El proceso electoral que culminó en 2018 despertó esperanzas de corrección del rumbo económico que había profundizado las desigualdades, y de renovación de los grupos que detentaban el poder político, cada vez más alejados de la ciudadanía y más visiblemente relacionados con actos de corrupción. La elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República alentó ambas expectativas; AMLO se declaraba portador de un proyecto de transformación económico-político orientado a establecer equilibrios más justos en la generación y distribución de la riqueza, que conlleva también modificaciones a la estructura jurídica e institucional de poder que sirve al régimen que se pretende transformar, todo con la consigna de evitar la violencia a toda costa.

La transformación ofrecida por López Obrador ha logrado establecer, en cinco años, algunas tendencias congruentes con sus propósitos, que justifican su consolidación, mientras que otras acciones reclaman correcciones profundas.

En este espacio me ocuparé solamente de las tendencias positivas, a saber que, sin caer en populismo económico ni en satanizar el mercado, se ha actuado para mejorar los equilibrios en el ámbito laboral (salarios y prestaciones), se han duplicado los presupuestos asignados a programas de apoyo social y se han destinado inversiones públicas sin precedentes en el sur y sureste del territorio.  

Más que de izquierda o populista, o neoliberal como algunos califican el signo de los avances logrados durante los últimos cinco años, destacaría que estos apuntan a un desarrollo capitalista desde abajo, es decir, a corregir las condiciones laborales y salariales prevalecientes durante el neoliberalismo, para lo cual también es necesario recuperar márgenes de acción política del Gobierno frente a intereses particulares relacionados con el poder económico.

Mejoramiento del ingreso familiar

El propósito declarado de la 4T fue atemperar la pobreza que afecta a la mayor parte de los mexicanos y que es mucho más que la falta de dinero en la economía familiar; aunada a desigualdad de oportunidades, la pobreza condena a quienes la padecen a la exclusión del mercado de consumidores, a la estigmatización y a la marginación de toda participación positiva en la sociedad.

México no es un país pobre: genera un Producto Interno Bruto (PIB) por persona de 224 mil pesos anuales, pero únicamente el 12 % de la población, menos de 16 millones de personas, tienen un ingreso que les permite vivir sin carencias de esparcimiento, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud y acceso a educación de calidad.

La transformación propuesta es crear un entorno de desarrollo económico con equidad, en el que haya condiciones para salir de la pobreza sin peligro de regresar a ella; hoy por hoy, salir de pobre es prácticamente imposible por más esfuerzos personales que se hagan. La movilidad social está estancada desde hace cuarenta años, fenómeno que daña severamente la moral pública al percibirse como el despojo de la esperanza y expectativas colectivas de un mejor futuro.

La gobernanza armoniosa y pacífica, libertaria y democrática requiere la cimentación sólida de certezas entre los ciudadanos en aspectos sustanciales, como la movilidad social y medios que la propicien, sobre todo el acceso a servicios de educación y salud de calidad, seguridad social que cubra no solo el retiro digno, sino riesgos imprevistos como el desempleo, o bien los gastos asociados a la recuperación de la salud y al cuidado de la vejez, sustentado todo en una organización equitativa de la economía que sea, a la vez, competitiva y ambientalmente sustentable.

Para lograrlo, el principal problema a resolver es la mala distribución de la riqueza, fenómeno que remite a situaciones de influencia, de poder y de orientación política de gobiernos; así se explica que, si en 1989 los salarios representaron el 35.23 % del PIB del país, en 2012 esa proporción se había encogido al 27.44 % del PIB nacional.

La masa salarial se mantuvo fija desde entonces en alrededor de 27 % —con la consecuente caída de su poder adquisitivo por el alza de precios—, misma que el Gobierno de Zedillo decidió detener, aunque no reponer; cada año hasta 2018, los aumentos salariales se establecieron como compensación, a toro pasado, de la inflación.

Ilustra lo anterior que, para corregir la mala distribución de la riqueza en el país, es de crucial importancia transformar el modelo laboral que actualmente permite que los avances en productividad y los movimientos salariales lleven trayectorias distintas y hasta opuestas.

Algo se ha avanzado en ese terreno; por una parte se han establecido aumentos a los salarios mínimos que, según el Banco de México, en 2019 fueron de 16 %, 20 % en 2020, 15 % en 2021, 22 % en 2022, 20 % en 2023 y 20 % más en 2024. Tales aumentos han estado asociados a otras acciones en el ámbito laboral, como la reducción de los sindicatos de protección empresarial y de la práctica del outsourcing, así como la promoción de elecciones sindicales más democráticas que fortalezcan su capacidad de negociación.

Ha quedado probado en estos años que los aumentos salariales no inducen inflación de precios ni inhiben las inversiones productivas sino que favorecen, además de la inclusión social y la reducción de la pobreza, el crecimiento del mercado interno, de la productividad y de la economía de manera sostenible a largo plazo.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, correspondiente a 2022, revela que el 10 % de los hogares más pobres vio elevar sus percepciones promedio (salarios y otras entradas) 4 %; los programas de asistencia social (tan solo la Pensión para Adultos Mayores absorbe el 1.4 % del PIB) y las remesas, que en 2018 fueron de 33 mil millones de dólares y de 58 mil 400 millones de dólares en 2022, también contribuyen a ese aumento.

A pesar del aumento en percepciones del decil más pobre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta datos según los cuales el 38 % de la población con empleo no percibe un salario que le permita cubrir el costo de la canasta alimentaria. En ese escenario se incluye la informalidad del mercado laboral, en la que encuentran ocupación 35 millones de personas que no son beneficiarios de seguridad social, de obligaciones legales de percibir salarios referidos al mínimo ni, por supuesto, de compensaciones por aumentos de su productividad laboral.

A ese inmenso universo en el que se ocupa la mayoría de la fuerza laboral del país, sus ingresos no les permiten superar el umbral de pobreza.

Los programas sociales —segunda vertiente de acción contra la pobreza— tendrán en 2024 un presupuesto de casi dos billones de pesos, del orden de 5.8 % del PIB, proporción sin precedentes en ”pensiones no retributivas“. En 2023, con un gasto semejante, los programas sociales habrían sido un componente de menor impacto que el salarial en entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México o el Estado de México mientras que, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el aumento de las transferencias en efectivo a campesinos, jóvenes, personas discapacitadas y de la tercera edad, ha tenido un impacto mayor.

Otro factor clave de una política orientada a la distribución del ingreso es la estructura fiscal. Durante su campaña presidencial, López Obrador reiteró que, al menos durante los primeros tres años de su Gobierno, no crearía nuevos impuestos ni elevaría la tasa de los existentes. Pasados esos tres primeros años, tampoco se emprendió la, considerada por muchos, indispensable reforma fiscal en México. Hay que considerar que las empresas deben pagar, en términos generales, un 30 % por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 16 % de IVA por adquisiciones de bienes o servicios y otro 10 % en Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Quizás el mayor problema fiscal del país es la evasión y elusión; las acciones en la materia se han concentrado en el cobro de adeudos en impuestos a grandes contribuyentes y en la prohibición, por ley, de su condonación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboró el Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes, considerados como tales aquellos que declaran ingresos por más de 1,500 millones de pesos al año; en ese padrón figuran 11,028 empresas. El objetivo del plan es, por supuesto, incrementar la recaudación de ese padrón de causantes mediante una mejor fiscalización, que ya se venía practicando; durante el trienio 2019, 2020 y 2021 se recaudó un total de 541,682 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio anterior se cobraron 630,784 millones de pesos.

Las desigualdades en nuestro país también se manifiestan regionalmente; el territorio sureño ha sufrido abandono sempiterno que, además de ámbito de la mayor marginación y pobreza social entre los mexicanos, implica un desaprovechamiento de recursos naturales. Las inversiones públicas dirigidas por la actual administración a esa región, que deberían detonar inversiones privadas, no tienen precedentes.

Gracias a la canalización de tales inversiones, entre el cierre del 2019 y el inicio del 2023, los estados de Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron los mayores aumentos de actividad económica de todo el país. Según los datos desestacionalizados del INEGI, Tabasco registró el mayor incremento de su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) entre el cierre del 2019, previo a la pandemia, y los primeros tres meses del 2023, con una tasa de 24.3 % atribuible al empleo en la construcción, vinculada a la refinería Dos Bocas. Los empleos generados y la derrama económica en la entidad representan demanda agregada de bienes y servicios que deberían atraer inversiones de empresas privadas y desencadenar una dinámica que evite que, una vez que la refinería esté funcionando, se pierda el impulso de desarrollo del estado.

Detrás del ritmo de crecimiento de Tabasco siguieron Oaxaca, que creció 12.6 % en el periodo de referencia beneficiado por el Corredor Interoceánico, y Quintana Roo, con 7.8 % de crecimiento atribuible al Tren Maya y las inversiones hoteleras. Chiapas está 6.7 % arriba del nivel que tenía a fines de 2019, aunque en ese caso tienen mayor impacto las remesas, que pasaron de 500 millones de dólares en el primer semestre del 2019 a 2,000 millones en el mismo periodo del 2023.

Como referencia de la importancia de estas cifras, la segunda economía más importante del país, la del Estado de México, ha crecido apenas 1.8 % entre fines del 2019 y principios del 2023.

No puede dejar de mencionarse que algunas decisiones administrativas han operado en sentido contrario al abatimiento de la pobreza y de las desigualdades. Es el caso, en primer lugar, del cuidado de la salud que, conforme a los datos del CONEVAL, 50.4 millones de personas no tienen actualmente acceso a esos servicios porque no se ha resuelto la segmentación y el condicionamiento que hacen que solo quienes tienen empleo formal sean derechohabientes de alguna de las instituciones existentes. El Seguro Popular —un mecanismo de apoyo económico mediante inscripción y pago de cuotas para quienes carecen de un empleo formal— fue sustituido en 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que a su vez transfirió sus funciones en abril de 2023 al IMSS-Bienestar.

El sistema educativo público es otro factor de desigualdad por las diferencias en la calidad de la enseñanza y por su incapacidad para evitar el creciente abandono de jóvenes: un millón y medio de estudiantes han dejado la escuela desde la ocurrencia de la pandemia.

Otras áreas socialmente sensibles, como las estancias infantiles y el programa de escuelas de tiempo completo que facilitaban la vida de madres trabajadoras, fueron cancelados sin que se crearan servicios alternativos; también afectan, sobre todo a los más pobres, las deficiencias de los servicios de infraestructura, por ejemplo, los que llevan agua a casas.

Protagonismo del Estado

Alcanzar la justicia social fue el gran reto de la Revolución Mexicana hecha gobierno, y lo sigue siendo en este siglo XXI; hoy más que nunca, en la pobreza y las desigualdades, interactúan algunos de los mayores problemas de México, desde la violencia en sus diversas manifestaciones —intrafamiliar y social—, el estancamiento desde hace cuarenta años de la movilidad ascendente de las clases sociales y el descrédito del Gobierno y sus instituciones.

La democracia formal, sin adjetivos, despojada de sustancia social, ha perdido seguidores ante la manifiesta incapacidad del Estado para ofrecer a la sociedad certezas básicas frente a la proliferación de la violencia, de la corrupción, de los bajos ingresos familiares y de abusos reconocibles por todos.

Hay que recordar que, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el PRI, el PAN y el PRD perdían votos en cada elección que transcurría, un indicador claro de que habían dejado de representar e inspirar confianza a millones de personas y de que la política tenía poco que ver con los intereses sociales mayoritarios.

A fin de restablecer capacidades perdidas del Gobierno, dividido en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la actual administración estableció, entre otras medidas, tres especialmente destacables: un nuevo modelo de comunicación, un distanciamiento más formal que real con el poder económico, y la promoción de reformas legales e institucionales, algunas para ganar adeptos.

Empecemos con el modelo de comunicación social instaurado personalmente por el presidente López Obrador para establecer una identificación discursiva con los sectores tradicionalmente carentes de influencia política, para quienes el Gobierno era cosa ajena; entre esos sectores, la aceptación o popularidad del presidente es muy alta y al parecer corresponde al sentimiento de representación de sectores populares que lo experimentan por primera vez y encuentran en el presidente a quien encarna una serie de anhelos, propuestas y características morales que lo hacen creíble.

La aceptación popular del presidente eleva el promedio general por encima del 60 %. El contrapunto de esa representación es que depende sustancialmente de la personalidad de López Obrador, no de un sistema institucional, lo que la hace frágil y, para la continuidad del proyecto, en caso de que llegue Claudia Sheinbaum a ocupar la presidencia de la República, las bases de apoyo a AMLO no serán transferibles y ella tendrá que construir sus propios vínculos de representación, o quedar como rehén de grupos que las tengan.

Acentúa la condición de fragilidad del poder político del régimen el vilipendio reiterado de parte de López Obrador, desde las mañaneras, contra sectores sociales clave para la gobernanza política, como el empresariado (que en su inmensa mayoría pertenece a las clases medias del país) y aquellos trabajadores y empleados que se perciben como integrantes de esas clases medias y que, con todo derecho, reclaman el no estar representadas en el discurso y las acciones del poder público.

Además de su propia experiencia de clases vilipendiadas como “escaladoras, arribistas y oportunistas”, y castigadas con la caída de sus ingresos desde la pandemia, los sectores medios tienen como fuente de información y opinión crítica a los medios de comunicación masiva, impresos, radiofónicos y televisivos cuyos intereses también fueron afectados en los presupuestos dedicados a publicidad y propaganda del Gobierno; con muy pocas excepciones, la mayoría de esos medios se ha convertido en una pertinaz oposición —sin aportar elementos de reflexión útiles— a todo lo que propone y hace el Gobierno.

El presidente ha confiado en las “benditas” —así les llama— redes sociales, pero es cada vez más claro que su creciente protagonismo es totalmente independiente de lo que convenga o perjudique al Gobierno.

Una segunda línea de acción de AMLO para recuperar márgenes de acción política del poder público ha sido perseguir un mejor equilibrio del balance de poder entre el Gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales) y los grandes intereses económicos que desde el mercado han ejercido una influencia excesiva en las políticas públicas durante décadas.

Con el propósito —independiente de otros— de dejar establecido el alcance del poder del Gobierno, se han realizado acciones puntuales en el ámbito de poder de los grandes capitales; la primera con la que el nuevo Gobierno quiso dejar establecido “quién manda” fue la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de una consulta popular orientada a rechazar el proyecto como un plan de negocios abusivo (también es verdad que era técnicamente desaconsejable construirlo en el vaso de Texcoco).

Además, se confrontó al oligopolio que participaba en la compra de medicamentos para el sector público con el fin de centralizar las compras, lo que ocasionó desorden administrativo durante un año y desabasto de diversos medicamentos; también se forzó la renegociación de contratos que se consideraron leoninos para el país, y que muy probablemente lo eran, como los gasoductos y la administración privada de reclusorios.

Es muy pronto para hacer una evaluación sobre el impacto que esas medidas hayan tenido en el poder económico y retracción política de los grupos afectados en su inmenso poder, pues, como señala el Panorama Social 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los milmillonarios mexicanos incrementaron su patrimonio 11 % entre 2019 y 2021, mientras la pobreza y la pobreza extrema también crecieron.

La tercera línea seguida para ampliar márgenes de acción del sector público ha consistido en promover reformas legales, así como la modificación de la dinámica y las funciones de diversas instituciones, entre las que destaca el caso de las fuerzas armadas del país.

En el apogeo del poder presidencial al contar con mayoría calificada en el Congreso, el presidente promovió la reforma de más de 55 artículos de la Constitución en diversas materias, entre las que figuran las relativas a la consulta popular, la revocación de mandato, la eliminación del fuero presidencial y la de las partidas secretas, las cuales generaron polémica en torno al argumento de que hacen vulnerable al poder Ejecutivo.

Lo más inquietante, sin embargo, es lo tocante al orden institucional, pues se les han transferido al Ejército y a la Armada responsabilidades y recursos que están fuera de su naturaleza y misión. Se les ha encargado la seguridad pública y patrullajes militares en las calles, tareas con lo que esas instituciones han manifestado incomodidad y, en compensación, al Ejército se le han asignado proyectos de ingeniería civil con inmensos presupuestos, mientras que la Secretaría de Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, sino que también hace las funciones administrativas.

Es cada vez más evidente que al fortalecimiento económico de las fuerzas armadas va correspondiendo un acrecentamiento de su peso político; el Ejército va adquiriendo un poder que no tenía, mientras que el de las autoridades civiles se ha fragmentado por la corrupción vinculada a la delincuencia organizada.

Reflexión final

El problema socioeconómico de México es la pobreza y las desigualdades; sin embargo, aunque la dirección de las acciones en favor de mejorar las condiciones laborales, de asistir con programas de apoyo a la población de muy bajos ingresos y de promover el desarrollo regional ha sido acertada, de lo que se ha logrado importan más las tendencias establecidas que los cambios alcanzados, pues, aunque reales, son modestos ante la dimensión de los rezagos. La consolidación de esas tendencias significaría una profunda actualización del pacto social, un nuevo consenso, mayores márgenes de acción del poder público y, consecuentemente, un nuevo orden de libertades democráticas más amplias, con nuevos equilibrios de fuerzas económico-políticas. EP

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