La participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas es uno de los supuestos centrales de cualquier democracia. De hecho, sin participación no puede haber democracia. No obstante, en países como México, la participación a menudo sucede en entornos caracterizados por frecuentes abusos de poder, corrupción extendida y otros problemas que potencialmente afectan la forma y la frecuencia con que las personas están dispuestas o no a involucrarse en la vida pública. Es justamente en ese contexto que en nuestro estudio «El efecto (des)movilizador de la corrupción en México: por qué y cómo el abuso de poder afecta el involucramiento ciudadano en la política y en la vida pública» tratamos de entender la relación entre participación ciudadana y abuso de poder. El resto de este texto se basa en ese estudio y sus principales resultados.

Usualmente, relacionamos la noción de «abuso de poder» con grandes desfalcos y engaños cometidos por altos funcionarios que les permitieron beneficiarse a expensas del bien común. Sin embargo, existen también los pequeños abusos que consisten en el mal uso cotidiano de la autoridad por parte de servidores públicos cuando interactúan con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a beneficios y servicios públicos a los que tienen derecho, como la atención médica o la educación pública. Para estudiar estos casos, partimos de una definición de corrupción que la caracteriza justamente como el abuso de poder otorgado para beneficio privado.

Sabemos que la corrupción tiene consecuencias negativas en los ámbitos político, económico y social. Cuando quienes ocupan los puestos gubernamentales hacen uso indebido de los recursos para obtener un beneficio ilegítimo, restan o limitan los presupuestos públicos. Cuando esas personas piden sobornos para prestar servicios, dificultan que la ciudadanía acceda a servicios y programas públicos. Cuando los políticos implementan políticas a cambio de prebendas, socavan la representación democrática y limitan la efectividad de los instrumentos de gobierno. Diversos estudios científicos han demostrado que la corrupción reduce el crecimiento y la riqueza en general, al tiempo que obstaculiza la inversión pública y privada, aumenta la desigualdad y mina el capital social al disminuir la confianza interpersonal y la capacidad de acción colectiva de las sociedades. Este último punto es particularmente importante y, curiosamente, ha sido uno de los menos estudiados. Es aquí en donde se inserta nuestro trabajo.

La pregunta que quisimos responder es ¿cómo reaccionan los ciudadanos ante la corrupción y si esta fomenta o inhibe su involucramiento en la vida pública? A diferencia de estudios previos, nosotros argumentamos que, para entender la relación entre corrupción y participación, es importante primeramente reconocer la diferencia entre percibir y experimentar la corrupción. Además, advertimos que la participación ciudadana engloba distintos tipos de involucramiento que no son necesariamente equivalentes entre sí. La relación entre estas dimensiones de la corrupción y de la participación puede tener consecuencias preocupantes, particularmente en un contexto como el mexicano, donde existe debilidad institucional y prevalece la impunidad. Mientras que una mayor participación ciudadana puede ejercer presión sobre las autoridades para combatir la corrupción y mantener el tema en la agenda, la resignación y la inacción de los ciudadanos pueden terminar por alienar a las personas del sistema político, lo que puede tener implicaciones sobre el funcionamiento y consolidación de la democracia. De ahí que entender si la corrupción moviliza o no a las personas es un tema central en democracias jóvenes como la nuestra.

Corrupción en México

Sabemos que el abuso de poder y la corrupción son problemas frecuentes en México. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 87% de los mexicanos consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa y 62% opina que la corrupción ocurre habitualmente en trámites gubernamentales e interacciones con servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. Para 2019, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15.7% a nivel nacional, cifra que tuvo un aumento de 7.5% con respecto a 2017. Asimismo, los datos para 2021 demuestran que 62% de los mexicanos dijo creer o haber escuchado que existe corrupción en los trámites gubernamentales.

Durante los últimos años, la mayoría de las mediciones de corrupción en México tanto nacionales como internacionales muestran un aumento, tanto en la percepción de corrupción como en la experiencia directa o indirecta de corrupción. De hecho, desde mediados de la década pasada, la clasificación internacional del país se ha deteriorado constantemente, colocándolo casi al final de la lista de países latinoamericanos. Transparencia Internacional, por ejemplo, colocó a México en el lugar 130 de 198 países según su Índice de Percepciones de la Corrupción de 2019. Asimismo, según datos del Barómetro de las Américas, alrededor de 30% de los mexicanos fueron víctimas de corrupción (sobornos) en al menos una interacción con el gobierno; únicamente Bolivia, Haití y Paraguay tuvieron mayor incidencia de sobornos que México entre los países latinoamericanos. De modo que todos los datos con que contamos indican que la corrupción no solo es frecuente, sino que es un problema extendido, grave y con consecuencias directas e indirectas para las y los mexicanos. 

El vínculo entre corrupción y participación 

Muchos estudios han tratado de explicar los efectos de la corrupción. No obstante, los análisis específicos del impacto de la corrupción en el comportamiento político y la participación siguen siendo escasos. Algunos trabajos recientes sugieren que ciertas formas de corrupción pueden fomentar la acción colectiva. Sin embargo, esta literatura ha analizado principalmente la relación entre la corrupción y la participación estrictamente electoral (como salir a votar). En cambio, son menos los estudios que han examinado el impacto de la corrupción en otros tipos de participación ciudadana y los que hay han arrojado resultados inconsistentes. Es decir, mientras que algunos análisis encuentran que la corrupción tiene un impacto negativo en la participación, otros indican que la fomenta.

Nosotros pensamos que esa aparente contradicción se explica porque diferentes caras de la corrupción pueden tener efectos particulares sobre la participación. Esta idea proviene de una larga discusión entre los analistas de la corrupción y que, en esencia, indica que no es lo mismo percibir que hay corrupción que constatarla por medio de una experiencia personal. Las mediciones de percepción de corrupción miden la opinión pública o de expertos respecto a la prevalencia, frecuencia o severidad de actos de corrupción en un contexto dado. Por lo tanto, tienden a capturar el sentir general y, con base en estudios previos, sabemos que esa opinión tiende a estar sesgada a favor de la gran corrupción de los altos funcionarios y los desfalcos millonarios. En cambio, los indicadores de la experiencia reflejan la exposición directa a la corrupción. Para captar esta dimensión, las encuestas y estudios generalmente preguntan con qué frecuencia un individuo tuvo que dar un soborno a los funcionarios del gobierno o si tuvo que pagar por los servicios públicos más de lo requerido por la ley. De ahí que las mediciones de experiencia tienden a estar mucho más relacionadas con los pequeños agravios que suceden en la vida cotidiana de las personas.

Nuestro punto es que estas dimensiones del fenómeno pueden tener efectos diferenciados sobre la participación. Por un lado, cuando los ciudadanos perciben a su gobierno como deshonesto y consideran que la corrupción está normalizada, extendida o es de difícil solución, se desilusionan de las instituciones y de la vida política y, por tanto, es menos probable que participen. Por otro lado, la corrupción también puede tener un efecto movilizador en las personas. Al experimentar directamente actos de corrupción, los ciudadanos pueden tener más incentivos para involucrarse e intentar aumentar la transparencia y la equidad de las instituciones públicas. Tras vivir una experiencia de corrupción, las personas pueden intentar contactar a las autoridades para exigir justicia o demandar un cambio. Asimismo, las víctimas de corrupción pueden volcarse hacia la participación debido a factores emocionales y expresivos. Por ejemplo, las víctimas pueden decidir movilizarse y participar en una protesta porque es la forma en que encuentran alivio a su malestar psicológico ante lo que se vive como una ofensa con costos directos.

Lo que dice la evidencia

Cuando se habla de participación ciudadana, generalmente se asocia a actividades estrictamente electorales y rara vez se relacionan con acciones de otro tipo, tales como el trabajo voluntario o comunitario. En nuestro estudio, definimos a la participación ciudadana como aquella en la que los ciudadanos se involucran en asuntos colectivos y la clasificamos en cuatro tipos: (1) la participación institucional-electoral que se refiere a actividades convencionales de la vida democrática como el voto; (2) la participación plebiscitaria que se refiere a actividades como el presupuesto participativo o los referendos y consultas que son formas de participación afines a la democracia directa; (3) la participación de protesta que incluye actividades como la participación en manifestaciones o bloqueos de vías o espacios públicos como maneras de canalizar el descontento ciudadano; (4) finalmente, también consideramos la participación comunitaria que incluye formas de acción colectiva tales como como la organización comunitaria o la convivencia vecinal.

Para entender los posibles efectos de la percepción y la experiencia de corrupción en estas formas de participación en México, nuestro análisis de la evidencia estuvo basado en datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, que fue recolectada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuenta con datos de más de 21.5 mil personas.

Usamos un método de análisis conocido como «ecuaciones estructurales» que nos permite estimar variables latentes no observables directamente (como «la experiencia de corrupción» o «la participación comunitaria») por medio de distintos indicadores. Además, las ecuaciones nos ayudan a comprender las relaciones entre variables latentes, de tal forma que podemos predecir cambios en una con base en (hipotéticos) cambios en otras. Esto nos permite poner a prueba distintas hipótesis sobre los efectos de la experiencia y percepción de corrupción en diferentes formas de participación ciudadana.

Con respecto a la percepción de corrupción encontramos que, en general, esta tiende a desmovilizar a los ciudadanos en los cuatro tipos de participación que incluimos. Como la percepción de corrupción tiende a estar relacionada con escándalos de corrupción de las élites, pero no tiende a involucrar a los individuos de manera directa y por ende no les causa costos inmediatos, los ciudadanos tienden a reaccionar de forma pasiva. No es de extrañar que aquellos que consideran que la corrupción es endémica y “de los políticos” o “del gobierno” se desalienten a votar o a participar en las elecciones como funcionarios de casilla. No obstante, la evidencia también indica que esas percepciones pueden terminar por reducir también el involucramiento en otras formas de participación cívica, lo que incluye la participación comunitaria.

Con relación a la experiencia de corrupción, encontramos que quienes han sido víctimas de un acto de corrupción (ya sea porque les pidieron un soborno o porque se vieron obligados darlo en alguna interacción con servidores públicos) tienden a involucrarse en mayor medida que sus contrapartes en tres de los cuatro tipos de participación analizados (excepto en la participación electoral), aunque el efecto es mayor para el caso de la protesta. En este sentido, hay evidencia de que la experiencia directa (que implica costos igualmente directos e inmediatos para los individuos) es un catalizador de la participación ciudadana.Estos hallazgos ofrecen varias pistas sobre la importancia que pueden tener las percepciones y experiencia de corrupción para la democracia mexicana. Es importante anotar que, si bien no todas las formas de participación ciudadana son iguales, los efectos de la corrupción son notablemente uniformes. En otras palabras, la corrupción, ya sea como percepción o como experiencia, tiende a afectar a todos los tipos de involucramiento ciudadano. En este sentido y dada la alta percepción de corrupción en México, nos parece especialmente importante reflexionar sobre lo pernicioso que puede ser el efecto desmovilizador de la corrupción en una democracia joven. El hecho de que las personas consideren que ya no vale la pena involucrarse para mejorar el funcionamiento del sistema político o de la sociedad en general bien puede tener consecuencias muy negativas para un país con problemas y rezagos tan graves como el nuestro. EP

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