La pandemia del COVID-19 nos ha impactado a todos de una u otra forma. Las encuestas cara a cara fueron de las primeras actividades en suspenderse cuando el Gobierno federal anunció en marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) continuó el censo en línea¹ y suspendió o canceló varias de sus encuestas presenciales. Nuestra empresa, Data OPM, realiza principalmente encuestas personales usando el modo de entrevista personal asistido por computadora (CAPI, por sus siglas en inglés). Al igual que el INEGI, todos nuestros estudios fueron pospuestos, cancelados o cambiaron para aplicarse por teléfono o internet.

Para dar trabajo e ingreso a nuestro personal de campo decidimos realizar una encuesta telefónica nacional y promoverla entre nuestros clientes en el formato ómnibus, en donde varios de ellos comparten un mismo levantamiento y cada uno recibe la parte de información que fue recopilada; de esa forma, no tienen que invertir en el costo completo del estudio. Cada cliente paga y recibe en exclusividad sus preguntas además de una serie de variables sustantivas y demográficas que son compartidas con todos los participantes para su análisis. Logramos con éxito incluir preguntas de investigadores de tres universidades norteamericanas y dos mexicanas. Funcionó tan bien el esquema que, en julio, lanzamos el segundo ómnibus telefónico nacional con preguntas de otros cinco clientes y estamos incluyendo una medición de bienestar emocional en colaboración con colegas de Uruguay.

En nuestro primer ómnibus, el de junio, incluimos dos baterías propias (patrocinadas por Data OPM): una para medir el estrés económico y otra más para aproximarnos a la violencia en pareja en los hogares mexicanos. Nuestro interés: medir las carencias y la violencia en los hogares mexicanos durante el COVID-19. 

Carencias 

La batería sobre estrés económico consiste en preguntarle a los entrevistados si en los últimos tres meses disminuyó su capacidad de pago o de consumo y si dejaron de trabajar o perdieron su trabajo.  El gráfico 1 muestra la incidencia de los cinco ítems usados. Se observa que más de dos tercios (68%) reportan haber reducido el gasto para alimentación en alguna medida, un tercio (36%) declara que algún miembro del hogar dejó de trabajar o perdió su empleo, 25% que dejaron de pagar servicios, un quinto (21%) suspendieron el pago de tarjetas bancarias o hipotecarias y un 13% informa que dejó de pagar la renta. En conjunto, estos cinco indicadores constituyen un aproximado de las carencias económicas, específicamente en cuanto a ingreso y capacidad de consumo, que están enfrentando los mexicanos.

Algunos indicadores adicionales serían necesarios para entender en qué medida se redujeron, por ejemplo, los gastos en alimentación (gastos en la comida que se cocina en el hogar, reducción en el gasto de las comidas fuera del hogar, menos salidas al supermercado, etcétera), si se dejó de trabajar en forma temporal o permanente, si quien perdió el empleo en el hogar fue el principal proveedor de ingreso o algún otro miembro, qué tipo de servicios dejaron de pagarse (y si hubo arreglo con los proveedores de esos servicios). Sin embargo, esta aproximación nos da una idea del impacto de la emergencia sanitaria y su transformación en un reto económico para importantes sectores de la sociedad. 

Como el lector puede suponer, no todos los hogares sufren el mismo grado de estrés económico y se espera que la incidencia de las carencias esté determinada en parte por el nivel socioeconómico. En el gráfico 2 presentamos las diferencias de la incidencia de los cinco ítems de estrés económico por ingreso o nivel socioeconómico². Las diferencias entre niveles son significativas y en el sentido esperado. La reducción en gastos de alimentación es reportada por tres cuartos del nivel bajo de ingreso, por dos tercios del nivel medio y por la mitad del nivel alto (75, 65 y 48% respectivamente). El número de hogares que reportan la pérdida de trabajo de algún miembro es del doble en el nivel bajo comparado con el alto (42% contra 21%); las diferencias son de 3 a 1 en cuanto al pago de servicio (30% contra 13%) y el dejar de pagar la renta (16% contra 6%). 

El único indicador que no muestra diferencias comparables entre niveles socioeconómicos es el dejar de pagar las tarjetas bancarias o hipotecas; aquí observamos incidencias estadísticamente similares entre los tres niveles. Esto debe de explicarse por la capacidad de pago y por las diferencias en el grado de bancarización y acceso a créditos entre los niveles socioeconómicos. Se espera que conforme aumenta el ingreso, haya una mayor bancarización y acceso al crédito y también una mayor capacidad de pago. Tomando esto en cuenta es probable que también las diferencias por nivel socioeconómico sean marcadas. Supongamos que el 90% de los encuestados de ingreso alto y que el 40% de los de ingreso bajo tienen tarjetas bancarias, esto constituiría la base sobre la cual deberíamos de calcular el porcentaje de hogares que dejaron de pagar su tarjeta y nos arrojaría que lo dejaron de hacer 52.5% entre los de ingreso bajo y 21% entre los de ingreso alto. Un cálculo similar se podría hacer en el caso de las rentas si supiéramos, para cada nivel de ingreso, el porcentaje de encuestados que renta su casa. No es necesario hacerlo para los otros tres indicadores dado que son universales: todos tiene que alimentarse, trabajar o pagar servicios.

Con la información de la batería de carencias, construimos un Índice de afectación económica con cuatro categorías: a quienes no expresaron ninguna carencia (respondieron “no” a todos los ítems de la batería) se les clasificó como “No afectados”, de 1 a 2 carencias (respuestas positivas) se codificaron como “Afectación baja”, de 3 a 4 se identificaron como “Afectación media/media-alta” y 5 se clasificaron como “Afectación alta”. El gráfico 3 muestra la distribución alcanzada por la conformación del índice, dónde 17% de la muestra no se vio afectada, 42% sufrió un impacto bajo, 30% observó una afectación media y 11% enfrentó una alta afectación.

Veamos cómo se comporta el índice en su relación con la escolaridad. La gráfica 4 muestra una relación interesante y que apunta a que aquellos con menor nivel escolar han sufrido los mayores impactos y, por tanto, enfrentan las mayores carencias. Se observa que, mientras 10% de la población con escolaridad básica manifiesta no verse afectada, la proporción para el segmento con escolaridad superior es 3 veces mayor (30%). En sentido contrario, 14% de personas en el grupo de menor escolaridad se ha visto muy afectado contra sólo el 3% en el conjunto de la muestra con mayor nivel de instrucción escolar.

Considerando las estructuras económicas y sociales de México, podía anticiparse que los sectores de la población con menores recursos se verían más afectados por la emergencia sanitaria y sus consecuencias para la economía, lo cual se confirma con los datos: las diferencias entre grupos sociales sí están marcando límites reconocibles y los que menos tienen están sufriendo el mayor castigo.

Violencia

Durante la contingencia sanitaria se ha hablado mucho sobre el incremento de la violencia intrafamiliar. Este es también un tema complejo y sensible y, para hacer una medición profunda de él, se requiere de un estudio mucho más amplio del que presentamos aquí. Decidimos incluir una batería de violencia adaptada/reducida de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI que habíamos medido con éxito en el 2010, en un proyecto sobre indicadores de seguridad en colaboración con la Fundación Este País. Esto para tener un aproximado de la violencia que han experimentado los hogares durante la pandemia. 

Los resultados se muestran en la Tabla 1 y en ella se aprecia que, en general, la incidencia de las seis situaciones de violencia medidas es baja o muy baja. La segunda columna muestra el porcentaje que reporta que esta situación “no sucedió” o no ha sucedido desde que inició la pandemia. Ocho de cada diez dicen que las parejas no se enojaron o dejaron de hablar o se agredieron con palabras y la gran mayoría (96% o más) de estas reportan que no se empujaron o jalaron el cabello o se golpearon con algún objeto o se amenazaron con alguna arma o usaron la fuerza física para obligar a la pareja a tener relaciones sexuales.

Las columnas tercera y cuarta muestran, para aquellos que declararon que las situaciones de violencia sí sucedieron durante la pandemia, si estas ocurrieron en una o en varias ocasiones. En cuanto a enojarse o dejarse de hablar tenemos que un 8.1% dice que sucedió una sola vez y un 13.4% que en ocasiones repetidas. Se reportan cifras similares, pero menores, en cuanto a agredirse con palabras (7.9% y 9.2% respectivamente). Como se observa, la incidencia de las situaciones, en singular o plural, es muy baja para el resto de las situaciones y en todos estos casos es menor al 1.5%. La última columna contiene el registro de las personas que prefirieron no compartir información. Si bien la pregunta directa³ mediante encuesta debería afinarse más, estos datos arrojan una aproximación interesante al problema, especialmente respecto a la recurrencia y a la naturaleza de las acciones y violencia que se ejercen.

Es difícil afirmar si la incidencia reportada es baja o alta, especialmente cuando muchas de estas situaciones pueden ser de gran gravedad o tener un gran impacto para la relación o la víctima, contemplando que el acompañamiento es vital en el registro detallado de estos sucesos, considerando, de forma especial, los derechos de las víctimas y los riesgos que corren al vivir una situación de este tipo.

Lo que resulta muy interesante es el hecho de que no todos los hogares son afectados de igual forma durante la pandemia en términos de conflictos familiares. Uno de los “pasajeros” de esta encuesta ómnibus, el proyecto Justice in Mexico,  incluyó y nos permitió reportar un reactivo que, a través de evidencias, nos permite comprender una parte de estas diferencias. La pregunta mide si los entrevistados perciben si el número de conflictos violentos o peleas se han incrementado o disminuido en su hogar. Los resultados del gráfico 5 muestran que la mitad de los entrevistados, el 52%, consideran que la situación en su hogar está igual que antes, el 17% señala que se incrementaron los conflictos, 21% que disminuyeron y 10% prefirió no responder. Nos parece muy interesante que en un quinto de los hogares se reporte una mejoría en el “estado de ánimo” de la convivencia familiar. Como decíamos al principio, la pandemia nos ha impactado a todos de una u otra forma, pero claramente no a todos de forma igual.

El gráfico 6 ilustra las diferencias de la manifestación de conflictos en el hogar en relación con las carencias económicas. Se observa que entre quienes expresaron no tener ninguna carencia (no afectado), el 11% asegura que ha vivido un incremento en los conflictos en el hogar; esa proporción sube a 27% entre aquellos que enfrentan muchas carencias (afectación alta). Por otro lado, en el segmento sin carencias el 60% asegura “estar igual” en contraste con sólo el 31% que responde lo mismo y forma parte del segmento con una gran afectación económica. Los datos ilustran una relación cuyo análisis debe profundizarse, y que se dirige a que la emergencia económica podría ser un factor relevante ante el escenario de crecimiento de expresiones de violencia en los hogares de México.

Discusión

Aunque los temas mencionados en esta colaboración no se agotan con la revisión de los datos, consideramos que son una ventana que nos permite asomarnos a relaciones que podrían ser intuitivamente anticipadas, pero que, a través de la evidencia de la encuesta, nos llevan no sólo a entender de mejor modo algunas de estas mismas relaciones, sino también a hacernos nuevas preguntas. 

El método de aproximación y estudio de la opinión pública está cambiando ante la nueva realidad configurada por la emergencia sanitaria. Tenemos una sociedad con herramientas y recursos nuevos, más interconectada, con mayor acceso a internet, teléfonos móviles, redes sociales y con mayor impulso participativo; es aquí donde el uso de las encuestas telefónicas está resultando de gran utilidad. Sin embargo, estas tienen limitaciones de alcance y método que bien valdría se discutieran entre los miembros de la industria. Es nuestra intención proponer un foro de discusión entre colegas encuestadores, organizado por la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión (WAPOR, por sus siglas en inglés) para abordar estos temas de método. 

Nota metodológica: encuesta nacional telefónica (CATI) de N1000 entrevistas válidas; margen de error teórico de la muestra de +/- 3.1 a un nivel de confianza estadística del 95%. Muestra representativa de la población con teléfono celular o fijo (dual frame) usando una muestra aleatoria simple con RDD (Random Digital Dialing) basado en las series/prefijos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) más reciente. Cada número seleccionado en muestra se intenta hasta tres ocasiones antes de sustituirse. Fecha del levantamiento: 2 al 20 de junio 2020.

1  Mientras escribimos estas líneas el INEGI ha retomado actividades del censo en forma presencial en algunos estados, buscando guardar todas las precauciones requeridas por la autoridad por la emergencia sanitaria.

2  Para este gráfico usamos el número de focos por hogar que reporta el entrevistado, un indicador indirecto de ingreso.

3 Pregunta textual: Desde que comenzó la contingencia del Coronavirus, dígame si sucedieron las siguientes situaciones entre personas de este hogar que vivan en pareja (PARA CADA UNA QUE MENCIONE QUE SÍ SUCEDIÓ PREGUNTAR) ¿Una sola vez o en varias ocasiones?

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