El sector energético representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social de cualquier nación. México se encuentra en un momento crucial, con desafíos significativos que afectan tanto las finanzas públicas como las oportunidades de inversión en el país. En el caso específico de nuestro país, es imperativo adoptar políticas y estrategias que promuevan la diversificación de su matriz energética y el uso más eficiente de los recursos naturales, comenzando con una gestión más responsable de los hidrocarburos.

La estrategia petrolera de la actual administración se ha centrado en la canalización de recursos de inversión para fortalecer a Pemex, a fin de incrementar la producción de hidrocarburos y alcanzar la autosuficiencia nacional en la producción de gasolinas, invirtiendo montos ilimitados en refinación. Sin embargo, las metas cuantitativas definidas por el Gobierno federal no se han cumplido. Dado lo anterior, el Gobierno ha tenido que apoyar constantemente a Pemex de diversas maneras, incluidas las inyecciones de capital y reducciones de impuestos.

Si no se toman medidas inmediatas, el sector energético de México podría convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas, el desarrollo económico, la salud pública y el medio ambiente, a nivel nacional y global. Se requiere una transformación profunda y urgente del sector de la Energía en México.

I. Problemática del sector energético

Situación Actual

Pemex se encuentra ante un entorno financiero y operativo cuestionable. Al primer semestre de 2023, la deuda financiera de Pemex, considerada una de las más altas a nivel mundial, fue de 1.8 billones de pesos, motivo por el cual, desde 2019 hasta junio de este año, Pemex ha requerido apoyos significativos del Gobierno federal para cubrir sus obligaciones financieras por un monto que supera los 720,000 millones de pesos. Este monto de subsidios ni siquiera alcanza para cubrir las pérdidas acumuladas de la división de refinación, que del 2018 al 2022 sumaron 756,129 millones de pesos.

Entre lo que resta del 2023 y junio 2025, Pemex deberá amortizar 658,000 millones de pesos, el 35 % del total de su deuda financiera documentada y se estima que, sin cambios profundos de la política energética, tendrán que ser cubiertos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En adición, el Gobierno federal ha otorgado apoyos mediante la reducción gradual de la tasa Derecho de Utilidad Compartida (DUC), la cual paso de 65 % al 40 % entre 2019 y 2023, lo que ha significado para Pemex un ahorro de 416,000 millones de pesos.

Los ingresos petroleros recaudados por el Gobierno federal durante los primeros 4 años de esta administración sumaron 1.65 billones de pesos, pero si descontamos las aportaciones que ha hecho la SHCP a Pemex durante esos cuatro años, la contribución neta es de 960,000 millones de pesos, lo que representa solo el 5.6 % del total de ingresos fiscales.

Esta cifra contrasta desfavorablemente con la contribución neta promedio de 21.1 % que registró la SHCP de ingresos petroleros en los 12 años anteriores y con la recaudación promedio de alrededor del 30 % generada por Pemex durante varias décadas anteriores.

La caída en la producción petrolera explica en buena medida esta reducción, además del ajuste descrito en la tasa de regalías que paga Pemex (40 %); y se prevé que el Gobierno reduzca aún más esta tasa para Pemex para el 2024, mientras que los contratos privados de exploración y producción se gravan con una tasa promedio del 70 % sobre su rendimiento. Pemex mantiene más del 90 % de la producción petrolera del país; sin embargo, el pago de sus regalías aporta alrededor del 70 % de los 1.65 billones de pesos de ingresos petroleros del Gobierno federal.

A pesar de implementar medidas de emergencia, los apoyos a Pemex no han abordado de manera efectiva las soluciones estructurales de largo plazo que requiere la empresa productiva del Estado.

En lo que queda del 2023 y 2024, la capacidad del Gobierno para aportar capital o asumir pagos de deuda de Pemex se verá limitada. Entre enero y junio, los ingresos petroleros totales recaudados por la SHCP fueron 481,929 millones de pesos, 220,510 millones de pesos por debajo de la proyección de 702,439.7 millones de pesos. De la misma manera, los ingresos de Pemex también fueron inferiores en 113,093.6 millones de pesos a la presupuestada de 433,892 millones de pesos.

El enfoque económico de Pemex, basado en la dependencia del financiamiento gubernamental, es inadecuado para impulsar mejoras en su rendimiento. Los obstáculos técnicos y regulatorios, los compromisos financieros previstos para los próximos dos años y la deuda acumulada con sus proveedores, representan desafíos que exceden las posibilidades de solución mediante recursos provenientes únicamente del erario público.

El aumento sustancial en los apoyos a Pemex, si no se compensa con otras medidas fiscales, tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas. Tan solo entre 2018 y 2022 el gasto aumentó en 2.7 puntos porcentuales del PIB, mientras que los ingresos solo 1.5 puntos como porcentaje del PIB, y los gastos seguirán incrementándose al cierre del sexenio.

El sector eléctrico también ha experimentado un retroceso significativo. Entre 2015 y 2022, la SENER instruyó a CFE Transmisión y CFE Distribución la construcción de 318 proyectos de infraestructura eléctrica para la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y Distribución. Sin embargo, al cierre de 2022 solo se ha concretado la construcción de 30 proyectos, menos del 10 %.

En adición, México no ha incrementado su capacidad de generación renovable al ritmo que las tendencias mundiales y sus compromisos lo demandan. A pesar de haber incorporado 6,300 MW de capacidad con energías limpias entre 2016 y 2019 a raíz de la Reforma Energética, las políticas implementadas por la administración actual han conducido a una drástica disminución en las inversiones. En el último año, tan solo se agregaron 530 MW de capacidad.

México, a pesar de su abundancia de recursos energéticos, enfrenta una serie de desafíos significativos en su sector energético que requieren atención inmediata:

• Las reservas de petróleo (6.1 billones de barriles de reservas probadas de petróleo), solo son suficientes para diez años de producción al ritmo actual; en el caso del gas natural, solo para seis años.
• El país depende en gran medida de combustibles fósiles, los cuales representan aproximadamente el 90 % de su matriz energética.
• La producción de hidrocarburos ya no impulsa el desarrollo de México. En los últimos cuatro años, después de deducir las aportaciones del Gobierno federal a Pemex, los ingresos netos provenientes del petróleo alcanzaron solo 966,000 millones de pesos, lo que constituye tan solo el 5.6 % de los ingresos totales del Gobierno. Esta cifra contrasta con un promedio del 30 % registrado hace una década.
• Desde 2014, México ha experimentado un creciente déficit energético, importando el 45 % de la energía que se consume, hecho que aumenta el riesgo de fallas sistémicas en el suministro.
• México se ha vuelto más dependiente de las importaciones de gas natural, combustibles líquidos y materias primas para la producción de productos petroquímicos, mientras que sus exportaciones de petróleo crudo enfrentan desafíos.
• México enfrenta dificultades para cumplir con las metas de energías limpias establecidas en la Ley de Transición Energética y los Acuerdos de París.
• Tanto Pemex como CFE han acumulado pérdidas significativas: en los últimos cuatro años, Pemex ha registrado pérdidas de 1.1 billones de pesos. Por su parte, CFE ha sufrido pérdidas de 272,000 millones de pesos, a pesar de recibir subsidios del gobierno por 297,000 millones de pesos.
• Muchas instalaciones de Pemex y CFE, con más de 30 años de antigüedad, son obsoletas, ineficientes desde el punto de vista energético y altamente contaminantes, debido a la falta de mantenimiento.

El Concepto de la renta petrolera

La soberanía del país sobre los recursos petroleros radica en que el Estado capture de manera eficaz la renta petrolera generada por la explotación de los hidrocarburos, que son propiedad de la nación, independientemente de la modalidad que se decida utilizar para su explotación. Desafortunadamente, este concepto central de la “renta económica” ha sido utilizado en ocasiones con ligereza para justificar posiciones poco fundamentadas.

La renta económica es el pago que recibe el dueño de un recurso provisto por la naturaleza como compensación por su uso en la producción. En el caso de los hidrocarburos, a esa compensación se le llama “renta petrolera”. En la explotación del petróleo se genera un excedente significativo por encima de los costos totales de producción, porque a diferencia de otros recursos naturales se trata de un recurso no renovable que se agota con su aprovechamiento.

México fue pionero en el mundo al incorporar el principio de propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo. Por eso es que corresponde exclusivamente a la nación apropiarse de la renta petrolera, independientemente de quienes participen, por cuenta y orden del Estado, en su extracción.

La renta petrolera depende de tres variables fundamentales: precio al que se vende el petróleo, volumen de producción y costos de extracción. La renta petrolera será mayor mientras menores sean los costos totales de producción o entre más altos sean los precios y volumen de producción.  Y la renta se reducirá, en perjuicio del Estado, cuando ese valor excedente (por encima de los costos totales de producción) se dilapida por ineficiencias inaceptables, por corrupción o por prebendas en favor de grupos de interés que controlan las operaciones de la industria petrolera. 

El impulso de tecnologías que permitan descubrir más hidrocarburos, y extraerlos a un menor costo, aumenta la renta, igual que lo hace la introducción de condiciones de competencia efectiva en todas las etapas de la producción, distribución y comercialización de petrolíferos. El combate contra la corrupción solo será eficaz en la medida en que el sector se desarrolle en un ambiente de competencia, que ofrezca opciones innovadoras a los participantes y genere los incentivos indispensables para desarrollar procesos y prácticas operativas más eficientes. Y, paralelamente, es necesario fortalecer mecanismos de transparencia que impidan que la renta petrolera, que pertenece a todos los mexicanos de esta y de las siguientes generaciones, se disipe en beneficio de unos cuantos.

El destino de la renta petrolera está estrechamente vinculado al futuro desarrollo y crecimiento de México. Son tres las prioridades de aplicación de la renta petrolera, consistentes con los intereses del país a largo plazo: 1) la inversión pública en infraestructura que promueva el desarrollo regional y acelere el crecimiento económico; 2) el desarrollo científico y tecnológico, para incorporarnos a la revolución energética en curso que nos permita transitar hacia nuevas fuentes de energía; y 3) la equidad intergeneracional, que considere las necesidades de las generaciones futuras de todos los mexicanos.

El objetivo final de la Reforma Energética no es simplemente incrementar la producción de petróleo, gas y electricidad, sino disponer de volúmenes abundantes de energéticos a precios mucho más competitivos que los vigentes, como plataforma para reactivar la inversión industrial, el empleo y el desarrollo nacional, como está sucediendo en otras latitudes.

En resumen, la renta petrolera debe ser destinada para la expansión y mantenimiento de la producción de crudo, así como para incrementar las capacidades de generación de energía, las tecnologías e infraestructura que permitan generar un crecimiento económico sustentable.

II. Propuestas de políticas públicas y metas para solucionar los problemas estructurales del sector 

La producción de petróleo crudo en el país se ha estancado en 1.65 millones de barriles diarios, respaldada por reservas probadas suficientes para diez años. En cuanto al gas natural, la producción solo satisface las necesidades de Pemex, con reservas probadas para seis años al ritmo actual.

Lo anterior se debe a varios factores:

• Inversión pública insuficiente para el sector.
• Obstáculos para la inversión privada complementaria.
• Suspensión de licitaciones en áreas con potencial.
• Concentración de la producción en campos maduros y costosos.
• Falta de estímulos para la producción de gas seco.
• Regulaciones que dificultan alianzas de Pemex con otras empresas.
• Falta de actividad en áreas con alto potencial de producción no convencional.

El mercado mexicano de hidrocarburos presenta grandes oportunidades por su potencial geológico. No obstante, Pemex no tiene los recursos ni la capacidad técnica ni financiera, por lo que se requiere implementar varias medidas que permitan a Pemex modificar su estrategia operativa y alcanzar eficiencias económicas.

Para que México pueda alcanzar las metas comprometidas, será necesario emprender un ambicioso programa de transformación:

1.-Se debe cambiar la orientación de Pemex para que se centre en aquellas tareas cruciales que permitan orientar sus inversiones a las actividades dentro de la cadena de valor que generan las mayores rentas económicas para el Estado. 

2.- Se debe promover una amplia participación del sector privado en actividades que garanticen el suministro de energía de manera oportuna, eficiente y confiable, fomentando la competitividad de la industria nacional y acelerando la transición hacia energías limpias y renovables.

3.- Pemex requiere beneficiarse de las capacidades financieras y tecnológicas de otros operadores y compartir el riesgo geológico y financiero de esos proyectos para darle liquidez. 

4.- Se debe revertir el deterioro financiero de Pemex. Ante este escenario, surgen oportunidades, principalmente a través de fondos e instituciones financieras, para participar y promover esquemas de reestructura que le permitan a Pemex revertir esta tendencia; por ejemplo:

• Promover proyectos de infraestructura, modernización de activos y distribución de hidrocarburos, donde Pemex mantenga la propiedad de sus activos, pero permita la participación de empresas privadas.
• Abordar de inmediato el problema de la destrucción de valor que genera la refinación en Pemex, ajustando la mezcla de crudos con que se alimenta cada planta de acuerdo con su capacidad de proceso; invirtiendo los recursos necesarios para modernizar su tecnología; y operando cada refinería de acuerdo con su capacidad para generar márgenes positivos de refinación.
• Implementar esquemas de pagos a proveedores que le permitan a Pemex asegurar la liquidez necesaria para dar continuidad a sus operaciones de exploración y producción.
• Es necesario simplificar la regulación en materia de tecnologías limpias. Los mercados financieros responden negativamente al riesgo climático, castigando los activos con una alta huella de carbono. Por tanto, es esencial establecer un programa de largo plazo con metas claras y responsabilidades bien definidas para dar cumplimiento a los acuerdos y a los compromisos nacionales e internacionales en la quema y venteo de gas natural.
• Se requiere incrementar la capacidad de almacenamiento y distribución de combustibles. Dichos proyectos representan una oportunidad para el sector privado siempre y cuando se formalicen acuerdos de largo plazo con Pemex que aseguren la compra parcial o total de la capacidad de almacenamiento.
• El gas natural en México tiene precios más competitivos que los combustibles líquidos, por lo que su demanda ha sido cada vez mayor. No obstante, la producción apenas alcanza para abastecer a Pemex y, por falta de infraestructura, una gran cantidad del gas producido se reinyecta a yacimientos y 16 % se quema a la atmósfera o se deja escapar.

¿Cuál deberá ser la agenda de transición energética para el próximo sexenio?

Quien encabece el Gobierno a partir de octubre de 2024 enfrentará grandes retos en el sector energético: la caída en la producción de petróleo y sus reservas, la transparencia en las regulaciones y el rezago en el impulso a una mayor apertura tecnológica que permita desarrollar operaciones de manera competitiva. Al mismo tiempo deberá revisar el papel de Pemex en materia medioambiental ya que, durante el actual sexenio, Pemex ha ignorado los compromisos ambientales duplicando su carga contaminante en los últimos tres años.

Lo anterior debe revertirse pues, a nivel mundial y principalmente los socios económicos estratégicos, ya están trabajando en los retos y avanzando en la implementación de políticas de fomento a las energías limpias que impulsen las oportunidades en materia de sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Más aún, los inversionistas comienzan a tomar acciones en favor del medioambiente como una de las variables más importantes para comprometer su capital, por lo que todas las empresas energéticas deben incorporar estándares ESG para no quedar rezagadas y asegurar el acceso futuro al financiamiento de sus inversiones a través de los mercados financieros. EP

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