La frase “abrazos y no balazos” es una de las frases que marcaron el sexenio de López Obrador, pero que no refleja la estrategia de seguridad implementada. Aunque se popularizó en sus conferencias matutinas para diferenciar su enfoque del de Felipe Calderón, esta frase polémica no se tradujo en una política efectiva. Por el contrario, la frase se satirizó en la opinión pública bajo una percepción de laxitud en las acciones para combatir al crimen organizado.

Meses antes de terminar su mandato, en febrero de 2024, el paquete de 18 iniciativas de reforma a la Constitución que presentó, así como la aprobación de los dictámenes de algunas de ellas en agosto de este año, confirman que claudicó en el cumplimiento de aquellos primeros compromisos de campaña, como a continuación veremos.

En primer lugar, la política de austeridad republicana redujo significativamente el presupuesto asignado a programas de prevención. Aunque en la narrativa se habló de atender las causas de la violencia, en la práctica se priorizó una estrategia reactiva.

El avance de la militarización en la vida pública ha tomado mayor fuerza. Aunque la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública debía ser temporal y en situaciones excepcionales, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en noviembre de 2022, prolongó su presencia en las calles hasta 2028. La Guardia Nacional (GN), creada en 2019 con la premisa de ser una institución de carácter civil, pasó a estar bajo control militar en 2022. Ahora, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma para que la GN dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), forme parte de las Fuerzas Armadas permanente y tenga la facultad de investigar delitos en el ámbito de su competencia.

La ley de amnistía tampoco ha sido debidamente implementada. La iniciativa presidencial contemplaba cinco supuestos: comunidades indígenas, mujeres encarceladas por abortar, delitos contra la salud, robos sin violencia y sedición. Aunque el Ejecutivo Federal ha permitido la liberación de 374 personas, en su mayoría relacionadas con delitos contra la salud, solo 14 estados han ajustado sus leyes locales para alinearse con la legislación federal. Además, el 4 de junio de 2024, se adicionó un artículo 9 a la Ley de Amnistía que otorga al presidente la facultad de conmutar penas y procesos penales en casos “relevantes para el Estado mexicano”, de manera directa y sin importar la gravedad del delito.

A su vez, los compromisos de verdad con víctimas de la violencia, que alguna vez fueron un estandarte de López Obrador, parecen haber sido también olvidados. Por ejemplo, la Comisión de Atención a Víctimas no cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus funciones y la Comisión Nacional de Búsqueda fue desmantelada. 

Según los colectivos y organizaciones de derechos humanos que los acompañan, la Estrategia Nacional de Búsqueda no se consultó ni se coordinó con los colectivos de búsqueda del país, lo que ha suscitado serias dudas sobre la manera en que se está haciendo el recuento de personas desaparecidas. Los recientes cambios en la Comisión han obstaculizado el trabajo para encontrar a los cientos de miles de personas desaparecidas. La estrategia que ha impulsado el gobierno mexicano parece centrarse en minimizar la grave situación de desapariciones en México, más que en atender el llamado de justicia.

El caso Ayotzinapa no sólo no ha sido esclarecido.  A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, AMLO presentó su primer informe en el que, sin demostrar avances reales, continúa excusando al Ejército y atacando a las organizaciones que han acompañado a las víctimas. La investigación retrata el actual contexto de violaciones a derechos humanos en México y la deuda pendiente con los familiares de los jóvenes desaparecidos.

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico que fue creado por Decreto presidencial para esclarecimiento de la verdad y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos en México de 1965 a 1990 concluyó, después de poco más de dos años y medio de investigaciones, que el Estado mexicano, sus instituciones, especialmente el Ejército, ejercieron una violencia “monstruosa”, intensa, sistemática y generalizada en contra de grupos muy amplios de la población.

Argumentar que la defensa de los derechos humanos obstaculizó el acceso a la justicia cuestiona los límites que las autoridades deben seguir al investigar. En un contexto como el de México, esta postura favorece prácticas violatorias de derechos humanos empleadas por fiscalías, instituciones policiacas y militares.

Además, el estado de impunidad para el delito de desaparición es casi absoluto. De 2019 a 2022 se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, lo que muestra que no hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen.

La obligación del Estado mexicano no termina con el esclarecimiento de las desapariciones, sino que también debe generar una política para la erradicación del delito garantizando la no repetición.

En este sentido se sigue ampliando el catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa (PPO), a pesar de que se ha comprobado que esta medida cautelar no disminuye la incidencia delictiva, sino que además viola los derechos procesales de las personas afectadas. En ese sentido lo han ratificado dos sentencias de la Corte IDH contra el estado mexicano en la que establecen que la PPO y el arraigo violan derechos fundamentales.

Contrario a la versión oficial, los delitos de feminicidio y homicidio doloso se han incrementado, a la vez que tienen altas tasas de impunidad. Estos delitos son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana. México es uno de los países con mayores tasas de homicidios intencionales en América Latina, con una cifra de 28 víctimas por cada 100 mil habitantes. En  2021, por ejemplo,  se registraron diariamente 94 víctimas de homicidios dolosos y 10 feminicidios. Es responsabilidad del Estado priorizar la investigación de los homicidios intencionales con perspectiva de género, e imputar responsabilidades penales y las sentencias condenatorias correspondientes.

Aunado a los problemas de impunidad y la crisis de derechos humanos por la que México está atravesando, se le agrega al clima de incertidumbre de justicia la reforma al Poder Judicial.

A partir de la gestión de la Ministra Norma Piña como presidenta de la SCJN, se ha tratado de debilitar al Poder Judicial de la Federación, primero intentando eliminar los fideicomisos, acción que pone en riesgo los derechos laborales de servidores públicos. Segundo, mediante la reforma judicial que plantea la elección popular de todas las personas impartidoras de justicia y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial, como última instancia, de decisiones inatacables en los procesos disciplinarios contra las y los integrantes de la judicatura.

Al respecto, sintetizamos a continuación las preocupaciones del Colectivo “La Justicia que queremos”, del cual Impunidad Cero es parte:

• La elección de personas impartidoras de justicia mediante voto popular es contraria a lo recomendado en los estándares internacionales.

• El cambio de todas las personas juzgadoras en un plazo de dos años resulta inviable, tanto en términos logísticos, como económicos. En particular, porque por la naturaleza del procedimiento oral implicaría que los procesos penales a nivel federal se tendrían que reponer.

• En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, las causales por las cuales podrá sancionar al personal judicial son amplias y ambiguas, por lo tanto, discrecionales. La reforma al poder judicial conlleva grandes riesgos para los principios de imparcialidad en la toma de decisiones y la independencia judicial.

En conclusión, el gobierno saliente no sólo incumplió con sus promesas originales de cambiar el enfoque hacia una estrategia más preventiva y civil, sino que se consolidó a través de reformas legales y constitucionales como un Estado militarizado, punitivo e indiferente a los legítimos reclamos de las víctimas.

Aunque la “mano dura” pueda generar la percepción en la sociedad como la solución a los problemas de inseguridad, presenta graves sesgos hacia las poblaciones más vulnerables que no tienen la capacidad de pagar una defensa legal. Además de que rebasa las capacidades de las personas encargadas de perseguir los delitos.

Sexenio tras sexenio persiste la misma deuda en seguridad y combate a la impunidad. Desde la sociedad civil esperamos que el próximo gobierno apueste por encaminar sus esfuerzos al fomento de la justicia restaurativa; en fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de la violencia; que promueva la reinserción y la reconciliación social; que construya capacidades de investigación en las fiscalías, y que logre planificar el retiro gradual de los militares a sus cuarteles. EP

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