Aunque para ocultar su identidad se ponga capucha roja y túnica negra, aunque solo veamos los orificios de los ojos que lo guiarán para ejecutar la decapitación, la inyección letal, el ahorcamiento, en México sabemos quién ha sido el principal responsable de azotarnos y ejecutar la pena de muerte: el Gobierno, al que su sistema político avala y le da la orden fúnebre.

El Gobierno, mediante las múltiples formas de traición (la corrupción, la injusticia, la negligencia, el desfalco), reinventa los delitos contra los ciudadanos para sacar provecho personal o de grupo. El Gobierno es el verdugo de una sociedad que en su inmensa mayoría obedece y cumple con sus obligaciones: trabaja, paga impuestos, respeta las leyes y las distintas manifestaciones culturales, religiones e ideologías, y algo valiosísimo y emotivo: sirve y ayuda en situaciones de desastre.

Esto es, si a México lo atormentan un terremoto, un huracán, una inundación o un deslave, sin necesidad del respaldo oficial, la propia sociedad posee la maestría para organizarse y servir a sus hermanos potenciando su imaginación, imponiendo el orden, exaltando su espíritu solidario. Entonces, ¿la sociedad necesita del Gobierno para salir a flote? No, porque, salvo en contadas excepciones, el Gobierno solo entorpece las cosas.

La autogestión social frente a una calamidad se ha impuesto siempre y con mucha claridad en nuestra historia contemporánea. En el terremoto de 1985, en los huracanes Alex, Ingrid y Manuel, en el terremoto de 2017, en las inundaciones del Estado de México de 2021, la gente común y su ala formal, la sociedad civil, fueron indispensables para, de a poco y pese al saldo de muerte y destrucción, emerger.

Hoy México vive otro drama: el huracán Otis, que la semana pasada apaleó al estado de Guerrero y a Acapulco, su ciudad más importante. El Gobierno federal tuvo a su disposición a la ciencia, al señorío económico, a las instituciones y al poder logístico para suavizar el impacto social y económico del huracán. Los fenómenos meteorológicos, a diferencia de los terremotos, avisan. Su marcha es amenazadora pero, por fortuna, lenta; y el desarrollo tecnológico nos permite ubicarlos, medir su poder y estimar su potencial destructivo. Pero esta vez el Gobierno, obsesionado con la intriga política cuando debía crear refugios, exigir a la población resguardarse y activar mecanismos para reducir al mínimo el saldo macabro, prefirió atacar al Poder Judicial. En la conferencia mañanera previa a la llegada del huracán a las costas de Guerrero, Andrés Manuel usó su boca no para advertir a los guerrerenses del peligro inminente, sino para calumniar al Poder Judicial que ha frenado muchas de sus intenciones. Lo que importa es pulverizarlo porque quienes lo conforman no actúan como diputados de MORENA. El Poder Judicial no son diputados de MORENA, señor presidente.

Pero volvamos al huracán. ¿El presidente no hizo nada de nada cuando Otis estaba cerca? Seamos justos; sí hizo algo: mandó un tuit avisando a la población cinco horas después de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lanzara una alerta. Mandó un tuit.

Ante la muerte, la devastación material y el desastre posterior por la falta de agua, servicios, comida y apoyo oficial, la justificación del Gobierno de México fue: “Nos agarró por sorpresa. No imaginamos que una tormenta tropical se convertiría en Huracán categoría cinco. Usted disculpe”.

Aunque sus fieles digan que fue conmovedor ver al presidente horas después de Otis enfangándose en su intento de llegar a Acapulco, la imagen encarna la improvisación, la ocurrencia, la falta de anticipación y método en el ejercicio público.

¿Y luego qué pasó? Que el ansia de poder, esa mancha negra y expansiva, hizo que el presidente y su gobierno prohibieran a los mexicanos de a pie canalizar directamente el apoyo a Guerrero. A la gente común —la misma que ha demostrado desde hace décadas tener la capacidad para hacer frente a las peores tragedias sin que el Gobierno apoye— se le prohíbe organizarse y brindar lo que sea necesario a los mexicanos en desgracia. El presidente exige a niñ@s, mujeres y hombres con hambre, sed, hundidos en la desesperación, no aceptar ni una botella de agua que no venga del Ejército. Voraz si se trata de concentrar el poder, el presidente envía un mensaje ridículo y criminal: la tragedia de Guerrero es nuestra propiedad.

La explicación de semejante infamia es solo una: si Guerrero recibe despensas o auxilio de la sociedad civil, organizaciones sociales o no gubernamentales, el gobierno queda como un incapaz. Abandonada a su suerte una población que no fue rescatada cuando se debía, lo único que queda por rescatar es la imagen de un gobierno que busca perpetuarse. “No salvaremos a la gente pero salvaremos al gobierno”.

Carlos Monsiváis escribió un libro que relata cómo la población se organizó en 1985 para sacar adelante a México después del terremoto, la peor tragedia de su historia. Ese libro se llamó No sin nosotros.

En 2023, tampoco: no sin nosotros. EP

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