En México siguen desapareciendo personas todos los días. Frente a la incapacidad del Estado para generar condiciones de paz, sus familias, organizadas en colectivos, las buscan.
Texto de Mónica Meltis 18/12/23
En México siguen desapareciendo personas todos los días. Frente a la incapacidad del Estado para generar condiciones de paz, sus familias, organizadas en colectivos, las buscan.
Hace varios meses superamos la trágica cifra oficial de 100 mil personas que están desaparecidas en el país. ¿Cómo dimensionar este número? El aforo del Estadio Azteca es de 86 mil personas. Otra cifra para dimensionar esta tragedia: durante la dictadura militar en Argentina desaparecieron 30 mil personas. Es decir, en este país, que es una democracia, estamos buscando a un Estadio Azteca y medio de personas, casi cuatro veces más personas que las que desaparecieron durante el régimen autocrático argentino.
¿Cómo desaparecen 113 mil personas? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Y la pregunta fundamental y más urgente: ¿cómo y dónde las buscamos?
Intentando responder esta pregunta, en los últimos seis años se han creado al menos 100 instituciones y 73 leyes locales. Se nos va la vida creando comisiones de búsqueda locales, consejos ciudadanos, fiscalías especializadas, centros de identificación forense, comisiones de víctimas, panteones forenses, pero seguimos sin encontrarles y con pocas pistas sobre dónde buscar.
En el estado de Michoacán, Alfredo Barrios Blanco, un jóven campesino, quien tendría ahora 25 años de edad, sobrevivía pizcando limón. Solía ir de plantación en plantación como jornalero trabajando los cultivos. En enero del 2020, durante el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, soldados de la Guardia Nacional se lo llevaron por la fuerza de uno de esos plantíos. Alfredo está desaparecido desde ese día. Su mamá, Eufrosina, lo busca.1
Gerson Quevedo Orozco, estudiante de arquitectura, fue desaparecido a la edad de 19 años en Medellín, Veracruz, en el 2014. Al buscarlo, su hermano menor, entonces de 15 años, fue asesinado junto con la pareja de Magui —la hermana mayor de Gerson y Alan—, Miguel Calderlas Morales, de 25 años. Alan jugaba futbol profesional en los Tiburones Rojos de Veracruz como portero y Miguel era subcampeón nacional de taekwondo.2
En agosto de 2016, los integrantes del Colectivo Solecito localizaron un cementerio clandestino en Colinas de Santa Fe. Después de varios meses de búsqueda, encontraron 300 restos humanos. Allí se encontraban los restos de Gerson.3
A Stephanie Sánchez Viesca Ortíz se la llevaron mientras caminaba por la calle, en Torreón, Coahuila. Fanny, como le dicen sus papás Silvia y Oscar, desapareció hace 19 años, cuando era una adolescente.4
Así como Alfredo, Gerson y sus hermanos, y Fanny, hay casi medio millón de jóvenes impactados por la violencia y el crimen tan solo en los últimos seis años. Más de 480 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes han sido víctimas de la violencia de este país, como víctimas directas o como posibles responsables de delitos relacionados con el crímen organizado.5
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del gobierno federal incluye 426 casos acumulados desde la declaración de guerra contra el narcotráfico. Son casos en los que algunas corporaciones de seguridad estatales o federales fueron señaladas como autores de los hechos. Del total, 96 se dieron durante el gobierno de Felipe Calderón; 176 se durante la administración de Enrique Peña Nieto; y 154 más en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador hasta 2023.
Estas, sin embargo, no son todas las desapariciones forzadas en las que se presume la participación de estas corporaciones. De acuerdo con la investigación Permiso para matar, hay documentación de al menos 1500 víctimas de personas desaparecidas y ejecuciones por parte de policías, militares y marinos, que no tenían vínculos con el crimen organizado, no tenían ninguna sospecha, ni eran parte de ninguna investigación.
La cifra total de desapariciones forzadas ocurridas en el país es desconocida. Sin embargo, hasta el año pasado solo había 33 sentencias por este delito a nivel federal.6
Las personas jóvenes son quienes están en mayor riesgo. El rango de edad en el que se concentran la mayoría de los casos de personas desparecidas es de 25 a 29 años. Las mujeres son aún más jóvenes cuando desaparecen, la mayoría se encuentran entre 15 y 19 años.7
En medio de este panorama, durante los últimos meses la discusión en Palacio Nacional se ha limitado a disputar la cifra de cuántas personas han desaparecido realmente en el país. El presidente en sus mañaneras ha mencionado que la excomisionada de búsqueda Karla Quintana “actuó de mala fe alterando las cifras del Registro” a la alza. Para desmentir la cifra actual, el gobierno está levantando un “censo” de personas desaparecidas a cargo del personal de la Secretaría de Bienestar, que va de casa en casa de familiares registrados en el RNPDNO (en algunos casos llama por teléfono), preguntando si su familiar sigue o no desaparecido.
Los resultados de este “censo” fueron presentados durante la mañanera del 14 de diciembre como la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas” (ENBG). Su metodología no fue divulgada hasta siete meses después de la primera fase de búsqueda masiva resultante de la misma. El informe de la ENGB presentado se centró en una de las cuatro modalidades de búsqueda establecidas por ley: la búsqueda generalizada. Aunque se hizo mención de que la metodología utilizada coincide con la de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la metodología implementada a nivel nacional no fue divulgada.
De esta estrategia deriva que, de acuerdo con datos presentados en la mañanera del 14 de diciembre, se hayan “ubicado” o “localizado” 31% de las personas desaparecidas registradas en el RNPDNO. Sin embargo, las 17,843 personas “ubicadas” en otras bases de datos o por llamada telefónica siguen siendo consideradas desaparecidas hasta que se lleve a cabo la prueba de vida correspondiente.
La falta de claridad sobre el proceso de verificación de la firma, foto o huella para la prueba de vida, y con qué registros se está cotejando, es una preocupación significativa. No se ha proporcionado información suficiente sobre cómo se lleva a cabo este proceso, lo que deja dudas sobre la fiabilidad de la declaración de que estas personas han sido localizadas en vida. Es esencial aclarar estos procedimientos para garantizar la integridad del proceso y la certeza para las familias.
Si bien el RNPDNO registra 113 mil personas que aún continúan desaparcidas, existen fuentes como la Encuesta Nacional de Victimización y Persepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en donde se establece que existen 206 mil familias que han tenido a un familiar desaparecido en algún momento (no tenemos información de el porcentaje de personas que fueron halladas ni en qué condiciones). Sin embargo, estos datos sirven para dimensionar el problema.
Es común que previo a periodos electorales, las administraciones de gobierno utilicen estadísticas y datos de forma conveniente para fortalecer sus narrativas frente al electorado. No sorprende, pues, que el censo se realice justamente ahora. Ante esta situación, varios colectivos y organizaciones se han pronunciado por la falta de transparencia en la metodología planteada, así como por la opacidad que hay en torno al uso de esa cifra y la falta de participación de las familias en el proceso.
“[…] el propósito de estos registros no es solamente llegar a una cifra de personas desaparecidas por sí misma. Esa cifra y estos registros sirven en la medida en la que permitan generar hipótesis y acciones de búsqueda.”
En ese sentido, resulta importante recordar que el propósito de estos registros no es solamente llegar a una cifra de personas desaparecidas por sí misma. Esa cifra y estos registros sirven en la medida en la que permitan generar hipótesis y acciones de búsqueda. Sin los registros, es virtualmente imposible que el Estado sostenga búsquedas exitosas, más allá del despliegue policial o de elementos estatales para búsquedas inmediatas. Es decir, esta disputa no se trata de acordar si la cifra de 113 mil personas desparecidas es precisa o no, se trata de generar condiciones para que las personas que nos faltan – sea cual sea el número- puedan volver con sus seres queridos.
En este contexto desolador, las familias organizadas en colectivos de buscadoras participan de procesos de construcción de paz mientras buscan a sus seres queridos. La Red de Enlaces Nacionales, conformada por poco menos de 200 colectivos en el país, a través de sus ejes de trabajo, realiza actividades de búsqueda de forma interactiva con las comunidades para construir espacios de paz. Por medio de su modelo de búsqueda de personas y construcción de paz, las familias han realizado 7 brigadas de búsquedas nacionales, encuentros y actividades a nivel nacional. Este tipo de ejercicios de autonomía impulsados por las familias potencializan sus capacidades para llevar a cabo su derecho a la búsqueda y nos acercan a la verdad.
Si bien la ley parece empatar y facilitar algunos procesos de búsqueda que llevan a cabo familiares, la realidad es que no siempre acompaña el ejercicio de búsqueda de los familiares. Mientras tanto, los colectivos siguen en aumento. Con cada nuevo colectivo de familiares organizados surjen nuevas esperanzas de encontrar. Pero también evidencian lo que ningun registro podrá ocultar: las personas siguen desapareciendo en México todos los días. En lo que va del 2023, han desaparecido en promedio 27 personas cada día.
Hay que seguir exigiendo al Estado lo que le corresponde: atender los casos existentes, escuchar a las familias y acompañar su caminar, generar condiciones para la no repetición y llevar a cabo procesos de justicia. Pero también queda claro que ante la ausencia de Estado, la incapacidad del mismo para construir condiciones de paz, la apuesta es colectiva y ciudadana. Eso nos han enseñado las familias y desde ahí toca caminar. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
