En junio de 2021, el gobierno mexicano dio a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH), según los cuales, durante 2020, México logró mantener la tendencia a la reducción de su brecha digital, es decir, de las condiciones de desigualdad social que se asocian con la falta de acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como el internet, la telefonía, la televisión o la computadora, mérito alcanzado aun cuando el país atravesaba por el primer año de la pandemia de Covid-19.

Este optimista anuncio —difundido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)— se esfuerza en destacar que aumentó un 2% el número general de usuarios de internet, un 4% el número de viviendas conectadas a la red, un 10% su uso doméstico con fines educativos, un 20% su aprovechamiento para la capacitación laboral desde el hogar; además, se celebró que la principal beneficiaria de esta reducción de la brecha digital fuese la población infantil y juvenil mexicana, que aprovecha cada vez más las TIC en sus estudios de nivel básico, medio y superior.

No obstante, las cifras difundidas por las autoridades, basadas en una encuesta realizada en 58 mil viviendas, quedan en entredicho cuando se les contrasta con un ejercicio más exhaustivo y profundo, realizado el mismo año también por el INEGI, pero a una muestra poblacional mucho mayor, compuesta por 4 millones de hogares, a cuyos habitantes se les aplicó el “cuestionario ampliado” del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, que no sólo permite conocer el grado de penetración de las TIC en los hogares mexicanos (entre muchas otras características específicas de las viviendas), sino también conocer a detalle los perfiles de quienes habitan en esos hogares.

Es ahí, al traspasar la puerta de las viviendas mexicanas para buscar el rostro de la gente que goza y que carece de acceso a las TIC, donde la realidad muestra un semblante distinto al dibujado por las autoridades mexicanas. Uno menos festivo.

Entrada y salida a la desigualdad

“Las telecomunicaciones, y más recientemente internet, son tecnologías que vinieron a cambiar la forma en la que nos relacionamos, cómo hacemos muchas cosas de nuestra vida cotidiana y, por lo tanto, la manera en la que ejercemos o no distintos derechos. Es a partir del impacto de estas tecnologías en nuestra vida que se configura la noción de los derechos digitales”, explica José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de los derechos humanos en el entorno digital, a través del litigio estratégico, la investigación y la divulgación en México.

En ese sentido, profundiza: “Uno de esos derechos es el derecho mismo a acceder a internet y a las TIC, que en el caso de México está consagrado a nivel constitucional —abunda Flores–. Y esto es así porque el internet es una puerta de acceso a otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la cultura, a la libertad de expresión, entre otros. Por eso, cuando a la gente se le garantiza el acceso a internet, y en general a las TIC, se le abren muchas más posibilidades para su desarrollo personal, profesional y colectivo, de las que tendría sin esas tecnologías. En este momento de pandemia, por ejemplo, el derecho a la educación está atravesado por el hecho de que la gente pueda gozar de buena conectividad, y el derecho a la salud está atravesado por el hecho de que la gente pueda tener información oportuna sobre la enfermedad, a través de internet, la televisión, la radio”.

De esta noción sobre las tecnologías y su intervención en el ejercicio de derechos, surge el concepto de brechas digitales; es decir, explica Flores, “cuando en una población detectamos que no todas las personas gozan del mismo acceso a las TIC”.

Existe, por ejemplo, una brecha relacionada con el lugar donde vive la gente, porque no es lo mismo vivir en un ambiente donde el acceso a internet es relativamente sencillo, que vivir en uno donde no hay conectividad. Pero también existe una brecha de asequibilidad por cuestiones económicas, es decir, cuando en el lugar en el que vive la gente hay acceso a internet, pero un sector de la población no tiene suficientes ingresos o no puede desviar esa parte del ingreso, para gozar de conectividad de calidad.

Y existen brechas de género, porque no se conectan igual hombres y mujeres, ni durante el mismo tiempo, ni con la misma experiencia en línea. “Cuando consideramos todas estas distintas capas —señala el representante de R3D—, nos damos cuenta de que la brecha digital es, en realidad, el conjunto de muchas asimetrías, que atraviesan nuestra experiencia de vida”.

La solución: el maquillaje

Para medir y poder idear soluciones para eliminar estas brechas digitales, en 2015 las autoridades mexicanas emprendieron el levantamiento de información relacionada con acceso a las TIC, mediante la ENDUTIH.

Sin embargo, explica Flores, en 2017 “hubo un cambio metodológico en la Encuesta, aplicada por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, con el ánimo de inflar los indicadores sobre avances. Concretamente, la definición de acceso a internet se hizo más laxa, con la finalidad de que no se notara tanto la brecha digital existente en México. Es una definición que permite decir ‘esta persona sí tiene acceso a internet’, pero esto es así porque no toma en cuenta en qué condiciones se conecta la gente”.

La diferencia entre ser usuario y el contar con acceso y disponibilidad a las TIC quedó expuesta en México también en 2020, cuando se puso en marcha el programa educativo Aprende en casa, que obligó a toda la población en edad escolar a convertirse en usuaria de computadoras, televisores, internet y telefonía, para poder realizar actividades educativas a distancia durante el confinamiento sanitario, pero sin considerar si todo el alumnado contaba con estos servicios, o no.

Efectivamente, en materia de penetración de internet, las autoridades aseguran que 60% de los niños y niñas, así como 90% de los adolescentes y jóvenes mexicanos, son usuarios de la red; pero ser usuario de internet no implica de forma automática que su disponibilidad está garantizada o que sea de fácil obtención para esos usuarios.

De hecho, las cifras se desinflan cuando las separamos por sexo: en realidad, de los niños varones sólo el 31.6% cuenta con internet en casa, cifra que baja a 31.5% en el caso de las niñas, tal como revelan los resultados del “cuestionario ampliado” aplicado a los cuatro millones de hogares (seleccionados metodológicamente para fungir como muestra representativa nacional, con 90% de asertividad) durante el Censo 2020. El resto de las niñas y niños usuarios de internet debió salir de casa durante la contingencia sanitaria para poder conectarse.

“Es importante reconocer que para el ejercicio pleno del derecho a las TIC, y los otros derechos que se facilitan a través de estas tecnologías, no basta con ser usuario —explica José Flores—. Se debe garantizar su acceso pleno, porque no es lo mismo tener la posibilidad de conectarse en casa, pero no tener computadora y tener que hacerlo desde el teléfono móvil. No es lo mismo conectarse teniendo un dispositivo propio, que hacerlo desde un café internet. Y, por supuesto, no es lo mismo poder hacerlo en casa, que estar obligado a hacerlo desde un espacio público. Si se le mete más lupa al estudio de los datos, nos vamos a dar cuenta de que el acceso a internet, como el acceso a muchos otros servicios, está cruzado por desigualdades de clase, de ingreso, de género y de origen étnico”.

De hecho, los datos sobre acceso a internet que arroja la muestra censal a la que se aplicó el cuestionario ampliado, dejan ver que aun la proporción de menores de edad que cuenta con acceso permanente a internet en sus hogares disminuye a 14%, en el caso de niños de edad que viven de la agricultura como única actividad económica, y a 13% en el de niñas campesinas; a 17% cuando nos referimos a niñas o niños indígenas; a 20.7% cuando hablamos de menores, tanto niñas como niños, cuyo ingreso familiar mensual es de hasta 8 mil pesos (dos salarios mínimos); así como a 28.4% cuando se trata de niñas afromexicanas y 28% en el caso de niños afromexicanos.

Pero aun cuando 3 de cada 10 menores de edad tengan internet en casa, sólo 2 de cada 10 tienen computadora, tableta o laptop para aprovechar la conexión a la red. Es decir que de los menores de edad que tienen internet en casa, una tercera parte sólo puede disponer de él a través de su teléfono celular.

Si se ajusta la lente y se enfoca a las realidades estatales, la brecha digital se vuelve todavía más profunda. En Chiapas, por ejemplo, sólo 9 de cada 100  niños y niñas tienen acceso a internet en casa, cifra que disminuye a 3 de cada 100  en el caso de las niñas y niños indígenas, y de 2  de cada 100 si se encuadra sólo a las niñas y niños indígenas que, además de internet, tienen computadora en casa. Esos resultados están muy por debajo del dato global de 60% de niñas y niños usuarios de internet, presumido por las autoridades.

Estas mismas estadísticas, además, muestran que mientras en términos generales el acceso a internet en casa está cubierto para el 36% de los hombres y el 37% de las mujeres mexicanas, este porcentaje disminuye cuando hablamos de personas con discapacidad motriz: a 27% en el caso de hombres y a 27.8% en el caso de mujeres. Y disminuye todavía más cuando hablamos de personas campesinas: a 14% en el caso de hombres y a 13% en el de mujeres.

Sólo un indicador, de entre todos los disponibles, destaca positivamente, aunque sólo porque se enmarca en un contexto abrumadoramente negativo: mientras que en términos globales en México el acceso a internet está garantizado en casa para 36% de los hombres y 37% de las mujeres, esta proporción se eleva positivamente a 47% en el caso de los hombres y 48% en el de las mujeres que abandonaron sus lugares de origen en los últimos cinco años a causa de la violencia, y que se asentaron en un lugar distinto. Es decir que, para quienes lograron huir de la violencia y encontrar un nuevo hogar, el rasgo de la desigualdad social reflejado en la falta de acceso a internet disminuyó más de 10%, en comparación con el resto de la población.

Aun así, el horizonte para este sector es poco halagador, ya que poco más de la mitad de los hombres y de las mujeres que debieron migrar por causa de la violencia no cuentan con acceso a internet en las viviendas donde se asentaron.

La realidad, más allá de la virtualidad

En materia de brecha digital, y especialmente en la promoción de la conectividad, “las políticas públicas en México se han movido en diferentes direcciones”, señala José Flores, quien, además de formar parte de R3D, es vicepresidente de la mesa directiva de Wikimedia México, capítulo nacional de la fundación global que impulsa el acceso libre a la información y la cultura, mediante Wikipedia.

“En el sexenio de Peña Nieto se implementó el programa México Conectado, que pretendía crear puntos de conexión en espacios públicos. Y ahora está el proyecto Internet para todas y todos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que implica la creación de un organismo que pueda proporcionar acceso a internet de forma subsidiada, que cueste mucho menos”.

Ambas políticas, destaca el especialista, evidencian concepciones distintas de lo que es el acceso garantizado a internet: mediante islas de conectividad en el pasado gobierno, y mediante servicio doméstico subsidiado, en el actual.

En el caso del proyecto de Peña Nieto, “México Conectado terminó siendo no muy exitoso; quedó reducido a algunos puntos en escuelas, cuando originalmente estaba pensado para muchos otros tipos de espacios”, señala Flores; mientras que del organismo público anunciado por las actuales autoridades, la última noticia que se tuvo fue en mayo de 2019 cuando la idea de su conformación fue esbozada en conferencia de prensa.

“El primer paso, todavía no dado, es definir qué entendemos por acceso a TIC, y para esto debe definirse para qué queremos el acceso —concluye Flores—. Una vez que reconocimos que el acceso a internet y a las TIC trasciende lo meramente digital, y pasa por lo cultural, lo comercial, lo educativo, lo social, lo laboral, lo afectivo, podemos entonces diseñar hacia dónde queremos que se mueva la política pública en México”.

En el presente, remata, prevalece la tendencia a trivializar la importancia de los derechos digitales, e incluso se les suele poner en competencia con otros derechos para desvalorizarlos, “a menudo escuchamos reclamos del tipo ‘cómo le van a poner internet a esa gente, si todavía no tienen agua’, cuando lo que hay que entender es que todos los derechos están interconectados, y que el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es un derecho humano. Nos urge plantearnos esto no sólo por cuestiones estadísticas, no sólo para dejar de disfrazar la realidad, sino para cumplir lo que debería ser el objetivo de una política pública: transformar la realidad mediante intervenciones que terminen en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas”. EP

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