Introducción

En cuatro años de la administración del presidente López Obrador es pertinente hacer un balance de las acciones llevadas a cabo hasta ahora y sus resultados. Previo al inicio de la actual administración, se habían realizado diversas reformas y cambios estructurales con el fin de convertir a México en un país sustentado en las premisas de la democracia, la libertad de empresa y la apertura e inserción a los mercados mundiales. El objetivo era —y en nuestra opinión debería continuar siendo— acelerar el crecimiento económico, la productividad y la competitividad para alcanzar los niveles de bienestar social de las naciones más avanzadas.

Aunque antes de esta administración la economía mexicana ya crecía poco y ello era insuficiente para generar el número de empleos que requiere el país, las acciones de los últimos cuatro años han prácticamente paralizado la inversión y el crecimiento. 

Es cierto que la pandemia produjo elevados costos en las vidas y en el bienestar de la población mundial, lo cual afectó por supuesto a México. Sin embargo, a más de dos años del inicio de la pandemia, muchas naciones han recuperado los niveles de crecimiento y empleo previos a la misma. 

México, con una estrategia que implicó prácticamente un nulo apoyo a las empresas y familias del país (por encima del presupuestado previamente), no ha logrado recuperar el nivel de actividad económica registrado en el primer trimestre del 2019. Este desempeño magro está detrás del deterioro del bienestar social y del mayor número de pobres que ahora tiene nuestro país. A continuación, se señalan los saldos en materia económica más pronunciados en lo que va de la administración y se hacen algunas sugerencias generales que podrían ayudar a dinamizar el crecimiento económico y el bienestar social.

Crecimiento económico

Con base en las últimas cifras de los principales indicadores económicos, la economía mexicana muestra una mejoría modesta en su evolución reciente, pero nada que se pueda calificar como una recuperación sólida de la actividad económica. 

La guerra en Ucrania, la volatilidad en los mercados accionarios, las altas inflaciones y el aumento pronunciado de las tasas de interés en el mundo, que buscan reducir la inflación, revelan la complejidad del entorno internacional. Y por lo mismo, están reduciendo aún más las expectativas de crecimiento para el cierre de este año y el próximo, en las principales economías, incluida la de México. 

En el mejor de los casos, el pronóstico de crecimiento para México en 2022 está en 2%. De alcanzarse, el resultado acumulado en lo que va del sexenio en materia de crecimiento económico sería negativo, en ese mismo porcentaje; es decir, durante los primeros cuatro años de la presente administración la economía todavía seria menor a como se recibió. El ingreso o PIB per cápita será alrededor de 6% inferior. Este saldo negativo es una muy mala noticia económica para un país que está urgido de crecer para elevar el bienestar social y abatir los niveles de pobreza elevados que padecemos. 

La prospectiva de crecimiento tampoco es buena. Los pronósticos para 2023 se están ajustando a la baja. Conforme a los principales organismos internacionales —Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina— el crecimiento esperado el próximo año será de entre 1.1 y 1.5%. 

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el pronóstico para el año entrante es de 1.3%. Lo relevante, es que aun con un crecimiento de 1.5%, la economía mexicana no lograría recuperar el nivel que alcanzó en el 2018; es decir, el tamaño de la economía mexicana en 2023 aún estaría por debajo de su valor en 2018, lo que indica que podría ser hasta finales del sexenio cuando se lograra ese objetivo.

En concreto, la actividad económica se mantiene aletargada. El nivel de nuestra economía es hoy 1.7% menor respecto al cierre del 2018 y menor en 1.9% respecto al tercer trimestre del 2018, cuando fueron las elecciones. El principal saldo que se anticipa para nuestra economía durante la presente administración es el prácticamente nulo crecimiento.

Inversión

El reducido crecimiento económico está acompañado por niveles de inversión mínimos o deprimidos en muchos sectores durante los últimos meses. Aunque las cifras recientes (hasta junio) del indicador de la inversión registran buenos resultados y le permitieron finalmente recuperar su nivel prepandemia, su avance es aún insuficiente para retomar su nivel de 2018, previo a este sexenio.

El lento desempeño de la inversión responde principalmente a: 

• la incertidumbre, la deficiencia del estado de derecho, reglas del juego poco claras, impunidad e inseguridad;
• los obstáculos regulatorios; y 
• las débiles expectativas de crecimiento.

Comparando con Estados Unidos, a este país le tomó solo dos trimestres para recuperar su nivel de inversión prepandemia, mientras que México tardó ocho trimestres.

“El saldo en esta administración en materia de inversión es que al primer trimestre del 2022 es 7% menor al nivel de cierre del 2018”.

Hay que subrayar que la inversión es el motor del crecimiento sostenido. A diferencia del consumo, que alienta a la economía en el presente solamente, la inversión además genera potencial de crecimiento a futuro al crear mayor capital productivo. El saldo en esta administración en materia de inversión es que al primer trimestre del 2022 es 7% menor al nivel de cierre del 2018.

Cabe señalar que la inversión en las actividades de construcción y minería no ha logrado recuperarse en los últimos años. La primera actividad refleja en parte el continuo deterioro de la inversión pública que, a excepción de los proyectos insignia del presidente, ha visto reducciones importantes en los montos de inversión asignados. 

En concreto, la inversión no muestra signos sólidos de reactivación. De hecho, se estanca una vez más. En julio cayó 1.4% mensual, con lo que se vuelve a ubicar por debajo de su nivel previo a la pandemia en 0.3%. De esta manera, acumula una caída de 13.6% respecto al periodo electoral.

Debido a que la inversión es un motor del crecimiento presente y futuro, mantener niveles positivos en la formación bruta de capital fijo es esencial para el crecimiento sostenido del país. Dada su caída en los últimos años, otro saldo negativo es el deterioro del potencial de crecimiento del país, que se estimaba en 2% hasta hace unos años y actualmente, en opinión de diversos analistas, se ha reducido a un rango entre 1 y 1.5%.

Empleo

En materia de empleo también se percibe un entorno complejo. En general, la debilidad del crecimiento ha contribuido al deterioro del mercado laboral.

Si bien hay señales de que el número de ocupados ha aumentado, lo que sin duda es una buena señal, resalta que prevalecen indicios de una precarización del empleo. Entre otros:

• La desocupación extendida -la población que no trabaja ya sea porque busca empleo y no lo encuentra o porque no lo busca, pero que expresa que sí desearía trabajar- alcanzó 7.9 millones de personas al cierre de agosto, poco más de medio millón más que en el tercer trimestre de 2018; 
• Respecto al mismo periodo (del tercer trimestre del 2018 a agosto del 2022), la población ocupada en condiciones críticas¹ aumentó en 9.7 millones, lo que representa el 31.2% de la ocupación total del país; y
• El salario mínimo ha aumentado significativamente -76% en términos reales- desde 2017, pero el número de ocupados que percibe menos del mínimo ha aumentado de 15% en el último trimestre del 2017 a 27% en el segundo de 2022.

En concreto, es claro que la variable del empleo continúa rezagada e incluso ha empeorado en términos de su calidad para una proporción importante de la población. Esto refleja otro saldo desventajoso en los primeros cuatro años de la administración. 

Sumado a lo anterior, lo más preocupante es la falta de capacidad para generar empleos que podría impedir tomar las ventajas en términos de progreso que ofrece el crecimiento de la fuerza laboral que en otras circunstancias representaría el bono demográfico. Incluso, aunque la tasa de desocupación abierta puede disminuir, la tendencia de mediano y largo plazo indican una pauperización del empleo. 

Inflación

Adicionalmente, las tasas de inflación continúan aumentando, y afectan a su vez las expectativas inflacionarias que siguen en ascenso. Entre otras cosas, preocupa que la inflación, que se mantiene en sus niveles más altos en varias décadas, pueda presentar nuevos repuntes en los precios de alimentos y energía dado el entorno internacional.

El endurecimiento de la política monetaria, respuesta necesaria a las presiones inflacionarias a través de elevar las tasas de interés, eleva el costo de la deuda para empresas, familias y gobiernos, lo que en mayor o menor medida genera un freno de demanda y del crecimiento. Es decir, se trata de un “enfriamiento” de las economías.

En septiembre, la inflación anual se ubicó en 8.7%, la más alta desde diciembre de 2000. Aunque el origen de este episodio de inflación es primordialmente del exterior, primero como consecuencia en la disrupción de las cadenas de valor y suministro por la pandemia y más recientemente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que daña la oferta de alimentos importantes en los mercados globales, es fundamental que no se afecten las expectativas para evitar la creación de un círculo vicioso entre precios y salarios, como en los años 80. 

Para moderar las expectativas de inflación y el riesgo de su “desanclaje”, la política monetaria del Banco de México ha sido muy relevante, aunque realmente insuficiente para causar un efecto de mayor importancia en el corto plazo en el aumento generalizado del nivel de precios. 

En cuanto a la política de la administración en el combate a la inflación, el riesgo mayor está en sus posibles estrategias. Por el momento se han evitado los controles de precios, lo que es positivo porque, como lo demuestra la experiencia, no funcionan y pueden empeorar la situación. 

La puesta en marcha del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APASIC) a inicios de octubre no tiene el alcance para afectar significativamente la inflación. Además, el programa otorga una licencia única universal a las empresas incluidas en el acuerdo para que puedan exentar trámites o permisos, incluyendo los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y los de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) así como del impuesto general de importación, lo que podría tener consecuencias negativas de mediano y largo plazo por el incumplimiento de regulaciones esenciales para la salud humana, pero también en materia de acuerdos de comercio internacional, pudiendo entorpecer las exportaciones mexicanas de alimentos y productos agropecuarios. 

En concreto, el saldo en materia de inflación también es negativo para el país, aun cuando al menos en su mayoría el origen del fenómeno viene de factores distintos a la política económica nacional.

Marco institucional

Quizá el mayor saldo de la presente administración es el daño o desmantelamiento de diversas instituciones del Estado. Aunque es evidente que el fortalecimiento de nuestras instituciones debería ser la mejor inversión para asegurar el crecimiento y desarrollo presente y futuro de México, lo que ha ocurrido en los primeros cuatro años de gobierno es justo lo contrario. 

El debilitamiento institucional significa un retroceso en materia de economía y democracia modernas; engendra un cultivo para la autocracia y la ilegalidad. Solo con el absoluto respeto a la Ley se puede construir instituciones fuertes que además sean el contrapeso democrático contra la instrumentación de políticas públicas o prácticas de gobierno sin sustento en evidencia y análisis adecuados, o con propósitos distintos al interés público y que atenten contra el desarrollo equitativo de los sectores productivo y social. 

Es urgente fortalecer nuestro sistema político y la división de poderes. Que el sistema de contrapesos funcione efectivamente por el bien de todos. Que el Poder Legislativo y el Judicial respondan a los legítimos intereses de la sociedad y no de partidos y grupos en el poder.

En concreto, el saldo en materia institucional es claramente negativo y quizá el más preocupante.

El futuro para México

¿Hacia dónde tenemos que ir?

Hacia una economía dinámica y competitiva, marcada por la expansión del mercado interno y del volumen y diversificación de las exportaciones; más integrada en lo interno y externo, entre empresas de distintos tamaños, sectores y regiones; potencializada por encadenamientos productivos y agrupamientos económicos (clusters) que impulsen la generación de valor y el desarrollo de nuevos motores del crecimiento y de empresas. 

La construcción de una economía y una sociedad para el siglo XXI necesariamente tiene que insertarse en las exigencias de la economía del conocimiento, basada en el crecimiento de la productividad, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. En otras palabras, se construye a partir del capital humano y de la inversión en investigación y desarrollo. 

Por lo tanto, es urgente que la educación enfatice la expansión del conocimiento moderno, científico y útil. Que se ponga en marcha un fuerte programa de inversión orientado al desarrollo del talento de los mexicanos. La educación y capacitación en todos los niveles debe ser de excelencia para que logremos escalar en nuestras capacidades técnicas y de innovación tecnológica.

La atención adecuada y decidida a los desafíos que enfrenta nuestra economía, con objetividad y por encima de la política, puede detonar un crecimiento sostenido con potencial de generación empleos de calidad y reversión de la exclusión de muchos sectores de la población, dando cauce a la movilidad social.

¿Es eso suficiente? 

Quizá no hoy día. Hay que propiciar una mayor participación social en las decisiones públicas y escrutinio de los gobiernos a fin de incluir a los grupos que justificadamente se sienten excluidos e históricamente en efecto lo han sido. Hay que hacerlo de manera convincente, pero real y efectiva. 

No obstante, lo anterior de ninguna manera significa descartar políticas basadas en la competencia, el mercado y la libertad económica. Al contrario, estos pueden generar las mejores oportunidades de movilidad social y menor concentración de riqueza si son acompañadas de la inclusión y el capital humano necesarios. EP

1. El INEGI considera en condiciones críticas a la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. [↩]

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