El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Transformar el sector energético y combatir el cambio climático, coordinada por Isidro Morales, Ramón Carlos Torres y Susana Chacón.
Texto de Tiahoga Ruge 05/02/24
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Transformar el sector energético y combatir el cambio climático, coordinada por Isidro Morales, Ramón Carlos Torres y Susana Chacón.
La pandemia de la Covid-19 (2020-2021) provocó que la población se aislara y limitara sus movimientos para permanecer en sus casas y así evitar los contagios. Esto llevó a la sociedad a un nuevo estilo de vida que tuvo un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo la huella ecológica: se limitó el tráfico aéreo, marítimo y el uso del automóvil y por ende el uso de combustibles fósiles se redujo, al igual que las emisiones de CO2 a la atmósfera.
La sociedad demostró que, ante una emergencia como la Covid-19, era posible cambiar los patrones de comportamiento, de producción y de consumo, y reducir la huella de carbono. Se lograron sistemas alternos de trabajo a distancia desde casa y parecía que finalmente la humanidad cambiaría sus hábitos insostenibles y lograríamos salir adelante con un nuevo modelo de vida más sustentable y estabilizar la temperatura de la atmósfera en 1.5 °C.
“Hoy, el sentido de urgencia ante el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad nos llaman a la acción…”
Pensamos entonces que una crisis de esta magnitud lograría un cambio profundo y definitivo en la humanidad y que finalmente se podría inclinar la balanza del deterioro ambiental hacia la restauración ambiental y la sostenibilidad.
Después de la pandemia, la realidad fue diferente: a nivel mundial iniciaron guerras y el mundo se polarizó. En México se dieron diversos fenómenos: una parte de la población, que tenía la posibilidad de trabajar a distancia, abandonó las ciudades y migró hacia zonas rurales o turísticas, las cuales no estaban preparadas para recibir grandes cantidades de personas de manera permanente. Además de impactar en la economía de estas zonas al generar la especulación de la tierra, el aumento inesperado de la población en estos territorios, que normalmente recibían visitantes en épocas vacacionales, rebasó la capacidad de carga de muchos sitios que no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir visitantes de forma permanente.
Esto causó un efecto devastador sobre los ecosistemas y la biodiversidad, el abastecimiento y el uso del agua, la deforestación y la consecuente erosión del suelo, así como la falta de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, de un manejo integral de residuos sólidos, de una infraestructura necesaria para el reciclaje y de una planeación urbana sostenible. Además, desencadenó la especulación y la venta de tierras ejidales y comunales para el desarrollo inmobiliario y turístico. Las comunidades se vieron rebasadas por la oferta y la demanda del desarrollo y vendieron muchas de sus tierras a precios bajos.
Este fenómeno desencadenó conflictos sociales en muchas comunidades: al perder sus tierras y gastar los escasos recursos obtenidos de las ventas precipitadas, los anteriormente terratenientes se volvieron empleados. La devastación ambiental después de la pandemia se dio rápidamente y dejó huellas profundas e irreversibles que ahora tendremos que enfrentar.
El debilitamiento de las instituciones ambientales, la ausencia de políticas públicas decididas en la materia, la falta de aplicación de la legislación ambiental y el escaso financiamiento al sector, revirtieron los avances que ya se habían logrado a partir de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. El desarrollo de megaproyectos, sin estudios de impacto ambiental, afectó profundamente los ecosistemas más frágiles de México, especialmente las selvas, los manglares, las costas, los arrecifes y los océanos.
El Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum, la Puerta al Mar (dentro de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka ́an), la Refinería Dos Bocas y el Desarrollo Transoceánico del Istmo de Tehuantepec se construyeron a gran velocidad, sin estudios adecuados de impacto ambiental y sin una planeación integral para proteger y conservar lo poco que queda del capital natural de México. Con políticas públicas insuficientes en la materia y con ausencia de aplicación de la ley, estos últimos seis años han sido devastadores para el medio ambiente en nuestro país.
Aunado a esto, Acapulco fue impactado por el huracán Otis, que ha sido uno de los fenómenos naturales más fuertes que ha sufrido la costa del pacífico mexicano. El desastre consecuente demostró la falta de preparación de los diversos sectores ante un fenómeno de esta magnitud: la falta de infraestructura ambiental necesaria para la mitigación de huracanes y la falta de un protocolo adecuado para prevenir y remediar un desastre de esta naturaleza.
Hoy, el sentido de urgencia ante el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad nos llaman a la acción más decidida en todos los ámbitos, para restaurar los ecosistemas que sostienen la vida.
El capital natural de México ubica al país en una situación de ventaja ante muchas otras naciones: México es el 14.º país más grande del mundo en extensión territorial, con 1.96 millones de km2; y es el 10.º país más poblado, con 131 millones de habitantes y una densidad de población cercana a la media mundial, de 64 hab/km2.
Es un país megadiverso, el 4.º más rico en diversidad biológica en el planeta. México es rico en recursos naturales renovables y no renovables; tiene más de 11,000 km de litoral marítimo, una variedad extraordinaria de climas en zonas templadas, paisajes únicos que fomentan el turismo, enorme diversidad de especies de flora y fauna, una rica cultura milenaria y una gran tradición culinaria y de alimentación, derivada de la diversidad agrícola y biológica, entre muchos otros atributos.
Sin embargo, estas ventajas no se han valorado en su conjunto. Ha habido una sobreexplotación no regulada de recursos naturales, un severo deterioro ambiental y falta de inversión necesaria para mantener los servicios ambientales y ecosistémicos, y estos no se han considerado en la planeación integral del desarrollo.
“Ha habido una sobreexplotación no regulada de recursos naturales, un severo deterioro ambiental y falta de inversión necesaria para mantener los servicios ambientales…”
Lo anterior ha provocado la situación actual:
Los esfuerzos para abordar estas problemáticas no han contado con suficiente presupuesto y no han sido priorizados en las políticas públicas. El programa Sembrando Vida, la Estrategia Integral de Mares y Costas, el decreto de Nuevas Áreas Naturales Protegidas y el impulso al turismo sustentable son algunos proyectos que surgieron durante la presente administración, pero resultan insuficientes ante la magnitud del problema y aún está pendiente una evaluación integral para valorar los resultados.
Las instituciones ambientales se redujeron considerablemente, así como el presupuesto correspondiente, y actualmente la principal fuente de financiamiento para proyectos ambientales en México proviene de organismos internacionales: del Global Environmental Facility (GEF) o Fondo Mundial para el Medio Ambiente del Banco Mundial, La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), La Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica (USAID), la Agencia Francesa para la Cooperación y la Embajada Británica, entre otros.
Estos financiamientos se ejercen por medio de agencias de La Organización de las Naciones Unidas, Conservación Internacional, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otras, y se ejercen con una contraparte gubernamental. Se supervisan con apego a lineamientos preestablecidos, lo cual debería de asegurar su aplicación eficaz en campo; sin embargo, muchos de estos proyectos no logran sus metas debido a múltiples factores que no permiten la implementación real y oportuna de los mismos.
La problemática ambiental debe considerarse con un enfoque integral que incorpore indispensablemente sus efectos en la salud ecosistémica y asegure los servicios ambientales necesarios para la salud integral de la biósfera, incluida la población humana.
Esto implica un cambio de visión, ya que actualmente el ser humano está en el centro de la discusión y no existe una visión integral que permita ampliar la mirada hacia la interrelación de los sistemas biológicos que sostienen la vida.
El fortalecimiento de las políticas públicas abarca un ámbito muy amplio de aspectos particulares. Aquí se proponen diez objetivos generales para resolver los problemas más relevantes y urgentes:
1) Aumento de presupuesto para el sector ambiental
El deterioro ambiental debe considerarse un asunto vital, de seguridad nacional y ciudadana, y requiere de un aumento sustancial correspondiente de todos los recursos destinados a prevenir y resolver esta problemática, por su impacto potencial en la protección, la salud y la alimentación de la población, entre otros motivos importantes. Se calcula que la inversión para el mantenimiento ecosistémico debería de ser del 15 % del PIB, para asegurar los servicios ambientales.
2) Desarrollo científico y tecnológico
Intensificar la investigación y el aprovechamiento de todas las nuevas tecnologías disponibles orientadas a la problemática ambiental, a través de todos los mecanismos presupuestales, de cooperación académica e internacional, la incorporación de nuevas plataformas de internet e Inteligencia Artificial.
3) Política energética
Acelerar la transición energética hacia energías limpias, así como la eliminación de fuentes de combustibles fósiles para disminuir la huella de carbono y los efectos de gases invernadero en la atmósfera, a través de la instalación masiva de paneles solares y la generación de energía eólica, entre otras medidas prioritarias.
“El deterioro ambiental debe considerarse un asunto vital, de seguridad nacional y ciudadana…”
4) Agua
Asegurar el aprovechamiento óptimo del agua, como prioridad nacional, a través de todas las medidas y tecnologías disponibles: captación pluvial, renovación de la infraestructura hidráulica, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de agua, sistemas de riego agrícola eficientes, etc.
Formalización y apoyo prioritario de la protección, conservación y cuidado de los bosques de agua y cuencas, fuente vital de aprovisionamiento natural, mimos que deben considerarse como un asunto de seguridad nacional.
5) Restauración de los ecosistemas y adaptación basada en ecosistemas – Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
Amplias zonas del país han sufrido deterioro ambiental: desertificación, tala de bosques, contaminación. La reforestación de bosques y selvas, así como la restauración de humedales, arrecifes y ecosistemas costeros son tareas urgentes que necesitan instaurarse de modo permanente para recuperar el equilibrio ambiental. El concepto de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) ofrece la oportunidad de financiamiento internacional para desarrollar las capacidades y las herramientas necesarias para generar empleo y al mismo tiempo lograr la restauración de los ecosistemas que sostienen la vida.
6) Ordenamiento ecológico del territorio
Revisar y reordenar todo el territorio nacional bajo estrictos criterios ecológicos y ambientales para el uso apropiado de suelos urbanos y rurales, la delimitación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) ofrecen una oportunidad clave para la conservación de la biodiversidad.
Manejar de manera integral y sustentable las zonas marítimas y costeras, aplicando las estrategias ya desarrolladas por la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas (CIMARES).
De igual modo, regular los ejidos y bienes comunales para limitar la venta insostenible y el cambio de uso de suelo de tierras comunales para desarrollos turísticos insostenibles que tienen un impacto devastador en los ecosistemas y dejan a las comunidades sin tierras productivas para la agricultura.
7) Desarrollo turístico sustentable
Reglamentar el desarrollo de las zonas turísticas y orientar el turismo hacia actividades con mínima huella ecológica, con orientación a la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), que aseguren la adaptación al cambio climático y la protección de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad (integración de la biodiversidad en el turismo), que se encuentra seriamente amenazada y que es el capital natural esencial para el turismo en México.
Decretar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS), contenidas en la Ley General de Turismo.
Aplicar la Estrategia Nacional de Actividades Turísticas Sustentables basadas en el Océano (ENATSBO).
Incorporar a las comunidades en las cadenas de valor y de las actividades turísticas, y fomentar y apoyar las comunitarias y de contacto con la naturaleza y la biodiversidad.
8) Educación ambiental: desarrollo de capacidades y comunicación ambiental
Es necesaria una campaña integral permanente de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable, tanto en la educación escolar formal como en la difusión mediática, orientada a modificar las actitudes ciudadanas hacia la problemática ambiental para inducir una mayor conciencia y cooperación activa en la resolución de la misma.
Si bien la educación ambiental formal y no formal ha tenido avances importantes en el pasado, hoy resulta insuficiente y es fundamental fortalecerla de manera trasversal en todo el sistema educativo nacional.
El desarrollo de capacidades para la sustentabilidad en los diversos sectores productivos es fundamental para lograr un cambio integral real que lleve al país hacia la sustentabilidad, reorientando los patrones de producción y de consumo para la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
9) Participación ciudadana
Desde 1992 se fundó el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que es representado por los Consejos Ciudadanos Ambientales existentes en los diversos niveles. Sin embargo, estos consejos no han tenido el impacto suficiente para incidir de manera decisiva y lograr los cambios requeridos.
Es fundamental fortalecer la presencia y la incidencia real de los consejos consultivos y de la sociedad civil para lograr los cambios ambientales requeridos.
“Si bien la educación ambiental formal y no formal ha tenido avances importantes en el pasado, hoy resulta insuficiente y es fundamental fortalecerla…”
10) Cooperación internacional
México ha suscrito los convenios internacionales más importantes en materia de cambio climático y biodiversidad. Sin embargo, no ha logrado implementarlos de manera real en el territorio nacional. La problemática del calentamiento global es ya indiscutiblemente grave, y obliga necesariamente a todos los países a una cooperación conjunta, decidida y urgente. La política internacional de México, como miembro respetable, responsable y destacado de la comunidad de naciones obliga, legal y moralmente, al cumplimiento estricto de los acuerdos y compromisos internacionales suscritos en materia ambiental. Asimismo, es urgente revisar la implementación de proyectos ambientales financiados por instancias internacionales y asegurar el cumplimiento cabal de los mismos.
Ante el deterioro ambiental, y con base en el análisis de la situación actual, es fundamental impulsar el sentido de urgencia para fortalecer el sector ambiental en México, rescatar y fortalecer las instituciones ambientales, impulsar la Adaptación basada en Ecosistemas, formalizar la educación ambiental y fortalecer las políticas públicas ambientales y asegurar su implementación. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
