En las siguientes líneas buscaré reflexionar sobre la expropiación bancaria, sus causas y algunas de sus implicaciones a 40 años de este suceso. Como economista e historiador, haré un análisis del contexto en el que se da este hecho y lo que implicó no solo este tema, sino el año de 1982 en general, como un parteaguas de la vida nacional en muchos aspectos. También me enfocaré en analizar un tema sobre el cual he reflexionado en los últimos años, que tiene que ver con el “amiguismo” o las relaciones cercanas entre empresarios y funcionarios de gobierno, lo que ha generado sesgos y diferencias de oportunidades que los diversos agentes que participan en el sector productivo mexicano tienen.

Después de algunas décadas de un desempeño sano de la economía mexicana, sobre todo hacia los años cincuenta y sesenta del siglo pasado —el llamado milagro mexicano, que en realidad fue un fenómeno que abarcó a varias economías del mundo—, hacia los años de 1970 comenzó a haber un deterioro pronunciado del modelo económico mexicano, basado sobre todo en la sustitución de importaciones. Empezaron a surgir algunos focos rojos, como el crecimiento desmedido de la deuda pública producto del aumento del gasto público, del nivel general de precios, y del sector paraestatal, entre otros. Aunque estos focos se acrecentaron desde el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), el hecho de haber encontrado abundante petróleo en el sureste de México en 1971 y el comienzo de su extracción hacia 1979, en un entorno de subida mundial de los precios de este hidrocarburo, generó una percepción de abundancia económica al interior del gobierno mexicano que probó ser catastrófica para la política económica. Simplemente, no se combatieron los claros desequilibrios macroeconómicos, por el contrario, se creyó que las ganancias del petróleo podrían pagar y resarcir los desequilibrios en el futuro. 

A principios de la década de 1980, el precio del petróleo mundial cayó,  las tasas de interés aumentaron, y la falta de intención en reducir el gasto público y mantener el tipo de cambio por parte del gobierno de México, llevaron a una fuga de capitales enorme, de unos 15 mil millones de dólares, entre el verano de 1981 y la devaluación de febrero de 1982. Ante el aparente desconocimiento técnico de la economía, el presidente José López Portillo (1976-1982) hizo una serie de declaraciones desafortunadas que promovieron  aún más la venta de pesos y compra de dólares. Eventualmente, ante la incapacidad de continuar con el servicio de la deuda se declaró la moratoria en agosto de 1982 y, en septiembre, el control de cambios total, a la par de la nacionalización de la banca. Esta última ha sido una medida muy cuestionada y debatida. En realidad, desde el punto de vista del autor de estas líneas, la nacionalización no era indispensable para que la banca pudiera llevar el control de cambios declarado. Simplemente, la venta de dólares se podría haber parado no mandándolos a los bancos privados. En realidad, la medida fue más de carácter político: López Portillo buscó salvar su nombre culpando a la banca privada de la salida de capitales.

1982 es un año clave para el análisis del México contemporáneo en muchos sentidos. Es un año de quiebre. En ese año cambió el gobierno federal y existió la necesidad de redireccionar el rumbo de la política y modelo económicos. Se volvió imperativo reducir al obeso estado, a través de la contracción del gasto público y privatización de más de 1,100 empresas públicas —la mayoría de las cuales producían pérdidas— y de controlar el incremento sostenido de los precios. 1982, también representa el inicio de un proceso de renegociación de deuda con acreedores diversos. 

La privatización continuó con celeridad durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), quien eventualmente decidió, también, considerar en este proceso a las 18 instituciones bancarias recientemente nacionalizadas. La reprivatización bancaria comienza en junio de 1991. Se vendieron los 18 bancos en un periodo de 13 meses. Estas privatizaciones, como parte de la implementación del neoliberalismo en México, no implicaron la simple imposición de ideas económicas nuevas, sino un astuto manejo de intereses políticos que buscaban crear un nuevo grupo económico y beneficiarlo. Las compras se realizaron de manera apalancada: “Yo te presto para que tú compres tu banco”. Esta nueva coalición de banqueros estuvo formada en su mayoría por casabolseros —con los cuales ya se había venido coqueteando desde el periodo de Miguel de la Madrid—, que del negocio de la banca sabían poco. 

Una vez en sus manos, muchos de los nuevos banqueros hicieron lo que quisieron, empezando por autopréstamos para financiar sus propios intereses. Además, con la necesidad de ganar espacio en el mercado, empezaron a dar crédito al consumo y a empresas que no mostraban condiciones aptas. Es decir, aprovecharon el boom expansivo crediticio de 1989-1994 y no manejaron adecuadamente los riesgos, lo que se combinó con la falta de reglas claras para que este nuevo sistema financiero privado cumpliera sus funciones primordiales de financiamiento al capital productivo.

Gran parte del proceso de privatización en México, no solo el bancario, estuvo plagado de irregularidades. En muchos casos, se benefició a los amigos de los nuevos gobiernos, y se dejó la negativa costumbre de seguir explorando diferentes escenarios de privatización de nuevos sectores que representaran posibilidades de negocio, y así beneficiarse ellos y sus cercanos. De esta forma, entre las ideas sobre diferentes rubros que se han seguido barajando, están diversos esquemas de participación privada en el sector del agua, la extracción de gas natural, y la generación y distribución de distintas formas de energía.

En el caso de la banca, la crisis de 1994 llevó a una situación crítica a los bancos privados, que tuvieron que ser salvados con los recursos de la nación. Esto condujo a que eventualmente se relajara la prohibición de permitir al capital extranjero tener la mayoría del capital de los principales bancos mexicanos (Bancomer, Banamex y Serfín). Así, la banca mexicana experimentó un proceso de extranjerización que se aceleró a inicios de la década de 2000. En ese momento en México, la idea consistía en que el sistema de control de las finanzas de los bancos era mejor en países extranjeros de “primer mundo” que acá. Sin embargo, el problema ha sido que las principales decisiones de estos bancos no se toman en México, sino en el extranjero, y se basan  en las necesidades de sus casas matrices. En este sentido, los bancos extranjeros no han jugado el papel de motores de desarrollo del país y no tienen ninguna función social.

Por otra parte, en estos últimos 40 años del origen del neoliberalismo en México, a pesar de haberse fortalecido el paradigma de democracia liberal, que implica aspectos como el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los distintos procesos del gobierno que implican el uso de recursos públicos, se han afinado los métodos para utilizar las leyes de adquisiciones de bienes y servicios públicos en favor de las camarillas de los políticos, lo que sin duda se parece a los teatros creados en los procesos de privatización que vivió el país anteriormente. Es decir, en muchas ocasiones, las leyes de adquisiciones se aplican a través de esquemas de simulación en los cuales aparentemente se llevan a cabo procesos limpios y abiertos para la asignación de contratos. Sin embargo, detrás de estos procesos hay arreglos previos con las empresas o proveedores de los bienes y servicios que ganarán las licitaciones o concursos públicos.

Ante las irregularidades prevalecientes,  lo único que el gobierno federal actual tuvo que hacer para llegar al poder, después de varios intentos, fue capitalizar el descontento acumulado por las políticas de los gobiernos del PRI y el PAN. El PAN tuvo la oportunidad histórica de cambiar las cosas hacia la década del 2000, pero, en realidad, heredó y replicó la base del modus operandi del PRI. Es así como los temas de desigualdad, inseguridad y excesiva tolerancia a los asuntos de corrupción por parte de los gobiernos anteriores llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder.

López Obrador ha criticado la estructura creada por el neoliberalismo y la institucionalidad emanada, en parte, de las ideas vigentes de la democracia liberal. Por ejemplo, ha calificado a distintos organismos autónomos de superfluos y costosos. Muchos analistas señalan que el actual presidente está debilitado la institucionalidad del país, pero también se puede afirmar que una institucionalidad de simulación no puede ser llamada como tal. Es decir, entre otras cosas, que las leyes actuales permiten la preselección de amigos empresarios con los cuales se compartirá la riqueza en los concursos públicos. Esto implica oportunidades más limitadas para los que no son cercanos a los grupos de poder en distintos niveles. En este sentido, y sin justificar las fallas del presidente actual, es una realidad que los procesos de adjudicación directa de adquisiciones de bienes y servicios, mecanismo utilizado ampliamente por el gobierno actual, no necesariamente implican corrupción, como muchos críticos han señalado. Hacer adjudicaciones directas puede ser un proceso absolutamente limpio en donde no se utilice dinero público para beneficiar los intereses privados de los servidores públicos, si la voluntad y visión de bien común tanto del que adjudica como del que recibe la adjudicación son inquebrantables. Sin embargo, aquí también surge el problema de que estas prácticas siempre dependerán de aspectos subjetivos de los participantes en cada proceso de adjudicación que se lleve a cabo. Entonces, por un lado, no se debe utilizar a las instituciones para simular y, por el otro, tampoco los procesos pueden estar sujetos a cualidades específicas de los que participan en ellos. Esto nos retorna al tema de la necesidad de generar una institucionalidad a prueba de balas contra los comportamientos corruptos y impidan cualquier  tipo de simulación; aunque se esperaría que, eventualmente, esto genere en todo servidor público una visión positiva (un cambio de paradigma) del valor de la colectividad y bien común en el largo plazo. El sistema nacional anticorrupción, fundado en 2016, fue ideado para blindar el tema de la corrupción en el país, sin embargo, fue un sistema planeado y creado tanto por corruptos como por no corruptos, con muchas lagunas, y lo que es peor, peca de complejo, costoso, y, por lo mismo, hasta ahora en el gobierno actual no ha habido la voluntad para que se eche a andar adecuadamente.

Para concluir, podemos afirmar que la manera en que se llevaron a cabo las privatizaciones en México, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), ha dejado una marca notable en la memoria nacional colectiva. Es así como el presidente actual puede seguir utilizando en su discurso el tema de la privatización bancaria y su posterior costoso rescate para justificar algunas de sus políticas, que algunos analistas temen sean ineficientes, como la instauración del Banco del Bienestar. También, recientemente ha prometido que antes de dejar el cargo blindará a la CFE de cualquier posibilidad de privatización. En este sentido, considero que uno de los peores problemas que le podemos atribuir al neoliberalismo en México, y el que más ha dejado huella y sigue haciendo eco, fue el de su implementación, es decir, la manera en como se instaló: de forma sesgada y beneficiando a los cuates. Quizás no sean las ideas detrás de este modelo económico, muchas de las cuales, considero, son muy rescatables. EP

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