El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Avanzar en la digitalización en México y en los retos tecnológicos futuros, coordinada por Susana Chacón y Mateo Lejarza.
Texto de Mateo Lejarza 22/01/24
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Avanzar en la digitalización en México y en los retos tecnológicos futuros, coordinada por Susana Chacón y Mateo Lejarza.
En el camino para superar los efectos de la pandemia y los saldos de la crisis del 2008, la principal tendencia, particularmente en los países desarrollados, ha sido el uso intenso y extendido las infraestructuras digitales, mismas que se han asociado a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, cambiando sus cualificaciones laborales además de transformar los puestos de trabajo.
Si México aspira a una mejora sustantiva de sus condiciones económicas y sociales es de esperarse que adopte parte de estos criterios, eligiendo sus propios objetivos, prioridades y metas. Su estrecha relación con EUA y Canadá es otro factor que empuja a observar este fenómeno de cambio como un proceso a explorar.
Precisamente la deslocalización de empresas en México y los anunciados proyectos de recambio de EUA, pronostican la posibilidad un giro importante en cuanto al papel que puede jugar México en esta nueva etapa de globalización y especialmente dentro de la región de Norteamérica. Lo que se percibe es que EUA requiere de socios más fuertes y estables que le permitan mantener su hegemonía, que ha ejercido desde los Acuerdos de Bretton Woods y que ha venido en declive; ahora con mayor urgencia debido a la presión que está ejerciendo un conjunto de países con proyectos científicos y de expansión económica, liderados por China.
Se vislumbra, por tanto, una gran oportunidad. Falta saber si México está preparado para sacar provecho de esto y define para ello una ruta de progreso con visión de largo plazo.
Desafortunadamente, en nuestra situación, en términos de calidad y expansión de la infraestructura digital en banda ancha y el desempeño en investigación científica y desarrollo tecnológico y lo relativo a la practica laboral, se nota un atraso considerable. Puede afirmarse que estos tres rubros son los componentes más importantes de la asimetría de México respecto a EUA y Canadá; asimetría que da cuenta de dependencia, atraso e ineficiencia.
“La digitalización de la economía, de los servicios y de la administración pública tienen un rezago notorio.”
En el ámbito de lo digital, las inversiones y planes tanto públicos como privados no tienen establecido algún proyecto que cierre esta brecha, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no da cuenta de la importancia de este sector, y la regulación reparte mercado, pero no estimula el crecimiento de la infraestructura. Además, las concesionarias se han olvidado de que prestan un servicio publico estratégico para el desarrollo del país. La digitalización de la economía, de los servicios y de la administración pública tienen un rezago notorio.
En ciencia y tecnología estamos entrampados en reformas de carácter administrativo, sin incremento de la inversión pública o privada, tampoco se mejoran los procesos y la infraestructura para la investigación. El bajo registro de patentes indican una crisis en esta área.
En estos espacios hay mucho trabajo por realizar para ponerlos en sintonía con el propósito de conseguir nuevas bases económicas que nos permita acercarnos a nuestros principales socios comerciales del norte. Pero la principal dificultad radica en que tanto en el empresariado nacional y como en el gobierno está ausente la visión de asociarlos como parte de un proceso que posibilita la generación de competitividades diferentes y que son útiles para propiciar mayor crecimiento, inclusión y desarrollo social.
En el mundo del trabajo, a pesar de que existe la posibilidad de cambios de fondo, sucede lo mismo que en los otros dos temas: la transición del modelo laboral no se concibe como parte de un plan para crecer a tasas mayores y de ser más competitivos.
Ahora bien, la tarea de resolver el diseño de nuevas dinámicas en lo productivo es bastante compleja, ya que el viejo sistema laboral se ha sostenido sobre la base de practicas y políticas extralegales que han prolongado su funcionamiento y, con ello, sus nocivos efectos. Prácticas que terminaron siendo un enorme espacio de abuso, ilegalidad y corrupción, que afectaron tanto nuestras capacidades productivas y como el ejercicio de la democracia.
En efecto, el mundo laboral se utilizó como bastión del sistema presidencialista autoritario; sus leyes se diseñaron para el control político de los trabajadores y de sus ingresos, lo que trajo resultados desastrosos para el país. En su funcionamiento se enlazaron intereses corruptos de abogados, lideres sindicales y empleadores, bajo la complicidad del gobierno. Esta practica sigue vigente en gran parte del ámbito laboral.
Este modelo envió a la mitad de la población económicamente activa a la informalidad y a más del 60% de las y los mexicanos a la pobreza y pobreza extrema. La migración por expulsión y el reclutamiento masivo del crimen organizado se agregan como evidencia relevante de la descomposición del mundo del trabajo en México.
Por ello se puede afirmar que la crisis y la enorme desigualdad que hoy existen en México se produjeron a causa del valor asignado al trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones y, en contraparte, al privilegio que se otorgó a la irracional acumulación de capital.
Es indispensable, por lo tanto, poner atención al modelo que se ha de construir, porque debe de superar una estructura perniciosa en plena descomposición, pero con gran influencia, y edificar otra que reconozca el valor del trabajo y su papel transformador. Habrá que partir de las reformas aprobadas, pero atendiendo a las actuales condiciones. Parte de este esfuerzo incluye describir el papel que los distintos actores tendrán que desempeñar para que fructifique la creación de este nuevo entramado, los contenidos que deben de estar presentes y las políticas publicas que han de impulsarlo.
Las reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2019 trajeron consigo, entre otras cosas, el que se deja la principal responsabilidad de la relación obrero patronal a los trabajadores y a los empleadores. El gobierno queda limitado en cuanto a la cooptación clientelar y de intervenir en favor de la explotación y para impedir la movilización de los trabajadores.
En este nuevo contexto, los empleadores tienen ahora la tarea de establecer con claridad su visión de negocios y los procesos para obtener mayor productividad y competitividad, integrando la creatividad y la innovación en ello e invertir en la formación profesionales y el uso de tecnologías para lograr altos crecimientos. Poner atención en el cuidado del ambiente laboral, y diseñar los espacios para proteger y prevenir daños a la salud, así como contar con mecanismos de interacción y de ágil solución a la problemática obrero-patronal.
Su responsabilidad también se extiende a contar con procesos sustentables, al cuidado del medio ambiente, a la promoción de la equidad de genero, de los derechos humanos e de impedir todo tipo de discriminación. El respeto pleno a la independencia de las organizaciones de los trabajadores, de sus derechos laborales y humanos.
Del gobierno, demanda establecer las prioridades institucionales del nuevo modelo laboral-productivo, políticas públicas promotoras de la productividad y de la competitividad de las empresas y de la eficiencia de la administración pública. Asegurar una pronta y adecuada transición al nuevo sistema de justicia laboral en cumplimiento con los tiempos y alcances fijados para ello. Requiere ampliar su capacidad institucional para fomentar el dialogo social y la interlocución con los trabajadores y sus organizaciones, además de establecer estándares, indicadores y sistemas de medición de la productividad, de la competitividad y de la gestión del conocimiento.
Proponer lineamientos y normas para un sistema integral y nacional de aprendizaje, y ligarlo a la capacitación, a la formación profesional y a la aplicación generalizada de certificación de competencias laborales. La salud y la educación públicas eficientes son fundamentales para que este cambio sea posible.
En el trayecto hacia ese nuevo entorno, la transformación del gobierno es definitiva. Este deberá pasar del control clientelar y corrupto a la promoción de la competitividad empresarial, al reconocimiento institucional y legal de la democracia sindical, de la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, la vigilancia de la justa distribución de los beneficios de la productividad, del estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos laborales y de los convenios internacionales.
Su papel en la legitimación de los contratos colectivos y los cambios a los estatutos es fundamental. Esta tarea que deberá ser escrupulosa para que se obtenga un verdadero registro de contratos vivos, productivos y legales, así como de que los estatutos sindicales aseguren la acción democrática, la transparencia y la rendición de cuentas.
La política salarial tendrá que ser de libre acuerdo y la de los salarios mínimos incremental y representar una acción afirmativa para el sector y el mercado interno. Revisar la política fiscal para reformarla en favor de la progresividad va a ser clave para mejorar el ingreso, romper con la pobreza crónica y disminuir la desigualdad y la ominosa concentración del ingreso. El objetivo de crecer al menos al 5% es determinante para absorber la mano de obra emergente y a la informalidad.
Del Poder Judicial reclama autonomía, profesionalismo, eficacia, justicia expedita y reparación del daño. En la transición y en el nuevo modelo, la justicia laboral tendrá que ser imparcial y gratuita. La justicia laboral ha de propiciar certidumbre y estabilidad en el empleo, garantizar el pleno respeto a la ley y sancionar toda arbitrariedad, abuso e intromisión en la vida sindical, tanto por parte de los empleadores como del gobierno o de los partidos.
No hay la menor duda de que el éxito para arribar a esta nueva política laboral en gran medida dependerá de la acción efectiva de los sindicatos y de los trabajadores. Esto significa la responsabilidad de organizarse, actuar, movilizarse para la defensa de sus derechos, formarse profesionalmente, proponer y participar en lo productivo y fortalecer así la economía nacional y su fuente de trabajo.
Habrá que considerar como contenido adicional de reformas legales la referente a la de los Derechos Humanos del 2011, que reconoció plenamente los derechos humanos laborales, enfoque que resulta importante a integrar como base del nuevo modelo.
En este entorno es que hay que vencer el desafío de reestructurar los empleos presentes y diseñar los puestos del futuro. Con imaginación, pero sobre todo realizando una planeación prospectiva integral y de largo plazo para saber con anticipación lo que se va a destruir y lo que se tiene que construir y cuales son las variables prioritarias que hay que alimentar para llegar a un punto de ruptura con la precariedad y la mala calidad de los empleos.
Los trabajos que vienen están en la salud preventiva y en la medicina alternativa, en la economía del cuidado, en la fabricación y comercialización de medicina genómica, en el diseño y producción de nuevos materiales, de nuevas energías, de robots, de autos eléctricos autónomos, de creación de contenidos, de producción de software, de sistemas de inteligencia artificial, de realidad virtual, de maquinas impresoras en 3D. En la creación de videojuegos para entretenimiento y para educación, en el diseño de sistemas holográficos y de realidad aumentada, fabricación de sensores para internet de las cosas, la fabricación de microchips, cuidado y restauración del medio ambiente, producción de alimentos sintéticos, entre otros.
Los nuevos territorios productivos más destacados obedecerán particularmente a una acertada y eficaz gestión del conocimiento y de una distinta relación social de producción, más humana e incluyente.
“La revolución mundial en la que estamos inmersos […] anuncia que el principal valor productivo será el conocimiento”
La revolución mundial en la que estamos inmersos, originada por los adelantos técnico-científicos y en redes digitales complejas, anuncia que el principal valor productivo será el conocimiento, factor esencial para lograr mayor creatividad e innovación en lo productivo y en lo social y, por tanto, nuevas competitividades. Lo novedoso de este bien social es que se origina e incrementa en la mente de las personas.
Se revela así un hecho inédito, ya que lo humano cobra mayor relevancia frente al capital y las máquinas, aún las inteligentes, ya que estas serán inventadas gracias al aprendizaje y al conocimiento acumulado de mujeres y hombres funcionando y aprendiendo en redes colaborativas y usando tecnologías exponenciales. La mayor creación de valor conocimiento estará en el desarrollo colectivo y cultural de las personas. En esta variable radicará cada vez más la capacidad de transformación del mundo. El valor conocimiento entonces estará ligado biológicamente a la persona humana, a su desempeño, a su desarrollo emocional y cultural.
Esta es una razón más para reconocer la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos Laborales como uno de los pilares de la nueva política laboral y colocarlos en el centro de la acción de los trabajadores. Tiene carácter estratégico porque es más que un tema de justicia social: es un asunto de capacidades de transformación que tienen que ser protegidas y alentadas porque en ellas nos va el porvenir.
DOPSA, S.A. DE C.V
