Los cambios demográficos, salvo excepciones, ocurren en plazos más o menos largos, pero sus tendencias permiten por lo general predecir con bastante anticipación los escenarios posibles. En estas circunstancias, las políticas públicas destinadas a modificar o reorientar la evolución de la dinámica demográfica deben tener el carácter de políticas de Estado. Este fue el caso del Plan Nacional de Planificación Familiar (1978), que logró modificar el comportamiento reproductivo de las mujeres y con ello reducir el número promedio de hijos a menos de la mitad entre 1950 y 2020. El éxito de esta política, junto con la reducción de la mortalidad, ha transformado profundamente la estructura por edades de la población mexicana en los últimos cincuenta años. Esta situación es semejante a la de la mayoría de los países.

Los efectos de ritmos dispares de descenso de la mortalidad y de la fecundidad generaron en México tasas de crecimiento superiores a 3 % a comienzo de los años setenta, de las más altas registradas a nivel mundial. La mortalidad comenzó a descender desde fines de la década de los años veinte, momento en que recuperó los niveles prerrevolucionarios (35 por 1000), hasta 9 por 1000 el día de hoy; esto elevó la esperanza de vida de 61 años en 1970 a 75 en 2022. Por su parte la natalidad se elevó hacia 1930 alcanzando tasas hasta 50 por 1000, bajó a 45 por 1000 alrededor de 1940, y cayó abruptamente desde 1980. Entre 1950 y 2020, el número promedio de hijos por mujer pasó de 6.6 a 1.9. Con una población que se cuadruplicó como resultado de esta dinámica, la realidad demográfica es hoy radicalmente distinta. En 1970, México centraba su atención en la niñez; hoy debe cuidar, además, a la población de la tercera edad. Estos cambios demográficos coincidieron con transformaciones sociales: aumento en la urbanización, mayor escolarización, abatimiento del rezago educativo de la mujer y el incremento en su participación laboral remunerada. Cada cambio contribuyó al empoderamiento de la mujer y a reducir las inequidades de género en un proceso todavía inacabado.

Una vez cumplido su ciclo reproductivo y productivo, la población de más de 65 años se vuelve dependiente de la población en edades activas (15 a 64 años) y reclama su solidaridad para subsistir. Tradicionalmente la familia se ocupaba de la población dependiente joven y anciana, pero las transformaciones en marcha están llevando a la redefinición de las relaciones intergeneracionales y, más ampliamente, del entramado institucional que debe asegurar el sistema de cuidados entre ellos: las pensiones. Este es el centro de la discusión actual. Pero hay que considerar que la familia constituye un actor esencial en los procesos de cambio social dado que en ella se procesa la aceptación o rechazo de ciertas ideas y valores en circulación y se reformulan las actitudes y comportamientos que van definiendo el cuerpo normativo. Son estos consensos o disensos los que se reflejan posteriormente en indicadores, entre otros, de carácter demográfico.  

Primero, analizaremos las estructuras por grupos de edades (1970-2050) y luego por condición conyugal. También, abordaremos transiciones vitales en la vida conyugal y reproductiva de mujeres, haciendo uso principalmente de encuestas.

Los grandes cambios en la estructura por edades

La evolución de la estructura de la población por grandes grupos de edades en un lapso de 80 años, con datos observados para el período 1970-2020 y con estimaciones obtenidas de las Proyecciones de Población para los años 2020 a 2050 (Cepal-Celade, revisión 2022), constituye un referente necesario para comprender las transformaciones a nivel familiar.

La evolución que se observa entre 1970 y 2020, y la proyectada hasta 2050 (Figura 1), ilustra el proceso de transformación que experimentó la población y los cambios previstos en los próximos 30 años. Así tenemos que, en los últimos 50 años, la población de niños y jóvenes menores de 15 años disminuyó 46.5 %, casi la mitad (de 47.3 % y 25.3 %). 

En cambio, el grupo de 65 años y más se multiplicó 1.6 veces, pasando del 3.1 % a 8.0 %. La población 15-64 años aumentó un 34.5 %, debido a la incorporación de las generaciones especialmente numerosas nacidas en la década de los sesenta y setenta. Estas generaciones se unirán al grupo de 65 años y más a partir de 2035. Para entonces concluirá el llamado “bono demográfico” y con él las ventajas económicas asociadas a la disponibilidad de una amplia población en edad laboral. El desafío es suplirla con una mano de obra más educada y productiva, ampliar la participación femenina, retener la población emigrante, o bien recurrir en última instancia a la inmigración.

Las evoluciones anteriores produjeron cambios en la Relación de Dependencia (adultos de 15-64 años / <15 años + 65 años y más), reduciendo la carga de dependencia total que pasó de 102 adultos por cada 100 niños o adultos mayores en 1970 a 50.2 en 2020. Sin embargo, esta carga comenzará a elevarse nuevamente hacia mediados de este siglo. Las cifras que ilustran tal vez mejor el progreso del envejecimiento poblacional provienen del indicador de Apoyo Potencial (Pobl.15-59 años/Pobl. 60 años y más) que en 1970 era de 16 adultos por cada persona mayor; en 2020, esta cifra disminuyó a 8.3 y se estima que para 2030 sea solo 6.3.

La discusión gira ahora en cómo se distribuye esta riqueza y en las obligaciones y responsabilidades del Estado y las familias para cuidar a la población dependiente. El pacto intergeneracional de hace 50 años, como ya dijimos, ha perdido vigencia: la demografía es distinta, la economía es más compleja y las mujeres están más empoderadas y presentes en el mundo laboral.

La población adulta y la familia

A continuación, comparamos la composición del grupo de edades 15-64 según situación conyugal en dos momentos cruciales. El primero, en 1970, cuando predominaba un modelo familiar bastante estable de uniones tempranas, institucionalizado, con muchos hijos y donde la vida conyugal y la formación de la descendencia estaban íntimamente ligadas. El segundo momento, del 2000 en adelante, se caracteriza por primeras uniones a edades aún tempranas, cambios en la naturaleza de las uniones, inestabilidad creciente, incremento del reemparejamiento y disociación cada vez mayor entre la vida sexual, conyugal y reproductiva. De modo que junto con el descenso a la mitad del número de hijos, se dan también cambios trascendentes en el Patrón de Uniones: desinstitucionalización de la vida conyugal con la expansión de la Unión Libre, mayor propensión a la Disolución de Uniones vía divorcio y separación y reemparejamiento; estos son fenómenos ampliamente documentados. Lo esperado era, sin embargo, una mayor formalización de las uniones conyugales debido al incremento educativo en México. La evidencia mostraba que a mayor educación menores niveles de unión libre. Esta elevación puede ser calificada como una “revancha” de la unión libre, pues, a pesar de disminuir en el transcurso del siglo XX, repuntó al finalizar. La cuestión pendiente es dirimir qué tan diferentes son las características de estas “nuevas uniones libres” con respecto a las “tradicionales”. Además, ¿continuará vigente la propensión a legalizarlas después de un cierto lapso?¹ De cualquier forma, la preferencia por este tipo de uniones y la mayor probabilidad que tienen de interrumpirse augura una elevación de la proporción de población en uniones disueltas y el incremento, por ende, de los reemparejamientos.

En las pirámides poblacionales (Figuras 2A y 2B) se muestran las estructuras por edad, sexo y situación conyugal de la población en edades adultas de 15-64 años. El perfil de la Pirámide 1970 corresponde al de una población joven, mientras el de la Pirámide 2020 pone en evidencia un proceso de envejecimiento acelerado. Es relevante notar que, independientemente de que la población unida es mayoritaria después de los 20 años, en 2020 se observa una reducción más gradual de solteros a medida que aumenta la edad en comparación con 1970. Esto señala una tendencia de formación de las parejas más tardía desde comienzos del siglo XXI, aunque no hay que descartar un subregistro de uniones. En forma correlativa, la proporción de hombres y mujeres “alguna vez unidos” antes de los 40 años disminuyó 25 por ciento.

Otro cambio significativo, y de mucha visibilidad, ocurrió en la proporción de casados entre 20-40 años (matrimonios civiles y religiosos, solo civiles y solo religiosos), la cual rondaba el 85 % en 1970. Sin embargo, en el Censo de 2020, cuanto más joven es el grupo de edad menor es su presencia: 50 % a los 30 años, y 70 % a los 40 años. Esto muestra una clara regresión de las uniones formales (matrimonios) especialmente en las generaciones que comenzaron a unirse al entrar al siglo XXI.

Una tercera transformación, muy visible también en las pirámides, es el incremento de la población en uniones disueltas. ¿Qué tanto se incrementan estas proporciones con respecto a la población alguna vez unida entre los dos momentos censales considerados? Al comparar los grupos de edad 30-34, pasados más de 10 años desde el inicio de la primera unión, observamos que las proporciones se triplicaron entre los hombres y duplicaron entre las mujeres (2.6 % a 7.2 % y 8.9 % a 13.3 %, respectivamente). Este incremento de las disoluciones voluntarias comenzó en las cohortes que entraron en unión en los años ochenta y ha avanzado rápidamente. Las probabilidades de disolución de las mujeres transcurridos 15 años desde la primera unión —datos de la ENADID 2018— fueron 4.6 % y 12.1 % en las cohortes 1984-1988 y 1999-2003 respectivamente, lo que confirma las tendencias censales.² Cabe añadir que, en cualquier grupo de edad y censo, las proporciones de mujeres en uniones disueltas duplican las de los hombres, debido a la menor probabilidad de que estas vuelvan a contraer nuevas nupcias.

En suma, en 2020 el cambio de Patrón de Uniones que comenzó a gestarse en la década de los años noventa resulta evidente: hay más solteros(as) y muy probablemente también solteros(as) con uniones sentimentales que no reconocen como uniones conyugales; hay más población en uniones informales y más separados y divorciados.

Trayectorias Vitales

Con información que nos ofrecen las encuestas que incorporan preguntas sobre la vida conyugal y reproductiva es posible estimar una serie de indicadores —edades medias— que marcan distintas transiciones en el ciclo de vida de las mujeres alrededor del año 2020. Se trata de valores presentados y provienen de resultados de numerosas investigaciones que utilizan distintas fuentes de datos.

La longitud de la barra representa la esperanza de vida de la mujer considerando su probabilidad de sobrevivir hasta los 20 años (edad próxima a la de su primera unión conyugal) (Cepal, 2017).

El calendario de los eventos considerados muestra que la edad de la primera relación sexual es de 17.5 años, dos años más temprana que en los años noventa, lo que ha distanciado la edad de la primera unión. En promedio, esta brecha era de solo 1.3 años en 1998. Por el contrario, el nacimiento del primer hijo sigue ocurriendo menos de un año después de la primera unión (0.8 años); y, en total, se necesitan solamente 4 años para completar la descendencia.³ En otras palabras, una mujer que se une hacia los 23 años con un hombre 3 años mayor que ella (26.3 años) y que tendría entre 2 y 3 hijos, —ideal manifestado (CONAPO, 2020)—, estaría terminando de formar su familia antes de cumplir los 30 años. Además, para cuando cumpla 50 años, sus hijos ya serían adultos. Si consideramos que el cónyuge vive hasta los 78 años, la duración de su convivencia —si no hay separación o divorcio— sería de 54 años, y de 58 años tratándose de los hijos, permanecería viuda 4 años y jubilada o pensionada casi 17 años.⁴

¿Qué políticas públicas serían recomendables a partir del diagnóstico anterior?

Conclusiones y recomendaciones

1. Avanzar en la creación de un sistema de pensiones para la tercera edad de carácter universal. La población de personas de 65 y más años está aumentando rápidamente y el sistema contributivo actual atiende a menos de la mitad y el no contributivo no es suficiente.
2. Diseñar desde ahora una política laboral que considere la reducción paulatina de la fuerza de trabajo a partir de 2035 (población 15-64 años).
3.  Reconocer que la reconfiguración de las familias que está en marcha ha vuelto más complejas las relaciones “parentales” y con ello, la necesidad de una legislación adaptada a estas nuevas circunstancias.
4. Todo apunta a una creciente población de separados y divorciados. Ante esta situación, es crucial desarrollar políticas públicas para respaldar a mujeres y hombres separados, divorciados o viudos y mujeres sin pareja pero con hijos, así como a sus hijos, y hacerlo con un enfoque de género. Se trata de poblaciones más vulnerables con carencias económicas sobre todo entre las mujeres, sin dejar de lado las necesidades de atención pedagógica y psicológica de los niños, dado que una de las consecuencias más extendidas es la disminución del rendimiento escolar.
5. Acelerar las medidas destinadas a la conciliación familia-trabajo y la corresponsabilidad parental construyendo un sistema de cuidados para el conjunto de la población y, en especial, para aquella mencionada en el punto anterior. Es urgente adoptar medidas sobre los horarios de trabajo (políticas del tiempo) y ampliar la cobertura del Sistema de Guarderías y Estancias Infantiles y de Adultos para madres y padres trabajadores, acciones que deberían mitigar las tensiones producto de las persistentes inequidades de género en la distribución de las responsabilidades domésticas y la crianza. Estas acciones podrían, eventualmente, reducir las rupturas de uniones.
6. Considerar los cambios en los estilos de vida de una creciente población de solteros independientes, con hábitos de emparejamientos conyugales informales y de corta duración, lo que impacta, por ejemplo, en las necesidades de viviendas. EP

1. En los setentas se legalizaba la mitad de las uniones libres (Quilodrán, 1991) mientras hacia 2010 la proporción más elevada correspondía al nivel universitario (alrededor de 38 por mil) (basado en Pérez Amador J.,2020). [↩]
2. Estimaciones basadas en las Tablas de Disolución de Uniones (cálculos propios). [↩]
3. En el año 2000 este intervalo fue estimado en 4.5 años. [↩]
4. Entre los hombres 13.9 años. [↩]

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