El segundo punto en el ideario planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue titulado “No al gobierno rico con pueblo pobre”, y en él se anunció una nueva política de austeridad republicana que pondría fin al “saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios”, a los “gobernantes enriquecidos”, así como al “dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario”, con los cuales en el pasado se consumieron “los re- cursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos”. Esta política de austeridad se tradujo durante los primeros meses de gestión en despidos masivos de servidores públicos para adelgazar la nómina del gobierno; en un recorte de 50% al presupuesto del Programa de Estancias Infantiles, porque el presidente lo consideró intencionalmente inflado para desfalcar al era- rio; en la centralización de las compras de insumos para el sector salud, con el objetivo de evitar componendas y sobreprecios; en la eliminación de gastos suntuarios, tales como seguros médicos para la alta burocracia, así como en la recuperación de ingresos públicos mediante el combate al robo de combustible.

Con estas acciones, el presidente López Obrador ofreció generar ahorros suficientes para financiar su política social, basada en programas de transferencia directa de fondos a la población beneficiaria, como becas para estudiantes, estímulos para jóvenes que ni estudian ni trabajan, agricultores y adultos mayores, con la que se lograría mayor bien- estar y desarrollo económico. En julio, el gobierno federal aseguró haber ahorrado 145 mil 614 millones de pesos, equivalentes a 2.5% del gasto oficial previsto para 2019, gracias a su política de austeridad. La senadora Patricia Mercado, del partido Movimiento Ciudadano, reconoce que esta política de austeridad pone en evidencia que “en el gobierno federal hay una buena visión, se entendió el mandato del cambio emanado del voto popular y, sobre todo, creo que la gente votó bien. Había que cambiar las cosas de manera muy profunda, estructuralmente, porque traíamos 30 años de neoliberalismo”. Sin embargo advierte que, en este primer año, el gobierno de López Obrador ha actuado “con soberbia respecto de los 30 millones de votos que obtuvo en las urnas, ha actuado con exceso de confianza y se ha autoerigido en autoridad moral”, cerrando espacios para el diálogo y desarrollando políticas bien intencionadas —como la eliminación de gastos innecesarios— pero mal planeadas y con efectos inmediatos adversos. Ejemplos de ello, dice la senadora, son los casos de desabasto de medicamentos en el sistema público de salud que se presentaron en 2019, derivados de esta política de austeridad. “Por un lado —explica—, se aplicó un recorte amplio en el número de funcionarios públicos, bajo la lógica de que todos los funcionarios que venían de anteriores administraciones fueron parte de la problemática de corrupción; se les asumió como cómplices y que, por lo tanto, tenían que irse, en vez de revisar quiénes debían seguir, quiénes eran burócratas honestos y con el conocimiento para hacer bien las cosas. Luego, con esta idea de que todos son corruptos, el gobierno centralizó las compras de insumos médicos de todo el país, sin tomar en cuenta que debido a la gran diversidad que hay en los estados y en los municipios, centralizar todas las adquisiciones nacionales es cada vez más difícil”.

El resultado de cambiar el esquema de compras a la mitad del año fue el desabasto de medicamentos en algunas regiones del país y la proliferación de protestas de pacientes clínicos del sector público, cuyos tratamientos se vieron suspendidos por el retraso en la compra y distribución de los fármacos. “A mí me parece que, en este tema de las compras, entre la salida de los anteriores funcionarios y el ingreso de los nuevos, el gobierno pasó por una curva de aprendizaje y sí pasó por encima del derecho de la gente a la salud. Eso fue lo que pasó con esto del desabasto de medicamentos. Y eso es resultado de que el gobierno que inició piensa: ‘A mí me votaron para hacer una gran transformación y no hay tiempo; entonces tengo que hacer todas las transformaciones de un jalón y caiga quien caiga’”. Sin embargo, confía la legisladora federal, esta actitud no es reflejo de un nuevo modelo autoritario de ejercer el poder. “No creo que estén en la lógica de ‘aquí el poder lo tenemos sólo nosotros’, yo creo que el presidente López Obrador y sus colaboradores actúan con las mejores intenciones, pero de buenas intenciones está plagado el camino al infierno”.

Por otro lado, si bien los resultados de la política de austeridad pueden ser medidos por los montos ahorrados, también es necesario saber si esos ahorros luego son invertidos en aquello para lo que fueron anunciados: generar bienestar y desarrollo mediante el financiamiento de la política social. En ese sentido, advierte el doctor Miguel Székely —experto en economía y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales—, “creo que buscar crecimiento económico mediante pro- gramas de entrega de dinero es una perspectiva totalmente errónea, porque cuando no hay inversión ese dinero simplemente se va a con- sumo; entonces puede tener un efecto positivo de corto plazo, pero a costa de que en el futuro se paguen las consecuencias”. Székely pone un ejemplo: “En el caso de las familias mexicanas, una de las inversiones más importantes que se realiza es en educación; pero el modelo actual de política social, en vez de alinear todos sus incentivos para que las familias inviertan en educación, manteniendo a sus hijos en la escuela, alinea estos incentivos en sentido inverso: esos incentivos ahora hacen más atractivo salirse de la escuela, porque el subsidio que se da para aquellos que no estudian y trabajan es mayor al que se da por medio de una beca escolar. Entonces, la consecuencia a corto plazo es que esas familias obtienen ese ingreso pero a costa de lo más importante, que es la productividad y las perspectivas de la población hacia el futuro, eminentemente ligadas al plano educativo. Si lo vemos con ese ejemplo muy concreto parecería más bien algo asincrónico con las tendencias de los países que han tenido más progreso, como los del sureste asiático, en donde gran parte del crecimiento se sustenta precisamente en la inversión en lo que se denomina capital humano; o sea, invertir todo en la preparación de las personas, en el desarrollo de recursos humanos en el país y, a partir de eso, convertirlo en una plataforma de despegue de mayor productividad. Aquí se está haciendo exactamente lo contrario: se ha cambiado la inversión en capital humano, por un subsidio al ingreso de corto plazo, que si bien puede dar un alivio, no va a traer como consecuencia, lamentablemente, una mejora en las posibilidades de esas personas de contar con mayores capacidades en su futuro”. EP

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