Introducción

Toda transformación nacional que se proponga estar al servicio de la población, dando vigencia a los Derechos Humanos y logrando estadios reales de felicidad a nivel individual y colectivo, debe contemplar un sistema económico equitativo, próspero y sostenible.

Para lograr esto no basta con estar cumpliendo metas como los de altos índices del PIB y de montos de inversión productiva y otros indicadores de tipo agregado. Si bien lo anterior es importante, lo fundamental es que eso sí se traduzca y refleje en las condiciones de vida de los diversos sectores de la población y en el mantenimiento de un entorno ecológicamente sustentable para las generaciones futuras. Aún el tener un trabajo asalariado tampoco basta, pues si no permite el acceso a satisfactores básicos, sin estabilidad, ni seguridad social, poco contribuye a ese propósito.

Una de las alternativas para paliar e incluso superar las disfunciones de este modelo neoliberal que predomina es el fomento a un sector social que, como en el caso de México, está incluso consagrado a nivel constitucional. Pero se requiere de un sector social que vaya más allá de las expresiones de figuras cooperativas tradicionales y de las prácticas consecuentes.

Lo que aquí se plantea es dar vigencia a un modelo de economía social y solidaria que rebasa con mucho su impacto sólo en la economía, ya que se propone al mismo tiempo hacerlo en otros ámbitos como la ecología, la salud, la equidad de género y otros, y que sí lleve a tener un trabajo digno con connotaciones básicas por lo menos como los que plantean organismos de la ONU (como la OIT), pero que están enriquecidos por lo que han aportado los Foros Sociales Mundiales en el primer decenio de este siglo.

Aunque las carencias de grandes sectores de la población nacional se ven afectadas por factores y escenarios económicos, de seguridad, de discriminación y otros, en esta propuesta nos centraremos en la relevancia de lograr que en el tejido productivo nacional sí esté el componente de la economía social y solidaria, pero con un papel proactivo muy importante por parte del sector público.

Adicionalmente, en México, a pesar de los discursos sobre una transformación que abandona el neoliberalismo, se ha continuado en el fondo con la convicción de que la mejor política económica es no tener política, lo que ha favorecido que sea el sistema dominante el que configure las formas en que se expresa la economía, con las consecuencias que padecemos.

Diagnóstico

El impulso de un sector social de la economía juega un papel relevante en las posibilidades de que gran parte de la población tenga acceso a un trabajo digno. Sin embargo, particularmente en este sexenio, no sólo no se ha impulsado, sino se han desmantelado las instituciones que existían para ello como el INAES y se han vulnerado muchas de las organizaciones en que se había plasmado el sector social.  En paralelo se otorgan créditos blandos y aún donaciones a fondo perdido a emprendimientos aislados a la mayoría de los cuales no se les otorgan adicionalmente apoyos para lograr competitividad y subsistencia, consecuentemente la mortalidad de estas MiPyMes es muy alta y la gran mayoría de ellas están en el sector informal, existiendo muchas entidades del país en que el  tejido productivo está mayoritariamente constituido por empresas informales con estas características.

Problemática

Los impactos de esas carencias ante la ausencia de creación de trabajo digno se buscan paliar con programas asistenciales. Estos, si bien aportan alguna mejora en las condiciones de las personas, son limitadas, muy vulnerables, gravosas para la vida del país y favorecen un clientelismo electoral.

Aunque el PIB ha logrado este año ya remontar el impacto de la pandemia del Covid-19 y las limitaciones de los programas gubernamentales, este año logrará promediar un 4.5%, la inversión extranjera por efectos del nearshoring se ha incrementado. Pero otros indicadores muestran un panorama crítico en la economía:

• La informalidad laboral llegó a 51.4%. e incluso hay entidades en que llega al 70%, muy lejos de la meta de disminuirlo al 25%.
• En competitividad caímos ya al lugar 56 de 64 países.
• El valor agregado a la exportación descendió de 46.1% al inicio del sexenio a 45.3%
• La tasa de sindicalización para contar con organismos de defensa de los derechos laborales sigue en 10%.
• Las carencias en acceso a servicios de salud y otros han aumentado exponencialmente tanto por la alta tasa de trabajadores en la informalidad y los bajos salarios, pero también por el fracaso en sustituir en el ámbito de la salud al programa que existía y que ahora provoca que gran parte del ingreso de amplios sectores de la población se dedique a ir a servicios de salud privados.

Propuestas de políticas públicas y metas

Las políticas públicas que postulamos son las tres siguientes:

1.- Fortalecer el sector social de la economía, en la perspectiva de una economía social y solidaria

México tiene la característica de tener a nivel constitucional la clara definición de que la economía se constituye por tres sectores: el público, el privado y el social. Esta norma del derecho positivo, no es sólo una declaración de principios es una pieza de gran relevancia para dar soporte a lo que aquí planteamos.

Sin embargo, no basta con el enunciado del sector social, pues en México las modalidades que se han incorporado como constituyentes de este sector están bajo figuras cooperativas principalmente. Y las generadas como parte del proceso de Reforma Agraria, que desde el gobierno de Salinas se afectó sustancialmente.

Manteniendo estos elementos básicos, lo que nosotros aportamos es ir más allá, sobre todo influidos por la convicción de que avanzar hacia construir “Otros Mundos Posibles” , no será ya con base en una gran revolución como los épocas pasadas de nuestra historia mundial, sino en procesos en que la correlación de fuerzas vaya haciendo posible que “aquí y ahora” se den las realidades que antes requerían la toma revolucionaria del poder.

Esto requiere, como se plantea en este inciso, de una nueva definición del artículo 25, pero sobre todo de reformas a la normatividad reglamentaria, para que sea acorde para favorecer nuevas iniciativas concretas como las que a continuación se describen en los incisos siguientes.

2.- Las compras de bienes y servicios que requiere el sector público contratar para su operación preferentemente, que se haga a redes de emprendimientos del sector social y solidario.

Uno de los principales retos que debe superar cualquier emprendimiento es el de tener un nicho de mercado que le permita la subsistencia, sobre todo en un modelo económico en que, a pesar del membrete de liberalismo, los intereses de los grandes inversionistas y empresarios tienen controlados a veces monopólicamente los mercados de los cuales viven, incluso utilizando la corrupción.

Un gobierno como el mexicano en sus diversos niveles consume en insumos diversos miles de millones de pesos de su presupuesto para cumplir sus funciones. Es frecuente que a pesar de toda la normatividad existente estos se adquieren a empresas allegadas a quienes tienen los cargos públicos y ello mediante prácticas corruptas. Hasta ahora ningún gobierno ha logrado superar este hecho. Pero aquí se plantea claramente el tener que tomar una opción entre seguir favoreciendo a amigos y aliados o cumplir con una gran demanda que afecta a la gran mayoría de la población.

Somos conscientes de que sería imposible, aunque altamente deseable, que todo ese gasto que a final de cuentas se hace con los impuestos que pagamos todos o con los bienes de la nación como el petróleo, estuvieran dedicados a este propósito.  Pero por ahora se plantea el inicialmente que se haga en los aspectos siguientes:

2.1.- Las compras para servicios de alimentos:

• Los que las instituciones consumen en su operación cotidiana y en eventos.
• Los que realizan la SEP, el DIF y BIENESTAR para desayunos escolares y muchos otros programas asistenciales.

3.- Incubar y apoyar redes de emprendimientos de economía social y solidaria.

El que pueda hacerse realidad los propósitos del inciso anterior requiere, además, de las decisiones y cambios consecuentes en la normatividad, pero sobre todo de otro componente insoslayable, que es el fomento a la consolidación/construcción de los sujetos colectivos que generen esos bienes y servicios en el marco que aquí se describe, o sea las redes de emprendimientos de economía social y solidaria que tengan las capacidades y competencias para cubrir esas demandas. Sobre todo, en un país donde no se ha apoyado el fortalecimiento del sector social, sino al contrario y que una parte de este, como el resto del tejido productivo está impregnado de corrupción.

La incubación que se propone tampoco es la que ya hacen una gran parte de las instituciones educativas del país y algunos gobiernos estatales. Se requiere de todo un nuevo diseño bajo otro paradigma que no es el de insertarse en el mercado neoliberal, sino con base en el compromiso con el poder estatal de dar vida a un sector diferente con las características aquí descritas. Adicionalmente, el trabajar en red no es sólo firmar un documento en que esto se consigne, implica desarrollar capacidades individuales y colectivas, procedimientos y mecanismos que no existen aún en el tejido productivo nacional. A su vez, para el mejoramiento continuo requiere de incorporar otras iniciativas como la de los “Distritos Industriales” que mostraron su eficacia en Italia, Japón y otros países.

Promover redes de prosumidores

Las propuestas anteriores harán aportes sustanciales y estructurales, pero tomarán tiempo, mayor del que requieren para atender sus necesidades millones de familias que actualmente continúan padeciendo diversas expresiones de la pobreza, sobre todo alimentaria y consecuentemente, de salud. Por ello, se hace necesario complementar lo anterior con esta propuesta que aporta resultados en menos de cien días y que, adicionalmente, favorece sinergias con la presentada anteriormente.

Estas redes tienen los siguientes componentes:

• Grupos de compras en común. Integrados por consumidores de diversos sectores de la sociedad, pero con vínculos entre ellos que favorecen la confianza (habitantes de unidades habitacionales, miembros de organizaciones de todo tipo, empelados de dependencias, integrantes de clubs deportivos o sociales, padres de familia de escuelas, etc.) que se comprometen a adquirir en común bienes y servicios que requieren para sus necesidades básicas y de bienestar: más baratos, más saludables, producidos sin dañar el medio ambiente ni afectar derechos laborales y creando trabajo digno. Son, adicionalmente, la ocasión para utilizar “monedas comunitarias”, “trueque solidario” y “bancos de horas”.

• Puntos de venta permanentes, centros de abasto y servicio de entrega a domicilio. Una de las limitaciones de algunas de las iniciativas en este campo, es que no es frecuente que las familias programen y compren lo que requieren de una manera ordenada y periódica, por ello se requiere de estos otros componentes, tanto para la entrega a domicilio, como para la disponibilidad en tiendas de barrio de lo que las  familias van requiriendo día a día. Además, esto permite incluir a las familias de esas tiendas en este modelo, para que también ellas sean compradores de los otros productos.

• Ferias de economía solidaria y bienestar para el Buen Vivir y Convivir. Se propone que se realicen periódicamente en las diversas comunidades. Son parte insustituible del modelo, pues no se trata de hacer llegar a mejor precio productos chatarra, sino fomentar prácticas saludables y el cambio de hábitos alimenticios, lo cual es muy complejo y requiere de varias iniciativas. En estas ferias se organizan una serie de actividades con fuerte contenido de divertimento y esparcimiento personal y familiar en las cuales además de ofertar algunos productos se ofertan servicios de orientación nutricional, salud, actividades deportivas, etc. Parte del éxito de los grandes   malls es que en un mismo lugar ubican donde hay que hacer las compras familiares y donde tener espacios de entretenimiento.

Reflexión final

Va en dos direcciones: la primera es que está es una propuesta que está totalmente hecha para que pueda implementarse desde instancias de poder gubernamental, pero con el apoyo de la sociedad civil organizada y de centros de construcción de conocimiento emancipador como CTVLU.

La segunda es que lo que aquí se plantea no es resultado de un esfuerzo de creatividad e imaginación. Es la sistematización de la promoción y evaluación de miles de experiencias que hemos realizado en la mayoría de los países latinoamericanos, además de intercambios con thinks tanks de diversas latitudes.

Por ahora está presentado para un debate interno, pero indudablemente que para su presentación al exterior tiene que suprimir algunos aspectos de crítica, así como aportar sustento de experiencias y citas bibliográficas, con los cuales se cuentan, pero que por ahora no incorporé. EP

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