Un mes antes de la última Navidad, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que presentaría una iniciativa de modificación a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). La propuesta iba dirigida a una población específica: las personas con discapacidad,  y consistía en añadir una fracción donde se reconociera como discriminatorio cualquier acto que restrinja o limite su «derecho de vivir de forma independiente». 

La idea podría parecer una contribución adecuada al camino para reconocer a un grupo vulnerable y garantizar su derecho a la vida digna. El problema, sin embargo, está en el actor que ha contribuido en primer lugar a poner esas restricciones y ha limitado el libre desarrollo de las personas con discapacidad (PcD): el propio Estado.  

En junio de 2020, la organización Human Rights Watch publicó un informe sobre la violencia vivida por las PcD en el país; expuso que, a nivel federal y estatal, los gobiernos mexicanos no han logrado implementar políticas que permitan a las personas con diversidad funcional vivir de manera autónoma. Esto ocasiona que dependan en su totalidad o en gran medida de sus familias, además de exponerlas a fuertes abusos. 

En materia normativa, México se ha comprometido a proteger y garantizar sus derechos: propuso la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006). También ratificó su Protocolo Facultativo en marzo de 2007, comprometiéndose a crear una sociedad mundial inclusiva que permitiera a las PcD desarrollarse en igualdad de condiciones y hacer valer sus derechos.

A nivel nacional, en el primer artículo constitucional se prohíbe todo tipo de discriminación y, además, se cuenta con el marco legal de la LFPED (2003) que especifica la prohibición de actos discriminatorios por cualquier motivo, incluidos la discapacidad y el género. Pero aun al ser el ente que propuso la creación de la Convención y aparentemente dar prioridad a la situación, ¿el Estado mexicano ha logrado garantizar una vida independiente y segura para las personas con diversidad funcional?

Primero, hay que considerar a quiénes se nombra cuando se habla de discapacidad en el país. Según el INEGI (2018), 7.7 millones de mexicanos tienen alguna discapacidad. Dentro de ese grupo, más del 54.2% son mujeres. Asimismo, hay que recordar que hablar de discapacidad no significa incapacidad. 

Al analizar los datos de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación (Enadis 2017) es posible observar un dato significativo: en México, las PcD que se sienten algo o muy libres para tomar sus propias decisiones representan el 81.17%, mientras que el 18.6% se siente poco o nada libre para decidir; es decir, son casi 4 veces más las PcD que se sienten con algún grado o mucha libertad para la toma de elecciones. La sensación de libertad no implica necesariamente que esta se materialice, pero representa una tasa alta de autorreconocimiento de la propia autonomía en las personas con diversidad funcional.

Un primer descubrimiento del análisis en el aspecto educativo permite notar cómo el piso desigual en materia de oportunidades y adecuaciones a los grupos vulnerables poco a poco reduce sus posibilidades de independencia. A nivel nacional, el 20.73% de la población mayor de 18 años llegó hasta la primaria o menos, mientras que el 64.31% tiene como último nivel aprobado la secundaria. Para las personas con discapacidad, la tasa se incrementa más del doble, respectivamente: se estima que 43.43% de las PcD de 18 años en adelante llegaron hasta nivel primaria o menos, mientras que sólo el 18.67% cuenta con secundaria aprobada. Para el nivel superior, sin embargo, el margen se reduce: 0.50% de los mayores de edad a nivel nacional han llegado a nivel licenciatura o posgrado; mientras que 0.94% de las PcD aprueban alguno de dichos niveles.  

Los datos también develan las dos problemáticas de mayor relevancia para las personas con diversidad funcional: para el 31.14% de las PcD en México, el principal problema es la movilidad (calles, instalaciones y transportes), mientras que el 29.99% considera la falta de oportunidades para trabajar como la problemática primordial.

Al desagregar por sexo se revela que, para empezar, de las PcD que ven la falta de oportunidades laborales como principal problema, el 52.8% son mujeres. Entonces surge una pregunta fundamental: en un país donde, a principios de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó al Estado su atención inmediata por la alarmante situación de violencia de género, ¿qué sucede en específico con las mujeres con discapacidad en el ejercicio de sus derechos laborales?

En un primer momento, el panorama laboral para las PcD en general es desalentador. A nivel nacional, la tasa de desocupación es de 3.22% para los hombres y 3.55% para las mujeres. En contraste, para las PcD la tasa se multiplica 20 veces: el promedio de desocupación para hombres con diversidad funcional es del 66.3%, mientras que para las mujeres es del 52.26 por ciento. 

A simple vista, se observa que la tasa de desocupación es menor para las mujeres con discapacidad, en comparación con la de los hombres de la comunidad. Sin embargo, al analizar la tasa de participación laboral de las PcD, es posible notar que se debe a la réplica de la brecha de género en este grupo: menos mujeres cD que participan en el mercado laboral a comparación de los hombres cD. 

En México, los hombres tienen un promedio de participación laboral de 77.1%, mientras que la tasa para las mujeres es de 44.5 por ciento. La violencia estructural contra las mujeres se presenta a nivel nacional y limita la inclusión de las mujeres; para las mujeres con diversidad funcional esa tendencia también está presente, pero la magnitud de la brecha es mucho mayor: el promedio estimado de participación de los hombres cD es de 83.53%, en contraste con la tasa para las mujeres cD que es tres veces menor, 27.53 por ciento. 

Esto quiere decir que, a nivel nacional, por cada mujer que participa en el mercado laboral, hay 1.7 hombres participando. Mientras tanto, para las mujeres con diversidad funcional la brecha aumenta casi el doble: por cada mujer con discapacidad que trabaja o se encuentra en búsqueda de trabajo, hay 3 hombres con discapacidad en el mercado laboral. 

Así, se ha permitido que prevalezca la discriminación múltiple: un trato desigual que reduce los derechos de las personas con dos o más características de un grupo vulnerable. En este caso, las mujeres con diversidad funcional. 

A esto hay que añadir los datos que próximamente reflejarán los estragos que la pandemia de COVID-19 ha tenido para las PcD en diversos ámbitos, pero en particular el laboral. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se perdieron 647 mil empleos debido a la pandemia durante 2020. 

Tal como señalan la defensora de derechos humanos, Elizabeth Araiza Arredondo, y la activista y presidenta de la asociación Amor Sin Fronteras A.C., Elizabeth Patricia Pérez, con la contingencia se ha demostrado que ante una emergencia, las mujeres siguen siendo el grupo más violentado, lo cual se enfatiza para las mujeres en situación de discapacidad. Por lo tanto, visibilizar las problemáticas de las mujeres cD y ofrecer oportunidades de trabajo que permitan la autosuficiencia –especialmente en la emergencia– no requiere medidas generalizadas, sino estrategias de intervención que vayan de acuerdo con los contextos de cada una y sus necesidades.

A finales de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Guía Ética para la Transformación de México, documento que introdujo como una síntesis de 20 artículos donde se resaltan los principios que constituyen la guía moral y ética de su gobierno. El artículo 16 está dedicado al trabajo; lo define como un derecho universal y un deber que asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece realización personal. Sin embargo, enseguida disuelve su carácter universal: «quedan excluidos los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad». 

Si bien el documento no es de carácter legal, es preocupante que –dentro de los principios que el gobierno presenta como ejes rectores– se considere ética la exclusión y obstrucción de un ámbito fundamental para la vida. Esto se opone a la Convención a la cual México está adscrito, contradiciendo directamente el artículo 8, donde los países se comprometen a promover el reconocimiento de las capacidades, métodos y habilidades de las personas con diversidad funcional.

A la par de modificar la LFPED para prohibir los actos discriminatorios que limitan la posibilidad de las PcD de vivir y disfrutar de una vida independiente –como propuso el senador Ricardo Monreal–, el Estado mexicano debe cambiar su enfoque de raíz. Es necesario que deje de ser el primero en poner barreras al libre desarrollo de las PcD, al obstaculizar y restringir su toma de decisiones. Desde la materia legal y ética debe dárseles un lugar no como personas sujetas a la asistencia, sino como sujetas de derechos. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; en la última ocasión, varias organizaciones mundiales se unieron para reconocer y promover la fecha; esta vez  eligieron el lema «Un día para todos». No obstante, la realidad actual es que a las personas con discapacidad y en particular a las mujeres enfrentadas –además– a la violencia estructural podría resultarles más urgente algo distinto: un mundo para todas, con el reconocimiento y libre ejercicio de su propia vida. Todos los días.  EP

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