En este texto, Javier González y Flavia Poy Barrio —miembros de Ethos Innovación en Políticas Públicas— analizan algunos factores que apuntan a un proceso de des-democratización y debilitamiento de las instituciones públicas en México.
Texto de Javier González, Flavia Poy Barrio & Ethos Innovación en Políticas Públicas 24/08/23
En este texto, Javier González y Flavia Poy Barrio —miembros de Ethos Innovación en Políticas Públicas— analizan algunos factores que apuntan a un proceso de des-democratización y debilitamiento de las instituciones públicas en México.
Es difícil encontrar argumentos para negar que México transita por un proceso de declive democrático. De acuerdo con el muy conocido Índice Latinobarómetro 2021, solo 42.9% de los encuestados piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que 64.1% se considera “no muy satisfecho” o “nada satisfecho” con el funcionamiento de esta forma de gobierno.1 Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que nuestro país está entre los que tienen menor percepción de un funcionamiento positivo de la democracia en la región y posee una alta desconfianza institucional, principalmente en los partidos políticos (13%) y en el Poder Judicial (24%).2
En el análisis del V-Dem Institute de Suecia, México muestra una fuerte disminución en el Índice de Componentes Liberales, que captura aspectos como los controles y equilibrios en el Poder Ejecutivo, el respeto por las libertades civiles, el estado de derecho y la independencia de la legislatura y la judicatura. Asimismo, hay un desplome del componente deliberativo, que incluye indicadores de respeto a la oposición, vitalidad del pluralismo y polarización. Por último, el índice señala una disminución adicional en el Índice de Libertad Académica para México —hecho que se relaciona con un proceso de autocratización—, pues se observa una pérdida de 0.5 puntos en una década.3
“[…] la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que nuestro país está entre los que tienen menor percepción de un funcionamiento positivo de la democracia en la región y posee una alta desconfianza institucional, principalmente en los partidos políticos (13%) y en el Poder Judicial (24%)”.
El reporte The Global State of Democracy 2022, de IDEA Internacional,4 menciona que, en el continente americano, 41% de los países presenta restricciones preocupantes de derechos fundamentales, y 33% ha limitado sus controles del gobierno. Para el caso de México, señala especialmente la violencia hacia los periodistas y destaca el hecho de que el presidente López Obrador y su partido han tratado de debilitar diversos órganos constitucionales autónomos, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales locales, recortando sus presupuestos y cuestionando su pertinencia y utilidad. Análogamente, el análisis de Freedom House 20225 evalúa a México como un país “parcialmente libre”, en el marco de una caída general de la población latinoamericana y mundial que vive en espacios de libertad.
Continuando con la evidencia cualitativa, en el análisis de Mainwaring y Pérez-Liñán, Why Latin America’s Democracies Are Stuck,6 se observa que desde 2021 México está definido como una “semidemocracia” o low-level democracy, lo que evidencia una trayectoria de des-democratización y fluctuaciones respecto a la solidez de las instituciones en el país. El Democracy Index de The Economist Intelligence Unit7 considera a México como un régimen híbrido, habiendo sufrido una de las caídas más fuertes respecto a 2022, con una pérdida de 3 puntos, pues ocupa el puesto 89 global y registra un nivel de declive similar al de Haití y El Salvador.
Estas cifras y evidencias se complementan con otras evaluaciones, como la del Berggruen Governance Index,8 que mide la solidez de la gobernanza, la calidad de vida y la calidad de la democracia. De este estudio, resaltan tres dimensiones: la provisión de bienes públicos, la capacidad del Estado y la rendición de cuentas democrática. Para la primera de estas dimensiones, en América Latina —después de las “décadas perdidas” de finales del siglo XX— países como Chile o Perú muestran avances relevantes, mientras que México tiene una muy ligera mejora en la provisión de bienes públicos que conduzca a soluciones de los problemas financieros, sociales y de estabilidad política en el país. Respecto a la dimensión de capacidad del Estado, en la medición de los países de América del Norte, solo Canadá mostró una ligera mejora (de 80 puntos en 2000 a 82 en 2019), mientras que los EE. UU. y México revelan retrocesos sustanciales: de 79 a 65 para Estados Unidos y de 49 a 40 para México durante el mismo período. Para la última dimensión, los países de las Américas y Asia muestran una disminución de la rendición de cuentas democrática entre 2000 y 2019; México aparece relativamente estable, pero sin presentar un aumento en su responsabilidad democrática, como sí lo han hecho Colombia y Perú, entre otros países de la región.
El retroceso democrático no es una preocupación exclusiva de México. De forma general, el estudio ya citado del V-Dem Institute señala que el nivel de democracia en el mundo para 2022 se equipara con el que se tenía en 1986, mientras que 46% del PIB mundial proviene ya de regímenes autocráticos.9 Uno de los principales riesgos es que el equilibrio global del poder comercial también se está inclinando a favor de las autocracias, como China. El intercambio comercial entre democracias ha disminuido de 74% en 1998 a 47% en 2022. Estos datos cuestionan la vigencia de la relación entre democracia y crecimiento económico y, preocupantemente, desmontan argumentos largamente sostenidos sobre la inviabilidad de los regímenes autoritarios para generar desarrollo.
“[…] el estudio ya citado del V-Dem Institute señala que el nivel de democracia en el mundo para 2022 se equipara con el que se tenía en 1986, mientras que 46% del PIB mundial proviene ya de regímenes autocráticos”.
Siguiendo con el Índice de Percepción Democrática de Alliance of Democracies, el miedo a unas elecciones injustas es una preocupación de 62% de la población de América Latina, y México ocupa el séptimo lugar en este indicador entre los países de las regiones de América y Asia.10
¿Qué explica el retroceso de México en prácticamente todos los indicadores internacionales recientes sobre democracia? Es posible pensar en diversos factores, pero consideramos que la debilidad de las instituciones, particularmente de las encargadas de asegurar la gobernabilidad y el estado de derecho, constituye una de las principales razones de esta fotografía tan alarmante.
Brinks, Levitsky y Murillo publicaron para la Universidad de Cambridge una propuesta metodológica para caracterizar el concepto de “debilidad institucional”.11 La fragilidad de las instituciones radica en la existencia de reglas y prácticas que no cumplen su función ni permiten que dichas instituciones cumplan su propósito en la sociedad. Como relata este análisis, las debilidades institucionales más graves son la corrupción, la falta de independencia judicial, la falta de transparencia y rendición de cuentas y la incapacidad institucional.
En el caso de México, desde nuestro punto de vista, la extenuación de las instituciones se manifiesta en un debilitamiento progresivo del sistema de pesos y contrapesos. Como ha sido ampliamente reportado por la prensa nacional e internacional, en el sexenio actual se ha arremetido recurrentemente contra los organismos autónomos y los órganos reguladores, a los que se acusa de “ser parte de intereses creados en el periodo neoliberal”. En 2019, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa perdieron su autonomía formal frente al Poder Ejecutivo. Desde 2021, el blanco de los ataques ha sido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), pues se le acusa de reservar la información relativa a los créditos fiscales y otros expedientes, como el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Actualmente, el partido en el poder ha decidido inhabilitar de facto la operación del INAI, al resistirse a nombrar a las y los funcionarios que integrarían el pleno del órgano de gobierno de este instituto, impidiendo así la resolución de los casos de violación a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Como ya se mencionó, uno de los episodios más relevantes durante 2023 es el del Instituto Nacional Electoral (INE), no solamente por el recorte de 4,500 millones de pesos que sufrió en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, sino por la imposición de una reforma electoral que reducía el personal y las atribuciones del INE, además de proponer cambios en el método de selección de los consejeros de este instituto en detrimento del mérito y el conocimiento de la materia electoral.12
En el marco de la administración pública, otros organismos con diversos niveles de autonomía han sido re-centralizados, y han desaparecido diversos programas, fondos y fideicomisos con la consecuencia lógica de un aumento en la discrecionalidad del gobierno para decidir sobre cada vez más asuntos públicos.
“La organización Artículo 19 ha señalado que, en México, cada 14 horas un periodista es atacado”.
Un ejemplo más de erosión de los contrapesos al poder es la amenaza y el acoso sistemático contra la prensa libre. La violencia contra los periodistas en México es un elemento de preocupación internacional y ocurre especialmente en el ámbito local, en pequeñas metrópolis donde reporteros y editores siguen luchando por conservar las condiciones para su seguridad e independencia. La organización Artículo 19 ha señalado que, en México, cada 14 horas un periodista es atacado.13 Asimismo, este debilitamiento de los medios periodísticos se observa en procesos paralelos como la concentración de la “información veraz” en el gobierno. Este actuar, típicamente observado en regímenes populistas de diferente corte, consiste en líderes que articulan las demandas del “pueblo” a la par que minimizan los derechos del “otro antagónico” y atacan a los medios de comunicación que asumen posturas críticas respecto al poder.
Si bien es cierto que el Estado mexicano ha tomado medidas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones en los últimos años, como la creación de la Fiscalía General de la República y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en la actualidad existen dudas fundadas sobre la verdadera independencia del órgano de procuración de justicia y sobre el compromiso gubernamental con el SNA. Muestra de ello es la reciente presentación, por parte del Poder Ejecutivo, de una iniciativa para que la Secretaría de la Función Pública “absorba” a la Secretaría Ejecutiva del SNA.
Por último, no podemos dejar de mencionar los recientes descalificativos hechos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus integrantes, con el propósito de debilitar la credibilidad del máximo tribunal constitucional ante los ojos de la ciudadanía.14
Los ataques a la institucionalidad no son gratuitos ni producto de alguna espontaneidad. En los últimos años, las instituciones mexicanas no han sido eficaces en la superación de la pobreza y la desigualdad, no han logrado brindar servicios públicos transparentes ni proteger los derechos humanos. Sin embargo, por paradójico que parezca, combatir la ineficacia de las instituciones se resuelve “solidificándolas”, no reduciéndolas a la irrelevancia o, peor aún, a su destrucción.
Tanto la democracia como la eficacia gubernamental desempeñan un papel fundamental en la mejora sostenible de la calidad de vida de las personas. Aquellos países que poseen un sistema democrático, pero carecen de una capacidad estatal sólida, enfrentarán obstáculos para llevar a cabo sus planes de manera efectiva. Por el contrario, las naciones con una capacidad estatal fuerte pero con una democracia en decadencia se enfrentarán a dificultades para comprender las necesidades y deseos de su población, así como para revertir los procesos de decepción, apatía, malestar social y falta de confianza en las personas y sus gobernantes.
“Cuando la institucionalidad es frágil, es imposible dar respuesta a las necesidades sociales, con lo que se profundiza la falta de aprecio a la democracia como forma de gobierno y promesa de futuro civilizatorio”.
No es casualidad que el avance del populismo se relacione directamente con un debilitamiento progresivo de las instituciones. Estas representan certidumbre, reglas de aplicación imparcial y predecibilidad en los procesos y respuestas del Estado, lo que disminuye el poder de líderes autoritarios y discrecionales. Cuando la institucionalidad es frágil, es imposible dar respuesta a las necesidades sociales, con lo que se profundiza la falta de aprecio a la democracia como forma de gobierno y promesa de futuro civilizatorio. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
