Transitar hacia un país con empleo suficiente y de calidad deberá ser uno de los objetivos centrales de una estrategia de desarrollo de México en una visión de mediano y largo plazo. El trabajo no solo constituye la fuente preponderante de ingresos de los hogares mexicanos, sino que es un factor determinante del crecimiento potencial de la economía y un elemento crítico para la estabilidad social. No se le debería ver —como ha sucedido en el pasado— como un tema lateral o mero subproducto de otras metas.

A fin de dimensionar los retos en esta materia, debe considerarse no solo la dinámica, sino la calidad del empleo, el ingreso asociado al trabajo, sus esquemas de protección y regulación, su capacidad de respuesta en un mundo cambiante del trabajo y la resiliencia del mercado laboral frente a choques externos. A partir de estos elementos, en este texto se plantean algunos de los desafíos que enfrenta hoy el mercado de trabajo en México.

Problemas y desafíos

El mercado de trabajo viene arrastrando desde décadas atrás problemas estructurales de fondo, particularmente el de la alta informalidad, a la que se sumó en la coyuntura más reciente el impacto de la pandemia del COVID-19, que no solo canceló de golpe millones de puestos de trabajo formales e informales, sino que puso al descubierto los puntos más frágiles de este mercado. Este panorama se enmarca en el contexto de un mundo del trabajo que está cambiando y demanda respuestas adecuadas de los esquemas de protección social y del marco regulatorio.  A continuación se hace una referencia sucinta de algunos de estos problemas:

La persistencia del trabajo informal. El trabajo informal —en el que se conjugan puestos de trabajo de bajos ingresos y productividad, y alta inestabilidad— sigue siendo el tipo de trabajo predominante en nuestro país. Representa todavía el 55 % de la población ocupada¹ —una de las tasas más altas de América Latina en países de ingreso similar. La tendencia a la disminución de esta tasa ha sido notoriamente lenta a lo largo de las últimas décadas y es este, sin duda, uno de los principales retos que el país deberá enfrentar en los próximos años.

El impacto reciente de la pandemia en el empleo. Uno de los ámbitos más afectados por la reciente pandemia fue el del empleo, de donde irradiaron sus efectos negativos al ingreso y bienestar de las familias. La dimensión y velocidad de la caída del empleo trastocó la tendencia histórica de los indicadores laborales. Si bien el número de puestos de trabajo pudo rebasar ya el nivel previo, esto no puede interpretarse como un problema superado, ya que la población ha seguido creciendo también.  

Las desigualdades y vacíos que reveló la pandemia. La pandemia hizo más evidentes las desigualdades estructurales que ya existían y puso al descubierto las carencias y la precariedad de nuestro sistema de protección social. Amplios grupos de la población carecían de cobertura ante eventos de desempleo masivo; a muchos jóvenes se les trastocó la transición de la escuela al trabajo y otros más, recién iniciados en la vida laboral, fueron de los primeros en ser despedidos. Afectó también a quienes no pudieron trabajar de forma remota por la naturaleza de su trabajo, por carecer de acceso digital o por no estar capacitados para esta nueva modalidad, a quienes laboraban bajo nuevas formas de trabajo no convencionales, como la subcontratación, en donde se observaron recortes masivos, a los llamados trabajadores esenciales, que se vieron obligados a seguir trabajando durante la pandemia bajo una mayor exposición al riesgo.

El impacto diferencial en las mujeres y la ausencia de instituciones de cuidado. Un grupo en particular en el que se traslaparon varios de los impactos negativos fue el de las mujeres, sobrerrepresentadas en algunos de los servicios más afectados y de mayor riesgo. Fue entre las mujeres, también, donde recayó principalmente el peso del confinamiento, ante la desigual distribución de las tareas del hogar y del cuidado y para quienes el regreso al empleo fue más difícil. Esto revirtió algunos avances en la ya baja tasa de participación femenina.

Los nuevos retos del cambio tecnológico. La pandemia aceleró, además, tendencias que ya venían de años atrás, como la automatización en la industria, la digitalización cada vez mayor del comercio y los servicios, y el trabajo a distancia, a los que esta crisis empujó de golpe a muchos trabajadores sin una adecuada preparación y sin el respaldo de una protección laboral específica. A estos retos se suman ahora otros más recientes como el del uso de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías que demandan respuestas adecuadas a fin de evitar que se profundicen problemas ya existentes, entre ellos la polarización del ingreso, la vulnerabilidad ante nuevas formas de trabajo y la dificultad de adaptación al continuo cambio.

El grave problema que se avizora en el tema de las pensiones. El tema de pensiones representa un problema de fondo que demandará, además, una carga fiscal considerable y creciente. La cobertura del sistema contributivo sigue siendo baja y se avizora la perspectiva de que un número considerable de asegurados no puedan alcanzar una pensión digna. Por otra parte, el sistema no contributivo —que garantiza hoy por mandato constitucional una pensión mínima para toda la población en edad avanzada— cubre hoy un importante vacío, pero requerirá un esfuerzo fiscal creciente, ya que está dirigido a un estrato de la población que hoy muestra una alta tasa de crecimiento demográfico.

Los retos hacia adelante

Hoy, nuestro objetivo no es solo mitigar el daño, reconstruir y recuperar lo que se perdió en la pandemia, sino que resulta imperioso reflexionar y actuar en torno a los retos por venir. El mundo atraviesa por una recuperación incipiente y desigual, en un contexto todavía inflacionario. En este momento contener la inflación e impulsar el crecimiento resulta esencial en la agenda de empleo de calidad hacia el futuro. Es esta coyuntura un momento crítico y una oportunidad para repensar el desarrollo del país y emprender transformaciones estructurales, algunas de los cuales se plantean a continuación:

El empleo de calidad debe ser una prioridad explícita en el resto de las políticas públicas. El abatimiento sustancial del trabajo informal y precario no puede dejarse a la mera inercia del mercado, a la demanda externa, o a la competencia exclusiva y limitada de los ministerios del trabajo. Se requiere hacer de la creación de empleo de calidad un objetivo explícito, hacia el cual converja el resto de las políticas públicas. Fomentar el empleo de calidad requiere de instrumentos de la política impositiva, de programas de la política industrial y de la creación de infraestructura, de la política educativa y de formación profesional y de seguridad social. Es imprescindible alinear todas estas políticas económicas y sociales a cargo de las diferentes áreas administrativas del Gobierno en torno al objetivo central del empleo.

La estrategia de empleo no puede confinarse exclusivamente a los instrumentos tradicionales de los ministerios del trabajo en materia de inspección laboral, capacitación, intermediación o diseño de políticas activas. Estos programas son, por supuesto, esenciales y requieren ampliarse y reforzarse, pero no bastan. El logro de una estructura productiva generadora de empleos de mayor nivel de calificación, valor agregado e ingreso requiere transformaciones de fondo en la estructura económica y en las políticas educativa y de protección social, todo lo cual demanda acciones congruentes en muy diversas áreas del quehacer público y mecanismos de coordinación y evaluación de sus impactos ocupacionales. Fue esta la estrategia que siguió Corea del Sur en su transformación económica con éxito y en la elevación del nivel de sus puestos de trabajo.

Transitar hacia una inserción distinta y de un nivel superior del trabajo en los mercados globales. La participación del país en los mercados mundiales basada en bajos salarios no es sostenible ni deseable. El modelo centrado en tareas de maquila o el ensamblaje simple es altamente vulnerable ante el avance tecnológico y la competencia con otros países de muy bajas remuneraciones. La nueva estrategia deberá buscar acceder a los eslabones de mayor valor agregado de las cadenas globales, con empleos de mayor calidad y mejores salarios y que demandan mayores niveles de calificación.

Se deben aprovechar y potenciar los efectos de la reciente tendencia mundial hacia el llamado nearshoring en beneficio del país y de sus trabajadores. Esto requiere de un proceso de planeación para articular proyectos de infraestructura y de desarrollo industrial que fortalezcan los encadenamientos productivos internos, la innovación, el impulso de los sectores estratégicos y la formación laboral en nuevas tecnologías, con objetivos y metas muy claros de su impacto en el empleo.

Es necesario que las inversiones que lleguen no se queden en los eslabones más elementales de las cadenas, sino negociar transferencia tecnológica, y formación de personal especializado en funciones más complejas para crear una base tecnológica propia. Esto involucra acuerdos de colaboración entre empresas, instituciones de investigación y gobiernos para que los nuevos proyectos redunden en el avance científico, el empleo y el crecimiento.

Se requiere además, en los nuevos desarrollos industriales, de una adecuada planeación urbana, del transporte, la vivienda y la protección ambiental, para potenciar los efectos hacia una dinámica ocupacional de mayor calidad. No se debe repetir la respuesta pasiva que siguió a la firma del TLCAN, que parecía repetir el viejo lema ya enunciado a principios del siglo XX de simplemente: “Dejarnos enganchar por la formidable locomotora del norte y partir rumbo al porvenir”. 

Equipar a la fuerza de trabajo con los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar el cambio tecnológico. Como ya se había mencionado, la pandemia aceleró tendencias como la automatización, la digitalización del comercio y los servicios, y el trabajo a distancia, a lo cual se vieron expuestos muchos trabajadores sin una adecuada preparación y sin el respaldo de una regulación específica para este tipo de trabajo. Hoy varias tecnologías se están fusionando e interactuando en los campos de lo físico, lo digital y lo biológico, entre ellas, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología y la física cuántica.

A la vez que el país lucha por abatir la informalidad, los trabajadores formales —e incluso los trabajadores capacitados en actividades que se consideraban menos susceptibles de ser afectadas por la automatización y el cambio tecnológico— enfrentan cada día nuevos riesgos. Hoy se puede anticipar que —aun dentro del empleo considerado de calidad— habrá mutaciones importantes en las próximas décadas. El trabajador requerirá adaptarse a cambios mucho más frecuentes: de puesto, de empresa e incluso de sector, en un contexto en el que requerirá reinventarse continuamente para seguir siendo laboralmente relevante. Esto plantea el riesgo de una nueva y más profunda polarización entre quienes dominen las nuevas tecnologías y quienes permanezcan marginados.

Atender de manera especial a los jóvenes en su inserción al trabajo. Uno de los grupos con mayor potencial, pero paradójicamente en condición más vulnerable en el mercado de trabajo, es el de los jóvenes. Son los jóvenes los más afectados durante los períodos de crisis, pues tienen altos índices de desempleo y para la gran mayoría de ellos la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación. Por ello, es urgente una política que facilite la transición escuela-trabajo y que haga énfasis en los mecanismos de intermediación, capacitación, educación y protección en los centros laborales y en las ocupaciones que desempeñan los jóvenes, en mayor medida que con otros grupos etarios.

Proteger y fortalecer el ingreso del trabajo. Un punto en el que ha habido una mejoría en los últimos 4 años es el ingreso laboral, en especial el salario mínimo. Esto marca una diferencia respecto a las últimas décadas, en donde los ingresos laborales acusaron períodos de caída o muy débil crecimiento en términos reales. El salario mínimo real mostraba en 2019 un descenso de más de cuatro décadas y el salario medio real de los asegurados del IMSS, que había tenido un crecimiento moderado, fue impactado fuertemente en 2009 a raíz de la Gran Recesión y tardó 6 años en regresar a su nivel pre-crisis. En la masa salarial, la recuperación fue más tardada aún y no se dio sino hasta 2017. Este débil comportamiento reciente de los salarios y la masa salarial se reflejó en una progresiva caída del ingreso del trabajo en la distribución funcional, y restó peso a un instrumento potencial muy importante para el crecimiento del país, el consumo interno.

En los últimos 4 años se ha observado un avance importante del salario mínimo, acompañado de un crecimiento más moderado del salario medio real, que ha podido mantenerse a pesar del freno a la economía en la pandemia y del repunte de la inflación. Este fortalecimiento de los salarios, combinado con el inicio del repunte del empleo, ha incidido en el crecimiento de la masa salarial en términos reales a partir de 2022. En el primer trimestre de este año la masa salarial real de los asegurados del IMSS creció en 7.2 % con relación a doce meses atrás.

La recuperación del crecimiento de la masa salarial no solo es importante para el ingreso familiar y para una más equitativa distribución funcional, sino porque, después de un largo período en que permaneció estancado, el consumo interno ha empezado a figurar como uno de los motores potenciales del crecimiento de la economía. Es importante no descuidar esta tendencia que se empieza a vislumbrar y evitar caer —como ha sucedido en el pasado— en una dependencia excesiva de la demanda externa y en un relegamiento del mercado interno, desaprovechando uno de los principales factores de desarrollo y bienestar.

Adecuar la legislación laboral y la protección social ante el nuevo entorno del trabajo. Las disposiciones que rigen el trabajo y la seguridad social de hoy —que datan de la primera mitad del siglo pasado— se construyeron alrededor de un arquetipo de trabajo: el empleo asalariado fabril, masculino, en un entorno económico nacional cerrado. En torno a esta modalidad se erigieron en el mundo las legislaciones laborales, los sistemas de pensiones y la seguridad social. Hoy, sin embargo, las bases de estos sistemas en muchos aspectos requieren ser repensadas. Es urgente llenar vacíos y adecuar la protección social a los retos actuales del mercado de trabajo y de un modelo de protección social limitado al asalariado formal.

Resulta imprescindible dar al sistema de protección social un carácter universal, como un derecho de cada individuo más que como una prestación restringida al trabajo asalariado formal; crear el seguro de desempleo, tema que ha sido una omisión de larga data en nuestro país; atender el fuerte déficit que existe en las instituciones de cuidado, que han hecho recaer este trabajo de manera desproporcionada en la mujer; dar respuesta a la regulación todavía insuficiente ante las nuevas formas de trabajo no convencional que han surgido en los últimos años; avanzar hacia un sistema incluyente y sustentable de pensiones y poner énfasis particular en la atención de la grave brecha digital. Una nueva normalidad requiere transformaciones de fondo en todas estas materias.

Será necesario, además, consolidar las nuevas instituciones creadas por las reformas laborales recientes en materia de justicia laboral, libertad y democracia sindical —y que constituyen un compromiso asumido por México en el T-MEC— y asegurar el cumplimiento de los nuevos ordenamientos en materia de trabajo doméstico y de subcontratación. Hoy estamos viviendo el cambio de una era, en la que se está trastocando el mundo del trabajo del siglo XX y el conjunto de instituciones sociales emanadas en torno él; este marco institucional constituye una parte medular del contrato social que define a nuestra nación.

Por todo lo anterior, es necesario reiterar que el empleo es un tema medular que deberá estar en el corazón de la estrategia de desarrollo de nuestro país. EP

1. INEGI, ENOE, 1er trimestre de 2023. [↩]

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