos políticos que los medios de difusión de Estado acaten rigurosamente el marco legal de la comunicación de servicio público para que funcionen con independencia del régimen en turno; promuevan el pluralismo informativo, político, social y cultural; garanticen el derecho a la información y la libertad de expresión; promuevan la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y de opiniones que alimenten la vida democrática en la sociedad; vigoricen el debate político de las distintas corrientes ideológicas, políticas y culturales; mantengan una posición neutral en los referéndums ciudadanos, particularmente en 2024; etc.; y no impulsen las posiciones hegemónicas del gobierno en turno mediante la inculcación de las posturas oficialistas del régimen de la “revolución de las conciencias”. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
