La expropiación de la banca mexicana de septiembre de 1982 marcó el fin de un largo periodo de crecimiento y el inicio de una nueva época de recesión o, en el mejor de los casos, crecimiento mediocre. Si bien la crisis económica de la que formó parte tuvo múltiples causas, la expropiación de los bancos contribuyó a profundizarla y hacerla más prolongada. Después de cuarenta años, el país no termina de reponerse de ella.

Durante los meses previos a la expropiación, el país venía sufriendo las consecuencias de una serie de apuestas riesgosas que se conjugaron con circunstancias globales negativas. El gobierno mexicano había realizado inversiones cuantiosas para aumentar la producción petrolera que financió mediante deuda externa, en un entorno de mercados financieros internacionales ávidos en otorgar préstamos a tasas de interés relativamente bajas. Además, aumentó el gasto de forma desproporcionada a sus ingresos basado en las expectativas generadas por los recientes hallazgos petroleros, en un contexto en el que el banco central carecía de autonomía. De forma inesperada, el precio del petróleo cayó y las tasas intereses aumentaron significativamente poniendo al gobierno en una situación en la que no podía cubrir siquiera los intereses de la deuda.¹

La excesiva concentración del poder en manos del presidente, producto de la falta de pesos y contrapesos en el sistema político, llevaron a que esta difícil situación se tornara en un desastre de mayor envergadura. El gobierno tomó una serie de malas decisiones, como mantener fija la paridad del peso, aumentar los salarios y no ajustar el precio del petróleo que ofertaba, basadas en la voluntad del presidente José López Portillo. Incapaz de entender la gravedad de la circunstancia y rodeado de funcionarios que no deseaban contradecirlo, o bien encontraron en la coyuntura una oportunidad para avanzar su programa político, un presidente que anhelaba pasar a la historia como un héroe, no aceptó que la realidad echara por la borda sus sueños de gloria.²

Hacia el mes de septiembre, cuando la crisis y la fuga de capitales arreciaban, el presidente encontró en expropiar la banca una salida política. Culpabilizar de la crisis a los banqueros “traidores” y “saca dólares”, le permitía terminar su sexenio con su reputación en alto. Además, al hacerla pasar como una nacionalización incluso podría ser recordado como una especie de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, existía una gran diferencia entre la nacionalización del petróleo y la bancaria. En primer lugar, los bancos expropiados eran todos nacionales. De hecho, el único banco extranjero que operaba entonces en el país, Citibank, no fue expropiado. La verdadera nacionalización de la banca mexicana había ocurrido desde 1932 cuando una serie de políticas llevaron a que las sucursales de los bancos extranjeros (con excepción de Citibank) salieran del país. En segundo lugar, mientras que la nacionalización del petróleo se realizó respetando la legalidad nacional e internacional, la expropiación de la banca se llevó a cabo en desacato de la ley.³ Finalmente, a diferencia de 1938 cuando la Segunda Guerra Mundial generó un entorno menos adverso a la expropiación, en 1982 ésta iba a contracorriente de la ideología que entonces ganaba fuerza a nivel internacional que pugnaban por una menor participación del Estado en la economía. En conjunto, estas diferencias hicieron que la expropiación bancaria multiplicara los problemas económicos que ya padecía el país y lo descarrilara de forma duradera de la ruta de crecimiento.

Si bien podemos pensar en la banca como uno más de los sectores económicos, su importancia no es equiparable, pues al ser el centro del sistema de pagos y flujos de ahorro y crédito, tiene un efecto transversal sobre todos los otros. Que los bancos ofrezcan de forma competitiva los servicios que requieren todos los actores económicos facilita los negocios y estimula las inversiones, cuando no lo hace se convierte en un freno. La expropiación bancaria generó un deterioro en los servicios que prestaban los bancos, lo que se aunó a las muchas dificultades que ya vivían las empresas y la ciudadanía en general.

Más aún, la expropiación bancaria culminó en un proceso de “desnacionalización” de la banca, producto de la mala gestión de los bancos en manos del Estado y de un fracasado proceso de privatización.⁴ Mientras que durante los 1960s y 1970s los banqueros españoles visitaban nuestro país para aprender de las modernas prácticas que tenían en operación los bancos mexicanos, cuando fueron adquiridos por bancos extranjeros debieron ser puestos al día pues sus procesos mostraban un atraso considerable en el uso de sistemas informáticos y otros adelantos. Es probable que, de no haber ocurrido la expropiación bancaria, algunos bancos mexicanos pudieran haberse convertido en jugadores exitosos de la banca global durante la década de 1990.

No fue la primera vez que las políticas gubernamentales afectaron significativamente el desarrollo del sistema bancario mexicano. Ya había ocurrido algo similar durante la guerra revolucionaria, cuando diversas medidas gubernamentales lo llevaron casi hasta su total destrucción. El sistema bancario entonces existente, inició su desarrollo de forma tardía en la década de 1860 y sobre todo a partir de los 1880s. Lentamente, lograron establecerse en el país unos 32 bancos de emisión, hipotecarios y refaccionarios y más de 50 bancos comerciales, incluyendo sucursales de bancos extranjeros.⁵

Los bancos sufrieron más que otros sectores la guerra revolucionaria. Además, del impacto económico que generó la violencia y el control del territorio por distintos bandos revolucionarios, los gobiernos les exigieron préstamos forzosos y llevaron a cabo políticas monetarias que culminaron en una hiperinflación. Sin embargo, la peor afectación tuvo lugar en 1916 cuando el gobierno de Venustiano Carranza incautó los bancos de emisión, refaccionarios e hipotecarios. Ávido de recursos, los culpó de incumplir la ley bancaria de 1897, aunque se había modificado, y de apoyar a Huerta. Algunos banqueros que se negaron a aceptar la decisión fueron llevados a prisión. Sólo cinco años después el gobierno devolvió los bancos a sus dueños y hasta 1924 estableció un marco legal que les permitiera operar con cierta certidumbre. La consecuencia fue que gran parte de los bancos que existían hacia 1912 se fue a la quiebra. A lo largo de estos años  las empresas grandes realizaron sus operaciones bancarias en el extranjero y las sucursales de bancos extranjeros en el país se hicieron de la mayor parte del disminuido negocio bancario. Una situación que no comenzó a cambiar sino hasta 1932.⁶

Como ocurrió en 1982, las políticas nacionalistas, tuvieron el resultado opuesto de extranjerizar la banca. Pero su peor efecto fue limitar el crecimiento económico por muchos años, al reducir la disponibilidad de crédito, disminuir la oferta de servicios bancarios para toda la población y concentrar el mercado bancario en menos empresas. La población perdió la confianza en los bancos e incluso en la moneda mexicana. Durante la década de 1920, la gente ni siquiera estaba dispuesta a aceptar billetes bancarios y hacía sus transacciones con monedas de oro y plata, en la de 1980, las personas recurrieron a los dólares.

En ambas ocasiones, las políticas afectaron seriamente la confianza de las empresas, grandes o pequeñas, nacionales o extranjeras, ante una mayor percepción de riesgo a sufrir actos arbitrarios por parte del gobierno. Tomaría más de una década después de la incautación bancaria para que el gobierno construyera una nueva relación con los empresarios, a cambio de excluir a las empresas extranjeras y ofrecerles un mercado protegido. Con altas y bajas este pacto corporativo y clientelar fue el sustento del crecimiento con estabilidad que tuvo el país entre las décadas de 1940 y 1970.⁷ Esta relación se tornó ríspida con las políticas del presidente Luis Echeverría, pero lo que produjo la ruptura definitiva fue la expropiación bancaria de 1982, no sólo por el hecho mismo, sino por la forma como fue llevado a cabo.

El gobierno expropió los bancos en fragante violación a la Constitución mexicana, que luego el Congreso modificó para cubrir la formas, aplicando la reforma retroactivamente. Por su parte, la Suprema Corte no dió cabida a los amparos que las empresas emprendieron en su defensa. Solamente uno de los amparos interpuestos fue otorgado en primera instancia por un juez quien, en represalia, fue separado de su cargo.⁸ Para los inversionistas quedó claro que sus derechos de propiedad estaban a la merced de un gobierno autoritario. La pérdida de confianza solamente comenzó a ceder cuando el presidente Carlos Salinas forjó un nuevo pacto con los empresarios, desafortunadamente también clientelar, basado en las nuevas prebendas que el gobierno podía otorgar a través de la privatización de las empresas estatales y las nuevas oportunidades que ofrecía la apertura comercial.

A la luz de los cuarenta años transcurridos desde la expropiación bancaria, es claro que fue una terrible decisión. El país quedó sin credibilidad y poder de negociación para llegar a acuerdos con los mercados financieros internacionales que redujeran la deuda, sin margen de maniobra para decidir por dónde quería conducir su destino y retomar el crecimiento. Muchas empresas cerraron para siempre, los salarios y el nivel de vida cayó en términos reales a niveles, que aún ahora no logran recuperarse y la desigualdad aumentó.⁹ Tal vez su único saldo positivo fue que la sucesión de crisis financieras contribuyó a fortalecer fuerzas políticas de oposición que impulsaron reformas electorales e institucionales con el fin de limitar el poder del presidente y encaminar al país hacia un régimen más democrático.

Observar la expropiación de 1982 como la segunda destrucción del sistema bancario mexicano permite comprender por qué el país tiene una bancarización de su población tan precaria y los bancos mexicanos son tan débiles globalmente. Muestra también una tendencia recurrente a destruir abruptamente, de cada tanto en tanto, aquello que va logrando construirse a través de muchos años, teniendo que empezar de nuevo, una y otra vez.  Un mal hábito que no conduce a construir capacidades y limita el desarrollo económico, no sólo en términos de prosperidad sino también de equidad.  

A cuarenta años de la expropiación bancaria es crucial recordar el daño duradero que significó para el país la desmedida concentración del poder en el ejecutivo en 1982. En este momento en el que venimos evidenciando un debilitamiento de las instituciones y fuerzas políticas que contrarrestan el poder presidencial es necesario alertarnos sobre el peligro que significa continuar por este camino. La secuencia de malas decisiones  que tomó el gobierno en 1982 y sus profundas y duraderas consecuencias dejan claro que no conviene al país dejar en manos de un individuo, por más bien intencionado que sea, tal concentración de poder. EP

1. Graciela Márquez y Sergio Silva Castañeda (2014), “Auge y decadencia de un proyecto industrializador, 1945-1982” en Graciela Márquez (coord.), Claves de la historia económica de México, FCE y CONACULTA, pp. 165-168. [↩]
2. Gustavo del Ángel Mobarak y César Martinelli Montoya (2009), La expropiación de la Banca en México, CEEY; Carlos Elizondo Mayer-Serra (2007), “Razones y reacciones de la nacionalización de la banca”, en Amparo Espinosa Rugarcía y Enrique Cárdenas Sánchez (eds.) La nacionalización bancaria, 25 años después, CEEY, tomo II, pp. 237-299. [↩]
3. Pedro Joaquín Coldwell (2014), “La expropiación petrolera y el legado jurídico del presidente Cárdenas en el sector energético” en 76 aniversarios de la expropiación petrolera, PEMEX, pp. 14-43. [↩]
4. Stephen Haber, Herbert S. Klein, Noel Maurer y Kevin J. Middlebrook (2008), Mexico since 1980, Cambridge University Press, pp.95-122; Graciela Márquez, “De crisis y estancamiento: la economía mexicana, 1982-2012”, en Graciela Márquez (coord.) (2014), Claves de la historia económica de México, pp. 179-212. [↩]
5. Aurora Gómez Galvarriato (2017), Globalización y nacionalismo: la banca extranjera en México 1864-1933, Serie Cátedra Corona No. 27, pp. 29-35. [↩]
6. Aurora Gómez Galvarriato y Gabriela Recio (2007), “The Indispensable Service of Banks: Commercial Transactions, Industry and Banking in Revolutionary Mexico”, Enterprise and Society, 8 (1), pp.  68-105. [↩]
7. Aurora Gómez Galvarriato y Gabriela Recio (2022), “Mexico’s Business and Entrepreneurship in the Era of Nationalism”, Business History Review, 96 (2) pp. 289-324. [↩]
8. Atanasio González Martínez, “Expropiación bancaria: ¿Una oportunidad perdida de la corte”, en La nacionalización bancaria, 25 años después, tomo II, pp.179-201. [↩]
9. Amílcar Challú, Paul Segal e Ingrid Bleynat (2021), “Inequality, Living Standards and Growth: Two Centuries of Economic Development in Mexico”, The Economic History Review, 74 (3), pp. 584-610. [↩]

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.