En México, la balanza democrática no siempre inclina hacia las mayorías. Estudios muestran que el gobierno representa mejor a las personas con mayores ingresos, dejando a un lado las necesidades de los de abajo. Mientras las élites influyen en decisiones cruciales, como el presupuesto y la legislación, la voz de los más desfavorecidos parece desvanecerse.
Democracia desigual
En México, la balanza democrática no siempre inclina hacia las mayorías. Estudios muestran que el gobierno representa mejor a las personas con mayores ingresos, dejando a un lado las necesidades de los de abajo. Mientras las élites influyen en decisiones cruciales, como el presupuesto y la legislación, la voz de los más desfavorecidos parece desvanecerse.
Texto de Viri Ríos 04/11/24
Por cortesía de la autora, Este País ofrece un fragmento de la nueva edición ampliada del libro No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo que trata sobre los problemas sociales y económicos de México.
Las personas de alto nivel socioeconómico y las de niveles medios no siempre quieren lo mismo de su gobierno. Por ejemplo, gracias a múltiples encuestas de opinión sabemos que al menos el 80% de los mexicanos de nivel socioeconómico alto estaban mayoritariamente a favor de las reformas de telecomunicaciones, de transparencia y la propuesta de reducir el número de diputados federales durante el sexenio de Peña Nieto; mientras que solo el 28% de los mexicanos de nivel medio lo estaban.1 También sabemos que la mayoría de las personas de nivel socioeconómico alto están a favor de la legalización de la marihuana, mientras que solo el 19% de las personas de niveles medios lo están.
Lo mismo sucede con las personas de nivel socioeconómico alto y los bajos. Hay importantes diferencias en ciertos aspectos. El 74% de los mexicanos de nivel socioeconómico bajo querían que se retrasara el apagón analógico en 2015 para poder continuar viendo televisión con antena. Solo el 41% de las personas de nivel socioeconómico alto querían lo mismo. Además, sabemos que las personas de nivel socioeconómico bajo no están conformes con que haya cárceles privadas, inversión privada en Pemex, ni aborto. Al menos el 70% de las personas de nivel socioeconómico bajo están en contra de cada una de estas políticas públicas mientras que la mayoría de las personas de nivel socioeconómico alto están a favor.
En una democracia se esperaría que, en disensos como estos, el gobierno representara las preferencias de las mayorías, no de las personas que tienen más dinero.2 Sin embargo, no es así. Tal parece que el gobierno representa más y mejor a los ricos y que lo hace con bastante frecuencia.3
De hecho, una amplia literatura académica ha surgido para cuantitativamente comprobar que las democracias son desiguales, es decir, que las preferencias de las personas de más dinero con frecuencia se reflejan más en el actuar del gobierno que las del resto.4 Y México no es la excepción.5
El gobierno mexicano es anormalmente insensible a implementar las preferencias de los de ABAJO y anormalmente sensible a implementar las de los de ARRIBA. Esto se observa con claridad en tres aspectos.
Primero, en la forma en la que se usa el presupuesto. El profesor Larry Bartels, de la Universidad de Vanderbilt, ha estudiado el presupuesto de 29 países, incluyendo México, e identificó que de no ser por la gran influencia que tienen las personas de niveles socioeconómicos altos en el gasto social, éste sería 12% más alto.6 El nivel de gasto social es inferior al que óptimamente escogería una sociedad democrática porque las élites económicas tienden a preferir menos gasto social. Esto es mucho dinero. Significaría que México no gastaría, como lo hace ahora, 1.55 billones de pesos en gasto social, sino 1.74 billones, es decir, 186 mil millones de pesos más, casi lo suficiente para duplicar todos los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.7
Una segunda área donde se observa la fuerza desmedida de las élites es en el tipo de leyes que tenemos. Las reglas del juego se han hecho en varios aspectos para favorecer sobremanera a los de arriba. Varios estudios lo demuestran.8 Por ejemplo, su influencia ha sido instrumental para limitar la recaudación de impuestos a los más ricos.9 La influencia de las clases altas también ha permitido que se mantengan prerrogativas pro-monopolio e históricos congelamientos de discusiones clave en materia laboral y pensionaria.10 El caso emblemático es el sector de telecomunicaciones cuyo poder monopólico, permitido por el Estado mexicano, ocasionó pérdidas anuales por 1.8 puntos del pib hasta que fue reformado.11) Otros sectores privilegiados como la minería, los medios o la banca han gozado de control de mercado y prerrogativas muy superiores a las de otros países.
Finalmente, una tercera área donde se observa el desbalance en la representación de los de abajo es en el congreso.12 En México, a pesar de que el 80% de la población son trabajadores, solo el 10% de los legisladores tienen pasado como trabajador.13 Esta desproporción en el perfil de los legisladores mexicanos es más grande que en muchos otros países de América Latina. México es el cuarto país con peor representación de trabajadores de la región, solo por debajo de Ecuador, Costa Rica y Paraguay.14 En general, en México el poder económico y el político están anormalmente concentrados y entrelazados.15
La falta de representación del trabajador es grave pues existen diferencias profundas entre las preferencias políticas de los trabajadores y las de, por ejemplo, los profesionistas o empresarios.16 Por ejemplo, los trabajadores mexicanos tienden a estar más de acuerdo con que el gobierno influya en la economía y apoyan más la distribución del ingreso.17 Además, los legisladores que tienen un pasado de clase trabajadora tienden a preferir más las políticas de izquierda.18 El comportamiento de los políticos se relaciona con su ocupación anterior y su nivel de ingreso. El pasado rara vez se olvida.
Esto se explica, al menos en parte, porque las personas de más ingreso tienden a tener mayor capacidad y tiempo para participar en actividades organizacionales lo que les permite influenciar al Estado para que los represente. Así, las élites económicas tienden a tener canales directos de comunicación con el gobierno. Canales de los que otros carecemos. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos empresariales que representan a los negocios más grande de México suelen tener reuniones y pláticas con los gobernantes. Así logran transmitirles su sentir e influir en las decisiones que toman.19 En reuniones a puerta cerrada se toman decisiones críticas para el país. El gobierno actual dice que ya no lo hace, pero no parece ser así. En una reunión de este tipo, por ejemplo, se decidió que la Línea 12 del Metro sería reparada por las empresas de Carlos Slim, a pesar de que las mismas lo habían construido mal, al punto de que se cayó y causó la muerte de 27 personas.((DNV, Dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis de causa-raíz.))
Además, las personas de más recursos pueden financiar expertos, fundaciones y hasta departamentos académicos que compartan su forma de ver el mundo. Con esto pueden influir en los temas que se discuten en la prensa y pueden fijar agendas sobre ciertos temas que les parecen relevantes. Hasta los años ochenta, los centros de investigación de políticas públicas principalmente habían estado ligados a instituciones académicas, o directamente dentro de organizaciones empresariales, sindicales o del Estado. Más recientemente han proliferado los centros de investigación independientes en términos organizacionales, pero financiados por empresarios. Estos centros de investigación, que se han vuelto cada vez más activistas, se han enfocado en temas que reflejan las preferencias de quienes los financian. Generalmente liberales, pero enfocados principalmente en la libertad de empresa.
Más aún, es muy común que personas que trabajan en gobierno sean parte de las élites económicas creándose una endogamia que contamina al gobierno con las preferencias de los más ricos.20 Esto se ha tratado de evitar regulando dónde pueden trabajar las personas después de haber sido funcionarios de gobierno, pero la regulación se hizo de manera tan restrictiva y burda que solo se ha prestado a la simulación. Por ejemplo, ahora muchos de los consejeros del gobierno no tienen cargos como funcionarios oficiales, lo que les permite continuar influenciando las decisiones de política pública sin que sean sujetos de las regulaciones. Tal es el caso de Alfonso Romo, empresario del sector agrícola, que ha declarado ser el puente entre el sector privado y el gobierno federal, pero “desde fuera”.21)
La fuerza política de los ricos se acentúa aún más por la forma en la que funciona la economía. En las economías de mercado, mantener la satisfacción de las personas con dinero es crítico para que la economía se mantenga en buena salud.22 Es decir, mientras que la satisfacción de los ricos se traduce en decisiones de inversión favorables, su descontento detona reducciones en las inversiones privadas. Las personas con más recursos tienen mayor poder para amenazar con “irse a invertir a otro lado” si no les gusta lo que está haciendo un gobierno. Por ejemplo, hay modelos teóricos que han mostrado que la sola expectativa de un gobierno de redistribuir el ingreso de los ricos hacia los pobres tiende a reducir las inversiones privadas en ese lugar.23 Ello ha llevado a que economistas muy destacados como Dani Rodrik, profesor de economía política internacional de la Escuela de Gobierno de Harvard, concluyan que el libre movimiento de capitales puede ser antidemocrático porque limita la posibilidad de que el gobierno le responda a sus votantes y amplifica la probabilidad de que les responda a los inversionistas.24) Los ricos pueden influir con sus cuentas de banco y no solo con sus votos. En otras palabras, tienen más formas de ganar.
Una democracia no debería funcionar más y mejor para los ricos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Dos cosas muy concretas y una más abstracta […] EP
- El nivel socioeconómico se aproxima con características del hogar como materiales, aparatos, etc., autoidentificación de clase, ingreso y medidas subjetivas como capacidad de ahorrar o dificultad para llegar a fin de mes. Véase: Viri Ríos, Datos de preferencias de política pública y nivel socioeconómico con información de Parametría y GCE, (2021). [↩]
- Robert Dahl, Democracy and its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989). [↩]
- Partes de este capítulo son transcripciones de mi estudio sobre el tema en Viri Ríos, “Cultura del privilegio y simbiosis entre poder político y poder económico en México”, Estudios y Perspectivas CEPAL, (2021). [↩]
- Si bien la evidencia en este sentido es bastante sólida, también existen algunos estudios de Estados Unidos que no encuentran una sobre-representación del poder económico en la política. El principal reto de esta literatura, mayormente cuantitativa, es encontrar formas empíricas de medir la influencia del poder económico sobre el político. La mayor parte de los estudios utilizan encuestas de opinión pública para identificar las preferencias de distintos niveles de ingreso. Véase: Peter K. Enns, “Relative policy support and coincidental representation”, Perspectives on Politics, 13:4, (2015), 1053-64; Thomas J. Hayes. y Benjamin G. Bishin, “Do elected officials serve the poor on health care? Evidence from a field experiment on members of Congress and state legislators”, The Social Science Journal, 57:4 (2020); David Macdonald, “Class attitudes, political knowledge, and support for redistribution in an era of inequality”, Social Science Quarterly, 101:2 (2020), 960-77. Una revisión exhaustiva de esta literatura, se puede consultar en Ríos, “Cultura…”, (2021). [↩]
- Carnes y Lupu, “Rethinking…”, 2015; Noam Lupu y Zach Warner, “Why are the affluent better represented around the world?”, European Journal of Political Research, (2022); Larry M. Bartels, “Political Inequality in Affluent Democracies: The Social Welfare Deficit”, document de trabajo 5-2017 (Nashville: Center for the Study of Democratic Institutions, Vanderbilt Univerisy, 2017); Lee Drutman, “How Big Pharma (and others) began lobbying on the Trans-Pacific Partnership before you ever heard of it”, Sunlight Foundation (mar 13, 2014). [↩]
- Bartels, “Political…”, 2017. [↩]
- La suma de todos los programas presupuestarios aprobados para la Secretaría de Salud en 2023 ascendió a 210 mil millones de pesos. La diferencia de 186 mil millones de gasto adicional podría aumentar este presupuesto en 89%. Véase: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, (2023), SHCP. [↩]
- Carlos Elizondo, Los de adelante corren mucho. Desigualdad, privilegios y democracia (México: Penguin Random House, 2014); Ricardo Fuentes-Nieva y Nick Galasso, “Working for the few: political capture and economic inequality”, 178 Oxfam Briefing Paper (Oxford: OXFAM, 2014), OXFAM; Manuel A. Guerrero, “The ‘captured liberal’ model of media systems in Latin America”, en Media systems and communication policies in Latin America, M. Márquez-Ramírez y M. Guerrero, eds. (Lonres: Palgrave Macmillan, 2014); Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, (2015), Oxfam México. [↩]
- Gabriel Ondetti, “The power of preferences: economic elites and light taxation in Mexico”, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 62:231(2017); y véase capítulo “Los políticos son sus empleados” y “Más paraíso de las Bahamas”. [↩]
- Banco Mundial, “Democratic governance in Mexico: beyond State capture and social polarization”, (Washington, D.C: World Bank Mexico, 2007); y véase capítulo “Éxitos de hoy y siempre”. [↩]
- OECD, “OECD review of telecommunication policy and regulation in Mexico” (Paris: OECD Publishing, 2012 [↩]
- Carnes y Lupu, “Rethinking…”, 2015. [↩]
- No incluye datos de la administración de López Obrador. [↩]
- Carnes y Lupu, “Rethinking …”, 2015. [↩]
- Schneider, “Why is Mexican …?”, (2002); Roderic Ai Camp, Mexico’s Mandarins: Crafting a Power Elite for the 21st Century (Oxford: Oxford University Press, 2002); Roderic Ai Camp, The Metamorphosis of Leadership in a Democratic Mexico (Austin: University of Texas Press, 2010); Roderic Ai Camp, Mexican Political Biographies, 1935-2009 (Austin: University of Texas Press, 2011); Alejandra Salas-Porras y Matilde L. Ledesma, ¿Quién gobierna América del norte? Élites, redes y organizaciones (México: Editorial Océano,2012); Julia Chardavoine, “Las élites corporativas de México (2000-2015): dinámicas del capitalismo familiar”, Revista Española de Sociología, 29:3 (2020). [↩]
- Nicholas Carnes, N, White-collar government: the hidden role of class in economic policy making (Chicago: University of Chicago Press, 2013); Tom O’Grady, “Careerists versus coalminers: welfare reforms and the substantive representation of social groups in the British Labour Party”, Comparative Political Studies, 52:4 (2019). [↩]
- Medido por clase social subjetiva, el 33% de la clase baja se considera izquierda y el 17% de derecha. En cambio, solo el 14% de la clase alta se considera de izquierda. Medido por apreciación de nivel socioeconómico, el 35% de la clase baja se considera izquierda y el 20% derecha. En cambio, solo el 28% de la clase alta se considera de izquierda. Se utilizan dos medidas de clase social: clase social subjetiva de acuerdo con la percepción del entrevistado y apreciación de nivel socioeconómico de acuerdo con el entrevistador. Ambas variables contienen cinco categorías. En ambos casos se utilizan los dos niveles más bajos como clase baja y los dos niveles más altos como clase alta. La ideología se mide con la pregunta de auto-ubicación en la escala izquierda-derecha del 0 al 10. Se considera como izquierda las respuestas del 0 al 3 y derecha del 7 al 10. Véase: Latinobarómetro Corporation, Latinobarómetro 2020 (2020). [↩]
- John Griffin y Claudia Anewalt-Remsburg, “Legislator wealth and the effort to repeal the estate tax”, American Politics Research, 41:4 (2013); David Szakonyi, “Princelings in the private sector: the value of nepotism”, Quarterly Journal of Political Science,14:4 (2019), 349-381. [↩]
- Lucy Conger, “Power to the Plutocrats (Mexico’s business elite)”, Institutional Investor, 29:2, (1995); Ben Ross Schneider, “Why is Mexican business so organized?”, Latin American Research Review, 37:1, (2002), 77-118. [↩]
- Jaime Aragón y Julián Cárdenas (2020), “Análisis de redes empresariales y puertas giratorias en México: cartografía de una clase dominante público-privada”, Temas y debates, 39 (2020) 81-103. [↩]
- Elías Camhaji, “López Obrador anuncia la salida de Alfonso Romo, su hombre fuerte con el sector privado”, El País (dic 2, 2020 [↩]
- Jacob S. Hacker y Paul Pierson, Winner-take-all Politics: How Washington Made the Rich Richer–and Turned its Back on the Middle Class (New York City: Simon & Schuster, 2010). [↩]
- Adam Przeworski y Michael Wallerstein, “Structural dependence of the State on capital”, The American Political Science Review, 82:1 (1988), 11-29: Thomas Ferguson Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political Systems (Chicago: University of Chicago Press, 1995). [↩]
- Esto no quiere decir que debamos limitar el comercio, sino que debemos definir en qué términos sucede para que no afecte a trabajadores y ciudadanos. Véase: Dani Rodrik, Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton: Princeton University Press, 2017 [↩]
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