Montserrat Nuria Reyna Valle es una abogada de 35 años que, con el cierre de los juzgados por la pandemia en 2020, tuvo que buscar un empleo alterno que le pudiera generar ingresos inmediatos y así poder solventar los gastos familiares. 

“No había manera de seguir litigando, por ello decidí trabajar haciendo entregas de alimentos por medio de las plataformas. Mi horario de trabajo es de 10 de la mañana hasta las 6 o a veces hasta las 10 de la noche, cinco días por semana. Mi medio de transporte es la motocicleta y sí, sí es peligroso”.

Hace un mes y medio Montserrat sufrió un accidente debido a la lluvia. “No me pude detener y caí. Desgraciadamente, al día de hoy todavía no funciona del todo bien mi rodilla porque fue la que se llevó el mayor golpe, todavía sigo con un tratamiento y rehabilitación”.

Aquella tarde, Montserrat se dirigía a entregar un pedido, pero ya no llegó a su destino por lo que tuvo que pagarlo. En ese mismo momento, la plataforma Rappi le solicitó otro envío que ella canceló al encontrarse severamente lastimada. 

“En lugar de que Rappi me cancelara el pedido como así lo pedí, a mí me lo tomaron como un pedido recogido, nunca avisé que había llegado a la tienda, sino que no lo realizaría; sin embargo, tuve que pagar ese monto por una equivocación de ellos. Por ahora ya le he ido abonando a esa deuda para que no se refleje como un incumplimiento de mi parte, sin dejar de contar que todos los gastos médicos corrieron por mi cuenta porque no tenemos ningún tipo de protección”, comenta Reyna Valle en entrevista con Este País. 

En México, existen tres plataformas de entrega de comida a domicilio: Rappi, Uber Eats y Didi Food. Las dos primeras llegaron al país en 2016 y la tercera, en 2019. De acuerdo con Marketing4Ecommerce, la estimación de las ganancias de plataformas de delivery en México en 2021 asciende a 2,100 millones de dólares, “siendo el segundo mercado de Latinoamérica con la mejor facturación para este servicio”.

Estas tres plataformas han generado una importante cantidad de empleos en el país. Armados con motocicleta o bicicleta, casco, teléfono con internet y una mochila especial para cargar y mantener calientes los alimentos, los repartidores realizan varias entregas por diversas colonias. Su paga es un porcentaje del costo de la entrega, y si tiene la suerte de que el cliente le dé una propina, obtendrá un porcentaje de esta.

Sobre el tema, Sonia Juárez Moreno, abogada y académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, explica a Este País que el repartidor siempre es el más desprotegido, mientras que la empresa es la que gana: “Las compañías de reparto, al recoger el producto, le suben un poco más el costo con el argumento de que pagan impuestos; además, descuentan el impuesto de las propinas al repartidor. Por su parte, el repartidor no tiene beneficios, porque desafortunadamente su labor no está regulada en la Ley Federal del Trabajo, y al no estar dentro de ninguna de las categorías el gobierno le cobra impuestos”. 

“El trabajador también necesita un teléfono que la empresa no le va a dar, y es esta misma la que le vende el discurso de que ‘él tiene la necesidad de ser contratado’, por lo que también necesita un vehículo propio, así como darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hacer una declaración de impuestos mensuales. Así es que, si lo ejemplificamos, los repartidores se suben a un ring y por todos lados salen maltratados y golpeados”, explica Juárez Moreno. 

La pandemia y el aislamiento acrecentaron los pedidos de alimentos a domicilio; esto significa un ingreso seguro para los trabajadores, pero también los hace vulnerables al tener contacto con los clientes. “A mí no me dieron ningún tipo de protección. Yo tuve que comprar gel y cubrebocas, eso implicó más gastos”, comenta Montserrat. Otros trabajadores reportan haber recibido un mensaje para pasar a las oficinas de la empresa por un gel y un paquete de cubrebocas, pero solamente sucedió en una ocasión durante toda la pandemia.

Actualmente, la plataforma de Rappi asegura: “Tu salud nos importa” y por ello por cada compra que realice un repartidor, ya sea la mochila (con costo de entre 300 y 650 pesos), la chamarra (360 pesos) o impermeable (200 pesos), tendrá de “regalo” un gel antibacterial y un cubrebocas. 

Además de la salud, Montserrat señala que para una mujer hay más riesgos; por ello, a partir de las 6 de la tarde su hijo de 18 años la acompaña en la motocicleta a las entregas. “Porque te tocan colonias donde si ven a una mujer sola, la bajan de la moto y le quitan todo; entonces, por prevención, pido la compañía de mi hijo. Hay veces que si él tiene actividades escolares, prefiero regresar antes a casa para no ir sola porque no es seguro y aquí tampoco hay una protección de la empresa”, comenta. 

Montserrat añade que otro de los riesgos es que cuando el cliente ve que quien entrega es una mujer, el trato es diferente y muchas veces, con intimidación y malas formas: “Pueden decir que el precio es otro y se les quiere cobrar más o que el pedido no llegó completo. Además, estamos en un mundo de hombres, tanto en el motociclismo como en el trabajo de reparto de alimentos. Siempre que yo llego a un punto de la ciudad para esperar pedidos sólo hay hombres; si ellos tienen problemas, la mujer es más vulnerable”.

Sin Seguro Social, sin prestaciones y sin crecimiento laboral 

Sin Seguro Social, sin prestaciones y sin un crecimiento laboral a futuro: así son las condiciones bajo las cuales se trabaja en plataformas de entregas a domicilio. A estos derechos laborales mutilados también se suma que “como sociedad no le tenemos respeto a quienes van en bicicleta o motocicleta”. Si hay un accidente, “además de resultar herido, al repartidor lo hacen pagar y encima seguramente su vehículo quedó dañado, por ello es una necesidad que se ponga la lupa en estos trabajadores y se regulen, se les debe hacer un espacio en la Ley Federal del Trabajo”. “La empresa debe tener responsabilidad. No es posible que contraten sin darles derechos laborales, porque incluso ellos son quienes se encargan de toda la logística para la entrega a domicilio”, comenta Juárez Moreno. 

Montserrat Reyna comenzó a trabajar “casi de inmediato” en Rappi. Le pidieron la INE, una fotografía, estar dada de alta en el SAT, proporcionar el RFC para la retención de los impuestos, un vehículo, las placas, tarjeta de circulación y la licencia de manejo, comprobante de domicilio y un número de cuenta bancaria a donde se depositan los ingresos. 

“Entras fácilmente, pero no te proporcionan ningún tipo de protección. Por el contrario, te cobran pedidos, aunque no sea tu responsabilidad y te cobran el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) de las propinas; a pesar de que los lineamientos dicen que las propinas van completas para el trabajador. Finalmente, ellos se quedan con el IVA y el ISR de este ingreso y también con los impuestos que generan los pedidos”. 

Es decir, si el costo de envío de un pedido es de 40 pesos, al trabajador le otorgan entre 23 y 24 pesos, explica Montserrat. Y si hubo propina, se le restan los impuestos: “En realidad no te dan lo que te prometen. En mi caso, la necesidad hace que yo continúe hasta que pueda volver a los juzgados”.

Además, agrega: “Un caso más es que, aunque el cliente siempre tiene la razón, el repartidor debería tener un respaldo por parte de la empresa para la que trabaja y no es así. Al contrario, si el cliente afirma que el pedido llegó incompleto, aunque se tengan fotos de que está completo, Rappi no se detiene a investigar la situación y uno termina pagando el pedido”. 

A estos gastos, se suma el de la mochila. Aunque la empresa no obliga al trabajador a emplearla, Montserrat sí la considera necesaria por los diversos alimentos que transporta como una pizza o bebidas. Por ejemplo, “si transportas una pizza, sin la mochila puede que llegue fría y el cliente ya no quiera pagar por ella y tenga que hacerlo yo”. 

También recuerda que, en el caso de los riesgos por la pandemia, preguntó al personal que vacunó a su padre por qué las vacunas contra la COVID-19 no estaban disponibles para los trabajadores de aplicaciones de entrega de alimentos, y la respuesta fue simple: “Es que toda la población va decir que trabaja para una aplicación”.

Si retienen IVA e ISR podrían retener una cuota del Seguro Social

La abogada convertida en repartidora explica que “las empresas Rappi, Didi y Uber Eats no cuentan con un padrón de la gente que trabaja con ellos, y como muchas personas laboran en dos o hasta en las tres plataformas, se convierte en un conflicto muy grande porque tendrían repetidos los nombres. Sólo nos toca esperar el turno por edad como millones de personas más lo están haciendo”. 

Montserrat trabaja cinco días a la semana entre seis y diez horas diarias, con lo cual puede tener un ingreso mensual de 10,000 pesos aproximadamente. “La pandemia no terminará de un día para otro y la gente no volverá a ser solvente de inmediato; por ello, por el momento me quedaré en las entregas. Sé que la seguridad física no la tengo, pero sí hay una seguridad de que tendré un ingreso diario: hay que pagar la escuela de mi hijo, gastos de la casa, alimentación, entre otros”.

Además, señala contundentemente que las aplicaciones le quedan debiendo mucho al trabajador: “Porque si ya de por sí retienen IVA e ISR, podrían retener una cuota del Seguro Social sin problema, y ya no hablemos de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sino de un mínimo donde la gente se pueda atender la salud y los accidentes. No hay una forma de sentirse seguro ante cualquier daño”.

En agosto de 2020, El Colegio de México (Colmex), a través del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades, de la Red Desigualdades, realizó el estudio “El trabajo del futuro con derechos laborales. Diagnóstico y estrategia de política pública para el reconocimiento de derechos laborales de personas trabajadoras por plataformas digitales”. El estudio, que tiene un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, levantó una encuesta a 1,008 personas repartidoras de todas las aplicaciones digitales. 

De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, las principales razones por las que una persona toma el trabajo es la facilidad de acceso por las bajas barreras de entrada, así como la flexibilidad que brinda el empleo y sus ingresos. Entre los inconvenientes frecuentes, se encontró que los ingresos de los repartidores han ido descendiendo debido a la entrada de más repartidores. Además, son trabajos de tiempo completo y en horarios cada vez más extensos en razón del aumento de la competencia. “No hay posibilidad de mejora, pero se ven como empleos de largo plazo por la falta de mejores oportunidades en el mercado formal”.

“Tuve que buscar una patrulla para recuperar mi moto” 

El diagnóstico realizado por el Colmex también indica que los repartidores aspiran a mayor regulación: que las plataformas homologuen los beneficios, las reglas y las sanciones para no cambiar de una aplicación a otra, así como la seguridad médica, ya que solamente una minoría cuenta con seguros contra accidentes.

Sin embargo, señala el estudio, su autopercepción ha evolucionado en pocos años: “Antes aceptaban que se les ubicara en calidad de ‘emprendedores’ como una forma de eludir derechos laborales. Hoy cuestionan esa forma de relacionarlos con el trabajo, también reclaman derechos y mejores condiciones de trabajo y consideran que sus trabajos son precarios”.

Por ahora también “aspiran a que las autoridades les ayuden a mejorar su situación y a conseguir plenos derechos laborales, e incluso están dispuestos a pagar una cuota para obtener la protección social”.

Iván Tapia tiene 37 años y es repartidor de alimentos. Hace tres meses se quejó ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) después de insistir para que Rappi le hiciera la devolución de un ingreso que le correspondía. En un inicio, él comenzó con las entregas a domicilio para que le generaran un ingreso extra,  por ello solamente trabajaba los sábados y domingos, entre seis y ocho horas. “Pero llegó la pandemia y me ‘descansaron’ en la empresa donde trabajaba, y por necesidad tuve que tomar lo de las entregas como un empleo diario en el cual invierto entre ocho y diez horas diarias”, explica a Este País. 

Las irregularidades en las aplicaciones son constantes, comenta Iván, como la cancelación de los pedidos por parte de los clientes, cualquiera que sea el motivo, “incluso si no tiene que ver con nosotros, nos cargan la deuda”. “A mí en dos ocasiones no me pagaron; fue un total de 2,000 pesos. Levanté un reporte y el soporte no me hizo caso, es raro que te pongan atención. Nunca me respondieron y me aplicaron la misma una tercera vez y puse mi queja, sólo así me pagaron después de tres semanas, solamente en esa ocasión. No es justo, porque se pierde la gasolina y la demás reinversión que uno hace”, comenta Tapia. 

A este tipo de inconvenientes se suma, añade Tapia, cuando el pedido de un alimento es cancelado por un cliente y la empresa da la opción de donarlo. “Tengo que tomar una foto a la hora que estoy dándola a gente que la necesita; sin embargo, yo he enviado fotografías a la hora que entrego una comida que se canceló y aún así me cargan la deuda”.

Sobre la seguridad, Iván Tapia indica que Didi, a su parecer, es el que menos protección brinda, ya que acepta incluso clientes sin nombres y con direcciones confusas. “Este tipo de descuidos por parte de la empresa provocan que se pueda ser víctima de un robo”. “Didi no pone atención en sus clientes: me tocó un pedido que sólo tenía un número de folio, al llegar a los condominios que se indicaban vi que no tenía número interior. Le marqué al cliente y me dijo que ‘todo derecho, al fondo’.

“Traté de que me diera el número, pero insistía en que siguiera caminando y él saldría a mi encuentro. Me confié y al llegar hasta el fondo vi a esta persona con una actitud extraña, yo alcancé a salir corriendo y dejé la moto y la comida. Tuve que buscar una patrulla para poder recuperar mi moto. Sí, todavía seguía ahí, y sí, sólo se llevaron la comida”, recuerda. 

La catedrática Sonia Juárez Moreno insiste en que se necesita una propuesta de ley a través de la Cámara de Diputados o que el Ejecutivo la proponga. “Por ahora los abusos por parte de las empresas hacia los trabajadores es frecuente, aunque ellos son más bien colaboradores y si la marca ve que se esfuerzan debería, en caso de un accidente, pagar al menos la mitad del producto o su totalidad. No es justo que esté lastimado o muerto y aún así le carguen la deuda”.

“También debería haber una especie de padrón donde se puedan registrar los futuros empleados y tener derecho a una contratación de ley. Sin embargo, el fenómeno jurídico en este asunto es que primero se da la comisión de una conducta o de un delito y después se busca regular el trabajo, así es México y no debería de ser así, deberíamos ir a pasos agigantados porque estos fenómenos suceden a la velocidad de un tren bala y las leyes mexicanas van como un tren común”, reflexiona la catedrática.

Juárez Moreno hace una petición a los legisladores para observar y legislar el trabajo de los repartidores de alimentos. “Ellos prometen en campaña cosas tan irrisorias cuando tendrían que ver la realidad jurídica y ver las necesidades de la sociedad. Porque cuando se va a llevar a cabo una propuesta de ley se tiene que ver para qué sociedad y en qué momento, así como las condiciones que se viven y entonces proponer una ley —concluye—. En este caso, los repartidores no pueden seguir siendo invisibles. No se necesitan más atropellos, asaltos, intimidaciones o abusos sexuales para que finalmente se haga algo”. EP

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